SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA


Rama del Derecho: Colegios Profesionales Descriptor: General

Palabras Clave: proceso disciplinario, colegio de abogados y abogadas, recurso de revocatoria en sede
administrativa, faltas leves, graves y muy graves

Fuentes de Información: Doctrina, normativa y Jurisprudencia Fecha: 7/07/2025

Investigador: Lic. María José Hernández Jaubert, Lic. Agustín Monge Piedra


Contenido
1. La Licenciada presenta recurso de adición y aclaración contra el acto final de fiscalía
estando en tiempo, pero cuando presentó el recurso de revocatoria contra el Colegio de
2. La Profesional en derecho actuó como abogada estando suspendida, interpone
recurso de revocatoria que el Colegio profesional rechazó y el tribunal contencioso reafirma
 RESUMEN

Este documento trata el tema de “PROCESO DISCIPLINARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS
Y ABOGADAS DE COSTA RICA”, se citan los conceptos relacionados del Diccionario Usual
del Poder Judicial, seguidamente se adicionan los artículos de Ley General de la Administración
Pública, Código Procesal Civil y el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho, se adjuntan dos resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo
en las que el profesional en derecho intenta interponer recurso de revocatoria a nivel judicial
contra el acto final que dictó la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en
sede contenciosa


DOCTRINA

Diccionario Usual del Poder Judicial


Proceso disciplinarioi

Conjunto de procedimiento, actuaciones o actividades encausadas a la investigación y sanción
de conductas de empleados públicos, o particulares que ejecutan funciones públicas, que se
constituyen como incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de su cargo,
violación al régimen de prohibiciones y demás conflictos de intereses. derecho disciplinario
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Ricaii

En Costa Rica, entidad conformada por los abogados incorporados en ella y graduados en
Costa Rica, que tiene por objeto el progreso de la disciplina del Derecho y materias accesorias
la cooperación en asuntos académicos; dar opiniones en caso de consulta de los Supremos
Poderes; la defensa de la profesión de abogado; el mantenimiento de la unión de los
profesionales en Derecho; la defensa de los derechos de sus miembros y del aseguramiento
de su bienestar económico; la gestión de auxilios para la protección de abogados en desgracia
la vigilancia de la excelencia académica de los egresados universitarios; la promoción de la
excelencia continua de los colegiados; y la promoción del control y seguimiento de la calidad
deontológica, ética y moral de los agremiados. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa
Rica está normado por la Ley N.º 13 del 28 de octubre de 1941


Recurso de revocatoria en sede administrativaiii

Recurso que la parte que se considera agraviada interpone para que una resolución o decisión
de un órgano administrativo sea corregida, se deje sin efecto, se atenúe o cambie. Se presenta
ante la propia autoridad administrativa o judicial que resolvió. || Aquel que tiene por objeto la
corrección de errores, sustanciales o formales, que contienen las providencias o los autos de
un órgano administrativo, con el fin de que sean modificados, o anulados. En algunas
legislaciones el ‘recurso de revocatoria en sede administrativa’ es la nominación del recurso —
en ciertas entidades descentralizadas— que busca que se rectifique o enmiende una
resolución y que se presenta ante la misma autoridad que la dictó o ante una autoridad superior


Recurso de revocatoria en materia contencioso administrativaiv

El que procede contra los autos en conflictos o procesos en los que al menos una de las partes
es el Estado o alguna de sus dependencias. En Costa Rica, en lo que se refiere a providencias
y a resoluciones que resuelvan el fondo del asunto —a saber, sentencias y autos con carácter
de sentencia, no tiene recurso de revocatoria en materia contencioso administrativa
Falta

Acción u omisión que constituye infracción sancionada con una pena más leve que los delitos


Acto de Iniciov

Etapa de admisibilidad: Empieza en el momento en que la persona afectada o legitimada por
una mala conducta del agremiado (a) hasta el dictado del Auto de Inicio

El procedimiento disciplinario se inicia con el dictado de la resolución del Auto de Inicio, que
consiste en trasladarle la imputación de cargos al agremiado que ha sido denunciado


NORMATIVA


Ley General de la Administración Pública Del Procedimiento Ordinariovi


Artículo 308


1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia obligatoria en

cualquiera de los siguientes casos


a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole

obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma

de lesión grave y directa a sus derechos o intereses legítimos; y


b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del

expediente
 2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplinarios cuando

éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera

otras de similar gravedad


Artículo 309


1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y privada, ante

la Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes

que fueren pertinentes

2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y periciales


3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido imposible

en la primera dejar listo el expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes

así lo requieran


Artículo 310


Sólo las partes y sus representantes y abogados podrán comparecer al acto, fuera de la

Administración, pero ésta podrá permitir la presencia de estudiantes, profesores o científicos,

quienes asistirán obligados por el secreto profesional


Artículo 311

La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con quince días de anticipación
Artículo 312.-


1. La Administración preparará la comparecencia en forma que sea útil, para lo cual con

la citación deberá enumerar brevemente toda la documentación pertinente que obre en su

poder, indicar la oficina en la que podrá ser consultada y ponerla a disposición de los citados

y de las partes


2. Igualmente, la citación prevendrá a las partes que deben presentar toda la prueba antes

o en el momento de la comparecencia, si todavía no lo han hecho


Toda presentación previa deberá hacerse por escrito


Artículo 313.-


1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas


2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado posteriormente con la sola

firma del funcionario director, pero en todo caso deberá serlo antes de la decisión final

Se conservará la grabación hasta la conclusión del expediente


Artículo 314.-


1. El órgano que dirige el procedimiento será el encargado de dirigir la comparecencia


2. Si el órgano es colegiado, será dirigido por el presidente o por el miembro designado

al efecto
Artículo 315


1. La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia se lleve a cabo,

pero no valdrá como aceptación por ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de la

Administración o de la contraparte


2. El órgano director evacuará la prueba previamente ofrecida por la parte ausente, si ello

es posible


Artículo 316.-El órgano director podrá posponer la comparecencia si encuentra defectos

graves en su convocatoria o por cualquier otra razón que la haga imposible


Artículo 317


1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de


a) Ofrecer su prueba


b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante


c) Pedir confesión a la contraparte o testimonio a la Administración, preguntar y repreguntar

a testigos y peritos, suyos o de la contraparte


d) Aclarar, ampliar o reformar su petición o defensa inicial


e) Proponer alternativas y sus pruebas; y


f) Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de

la comparecencia
 2. Lo anterior deberá hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad del derecho

para hacerlo si se omite en la comparecencia


3. Los alegatos podrán presentarse por escrito después de la comparecencia

únicamente cuando no hubiere sido posible hacerlo en la misma


Artículo 318


1. La comparecencia deberá tener lugar normalmente en la sede del órgano director, pero

si hay que hacer inspección ocular o pericial se podrá desarrollar en el lugar de ésta


2. Podrá también llevarse a cabo en otra sede para obtener economía de gastos o

cualesquiera otras ventajas administrativas evidentes, si ello es posible sin pérdida de

tiempo ni perjuicio grave para las partes


Artículo 319


1. Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto final, lo cual

deberá hacer el órgano competente dentro del plazo de quince días, contado a partir de la

fecha de la comparecencia, salvo que quiera introducir nuevos hechos o completar la prueba

en cuyo caso deberá consultar al superior


2. Este decidirá en cuarenta y ocho horas y si aprueba fijará un plazo máximo de quince

días más para otra comparecencia


3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los plazos máximos fijados en

los artículos 261 y 263
 4. Será prohibido celebrar más de dos comparecencias


Código Procesal Civilvii


ARTÍCULO 50.- Audiencias orales

50.2 Asistencia y efectos de la incomparecencia

2. Inasistencia a la audiencia preliminar. Si quien figura como demandante no comparece a la
audiencia preliminar, se tendrá por desistida la demanda o la reconvención y se le condenará
al pago de las costas y los daños y perjuicios causados. No obstante, podrá continuarse el
proceso, si alguna de las partes presentes alega interés legítimo o cuando la naturaleza de lo
debatido exija la continuación, siempre que no exista impedimento cuya superación dependa
exclusivamente de la parte demandante


Artículo 57.- Caducidad del proceso

57.1 Procedencia

Mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia caducará la demanda o la
contrademanda cuando no se hubiera instado su curso durante más de seis meses. El plazo
se contará a partir de la última actividad dirigida a la efectiva prosecución. No interrumpen el
plazo las actuaciones que no tengan ese efecto. Será declarada de oficio, a solicitud de parte
o a petición de cualquier interesado legitimado

No procede la caducidad

1. Si la paralización fuera imputable exclusivamente al tribunal, a fuerza mayor o cualquier
otra causa independiente de la voluntad de las partes…”
 Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Ricaviii


Artículo 10.- Deberán ser suspendidos en el ejercicio de su profesión los abogados

1.- Cuando se hubiera dictado contra ellos auto firme de elevación a juicio, por delito doloso
que merezca pena de prisión mayor de tres años, siempre que a juicio de la Junta Directiva del
Colegio de Abogados y Abogadas (*) el hecho atribuido afecte gravemente el ejercicio correcto
de la abogacía. (*) (Así modificada su denominación por el artículo 4° de la Ley N° 9266 del 12
de agosto de 2014. Anteriormente se indicaba: "Colegio de Abogados") Asimismo, deberán ser
suspendidos cuando fueren condenados por delito a una pena de prisión o de suspensión para
cargos y oficios públicos y profesiones liberales. Para tales efectos, el tribunal respectivo
deberá comunicar lo pertinente a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas(*) (*) (Así
modificada su denominación por el artículo 4° de la Ley N° 9266 del 12 de agosto de 2014
Anteriormente se indicaba: "Colegio de Abogados")

2.- Cuando se nieguen, sin motivo justificado, a rendir cuentas a sus poderdantes o clientes

3.- Cuando en cualquier forma apareciere que han incurrido en apropiación, malversación,
defraudación, exacción o uso indebido de fondos en daño de sus clientes, sin perjuicio de las
responsabilidades penales y civiles consiguientes

4.- Cuando el abogado haya autenticado firma falsa, o firma no puesta en su presencia, o
cuando se preste a que, por su medio, litiguen personas no autorizadas por la ley

5.- Cuando su conducta sea notoriamente viciosa por embriaguez, por drogadicción o
cualquier trastorno grave de conducta que comprometa el ejercicio de la profesión

6.- Cuando, en general, cometan alguna falta de probidad u honradez en el ejercicio de la
profesión, no comprendida en ninguno de los números anteriores
 Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derechoix


Artículo 81: Las faltas que puedan ser sancionadas disciplinariamente se clasifican en leves,
graves y muy graves

Artículo 82(*): Se considera falta leve la infracción a las disposiciones contenidas en los
artículos 13,16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 45, 50, 55, 57, 59, 60, 61,

64(*), 66, 70, 72, 73. También se considerará falta leve la no información clara, veraz, suficiente
y oportuna del abogado o abogada hacia su cliente respecto a la normativa que regule los
honorarios profesionales. (*)(Texto declarado nulo únicamente en la sanción por violar el

artículo 64. Sentencia número 1542-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección
Sexta, de las nueve horas treinta minutos del siete de agosto del dos mil nueve; confirmada por
sentencia número 310-TC-2009 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda de las nueve horas veinticinco minutos del nueve de diciembre del dos mil
nueve)


Artículo 83: Son faltas graves

a. La infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 17, 20, 21, 22, 29,
35, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71

b. La autenticación de una firma falsa, no puesta en su presencia, o la autenticación de un
documento en blanco. De comprobarse la falsedad de la firma autenticada o que la
autenticación se hizo a sabiendas de la falsedad, se podrá agravar la sanción a imponer

c. Falsificar en todo o en parte un documento privado

d. El cobro excesivo de honorarios. En este caso, podrá la Junta Directiva imponer al
abogado o abogada el extremo mínimo de la sanción establecida para las faltas graves y
prevenirle que devuelva el exceso de honorarios cobrado, bajo apercibimiento de que en caso
de incumplimiento se incrementará la sanción impuesta, pudiendo llegarse hasta el extremo
máximo de la sanción establecida para las faltas graves
e. Recibir determinado monto o documentos por trabajo contratado y no realizarlo en todo
o en parte. En este caso, la Junta Directiva podrá imponer al abogado o abogada el extremo
mínimo de la sanción establecida para las faltas graves y prevenirle que devuelva la suma y/o
documentos que estime pertinente, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se
incrementará la sanción impuesta, pudiendo llegarse hasta el extremo máximo de la sanción
establecida para las faltas graves

f. Cuando en el supuesto del artículo 56, el abogado o la abogada no devuelvan del todo
los documentos, expedientes o valores

g. Haber incurrido en falta leve dos o más veces


Artículo 84: Son faltas muy graves: a. La infracción a las disposiciones contenidas en los
artículos 18, 24, 41, 44. b. La comisión de delitos dolosos en cualquier grado de participación,
sin perjuicio de lo que dispone el inciso b) del artículo anterior. c. La embriaguez o toxicomanía
habitual y pública. d. Falsificar en todo o en parte un documento público


Artículo 87

1. Cuando los hechos imputados puedan constituir delito, según calificación de la Junta
Directiva del Colegio de Abogados, la acción disciplinaria prescribe en los plazos de
prescripción de la acción penal señalados en la normativa penal para ese delito

2. Las demás faltas prescriben en dos años

3. El cómputo del plazo de prescripción de la acción disciplinaria comenzará a partir del
momento en que quien se sienta afectado por una conducta, actuación u omisión de un
abogado o abogada tenga conocimiento de ello y esté en posibilidad de denunciarla

4. La prescripción de la acción disciplinaria, en cualquiera de los casos anteriores, se
interrumpe con la presentación de la denuncia ante el Colegio de Abogados y con todas las
actuaciones que con ocasión del trámite del procedimiento disciplinario se realicen
posteriormente
5. Si el procedimiento disciplinario se suspendiere mediante resolución razonada, se
suspenderá el cómputo de la prescripción y la caducidad por el tiempo en que el procedimiento
se encuentre suspendido

6. La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, de forma individual para cada
uno de los denunciados


Artículo 87 bis

(agregado mediante acuerdo 2008-39-072): La Junta Directiva del Colegio de Abogados, a
solicitud del abogado o abogada a quien se le ha impuesto sanción de suspensión para el
ejercicio de la profesión, podrá acordar la ejecución condicional de esa sanción cuando

a) El hecho atribuido no afecte gravemente el decoro y el realce de la profesión de la abogacía,

b) La sanción impuesta, sea igual o inferior a tres años de suspensión en el ejercicio de la
profesión

c) La persona solicitante no cuente con antecedentes disciplinarios en los últimos cinco años
ni durante ese lapso hubiese sido beneficiada con igual medida sustitutiva de la sanción
impuesta

d) La solicitud se formule ante la Fiscalía en el plazo de un mes hábil posterior a la firmeza de
la sanción aprobada por el Consejo Disciplinario. En casos excepcionales será la Junta
Directiva quien podrá otorgar el beneficio, fuera de dicho plazo

El beneficio de ejecución condicional de la sanción implicará la realización de trabajo en
beneficio de la comunidad, en programas de proyección social o en instituciones públicas o
privadas de reconocida trayectoria nacional o comunal que autorice la Junta Directiva del
Colegio

Para calcular la cantidad de horas aplicables para cada sanción impuesta, se tendrá que, por
cada mes de suspensión en el ejercicio de la profesión, la persona deberá cumplir con al menos
16 horas de trabajo comunal por mes para el otorgamiento del beneficio, las cuales deberá
realizar en el plazo máximo de un año cuando la suspensión sea menor a doce meses y en el
plazo máximo de dos años para suspensiones mayores. Las horas a laborar deberán ser
cumplidas en jornadas mínimas de cuatro horas por día de manera continua

La Junta Directiva del Colegio de Abogados establecerá las disposiciones para regular el
beneficio de ejecución condicional de la sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía,
partiendo de las generalidades establecidas en este artículo

La vigilancia del cumplimiento del beneficio de ejecución condicional de la sanción de
suspensión, corresponderá a la Fiscalía del Colegio. El incumplimiento injustificado por parte
de la persona beneficiada, así como la imposición, con posterioridad al otorgamiento del
beneficio, de sanción disciplinaria de suspensión para el ejercicio de la profesión, implicará la
revocación del beneficio por parte de la Junta Directiva, previa audiencia a la persona
sancionada (así reformado mediante acuerdos 2012-18-010, de la sesión ordinaria 18-12
celebrada el 28 de mayo del 2012; 2013-20012, de la sesión ordinaria 20-13 celebrada el 10
de junio del 2013; 2013-28-003, de la sesión ordinaria 28-13 celebrada el 05 de agosto del
2013; 2013-35-011, de la sesión ordinaria 35-13 celebrada el 30 de septiembre del 2013
Publicado en La Gaceta nº 137 del 16 de julio del 2012)


JURISPRUDENCIA


1. La Licenciada presenta recurso de adición y aclaración contra el acto final de fiscalía
estando en tiempo, pero cuando presentó el recurso de revocatoria contra el Colegio
de Abogados ya estaba fuera de plazo


CONSIDERANDO

I.- El Tribunal en esencia tuvo por probados los hechos que a continuación se exponen
Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2015, ante la Fiscalía del Colegio de Abogados
de Costa Rica, el señor MASS interpuso denuncia disciplinaria contra la licenciada AEGL. En
resolución correspondiente al acuerdo no. 2015-25-093 dictado por la Junta Directiva del
Colegio de Abogados de Costa Rica en la sesión ordinaria no. 25-2015, emitió el acto inicial
del procedimiento administrativo sancionador y traslado de cargos contra la denunciada. Dicha
decisión fue comunicada a la señora GL, mediante resolución de 14 horas 27 minutos del 20
de agosto de 2015, dictada por la Fiscalía del Colegio de Abogados de Costa Rica. En dicho
auto de inicio se dispuso, en lo que resulta de interés y en lo conducente: "Denunció el señor
SS que la denunciada es abogada de quien fuera esposa del quejoso, y en diversos procesos
entablados en su contra, ha ofrecido como testigos a personas que reiteradamente son testigos
en otros procesos judiciales que lleva la quejosa en otros procesos, en los que se indica que
tienen un conocimiento claro, y exacto de los hechos en los diferentes juicios. I.- Indica el
quejoso que los (sic) siguientes expedientes, se ofreció a los mismos testigos en procesos que
también son distintos entre si: (detalla los diversos procesos judiciales y los testigos ofrecidos
en ellos, señalando sus nombres, cédulas de identidad y los hechos para los cuales se ofreció
su testimonio). / II. La denunciada utilizo (sic) la solicitud de cancelación de audiencias como
instrumento para alargar los procesos, afectando a una de las partes. Que en proceso en su
el 11/01/2013 para la audiencia fijada a las 08:30 del 11/02/2013 mediante resolución de las
08:00 del 17/012/2012 (sic); posteriormente solicito (sic) cancelación el día anterior a fijada la
audiencia el 03/12/2014 señalada desde el 23/10/2014, incluso en dicho señalamiento, reiteran
a las partes que deben informar a los despachos si tienen otros señalamientos para evitar
choques de audiencias. La actuación de la denunciada ha provocado que la pensión provisional
se le haya mantenido al quejoso por dos años y medio al momento de presentar la denuncia
VD siendo que se cancelaron las audiencias señaladas para las 09:30 del 11/10/2012; 13:30
del 08/11/2012; 08:30 del 20/11/2012; 13:30 del 14/01/2013. III.- Denuncia el quejoso que la
firmar el acuerdo de divorcio planteado unilateralmente, según indica la denunciada en correo
electrónico "doña “I” no va a quitar la violencia doméstica hasta tanto usted no firme el
documento". / Los hechos denunciados podrían ser contrarios a lo estipulado en los artículos
13, 14, 16, 17, 22, 71, 83 inciso a, 84 inciso a, 85 inciso b y c todos del Código de Deberes
Jurídicos Morales y Éticos del Profesional en Derecho desde amonestación y hasta diez años
de suspensión en el ejercicio profesional. (...) / Solución alternativa de conflictos. Dentro del
plazo de ocho días después de notificado este auto, las partes se servirán indicar si están
dispuestas a conciliar, a fin de citar a audiencia a este efecto. En caso de que no se indique lo
anterior, se procederá con el trámite ordinario

De no considerar las partes necesaria la intervención de ésta Fiscalía para ese efecto, el
acuerdo podrán hacerlo llegar por escrito a éste despacho y si éste es conforme a derecho, se
remitirá el expediente a la Junta Directiva para su análisis y eventual homologación del acuerdo,
con el consecuente archivo del expediente. (...), una vez firme el acto final, no se admitirá para
su consideración arreglo o transacción alguna. En el caso de faltas consideradas (...) como
muy graves, la Junta Directiva del Colegio podrá denegar o limitar los efectos del acuerdo
conciliatorio, (...).", la cual fue notificada a la licenciada GL el 29 de febrero de 2016. En
resolución sin número de 9 horas del 14 de octubre de 2015, emitida por el Juzgado Segundo
en lo que interesa: "POR TANTO: / Razones expuestas, artículos, doctrina y jurisprudencia de
cita, tenido por probado el abuso en

el proceso en la modalidad de actuación procesal indebida por parte de la abogada “A” GL, se
le impone una multa en razón de cinco días (art. 100 Código Procesal Civil). Para la fijación del
quantum se considera el salario mínimo de un auxiliar administrativo de acuerdo a la Circular
del Consejo Superior N°260-2014 publicada en el Boletín Judicial N°245 publicado el 19 de
diciembre del 2014 el cual precisa el salario mínimo del cual deben partir las penas impuestas,
siendo el mismo de CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS COLONES por lo que
cinco días multa a razón de trece mil cuatrocientos cuarenta y siete colones al día, suman un
total de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES COLONES. Dicha suma (C

67.233,00) deberá ser depositada a la orden del Colegio de Abogados dentro del tercero día
tal y como dispone el numeral 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dentro del mismo
plazo deberá presentar la abogada GL constancia de tal depósito, bajo el apercibimiento de
que si no lo hiciere será suspendida en el ejercicio de su profesión, y (sic) además se le
testimoniarán piezas ante el Ministerio Público para que, en su caso, se le siga causa penal por
el delito de Desobediencia a la Autoridad. A la firmeza de este pronunciamiento, testimóniense
piezas para ante la Fiscalía del Colegio de Abogados para lo que corresponda. (...)". Ese fallo
fue confirmado por el Tribunal de Familia del I Circuito Judicial de San José mediante sentencia
no. 1087-2015 de 15 horas 39 minutos del 27 de noviembre de 2015. En escrito presentado
ante la Fiscalía del Colegio de Abogados el 12 de febrero de 2016, la licenciada GL contestó
la denuncia formulada en su contra, solicitando que fuera declarada sin lugar. Mediante
resolución correspondiente al acuerdo no. 2016-22-022 adoptado por la Junta Directiva del
Colegio de Abogados de Costa Rica en la sesión ordinaria no. 22-2016, del 13 de junio de
2016, comunicada a la profesional denunciada el 5 de agosto de 2016, se dispuso, en lo que
interesa: "(...) REVOCAR PARCIALMENTE el auto de inicio de las presentes diligencias tomado
mediante acuerdo 2015-25-093, sesión ordinaria 25-2015, esto con el fin de evitar futuras
nulidades, quedando el mismo de la siguiente manera: Denunció el señor SS, que la
denunciada es abogada de quien fuera esposa del quejoso, y en diferentes procesos
entablados en su contra, ha ofrecido como testigos a personas que reiteradamente son testigos
en otros procesos judiciales que lleva la quejosa (sic) en otros procesos, en los que se indica
que tienen un conocimiento claro, preciso y exacto de los hechos de los diferentes juicios. I.-
Indica el quejoso que (sic) los siguientes expedientes, se ofreció a los mismos testigos en
procesos que también son distintos entre sí: (se realiza un detalle de los diversos testigos
ofrecidos por la aquí accionante en diferentes procesos judiciales). II.- La denunciada utiliza la
solicitud de cancelación de audiencias como instrumento para alargar los procesos, afectando
a una de las partes. Que en proceso en su contra ante Juzgado (sic) de Pensiones de Escazú,
expediente 12-001179-0925-PA solicitó cancelación el 11/01/2013 para la audiencia fijada a
las 08:30 horas del 11/02/2013 mediante resolución de las 08:00 (sic) del 17/012/2012
posteriormente solicito (sic) cancelación el día anterior a fijada la audiencia el 03/12/ 2014,
señalada desde el 23/10/2014, incluso en dicho señalamiento, reiteran a las partes que deben
informar a los despachos si tienen otros señalamiento (sic) para evitar choques de audiencia
La actuación de la denunciada ha generado que la pensión provisional se le haya mantenido al
quejoso por dos años y medio al momento de presentar la denuncia. Dicha utilización de
que se cancelaron las audiencias señaladas para las 09:30 del 11/10/2012; 13:30 del
08/11/2012; 08:30 del 20/11/2012; 13:30 del 14/01/2013. III.- Denuncia el quejoso que la
firmar el acuerdo de divorcio planteado unilateralmente según indica la denunciada en correo
electrónico "doña “I” no va a quitar la violencia doméstica hasta tanto usted no firme el
documento. (sic) En otro orden de ideas, respecto a la documentación que consta en el legajo
de prueba del presente proceso, se trasladará la prueba ad effectum videndi para la resolución
del expediente 413-14. NOTIFíQUESE." La audiencia oral y privada respectiva, se realizó a las
9 horas 5 minutos del 18 de enero de 2017, en la Fiscalía del Colegio de Abogados, oportunidad
en la cual la denunciada no se presentó por encontrarse incapacitada, ni tampoco su abogado
En dicha oportunidad procedimental se evacuó la prueba documental y testimonial ofrecida por
la parte denunciada y se prescindió del trámite de conciliación por no presentarse la parte
denunciada ni su representante legal. Así mismo, se consignó en el acta respectiva: "Se le
indica a la parte que, de llegar a un acuerdo conciliatorio posterior, deberá aportarlo por
escrito". En acto de 9 25 minutos del 18 de enero de 2017, dictada por la instructora del
procedimiento, se dispuso rechazar la solicitud de cambio de fecha para la realización de la
audiencia oral, planteada por el representante legal de la señora GL ese mismo día. 7. Mediante
escrito del 20 de enero de 2017, la representación de la señora G interpuso recurso de
revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de 9 horas 25 minutos del 18 de
enero de 2017, donde solicitó se anulara la audiencia oral y privada realizada, alegando el
representante de la actora que él no tenía poder para conciliar y por ello era indispensable la
presencia de la señora G en esa audiencia. Tal impugnación fue rechazada en acto de 14 horas
45 minutos del 25 de enero de 2017 dictada por la Fiscalía del Colegio de Abogados. En
acuerdo no. 2017-19-005 adoptado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados en la
sesión no. 19-2017 del 5 de junio de 2017, se rechazó el recurso de apelación planteado por
la accionante y se dictó acto final dentro del procedimiento administrativo sancionador,
disponiéndose, en lo que interesa: "(...) 3. DECLARAR CON LUGAR la presente denuncia
establecida en contra de la LICENCIADA “A” GL, carné 8699, por incumplimiento de los
artículos 17, 38, 83 inciso a) y 85 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho, y (sic) en tal carácter sobre dicha falta se le impone la sanción
ABOGACÍA (sic). (...) Contra la presente resolución procede el recurso de revocatoria dentro
del plazo de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la misma, (...). Lic. JLLB
Fiscal." La parte denunciada interpuso adición y aclaración mediante escrito del12 de julio de
2017. Esa gestión fue rechazada en acuerdo no. 2017-28-029 adoptado en la sesión no. 28-
2017 celebrada por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica el 7 de agosto
de 2017 y notificada a la licenciada GL el 25 de agosto de 2017. Contra el acto administrativo
final, se interpuso recurso de revocatoria y nulidad concomitante mediante libelo del 28 de
agosto de 2017. Dicha impugnación fue rechazada mediante acuerdo correspondiente al no
2018-08-010 de la sesión no. 2018-08 celebrada por la Junta Directiva del Colegio de
Abogados de Costa Rica el 26 de febrero de 2018. La cual se notificó a la recurrente el 25 de
abril de 2018

La señora “A” GL interpuso demanda contra el Colegio de Abogados de Costa Rica, donde
solicitó se declarara: con lugar en todos sus extremos la demanda; que la sustitución de
testigos, como práctica procesal, está debidamente sustentada en el ordenamiento jurídico
Además, se le ordenara a la entidad recurrida abstenerse de incurrir nuevamente en una u
otras conductas como la acusada en el presente proceso por los hechos endilgados. De igual
forma, que por resultar contrarios al ordenamiento jurídico y antijurídicas, se declarara: la
nulidad con efectos retroactivos o ex tunc, de las siguientes conductas: acto final del
responsable del daño moral sufridos y de los perjuicios, como derivación de la conducta
administrativa declarada ilegítima, con base en el numeral 122 inciso m), apartado iii, del
Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Dicho menoscabo, señaló, se originó en
las conductas mencionadas líneas atrás, provocadas por el demandado, debido a la
incertidumbre, desazón y forma inadecuada cómo se tramitó y resolvió la denuncia y el propio
procedimiento disciplinario. Manifestó, ese detrimento, afectó su psiquis, con un decaimiento
en sus diarios quehaceres, en problemas con sus familiares, en su núcleo intrapersonal, como
lo es con su esposo e hijos, con quienes se ha deteriorado la relación, en sus relaciones de
oficina, donde ha tenido enojos, descontentos, frustración por los trámites mencionados, por
la campaña en redes sociales donde se le ha desacreditado su buen nombre profesional como
resultado de la sanción que se le pretende imponer, por el estrés que se ha incrementado al
tener que sobrellevar discusiones con clientes, no aceptar otros, o bien tenerles que explicar
la situación expuesta. En cuanto a la estimación prudencial de los daños y perjuicios, conforme
al artículo 58 inciso e), dijo, en ese momento era imposible su cuantificación por requerirse
complejos cálculos periciales. Las sumas que se llegaran a reconocer solicitó fueran indexadas,
de acuerdo a lo estipulado en los cardinales 124 y 125 del CPCA. Pidió, se condenara al
Colegio de Abogados de Costa Rica al pago de ambas costas e intereses a partir de la fecha
de exigibilidad de la obligación y hasta su pago efectivo. La representación del Colegio
profesional demandado contestó negativamente la demanda y opuso la excepción de falta de
derecho. El Tribunal acogió la citada defensa; declaró sin lugar en todos sus extremos la
demanda, con ambas costas del proceso a cargo de la parte vencida. Inconforme la actora
perdidosa formula recurso de casación donde desarrolla ocho agravios


II.- Primero: acusa indebida valoración de la prueba documental aportada [artículo 138 inciso

certificado, —el cual dice, aportó como prueba documental—, según las reglas de la sana
crítica racional, con quebranto por falta de aplicación del precepto 82.4 ibid. Reproduce parte
de lo resuelto por el Tribunal en lo tocante a los testigos que presentaba en los diversos
procesos judiciales en los que participaba como abogada. Sin embargo, refuta en el expediente
administrativo, no existe ningún elemento de convicción, sea documental, testimonial o de
cualquier índole, que acredite la existencia de las actuaciones en cada uno de los procesos
judiciales que se mencionan. Refiere, nunca se incorporó ningún expediente judicial que
demostrara las aseveraciones del denunciante, ni tampoco el Colegio los solicitó para su
valoración. Lo expuesto, apunta, denota que las personas juzgadoras no revisaron ni analizaron
el expediente administrativo aportado como prueba documental, y por el contrario, incurrieron
en una presunción de hechos que tampoco fueron debidamente acreditados, incurriéndose en
una violación directa de la ley, por falta de aplicación del cardinal 82.4 del CPCA, ya que no se
valoró esa prueba documental bajo las reglas de la sana crítica, la lógica, la ciencia y
comunidad de esa prueba con el rigor y conciencia exigida por ese el citado canon. Asimismo,
administrativo. En otras palabras, señala, al Tribunal pretirió esa probanza, ya que, de haberla
apreciado, no hubiera arribado a concluir lo antes mencionado. En esa misma inteligencia, no
habría advertido que la actora realizaba una "practica nefasta" al cambiar los testigos ofrecidos
en diferentes procesos judiciales, pues, ese adjetivo requiere de un estudio preciso y riguroso
de la citada documentación, con el propósito de corroborar, cómo se ofrecían los testigos y en
qué condiciones o sobre cuáles hechos se referirían; cómo y en qué condiciones se producía
la sustitución; si se evacuaron tales pruebas; y, si se ocasionó o no un perjuicio con dicha
prueba testimonial. De ahí, menciona, nada de lo expresado, se puede tener por acreditado en
expediente administrativo, ni de los autos. Acusa, el Tribunal incurrió en error de hecho, con
quebranto a las reglas de la sana crítica racional (lógica y la razón), —precepto 82.4 del
CPCA—, conculcado por falta de aplicación. Igualmente, aduce vulnerados los cardinales 41.5
del CPC vigente y 330 de su homónimo derogado, en relación con el numeral 220 del CPCA,
los cuales, son contestes al estipular el deber de las personas juzgadoras de apreciar la
totalidad de las pruebas en consonancia con las reglas de cita. El Tribunal, increpa, obvió
atender lo normado, al optar por realizar un examen sin rigor del expediente administrativo pese
a que constituye plena prueba. En consecuencia, incurrió en una equivocada presunción, ya
que al confrontar la citada prueba documental, el razonamiento base que hilvana para indicar
que existió una práctica poco ética y desleal de su parte, no cuenta con asidero en los
elementos de convicción evacuados en la presente litis. Argumenta, no hubo forma de
evidenciar el ofrecimiento y supuesto cambio de testigos alegados por la demandada, debido
a lo cual las afirmaciones vertidas en el fallo recurrido adolecen de prueba que las respalde
(por ejemplo, que los testigos serían complacientes y trabajaban para ella). En su apoyo cita
doctrina y jurisprudencia de esta Sala, sobre la necesidad de que la prueba se aprecie de
acuerdo con los principios de la sana crítica. De igual modo, alude a la sujeción al principio de
legalidad (bloque de legalidad) por lo que no puede despreciar los principios constitucionales
Insiste, se infringió el canon 82.5. en cuanto concede carácter de plena prueba a los elementos
de convicción conformantes del expediente administrativo, así como vulnerado el artículo 10.6
de la LOCACR. Además, señala, se dejaron de actuar los artículos 41.2, 45.1 y 45.2 del CPC
vigente, 318 y 370 del CPC derogado (este último, en el tanto otorgan un valor probatorio
privilegiado a los documentos públicos), en relación con el precepto 220 del CPCA. Agrega, la
inobservancia de la comunidad de la prueba redujo el valor probatorio del expediente
administrativo a cero, obviando las estipulaciones cuya valoración integral devenía prescindible
para resolver el conflicto. Así, expone se produce una flagrante violación al acceso de la justicia
El Tribunal, indica, además dejó de aplicar los preceptos 51, 52, 53, 54, 58 y 59 del CPCA, los
cuales disponen sobre la trascendencia del acervo probatorio que contiene el legajo de cita
para dirimir el conflicto. Segundo: alega, se incurrió en indebida apreciación de la probanza
documental [artículo 138 inciso a) del CPCA], nuevamente señala, al no analizar en su totalidad
el expediente administrative no. 0000, vulnerando con ello el precepto 82.4 ibid. Menciona en
el considerando IV el Tribunal, expresó, el acto final del procedimiento sancionador fue
adoptado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica mediante acuerdo no
interpuesto contra el acto final sancionatorio, fue tomado por la Junta Directiva del Colegio de
conformidad con los hechos tenidos por probados 9 y 13. Sin embargo, refuta, al examinar el
expediente administrativo, ninguna de esas conductas formales está rubricada por los
miembros de la Junta Directiva. Agrega, tampoco existe una certificación de los acuerdos
administrativos, de ahí aduce, en el expediente administrativo es completamente ayuna esa
prueba. Por esa razón, indica, acusó la nulidad absoluta del acto final y el acto definitivo, por
haber sido emitidos por un órgano diferente, como lo fue el Fiscal JLLB y no por la Junta
Directiva, como lo ordenan los cánones 11 y 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados
Increpa, las personas juzgadoras supusieron, pese a que solo presentaba la firma del fiscal,
debía entenderse tan solo obedecía al hecho de que fue dicho funcionario de la corporación
gremial quien procedió a comunicar la decisión adoptada por el órgano colegiado. Argumenta,
el Tribunal no puede tan solo suponer, sino que debió considerar y resolver con sustento en los
elementos de convicción, traídos al proceso. Alega, no se valoró de modo integro el expediente
administrativo aportado a los autos, —comunidad de la prueba—, a saber, los folios 217 a 234
y 275 a 281 del expediente administrativo, y este en su totalidad, de donde se desprende que
las conductas no fueron firmadas por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa
Rica. Debido a la inobservancia de tales elementos de convicción se arribó a una conclusión
equivocada y contraria a los elementos probatorios. De ahí, señala vulnerados los Los artículos
82.4 del CPCA, 66, 129, 130, 158, 166, 169, 170, 171 y 175 de la LGAP, por falta de
aplicación. Los últimos en cuanto regulan los requisitos de validez de la conducta administrativa
y las consecuencias de que, en su ausencia, se debe declarar la nulidad de la conducta. Esa
normativa, manifiesta, se conculcó debido a la errónea teoría del caso, aceptada por las
personas juzgadoras. De igual forma, acusa, desatendieron lo preceptuado en el cardinal 82
inciso 5) del CPCA, puesto que ordena al Tribunal apreciar las pruebas que consten en el
expediente administrativo, como documental. Disputa, no se pudo tener por cierto que el acto
final y el definitivo fueron rubricados por la Junta Directiva del Colegio, si en el expediente
administrative no aparecen esas firmas, ni, los documentos que acrediten esa actuación
Además, menciona como infringidos los cánones 41.5 del Código Procesal Civil vigente (CPC)
y 330 de su homónimo derogado, en relación con el numeral 220 del CPCA, por su falta de
aplicación, ya que esos numerales son contestes al regular el deber de las personas juzgadoras
de valorar la totalidad del acervo probatorio. En su apoyo cita una sentencia de esta Cámara,
e indica, la decisión en sede jurisdiccional debe fundamentarse en la sana crítica, lo cual
permite al superior revisar si los criterios emitidos en el fallo impugnado se ajustan a las reglas
del correcto entendimiento humano. En su opinión, la violación por no valorar el expediente
administrativo de modo correcto vulnera también el acceso a la justicia, así como por falta de
aplicación artículos 51, 52, 53, 54, 58 y 59 del CPCA, los cuales son diáfanos en lo
concerniente a que la prueba documental mencionada, es un legajo esencial para dirimir el
conflicto, al punto que su presentación resulta insoslayable para la tramitación del proceso
Tercero: critica, se tuvieron por demostrados hechos en contradicción con la prueba que
consta en el expediente. Alude a los hechos tenidos por probados 9 y 13, donde el Tribunal
señaló, los actos sancionatorios fueron dictados por la Junta Directiva del Colegio de
Abogados, órgano competente para ello. Insiste, sin que tales acuerdos hubieran sido
adoptados y firmados por los integrantes de dicho órgano (folios 217 a 234 y 275 a 281 del
expediente administrativo). En consecuencia, aduce se quebranta el precepto 82.4 del CPCA
La única conducta formal que se observa, aparece con la rúbrica del fiscal del Colegio, quien
no posee la competencia para adoptar tal decisión. Cuarto: acusa incorrecta interpretación del
cardinal 10 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Costa Rica (LOCACR). De acuerdo
con los errores de valoración probatoria expuestos supra, explica, se actúa indebidamente el
mencionado canon, pues, este enumera una lista taxativa de supuestos en los cuales se
pueden imponer sanciones a los agremiados. Alude al considerando IV página 34 del fallo del
Tribunal, donde se arribó a la conclusión de que la actora había incurrido en la falta regulada
en el inciso 6 de tal canon; en lo atinente a que estipula: "Cuando, en general, cometan alguna
falta de probidad u honradez en el ejercicio de la profesión, no comprendida en ninguno de los
números anteriores". De ahí, consideró el cambio de los testigos ofrecidos en los procesos bajo
su dirección profesional, para en su lugar ofrecer a empleados de su oficina, siendo propuestos
de modo regular por doña “A” en una variada cantidad de procesos jurisdiccionales, es sin
duda una mala práctica. Refuta, al revisar el análisis que hace el Tribunal para encuadrar la
conducta al supuesto de la citada norma, su razonamiento base, parte de las premisas sobre
los expedientes judiciales que nunca tuvo a su disposición, que nunca pudo observar ni analizar
con precisión y que como se dijo, se basa en presunciones, con infracción del ordenamiento
jurídico. Así, arribó a una errónea conclusión de la teoría del caso, y convalida
b) las conductas cuestionadas de la Administración, con quebranto del artículo 10 de cita
Asimismo, con ocasión de las indebidas presunciones en las que incurrieron las personas
juzgadoras, en lo concerniente al cambio de testigos, se vulnera por falta de aplicación el
precepto 43.3 del CPC vigente, en relación con el artículo 220 del CPCA, dado que, las
conductas de la actora, al sustituir testigos, son una práctica permitida por nuestro
ordenamiento jurídico, por lo que no puede ser tenido como una conducta deshonesta, falta de
ética o carente de probidad. Por otro lado, aduce se conculcan también los cardinales 13,14,
16, 17, 22, 71, 83 inciso a, 85 incisos b y e del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos
del Profesional en Derecho (CDJMEPD), del Colegio de Abogados de Costa Rica, por aplicarse
de manera incorrecta. Quinto: alega, entre las pretensiones incluyó la de declarar la nulidad
con efectos retroactivos o ex tunc, del acto final del procedimiento administrativo sancionatorio,
de 2018. Ello, acota, debido a los graves errores de hecho, al tenerse por demostrado que la
Junta Directiva del Colegio había firmado la sanción que se le impuso a la actora, con lo cual
concedió una validez y eficacia indebida a esas conductas administrativas. Reprocha, de igual
modo el Tribunal quebrantó por indebida aplicación los artículos 11 y 12 de la LOCACR, que
determina la competencia del órgano para imponer la sanción a la actora, a saber, la Junta
Directiva. No obstante, apunta, está acreditado que quien lo firmó fue el fiscal, quien no posee
tal función ni competencia para eso. Por consiguiente, alega, se infringen por su falta de
aplicación, los preceptos 66, 129, 158, 166, 169, 170, 171, 172 y 175 de la LGAP, normas
que disponen las reglas de la competencia, y las consecuencias de invalidez de la conducta,
su nulidad absoluta e ineficacia por el funcionamiento anormal del órgano administrativo
Reproduce parte de lo fallado por las personas juzgadoras sobre el particular y refuta entender
que la sanción fue firmada por la Junta Directiva, o que la firma del fiscal en la resolución es
para comunicarla, dice, constituye una afirmación que se aparta de los elementos de
convicción. Apunta, es requisito que los acuerdos deban estar firmados por los miembros de
la Junta Directiva, lo cual no se verifica en el expediente administrativo. Además, que no se
distingue cual es la resolución firmada y la que se comunicó. En su criterio, lo dicho denota el
Tribunal incurrió violación directa de ley, por falta de aplicación de los cardinales 11 y 12 de la
LOCACR, 66, 129, 158, 166, 169, 170, 171, 172 y 175 de la LGAP. Sexto: aduce, indebida
exégesis normativa, ya que el Colegio demandado, la sancionó por dos conductas, las cuales
estimó reprochables, de acuerdo con los principios de probidad y de buena fe procesal, así
como por, presuntamente, constituirse en medios ilícitos y desleales en el proceso, como son,
ofrecer testigos, posteriormente sustituidos (mecanismo avalado en el artículo 43.3 del CPC
vigente y proponer testigos de referencia). Para ello, el accionado se basó en una serie de
normas del CDJMEPD. Recrimina, ninguna de las normas en las que el Colegio se sustentó
para adoptar la sanción, establece que el ofrecer testigos, posteriormente sustituidos o
cancelar audiencias, constituyan conductas sancionables y, por ende, que encuadre lo
actuado con la conducta tipificada en una norma. Por ende, apunta, no puede entenderse
existió motivo del acto administrativo para arribar a la suspensión del ejercicio profesional que
se le impuso. Debido a tal falencia, el contenido de la conducta administrativa debía estar
regulada, al menos en forma imprecisa, sin embargo, el contenido del acuerdo que la sancionó
no resulta conteste con los hechos acaecidos, Consecuentemente, increpa, las personas
juzgadoras consintieron una conducta administrativa del Colegio con un motivo ilegitimo, al no
existir como para dictar el acto (canon 133 de la LGAP). A propósito, el Tribunal consideró,
constituía una conducta tipificada, pues, encuadra en el supuesto previsto por el inciso 6° del
Artículo 10 mencionado. Acusa, el yerro estriba en la exégesis incorrecta del artículo 132 de la
LGAP, el cual establece el principio de regulación mínima de la conducta administrativa. Por
consiguiente, el contenido del acto deberá ser lícito, posible, claro y preciso, así como
proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados
Además, de no estar regulado el motivo, el contenido si deberá estarlo, aunque sea en forma
imprecisa. De ahí, afirma, se desatendió el principio de regulación mínima de la conducta
administrativa formal, de modo que la sanción impuesta carece del elemento motivo, y con un
contenido ilícito, desproporcionado, sin corresponderse al motivo, y sin estar dispuesto
Adiciona, las pruebas de los citados expedientes, donde supuestamente se realizaron las
estrategias y sustituciones de testigos no se aportaron y tampoco fueron solicitados. Cuestiona,
el demandado no abarcó todas las situaciones de hecho y de derecho que exige el numeral
132 de la LGAP, para buscar la verdad real de los hechos conforme también los dispone el
numeral 214 ibid, incurriendo en invalidez de la conducta. Sétimo: señala, el Tribunal vulneró
el debido proceso y derecho de defensa, artículos 39 y 41 de la CP. Arguye de conformidad
con la jurisprudencia constitucional y del propio Tribunal Contencioso Administrativo, en el
traslado de cargos a la persona investigada debe hacérsele una debida intimación e
imputación. De modo, que se le comuniquen de manera exacta, clara, precisa y
circunstanciada los hechos que dan origen al procedimiento, previamente valorados por la
Administración como conducta sancionable, con la finalidad de que pueda proveer a su
defensa y se le establezca la respectiva pretensión sancionatoria con base en la norma que así
indique la conducta reprochable y su correspondiente sanción. De manera que, se fijen las
bases jurídicas de la acusación y la concreta pretensión punitiva. Reproduce parte de lo dicho
en el considerando IV de la sentencia, e indica el Tribunal determinó, no existe lesión alguna
en la intimación e imputación del traslado de cargos, lo cual estima contraria a la jurisprudencia
constitucional y al principio del debido proceso y derecho defensa (precepto 39 de la CP)

c) Arguye, el Colegio no realizó traslado de cargos alguno, sino que delimitó a remitir los
hechos denunciados para que se refiriera a ellos, Esto, sin que las personas juzgadoras
efectuaran un análisis de la procedencia jurídica de considerar tales hechos como conductas
sancionables. Recalca, la intimación de cargos es una acusación formal, la cual debe hacerse
mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos que
se le imputaban, así como sus consecuencias jurídicas (folios 153 al 163). Objeta, lo dispuesto
por el Tribunal en lo tocante a "... que en ambos actos existe una extensa y detallada
identificación, clara y puntual, de las conductas endilgadas a la Licda. G, inclusive con
señalamiento de cada uno de los expedientes judiciales en que las mismas acaecieron..."
Refuta la anterior apreciación de considerar como debidamente intimada a la señora GL, la
efectúa el Tribunal con base, en la transcripción literal de la denuncia y la puesta en
conocimiento de esta a la actora, sin que constituya una determinación de los hechos en forma
clara, precisa y circunstanciada. Reclama, la denuncia no responde al principio de intimación,
ni a la correcta puesta en su conocimiento que debe hacer aquel órgano que venga a realizar
el procedimiento sancionatorio. Insiste, se validó la mera transcripción de la denuncia, que fue
lo que hizo el órgano director del Colegio de Abogados, como la intimación del traslado de
cargos. Pero, la denuncia por sí misma no conlleva juicio alguno de la Administración, ni debe
convertirse, sin contexto ni valoración, en los presupuestos únicos para realizar un traslado de
cargos. Por ende, si no existen hechos debidamente comunicados a ella, que a juicio de la
Administración constituyan hechos sancionables. No se produjo una debida intimación
Expone, el Colegio únicamente le señaló que, como resultado del procedimiento administrativo,
podría recibir una sanción que iba desde la amonestación y hasta la suspensión en el ejercicio
de la profesión por 10 años. Asimismo, refiere, se sustentó en una serie de normas, las cuales,
considera, dejaron de observar los hechos intimados. Alega, la ilación adecuada y pertinente
que debe existir paraquien es parte de un proceso sancionatorio es inexistente. Señala, puede
apreciarse en la imputación que expresamente le formuló el Colegio. En consecuencia, disiente
de lo fallado por el Tribunal en lo concerniente a que no se vulneró el derecho de defensa de la
actora (folio 24 del tomo II del expediente administrativo), y que el acto de intimación cumplió
con los requerimientos propios del derecho al debido proceso y del derecho de defensa. No
obstante, considera, se presenta un quebranto al derecho de defensa, dado que la imputación
requiere no solo la calificación jurídica de aquellas infracciones, conforme a la normativa
aplicable, sino también la individualización, y detalle de la posible sanción que correspondería
aplicar de verificarse la falta o faltas acusadas en los hechos intimados. Recrimina, las personas
juzgadoras vulneraron el numeral 39 de la CP por falta de aplicación. En la imputación, apunta,
no se describe detalla, ni en forma precisa y clara los hechos endilgados; y tampoco existe una
clara calificación legal de los hechos, ni la concreta pretensión punitiva con la norma o normas
imputadas. En su apoyo cita una sentencia de este Órgano decisor. Octavo: aduce se conculcó
el principio constitucional “no bis in idem” (norma 42 de la CP), en cuanto estipula, nadie podrá
ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Sobre el particular, refiere, la Sala
Constitucional dispuso, tal principio en su acepción general constituye una prohibición a la
doble persecución judicial por un mismo hecho a una misma persona, el cual resulta también
de aplicación en sede administrativa, lo que implica la imposibilidad de sancionar doblemente,
aun en sede disciplinaria, una misma infracción o hecho cometido por lo misma persona
Expone, a partir del contenido esencial de dicho principio, se ha estimado, ninguna persona
puede ser juzgada y sancionada dos veces, por el mismo hecho reprochable y bajo el mismo
tipo de responsabilidad. De esa forma, no resultaba posible imponer, por el mismo hecho, dos
veces, responsabilidad administrativa, civil o penal, a una persona, pues ello aparejaba un
doble juzgamiento y sanción. En la sentencia cuestionada, expresa, se tuvo por acreditado que
el 14 de octubre de 2015, mediante resolución judicial, sin número, de 9 horas del 14 de
octubre de 2015, el Juzgado Segundo de Familia de San José, consideró que la señora GL
había incurrido en una conducta procesal indebida dentro del expediente judicial no
referencia y por ello, se le impuso una sanción disciplinaria según lo dispuesto en el numeral
100 del CPC derogado, y el artículo 222 de la LOPJ, pese a esto, reprocha, el Tribunal tuvo
2017, se impuso una sanción disciplinaria de 07 meses de inhabilitación en contra de la Sra
“A” GL. De esa manera, conforme a los hechos tenidos por acreditados en la sentencia
cuestionada, se aprecia que el Colegio impuso una nueva sanción de carácter disciplinario en
contra de mi representada, con base en los mismos hechos tornados en cuenta por el Juzgado
Segundo de Familia para aplicar la sanción disciplinaria de días multa. Existe, entonces, una
doble sanción de orden disciplinario a partir de los mismos hechos reprochados como
infracción, lo que conlleva dice, una flagrante lesión del artículo 42 de la CP. No obstante,
refuta, el fallo cuestionado estimó, no existe una doble sanción disciplinaria. Recrimina, de lo
dispuesto por las personas juzgadoras, manifiesta, existe reconocimiento expreso de que la
sanción impuesta en su contra por el Juzgado Segundo de Familia fue disciplinaria, pero de
igual forma, se reconoce que la impuesta por el Colegio de Abogados también es disciplinaria
En este sentido, dispone el artículo 170 de la LGAP, que el tipo de responsabilidades que
pueden surgir de una conducta, son de tres tipos, civil, administrativa o penal del servidor. Por
consiguiente, acota, resulta evidente, el Colegio impuso una nueva sanción disciplinaria, en su
contra, con fundamento en los mismos hechos tornados en cuenta por el Juzgado Segundo de
Familia al sancionarla con días multa. Siendo así argumenta, no es correcta la interpretación
efectuada por el Tribunal, en cuanto descartó el NON BIS IN IDEM, ya que ambas sanciones
son manifestaciones de la potestad sancionatoria disciplinaria, en sedes distintas, pero,
continúan siendo disciplinarias, por lo cual no se le puede sancionar de nuevo por la misma
falta. De ahí, recalca, el fallo lesiona el citado principio constitucional, porque permitió se le
sancionara dos veces, por los mismos hechos y con el mismo tipo de responsabilidad
(disciplinaria).III.- En el primero de los cargos, acusa se omitió valorar el expediente
administrativo, ya que increpa, el Tribunal resolvió en cuanto a los testigos que presentó en
varios procesos donde participó como abogada. Pero, en el citado expediente no existe prueba
de ello, pues, indica, no se incorporó expediente judicial alguno que lo probara. Dicha
inconformidad no resulta procedente, porque en la causa de pedir no se mencionó tal aspecto,
ni en los hechos de la demanda y tampoco en las pretensiones se aludió al hecho que ahora
reclama referido a que en el expediente administrativo no se aportaron los expedientes donde
se le achacó ofreció los mismos testigos. En consecuencia, en este momento procesal no se
puede ingresar a su análisis dado que significaría sorprender a la contraria con extremos no
propuestos ni discutidos en el proceso, lo que atentaría contra el debido proceso y derecho de
defensa del demandado. Además, si hubiera sido un tema de debate, el yerro que podría
configurarse, sería el de incongruencia, ya que el Tribunal no resolvió en cuanto a éste
Abundando en razones, ha de apuntarse, al señor MAS quien presentó la denuncia en el
Colegio de Abogados contra la demandante, se le previno para que aportara copias
certificadas no de los expedientes, sino de los escritos donde se solicitaba la sustitución de los
testigos, sobre lo cual se dice a folio 16 del expediente administrativo, que aportó 13
certificaciones. Luego, se le pidió aportara una copia extra para entregársela a la denunciada,
lo cual cumplió según quedo asentado (folio 145 del expediente administrativo). Asimismo, en
aquel procedimiento administrativo sancionatorio, la profesional no negó haber efectuado
dichas sustituciones, sino que lo argumentado fue, la ley lo permite y que con eso no había
cometido ninguna falta (folios 262 y 263 del expediente administrativo). De igual manera, en el
hecho segundo de su demanda, en el inciso a) la propia accionante menciona los números de
expediente, en los que se adujo había ofrecido y sustituido testigos. Por ende, fue debidamente
apercibida de cuáles expedientes se trataba y se aportaron certificaciones donde constaban
las sustituciones denunciadas, por lo que se constata no existe el yerro que acusa hasta en
este momento procesal, por lo cual, igualmente, lo torna improcedente. Consecuentemente,
procede rechazar el reproche


IV.- Los agravios segundo, tercero y quinto se encuentran relacionados, ya que los errores
alegados se refieren a la falta de competencia, porque en opinión de la recurrente, los actos
fueron firmados por el fiscal, cuando debieron haberlo sido por la Junta Directiva del CACR
Explica, el Tribunal tuvo por probado en los hechos 9 y 13, respectivamente, que el acto
febrero de 2018. Argumenta, sin que dichos actos estén rubricadas por los miembros de la
Junta Directiva. Adiciona, tampoco hay una certificación de tales acuerdos, debido a lo cual,
estima, debió haber sido declarada su nulidad absoluta, por haber sido dictadas por un órgano
diferente, a saber, el fiscal. Así, acota se vulneraron los artículos 11 y 12 de la LOCA (segundo
y tercero), además, los preceptos 129, 158, 166, 169, 170, 171, 172 y 175 de la LGAP, ya que
regulan sobre la competencia y consecuencias de la invalidez de los actos, su nulidad absoluta
e ineficacia por funcionamiento anormal del órgano administrativo (quinto). En lo que concierne
a este extremo, las personas juzgadoras, decidieron: “IV. Del cuidadoso estudio de los autos
realizado por este Tribunal, se tiene que el Colegio de Abogados de Costa Rica, mediante
la actora una sanción de siete meses de suspensión en el ejercicio de su profesión como
abogada. Contra dicho acto sancionador, la parte actora aduce los siguientes argumentos en
sustento de su demanda: Como primer aspecto, acusa la accionante que la resolución final del
procedimiento administrativo disciplinario, así como la resolución que resolvió el recurso de
revocatoria con gestión de nulidad planteado contra aquél, fueron emitidas por un órgano
incompetente para ello, pues aparecen firmadas por el fiscal de la corporación gremial
demandada, siendo el fiscal quien -en su criterio- le impuso la sanción impugnada. No lleva
razón en su dicho la parte actora. Tal y como se deriva de la documentación constante en
autos y del elenco de hechos probados que da sustento a esta resolución, el acto final del
procedimiento sancionador fue adoptado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de
no como erradamente lo acusa la parte actora. Si bien es cierto dicho acto final, según consta
en el expediente administrativo referido, fue firmado por el señor fiscal del Colegio, dicho
documento corresponde al acto de comunicación de dicho acuerdo para la señora G, sin que
ello signifique, bajo ningún supuesto, que estemos ante un acto adoptado por el señor León
Blanco de manera unipersonal y por su cuenta, como de forma evidentemente equivocada lo
señala la representación de la accionante. Lo mismo acontece en relación con el acto
interpuesto por la actora contra el acto final sancionatorio, donde resulta claro que la resolución
en sí misma considerada fue adoptada por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa
de Abogados de Costa Rica el día 26 de febrero del 2018; dicha resolución fue notificada a la
denunciada en fecha 25 de abril del 2018, mediante un libelo que si bien es cierto sólo presenta
la rúbrica del señor fiscal del colegio indicado, debe entenderse que ello obedece solamente,
a que fue dicho funcionario de la corporación gremial el que procedió a comunicar la decisión
adoptada por el órgano colegiado, a la señora G. Lo anterior según consta a folios que van del
275 al 281 del tomo II del expediente administrativo. Por ende, no comparte esta cámara la
afirmación de la accionante, referente a que se han vulnerado, en la especie, los numerales 11
y 12 de la Orgánica del Colegio de Abogados, pues efectivamente tales actos sancionatorios
fueron emitidos por la Junta Directiva competente para ello. Ni tampoco se estima que se haya
violentado lo señalado por el artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública, pues
es criterio de este Tribunal que tales actos han sido adoptados por el órgano legal competente
para ello. Se rechaza por ello, este primer argumento de la demanda interpuesta”. De lo
transcrito se constata, en esencia, dispuso, tanto el acto final del procedimiento, como el
recurso de casación contra ese, fueron dictados por el órgano competente, en este asunto, la
Junta Directiva del Colegio de abogados. Lo expuesto, mediante acuerdos de dicho órgano
en sesión del 26 de febrero de 2018, respectivamente. Además, explicaron en el expediente
administrativo la transcripción de dichos actos aparece firmada por el fiscal del Colegio (órgano
director del procedimiento) únicamente para proceder a sus correspondientes notificaciones,
por ser el encargado de realizar tales comunicaciones. Para esta Cámara, es claro, con el
propósito de establecer la competencia de un órgano administrativo, lo primero es acudir a la
ley, en su falta, al reglamento, de ser necesario a lo dispuesto sobre delegación para alguna
clase de acto o para uno determinado. En último caso a los lineamientos emitidos por el superior
jerárquico de acuerdo a la estructura organizativa, aquí del CACR. Es por estipulación
normativa concreta o tácita, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones (potestad de fijar
las tareas de los restantes órganos subordinados, de conformidad con la materia que le
corresponde a cada una o justifique o defina su propia existencia) que se define el órgano de
mayor jerarquía. Este último, actúa normalmente como decisor y, es por lo general quien agota
la vía administrativa. En el caso del CACR su Ley Orgánica en los artículos 10, 11 y 12, en lo
que interesa, preceptúan: “Deberán ser suspendidos en el ejercicio de su profesión los
abogados: “10.- 1.- … 2.-… 3.-… 4.-… 5.-… 5.-…” ; “11.- La Junta Directiva del Colegio de
Abogados deberá decretar la suspensión del profesional que se encuentre en los supuestos
del inciso primero del artículo anterior…” y “12.-la Junta Directiva del Colegio de Abogados y
Abogadas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley General de Administración
Pública, decretará la suspensión, por mayoría absoluta de votos presentes y en votación
secreta. La resolución final tendrá únicamente el recurso de revocatoria, cuya decisión dará
por agotada la vía administrativa”. En consecuencia, se verifica dichas normas le confieren a la
Junta Directiva del CACR la competencia para actuar como órgano decisor del procedimiento
administrativo sancionatorio, imponer sanciones y dar por agotada la vía administrativa. Por
otro lado, con vista del expediente administrativo, se constata que el acto final del
procedimiento al que se sometió a la actora GL, así como el de revocatoria contra aquel, fueron
dictados por el órgano correspondiente y quien ostenta la competencia, a saber, la Junta
Directiva del CACR. Esto se determina de la lectura de la transcripción de tales autos asentados
en el expediente administrativo, ya que inician expresando: “ACTO FINAL. JUNTA DIRECTIVA
DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE Costa Rica, constituida en consejo de
DE COSTA RICA, CONSTITUIDA EN CONSEJO DE DISCIPLINA. Sesión ordinaria número
respectivamente. En consecuencia, para esta Sala, resulta indudable, los mencionados
acuerdos, se asentaron y fueron firmados por los miembros de la Junta Directiva del CACR en
el respectivo libro de actas, como corresponde normativamente. Por ende, lo que se incluyó
en el expediente fue una transcripción de esos actos. De igual forma. Al final de cada una de
esas reproducciones se indicó: “Notifiquese”, así resulta que fue esa actuación la que firmó el
fiscal del CACR, dado que la dirección del procedimiento recae en la Fiscalía
Consecuentemente, los actos citados fueron emitidos por el órgano competente, debido a lo
cual conservan su validez y no deben ser anulados, por lo cual no se conculcaron los cánones
11 y 12 de la LOCACR ni 129, 158, 166, 169, 170, 171, 172 y 175 de la LGAP. Por ende, lo
atinente es desestimar el motivo


V.- Los reproches cuarto y sexto se relacionan debido a lo cual se conocerán en conjunto. En
el primero se aduce indebida exégesis del canon 10 la LOCACR, porque en su criterio, la
conducta con fundamento en la cual se le sancionó no regula la conducta intimada. Igualmente,
acusa infringido el artículo 43.3 del CPC, ya que permite la sustitución de testigos. Además,
indica su quebrantan los preceptos 13, 14, 16, 17, 22, 71, 83 inciso a, 85 incisos b y e del
CDJMEPD. En el segundo manifiesta debido a las vulneraciones acusadas en el reparo cuarto
conllevó a la inexistencia del motivo del acto administrativo sancionatorio. Asimismo, apunta se
conculcó el cardinal 132 de la LGAP, que dispone el principio de regulación mínima del
accionar administrativo. En lo que concierne a estos extremos las personas juzgadoras fallaron
“Sigue manifestando la representación de la actora, que la sanción de suspensión en el
ejercicio profesional que le fue impuesta, se adoptó con base en hechos que no resultaban -en


su opinión-, tipificados de conformidad con la legislación vigente, pues es su criterio que se le
sancionó por sustituir testigos en diferentes procesos y ante varios despachos judiciales,
conducta que el Colegio demandado estimó calificar como "mala práctica", pero que considera,
no calza dentro de los supuestos previstos por el numeral 10 de la Ley Orgánica del Colegio
de Abogados. Al respecto debe indicarse que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Colegio de
Abogados de Costa Rica -mismo que cita la actora-… En el acto sancionatorio dictado para el
caso de la actora, el Colegio de Abogados estimó, en lo que resulta de interés y para fundar la
sanción ordenada: "(...) por el hecho de que se acreditó la reincidencia de dicha profesional en
su actuar indebido, no en uno, sino ante varios despachos judiciales, en procesos de familia de
distinta índole, lo que denota una mala práctica de la agremiada en su actuar como abogada,
además de actuar de manera desleal con el fin de obtener un beneficio indebido para su
representada. (...)". Efectivamente, de la conducta endilgada y posteriormente sancionada, que
fuera desplegada por la aquí accionante, estima este Tribunal que la misma constituye una que
se encuentra debidamente tipificada, toda vez que la misma encuadra perfectamente dentro
del supuesto previsto por el inciso 6° del artículo 10 antes transcrito, el cual indica "Cuando, en
general, cometan alguna falta de probidad u honradez en el ejercicio de la profesión, no
comprendida en ninguno de los números anteriores." Resulta claro para esta cámara que, el
hecho de cambiar testigos ofrecidos en los procesos bajo su dirección profesional, y ofrecer
en su lugar a los propios empleados de su oficina, siendo los mismos ofrecidos siempre por
doña “A” dentro de una variopinta cantidad de procesos jurisdiccionales, es sin duda una mala
práctica. Pudiendo cualquiera llegar a concluir, según la mediana lógica, que se trata de
testigos falsos, más allá de ser meros testigos referenciales como pretende atenuarlo la
accionante. Nótese que los testigos que presentaba doña “A” en los diversos procesos
judiciales en los que participaba como abogada, eran casualmente los mismos, y según consta
en los actos administrativos impugnados, funcionarios que laboraban para ella. Por ende, eran
testigos a los que no les constaba ninguno de los actos para los cuales fue ofrecido su
testimonio, pudiendo presumirse que al momento de declarar, los tales se iban a limitar a
señalar lo que la señora G les instruyera manifestar. Con ello, evidentemente se incurrió en una
práctica nefasta, poco ética y poco leal por parte de la abogada denunciada, práctica
reprochable no sólo en relación con las partes, con los colegas abogados de la contraparte, y
también para con el Poder Judicial. Pues es claro que la licenciada G, utilizando testigos a
quienes no les constaban ninguno de los hechos de las demandas (máxime si tenemos en
consideración que se trataba de asuntos propios del ámbito del Derecho de Familia, donde la
gran mayoría de los hechos que dan origen a una litis, ocurren en el seno y la privacidad del
hogar de las partes) y a quienes presumiblemente ella les indicaría qué declarar, buscando así
doña “A” alcanzar un beneficio para sus clientes. La señora G estaba no sólo haciendo incurrir
en error a los diversos despachos judiciales donde se tramitaban causas en las que ella
figuraba como litigante, sino que también estaba engañando el leal saber y entender de los
jueces de la República a quienes correspondía conocer de dichos procesos jurisdiccionales y
a los respectivos abogados de la contraparte. Esa conducta, por sus implicaciones, claramente
se puede enmarcar dentro del supuesto legal indicado, encontrando por ello el acto
administrativo sancionador que se impugna, motivo legal suficiente y conforme a derecho, para
gozar de validez jurídica, (artículos 128 y 133 de la ley No. 6227 Ley General de la
Administración Pública), adecuándose al principio de legalidad rector de la materia y
conteniendo el análisis racional requerido sobre la tipicidad de la conducta denunciada, para
proceder a aplicar una sanción de corte disciplinario, como en la especie aconteció. Véase que
el motivo constituye las razones de hecho y de derecho que sirven como sustento y
antecedente para el dictado del acto (art. 132 en relación con el art. 133, ambos de la ley No
6227). En la especie, las conductas desplegadas por la actora y lo preceptuado por el artículo
10 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Costa Rica, constituyen el motivo válido y
suficiente para proceder al dictado del acto administrativo sancionador que aquí se impugna,
contrariamente lo indicado por la actora. Sin dejar de lado que en el procedimiento
administrativo sancionador tramitado por el Colegio de Abogados de Costa Rica, se llegó a
constituir una verdad real administrativa, que la actora no ha tenido la capacidad de desvirtuar
ante este Tribunal”. Lo resuelto en esencia fue que, la forma de actuar de la demandante,
encuadra en lo tipificado en el inciso 6 del canon 10 de la LOCACR, en el tanto estipula, deben
ser suspendidos de su ejercicio profesional, las personas abogadas cuando realicen una falta
de probidad u honradez al ejercer la profesión, —no abarcada en alguna de las causas
reguladas en los cinco incisos precedentes—. Ello, dado que la práctica ejecutada por la
licenciada GL, en lo referido a la sustitución de los testigos ofrecidos originalmente en varios
expedientes de familia, por otros que eran siempre los mismos y se encontraban subordinados
a ella (ya que eran sus trabajadores). De ahí, las personas juzgadoras estimaron, no les
constaban ninguno de los hechos sobre los que se les propuso para testificar, de modo que
manifestaban lo que la actora les instruía. Calificaron tal práctica como “nefasta”, falta de ética
y desleal, reprochable respecto a las partes, abogados de las partes contrarias y hasta de los
funcionarios judiciales. Recalcaron, usaba testigos a quienes no les constaban ninguna las
situaciones fácticas, pues, por la materia su mayoría acaecían en la intimidad del hogar, todo
lo cual no pudo ser desvirtuado por la accionante. Lo anterior no lo combate de modo alguno
la casacionista. Insiste, los expedientes en los que ocurrieron esos hechos no constan en el
expediente administrativo, lo cual como se apuntó en el considerando III, no fue un extremo
propuesto ni debatido en el presente proceso, y en todo caso, se comprobó la sustitución de
testigos se hizo patente mediante certificación de cada uno de los expedientes donde se
realizó, copias de las cuales se le entregaron a la intimada. Además, la actora, aceptó haber
efectuado dichas sustituciones. En este punto es necesario, expresar, distinto a lo que parece
entender la impugnante, en cuanto a que la reglas del derecho penal son aplicables al
procedimiento administrativo sancionador, la premisa de la cual parte la actora es errónea,
pese a lo resuelto por la Sala Constitucional sobre el particular, ésta no concede a las faltas
administrativas las mismas características de los delitos. En el fallo no. 2017-8200 de 9 horas
15 minutos del 2 de junio de 2017, se estableció al respecto que en la materia sancionatoria
administrativa, los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad no poseen iguales
alcances, ni el mismo contenido de la vía penal. Por ende, en vía administrativa la sanción no
aplica como en ámbito jurídico-penal, principios como el de tipicidad que la demandante aduce
infringido, no tiene la rigidez ni exigencia características del derecho penal sustantivo, ya que
la actividad punitiva de índole penal y la de índole disciplinaria atañen a campos jurídicos
diferentes. El procedimiento punitivo de las faltas disciplinarias es menos exigente que el que
se actúa en vía penal, pues comprende hechos referidos al quebranto de los deberes del
funcionamiento administrativo. El Tribunal lleva razón en lo tocante a que el actuar de la actora
este contemplado en el inciso 6 del canon 10 de la LOPJ y en los preceptos del CDJMEPD
mencionados, sin que sus argumentos sobre este extremo y lo señalado por la actora permita
decidir distinto como se hizo. (Al respecto puede consultarse la sentencia de esta Cámara no
decisor avala lo dispuesto por el Tribunal en cuanto a que la conducta de la licenciada GL se
subsume en el inciso 6 del artículo 10 de la LOCACR, ya que tal aparte manda a sancionar con
suspensión del ejercicio profesional a los abogados que en general incurran en alguna falta de
integridad o de moralidad. Además desde el auto de intimación se le mencionaron otras normas
del CDJMEPD, en cuanto a su deber de dedicarse diligentemente en la defensa de su cliente

con apego al ordenamiento jurídico, disposiciones morales y éticas (14); actuar con rectitud en
su ejercicio profesional y hacerlo siempre de modo probo, veraz, leal y de buena fe (17); resulta
contrario a la moral y ética que el abogado conduzca a los testigos, peritos y otros intervinientes
a mentir, sesgar las respuestas o asesorarlos para faltar a la realidad (71); constituyen faltas
graves las estipuladas, entre otros, en los preceptos 17 y 71 (83 inciso a); las que se
sancionaban con suspensión en el ejercicio profesional de tres meses hasta tres años (85 inciso
b). De dicho conjunto de normas es claro, la conducta desplegada de forma reiterada por la
demandante de sustituir los testigos originalmente ofrecidos en varios expedientes en materia
de familia, por otros que trabajaban para ella, —para que declararan sobre aspectos que por
lo general ocurren en la intimidad del hogar o a lo sumo en el entorno familiar, del cual no
formaban parte los deponentes propuestos—; quienes a lo sumo manifestarían lo que la actora
les instruyera, constituye una falta de integridad, lealtad, moral y ética en el ejercicio de su
profesión de abogada. Extremos que como se indicó supra están regulados en la LOCACR y
en el CDJMEPD, de forma que no lleva razón la recurrente cuando alega, se le sancionó por
una falta no regulada normativamente. Agregaron las personas juzgadoras: “Pretende la
señora G y su representación, hacer incurrir en error a este Tribunal -en el mejor de los casos-

, tratando de hacerle creer a esta Cámara que los testigos por ella ofrecidos en esos procesos
del área de Derecho de Familia, eran meramente referenciales. Cuando resulta a todas luces
claro que la Lic. G, ofreció los mismos testigos en diferentes procesos judiciales, testigos que
trabajaban bajo sus órdenes, siendo por ende testigos probablemente complacientes con la
teoría del caso que en cada asunto planteara doña “A” y que declararían -muy probablemente-

, lo que a la Lic. G y a sus clientes les convenía… litigando por ello la accionante, de manera
contraria a la ética y a la buena fe procesal. Y es que puede presumirse que a todas luces ésa
era la intención de doña “A”: ofrecer "testigos" que ella misma se encargaba de informar, de su
plena confianza y preparados previamente por ella, para que dijeran en estrados lo que a ella
le convenía y así poder ganar los procesos en los que figuraba como abogada directora. Con
el agravante de que figuraban como sus empleados y colaboradores, así que por la relación
jerárquica existente entre los improvisados declarantes y ella, los ofrecidos "testigos" no se iban
a arriesgar a decir algo contrario a lo que les indicara doña “A”, es decir, no iban a decir algo
en perjuicio de los intereses de su jefe. La actora incurrió en un evidente abuso procesal y en
una práctica irregular en su desempeño profesional, que con meridiana claridad resulta ser una
conducta contraria a la ética profesional, a la honradez, a la probidad en el ejercicio profesional
y susceptible de ser sancionada por el Colegio profesional demandado, como efectivamente lo
fue”. Estas razones dadas por el Tribunal en lo tocante a que los testigos ofrecidos por la
licenciada GL eran sus colaboradores en la oficina, los aleccionaba para que expresaran lo que
a ella y a sus clientes les beneficiaba, configuró un proceder contra la ética y un abuso procesal
y una práctica anómala en su desempeño como profesional. Lo cual no logra desvirtuar la
impugnante con su recurso. De igual manera, los fundamentos brindados por las personas
juzgadoras no son atacados diáfana y concretamente, en consecuencia, no puede accederse
a la quiebra de lo resuelto

VI.- En otro orden de ideas, en cuanto a la falta de motivo en el acto final del procedimiento
administrativo sancionatorio, es menester, reproducir lo decidido por el Tribunal: “En cuanto a
la falta del motivo, como elemento sustancial del acto administrativo, mismo que acusa como
inexistente en este asunto la actora, debe indicarse que sustenta su argumento en los
numerales 133, 136, 158 y 166 de la ley No. 6227. Sobre el motivo, ya hizo referencia este
Tribunal en las líneas que anteceden, por lo que no se reiterará el análisis en relación con ese
elemento sustancial. Sin perjuicio de ello, debe manifestarse que la representación de la parte
actora confunde dos institutos jurídicos diversos pertenecientes al ordenamiento ius
administrativo vigente: el motivo (elemento sustancial que se constituye con los antecedentes
de hecho y de derecho que dan origen al dictado del acto administrativo, siendo el mismo
fácilmente identificable ante la conducta administrativa, cuando se realiza el cuestionamiento
del "por qué", es decir, el motivo consistirá en la respuesta que surge cuando se realiza el
cuestionamiento de ¿por qué se dicta ese acto?), equiparándolo erradamente la parte actora
con la motivación, (que constituye el deber que pesa sobre el operador jurídico de fundamentar,
motivar, razonar y plasmar expresamente las consideraciones que tuvo en cuenta y el análisis
que realizó al momento de dictar el acto, deber que se deriva directamente de los derechos
constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa, siendo su basamento legal
extraído de lo dispuesto por los artículos 156 y 158 de la ley No. 6227). Dichos conceptos son
totalmente diversos, contrariamente a lo expuesto en su demanda por la actora. En cuanto a
la falta de motivación acusada, debe indicarse que este Tribunal ha procedido a analizar,
mediante lectura pausada y detallada, el acto administrativo sancionador que se ataca en esta
litis y no percibe la existencia del supuesto vicio acusado, pues en dicha resolución
administrativa el Colegio profesional demandado expuso de manera fluida, clara,
adecuadamente hilvanada, coherente y racional, las consideraciones que tuvo en cuenta al
analizar la conducta denunciada para doña “A”, realizando de manera coherente y detallada
un adecuado análisis de los elementos fácticos que componen dicha conducta y ligándolos
correctamente con la normativa legal vigente y aplicable al caso concreto, a saber, con los
numerales 17 y 38, 83 y 85, todos del Código de Deberes propio del Colegio profesional
demandado. Así mismo, la representación del ente demandado realiza una extensa motivación
fundada, exponiendo por qué las conductas denunciadas en el caso concreto, ameritan ser
sancionadas, como efectivamente aconteció, lo cual se constata a folios que corren del 217 al
234 del tomo II del expediente administrativo”. De lo reproducido se extrae las personas
juzgadoras hicieron patente la actora confundió el motivo con la motivación. No obstante, de
forma diáfana y detallada expusieron las razones por las cuales consideraron el acto final contó
con el motivo y brindó de modo claro, hilvanado, coherente y racional las circunstancias que
tuvo al examinar la conducta intimada. Asimismo, que efectuó un apropiado y extenso estudio
de los hechos de su accionar y los relacionó de manera correcta con las estipulaciones
aplicables en el caso concreto. También, que la Junta Directiva del CACR realizó una amplia
motivación sustentada, y expresó el por qué lo denunciado merecía ser sancionado como lo
hizo. Lo expuesto sin que la casacionista logre desacreditar, ni acreditar se resolvió de manera
errónea. En consecuencia, ha de desestimarse lo recriminado en los reproches cuarto y sexto


VII.- Acusa la impugnante, en el sétimo agravio que, se vulneraron los artículos 39 y 41 de la
CP, pues, en su criterio, en el traslado de cargos deben comunicarse de forma exacta, diáfana
y circunstanciada los hechos que originan el procedimiento, una vez que la Administración una
vez examinados los considere una conducta sancionable. Así, señala, el imputado pueda
proveer su defensa. Además, se le ha de mencionar la posible sanción a imponer con sustento
en la norma que disponga la conducta reprochable y su correspondiente sanción. Las personas
juzgadoras en lo referido a esta inconformidad, expresaron: “No lleva razón al respecto la parte
actora. Tanto de la lectura del acto de traslado de cargos inicialmente emitido (correspondiente
modificación realizada mediante resolución sin número correspondiente al acuerdo
ambos actos existe una extensa y detallada identificación, clara y puntual, de las conductas
endilgadas a la Lic. G, inclusive con señalamiento de cada uno de los expedientes judiciales en
que las mismas acaecieron; además, se cita expresamente que las normas potencialmente
violentadas con dichas actuaciones podrían ser los numerales 13, 14, 16, 17, 22, 71, 83 inciso
a, 84 inciso a, 85 incisos b y c, todos del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
Profesional en Derecho y además se indica que la sanción correspondiente puede oscilar
"desde amonestación y hasta días o años de suspensión en el ejercicio profesional" (ver folio
24 del tomo II del expediente administrativo), cumpliendo dicho acto de imputación con los
requerimientos propios del derecho al debido proceso y del derecho de defensa que ostenta
doña “A”. Claramente se indica cuáles conductas se le achacan, cuáles normas jurídicas pudo
haber violentado con su proceder y cuáles serían las posibles consecuencias jurídicas del
procedimiento sancionador para la endilgada; así que ningún vicio de nulidad se percibe en
dicho acto, ni tampoco se estima que se ha haya producido en la especie, una vulneración a
los derechos constitucionales (derivados de los numerales 39 y 41 del texto fundamental)…”
De lo transcrito se verifica, el Tribunal de acuerdo con el análisis del expediente administrativo,
expresó, contrario a lo argumentado por la parte actora, el auto de apertura del procedimiento
de forma clara y precisa expuso los hechos imputados a la licenciada GL. Además, indicó, se
citaron las normas que podrían ser eventualmente transgredidas por el accionar de la
endilgada. Este Órgano decisor en cuanto auto de traslado de cargos en un procedimiento
administrativo sancionador ha decidido: "V. [...] Esta Cámara ha indicado reiteradamente que
lo que el acto inicial e intimatorio debe contener es una descripción clara del hecho o hechos
imputados y las eventuales responsabilidades que se puedan generar. Será el órgano decisor
quien, en último extremo, valore esos hechos, los califique e imponga las sanciones
correspondientes, pues, durante el desarrollo de la investigación y del procedimiento, la
calificación de esos hechos puede variar. La Sala Primera y este Tribunal de Casación han
valorado lo siguiente: “…El traslado de cargos es el impostergable acto de puesta en
conocimiento del funcionario, de los hechos que son objeto de investigación (y pruebas que
obran en los autos), así como de la consignación de los derechos que le son atinentes dentro
del procedimiento para ejercer su defensa y contradictorio, dentro de ellos, plazo para realizar
el descargo, oportunidad para aportar probanzas, la indicación del régimen recursivo, acceso
a las piezas del expediente, entre otros. Es una pieza fundamental dentro del debido proceso
Con todo, dentro de su contenido no es necesario, aun cuando puede hacerse, que el órgano
director indique cuales (sic) serán las consecuencias jurídicas de los hechos investigados o
posible sanción, pues, lo relevante es la descripción del o los supuestos fácticos que provocan
la aparente falta, a partir de los cuales, se realiza el examen de sus implicaciones materiales y
la consecuencia que a ese efecto le asigna el Ordenamiento Jurídico. Lo anterior ya que es el
análisis de ese cuadro fáctico el que determinará, una vez esclarecido y ponderadas las
particularidades del caso, cual es la sanción que proceda acorde a los parámetros punitivos
que fije la ley aplicable, claro está, dentro de un marco de proporcionalidad y racionalidad…”
Primera y recientemente reiterada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo
de 2019)". Fallo no. 000 de 9 horas del 8 de junio de 2021. En consecuencia, para esta Cámara,
según lo resolvieron las personas juzgadoras, así como de conformidad con la jurisprudencia,
en el subexamine, no se configuró la conculcación aducida por la casacionista. Ello, dado que,
distinto a lo argüido, en el traslado de cargos se detallaron las situaciones fácticas imputadas
a la actora, así como las posibles consecuencias jurídicas. Es claro, se hicieron de su
conocimiento los hechos que originaron la apertura del procedimiento administrativo y que
podrían llevar a la imponer algún tipo de sanción. Aunado a esto se citaron las disposiciones

del CDJMEPD que podrían resultar infringidas. Lo expuesto, sin que las razones brindadas en
el motivo permitan la quiebra de lo resuelto. Así, procede rechazar el reparo

VIII.- En el octavo cargo, alega, en el procedimiento administrativo sancionatorio se vulneró el
principio constitucional “non bis in ídem”, ya que en su opinión, fue juzgada y sancionada dos
veces, por el mismo hecho reprochable y con sustento en el mismo tipo de responsabilidad
De ahí, recrimina, no resultaba posible imponer, por el mismo hecho, dos tipos de
responsabilidad, sean, administrativa, civil o penal, dado que eso conllevaría un doble
juzgamiento y sanción. Sobre el particular, en lo que interesa el Tribunal dispuso: “No lleva
razón en sus consideraciones la accionante. La sanción que le fuera impuesta a doña “A” por
el Juzgado Segundo de Familia, si bien es cierto corresponde a una sanción de índole
disciplinario, la misma resulta atinente, de forma única y exclusiva, al desempeño de un
abogado como litigante y ante un órgano jurisdiccional. Al respecto, señalan los numerales 216
a 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los actos susceptibles de ser sancionados por
los Jueces de la República, deben acontecer en una audiencia o diligencia judicial, ergo, dentro
de un proceso judicial o con ocasión de él, haciendo referencia a "los asuntos en que
intervinieren o con ocasión de ellos", puntualmente en el artículo 218 referido. Lo anterior
implica, que la aplicación de este régimen disciplinario especial por parte de un órgano judicial,
se dirige a los actos realizados por los abogados pero cabalmente en condición de litigantes y
en relación con sus actuaciones desarrolladas en el ámbito de una diligencia judicial o
directamente ante estrados judiciales; en el tanto la conducta desplegada y sancionable resulte
susceptible de subsumirse en alguno de los supuestos previstos por las normas legales
indicadas. Por otro lado, las sanciones aplicadas por el Colegio de Abogados de Costa Rica
responden a un régimen diferente, que si bien es cierto resulta de orden disciplinaria, se enfoca
y va dirigido a una normativa especial y desde la perspectiva de la observancia de la ética en

el desempeño de la profesión de abogado, siempre y cuando la conducta sancionable sea
susceptible de subsumirse en alguno de los supuestos previstos por la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados -en la especie particularmente en su artículo 10- y en el Código de Ética
gremial correspondientes. Y es que contrariamente a lo aducido por la parte accionante, debe
indicarse que, si bien es cierto ambas sanciones resultan ser de corte disciplinario (y ello es
así, por indicarlo expresamente las legislaciones antes citadas, en que cada uno de dichos
regímenes encuentra sustento), sin embargo cada una de ellas responde a un sistema
disciplinario diversos, siendo la sanción impuesta por el Colegio de Abogados una sanción
disciplinaria en sede administrativa por razones de orden ético y la sanción impuesta en la
especie por el Juzgado de Familia, una sanción disciplinaria en sede judicial; ambas tramitadas
por órganos sancionadores de naturaleza jurídica diversa (uno propio del ámbito del derecho
administrativo y otro propio del ámbito judicial), ambas sustentadas en una normativa jurídica
diversa (la primera con base en la legislación propia que rige el funcionamiento del Colegio de
Abogados y el proceder ético de sus agremiados, y la segunda con base en la Ley Orgánica
del Poder Judicial). Y en ese tanto, estamos ante el supuesto tradicionalmente avalado por la
jurisprudencia patria (tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Primera) en el sentido de
que una misma conducta -hecho eventualmente sancionable-, puede generar la apertura de
diversas vías sancionatorias coexistentes de manera paralela y ante diferentes órganos
competenciales, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sin que ello implique una
vulneración al principio constitucional de non bis in ídem invocado por la actora. Al respecto,
lo reproducido, se constata, el Tribunal deslindó el campo de acción de cada una de las vías
donde la demandante fue sancionada. La primera en el área de una diligencia judicial o
directamente en estrados judiciales, donde se encuadró en normas de la LOPJ como litigante


La segunda, por actos efectuados por la Licda. GL como profesional en derecho, por lo que se
le aplicó el CDJMEPD. De ahí, señaló, en sede administrativa el CACR la sancionó por razones
éticas, con sustento en una norma especial desde el ángulo del comportamiento en el
desempeño de la profesión de abogado, —LOCACR y CDJMEPD—. Por su lado, indicó, la
sanción actuada por el Juzgado de Familia fue de corte disciplinario en sede judicial. Por ende,
que los órganos sancionadores son de naturaleza jurídica disímil. En lo que concierne al
principio “non bis in ídem” este Órgano decisor ha expresado: “El principio non bis idem,
implica, a tenor de lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Política que, ninguna
persona podrá ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Se trata de un principio general y
común al ordenamiento jurídico sancionador y, por ende, aplicable también a los casos de
duplicidad de sanción administrativa. El efecto material del non bis idem, impide la doble
sanción en los casos cuando aprecie la triple identidad de sujeto, objeto y fundamento. La
identidad en el sujeto refiere a que la persona incriminada debe ser la misma persona física en
dos procesos o procedimientos de la misma índole. La identidad del objeto alude al hecho
respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo sancionador, sea penal o administrativo
Es decir, alude a la correspondencia en la especie fáctica de la conducta. Ambos procesos o
procedimientos, deben estar referidos a la misma acción u omisión atribuidas a la misma
persona. La identidad en la causa o fundamento se refiere a que el motivo de la iniciación del
proceso sea el mismo en ambos casos; es decir, que la finalidad de dichos procedimientos sea
la protección del mismo bien jurídico o uno semejante. Esa triple identidad constituye entonces
el presupuesto esencial de aplicación de la prohibición constitucional non bis in idem”
Sentencia de la Sala Primera no. 000 de 10 horas 15 minutos del 3 de abril de 2019. En el caso
de análisis, resulta indudable, se presenta la identidad de sujeto, la sancionada, tanto en sede
jurisdiccional como en la administrativa, fue la licenciada “A” GL. En cuanto a la identidad en el
fundamento, las sanciones de multa en sede judicial y la suspensión por siete meses en el
ejercicio profesional de la abogacía, tienen distinto interés o bien jurídico protegido, la primera
funciona como respuesta a conductas inadecuadas o de desobediencia de reglas ordenadoras
en el desempeño en sede jurisdiccional. Mientras que la segunda atiende a la desatención de
deberes jurídicos, morales o éticos en el ejercicio de los profesionales en Derecho. Tampoco
existe una completa identidad en las situaciones fácticas. Los días multa tienen como base de
hecho el accionar indebido de la actora en un proceso judicial, a saber, en el expediente no
conocimiento alguno de los hechos sobre los que declararían— (conducta procesal indebida)
Por su lado, la suspensión por siete meses en el ejercicio profesional de la señora GL, atiende
al ofrecimiento como testigos en varios procesos judiciales a las mismas personas, donde
manifestó, tenían un conocimiento claro, preciso y exacto de las situaciones fácticas en todos
los procesos. De igual modo, que la denuncia por supuesta violencia doméstica en contra del
quejoso se usó como presión para que firmara el acuerdo de divorcio propuesto
unilateralmente (mediante correo electrónico). Consecuentemente, el CACR ejerció su
potestad disciplinaria merced al nexo de sujeción especial existente respecto a sus
agremiados. Además, el Colegio profesional examinó la conducta de la licenciada GL en
relación con las aspectos deontológicos, morales y éticos en el ejercicio de la abogacía. En
consecuencia, ha de desestimarse el agravio

IX.- En mérito de las razones expuestas y dado que no se producen las inconformidades
acusadas, se impone desestimar el recurso planteado, con sus costas a cargo de quien lo
formuló [artículo 150, inciso 3) del CPCA]


Se declara sin lugar el recurso de casación, son sus costas a cargo de la promovente
 2. La Profesional en derecho actuó como abogada estando suspendida, interpone
recurso de revocatoria que el Colegio profesional rechazó y el tribunal contencioso
reafirma lo que el Colegio le interpuso de sanción condenándola en costas


CONSIDERANDO


I.- Hechos probados: De relevancia para efectos del presente proceso, se tiene por acreditado
lo siguiente: 1) En fecha 11 de febrero del 2016, la Fiscalía del Colegio de Abogados y
Abogadas de Costa Rica, recibe denuncia formulada por el señor ADJ, en contra de la
Licenciada [Nombre 001], por haber ejercido su profesión, pese encontrarse suspendida por
el Colegio demandado. (Ver folios 01 a 03 del expediente administrativo); 2) Mediante la
resolución de la 10:10 horas del 05 de julio del año 2016, la Fiscalía del Colegio de Abogados
y Abogadas de Costa Rica, dicta el acto de traslado de cargos a la actora. Dicha resolución,
fue notificada en fecha 24 de agosto del 2016. (Ver imágenes 32 a 35 del expediente
administrativo); 3) A través de la resolución de las 15:10 horas del 22 de noviembre del 2016,
se fijan las 09:00 horas del día 21 de febrero del 2017, como fecha para celebrar la
comparecencia oral y privada dentro del procedimiento administrativo. (Ver folios 40 y 41 del
expediente administrativo); 4) Al ser las 09:00 horas del 22 de febrero del 2017, se emite
constancia por parte de la Fiscalía del Colegio Profesional, en el cual consigna que: "Siendo
esta la hora y fecha señalada para celebrar la audiencia oral y privada convocada dentro del
procedimiento administrativo disciplinario 062-16 (6), denuncia establecida por ADJ en contra
de la licenciada [Nombre 001], colegiada 8699. Después de la hora fijada para celebrar la
audiencia, no se hizo presente ninguna de las partes (...) Que en razón de lo anterior, quedan
así listos los autos para el dictado de la resolución de fondo si ninguna situación especial lo
impida (sic)" . (Ver folio 54 del expediente administrativo); 5) En fecha 13 de diciembre del
2017, el señor CAMR, abogado defensor de la actora, solicita se declare la caducidad, con
fundamento en los artículos 255 siguientes y concordantes de la Ley General de la
Administración Pública, por cuanto tuvo audiencia desde el día 31 de enero anterior y no se ha
dictado la resolución final. (Ver folio 64 del expediente administrativo); 6) La resolución final del
procedimiento administrativo, es adoptada por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y
de suspensión en el ejercicio de la profesión por tres años y un mes, en razón de que con su
actuar, violentó los artículos 24, 85 inciso c) y 86 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y
Éticos del Profesional en derecho, por haber ejercido encontrándose suspendida, toda vez que
apoderada especial judicial de la señora BJC, el día 15 de noviembre del 2015, a la evacuación
de prueba confesional y testimonial, esto pese encontrarse suspendida en el ejercicio de la
abogacía, desde el 11 de diciembre del 2015 hasta el 10 de marzo del 2016. Dicha resolución
fue notificada el día 20 de abril del 2018. (Ver folios 65 a 69 del expediente administrativo); 7)


En fecha 25 de abril del año 2018, la actora interpone recurso de revocatoria con apelación en
subsidio en contra de la resolución indicada en el hecho anterior. (Ver folios 74 a 84 del
Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en la sesión ordinaria número
04-19, del día 29 de enero del 2019, se dispone declarar sin lugar el recurso de revocatoria
interpuesto, sin lugar la caducidad del procedimiento invocada y en consecuencia, se confirma
la sanción impuesta. Dicho acto fue notificado en fecha 27 de marzo del 2019. (Ver folios 87 a
97 del expediente administrativo); 9) En el Diario Oficial La Gaceta n°37, del 25 de febrero del
año 2020, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica avisa, que la Junta Directiva,
impuso a la Lic. [Nombre 001], [...], tres años y un mes de suspensión en el ejercicio de la
profesión de la abogacía. Rige a partir de su publicación. (Ver imagen 33 del expediente judicial
en el juicio oral y público, que se encuentra casado, es vecino de Guachipelín de Escazú y
desde el año 1985, es abogado. Afirma, que es abogado litigante en una firma legal y tiene a
su cargo el Departamento de litigio y arbitraje. Conoció a [Nombre 001] hace aproximadamente
10 años, eran contrapartes en proceso de divorcio, lograron conciliar el proceso y notó
condición profesional de excelencia como experta en derecho de familia. Llegaron a tener una
relación de amistad. Le propuso la práctica profesional de litigio en su oficina, de manera que
le ayudara en la parte de familia. Fue una relación de outsourcing. Ante preguntas de la parte
actora, señala que ejerce como litigante en civil, lo contencioso y laboral. Tiene a cargo el
Departamento y dos abogados que le acompañan en el ejercicio de litigio y hay asuntos de
familia que los veía con doña [Nombre 001] . Ella tenía oficina en Zapote, era una casa grande,
trabajaban con ella dos abogados, dos asistentes y un contralor, un encargado de toda la
logística y una recepcionista. Era una oficina con mucho movimiento. Ella manejaba una
cantidad importante de clientes, tenía una cartera de clientes muy selecta, de condición social
alta. Veía asuntos delicados, complejos, tenía otros asuntos de menor rango, pensiones
alimentarias y régimen de visitas, su práctica estaba dirigida a casos complejos, sonados, gente
con solvencia económica y que eran gente relacionada con farándula, con negocios de
banqueros. Cuando se reunía con ella, se enteraba de ello. Llevó con ella 4 o 5 casos de la
oficina, se reunía para ver el caso, estudiar la audiencia, preparar los testigos, hacer
memoriales y esa dinámica lo obligaba a ir periódicamente. Cuando se publica la sanción en el
año 2020, la dinámica era esa, de muy alto rango, era una cartera de ese tipo, [Nombre 001]
tenía vehículo muy bueno, vestía muy bien, se podía apreciar que manejaba dinero. Recuerda
que el vehículo era un Range Rover blanco, no sabe si nuevo. Por esa relación profesional,
cuando tuvo que enfrentar proceso administrativo le pidió que la representara, por esa razón
percibió de cerca de lo que ella vivió a raíz de esa sanción. Recuerda que un colega le dijo: "no
creo que estés defendiendo a esa sinvergüenza, a la [Nombre 001]", y al preguntar porqué
decía eso, se enteró que se ha difundido en redes sociales, que el Colegio de Abogados la
sancionó e inhabilitó por un tiempo. Le explicó en qué consistió la situación. Y así se topó varios
colegas que le recriminaban del porqué se relacionaba con gente de ese tipo. Se dio todo un
movimiento. Señala que por el ejercicio de su profesión, por lo bien que le iba, ella tenía
enemigos en ese mismo círculo. Ellos orquestaron eso. Cerró la oficina de forma definitiva. Tuvo
que ser después de la sanción porque ya no pudo ejercer. Habló con 4 colegas para asumir la
clientela. Era suma importante. Ella perdió la posibilidad de cobrar sus honorarios de quienes
habían sido sus clientes. Le decían que no tenían que pagarle a alguien suspendido, como 12
casos sonados se fueron y buscaron otro tipo de representación. [Nombre 001] sufrió un
derrame, le afectó su salud. Durante 2 o 3 meses no volvió a saber de ella, le indicó que le
habla dado un derrame, que estaba acabada, se refirió a los clientes. El derrame pudo haber
sido en el año 2016 o 2017, no precisa, pero fue después de la sanción, fue cuando la sanción
ya estaba aplicada. En total eran 37 casos y 12 se fueron. De esos 12 eran los más grandes,
un divorcio del dueño del BTC, LB, el patrimonio ganancial estaba valorado en 12 o 13 millones
de dólares y se determinan sus honorarios en función de los bienes gananciales. Otro caso,
era de unos socios y esposos de una empresa de servicios de internet empresarial, donde
estaban involucrados alrededor de 3 millones de dólares en bienes gananciales. Recuerda
otros casos con personalidades del mundo artístico. Si recuerda que el total de los honorarios
que se dejaron de percibir era alrededor de noventa y ocho mil dólares por los 12 casos, por
los 37 en total eran más. El testigo indica que todavía tiene algunos de los casos de [Nombre
001] , por la suspensión de audiencias por la pandemia, ha ido a 5 o 6 por mes y ha recibido
de honorarios por esos juicios, estima que alrededor de veinticinco mil dólares. Entiende que
[Nombre 001] brinda asesorías, da su opinión cuando colegas la consultan, pero ella no puede
litigar, cerró su oficina para el público. No conoce cómo canceló las obligaciones derivadas del
cierre. Tuvo que liquidar a toda su planilla. Recuerda que tenía también una miscelánea y el
mensajero. En alguna ocasión conversaron sobre lo que se generaba en gastos la oficina y le
dijo que necesitaba para mantener todo eso y su casa, alrededor de 20 mil dólares por mes
Lo mínimo. No sabe qué hace doña [Nombre 001] hoy, para sufrir sus gastos. Ella le ha
comentado que con sus ahorros le ha hecho frente a sus obligaciones. Reitera, que ella sufrió
un derrame facial. Entiende que no le quedó rezago de ello. Ella es diabética. Se le alteró la
presión. Eso lo conversó con ella. Tuvo que duplicar la dosis. Muchos clientes le reclamaron
cuál era su sanción y ella les dio alternativas a sus casos. Precisa que hace pocas semanas a
él le preguntaron la causa de la sanción de [Nombre 001] . No conoce problemas a nivel
familiar. Ella cayó en depresión a raíz de la sanción disciplinaria. Ella no lo ha superado. Antes
como litigante era persona muy agresiva, era una litigante confrontativa, ahora la nota
temerosa. (Declaración consta en audio y video) y 11) En el juicio oral y público, se recibió la
declaración del señor [Nombre 004] , portador de la cédula de identidad número [Valor 002] ,
quien señalo contar con 61 años de edad, encontrarse casado con la actora hace 6 años y
viven justos hace 10 años. Además, señaló vivir en [...] y ser agricultor. Conoce a [Nombre
001] en 2010, en el año 2011 empezó a vivir con ella y en el año 2016 se casaron. Era una
mujer súper dedicada a su profesión, tenía carisma y amor por su profesión y ayudaba a niños
involucrados en procesos de divorcio, a la gente. Era una persona alegre y sana. No tienen
hijos en común. [Nombre 001] tiene 1, él 2. El de [Nombre 001], de nombre [Nombre 006],
tiene 40 años, los propios 37 y 12 años. Señala que fue difícil al principio por la sanción, ella se
cerró. Ella lloraba toda la noche cuando la suspendieron. Empezó para atrás, comenzaron los
problemas, ella ha ido cambiando, como un 80% lo que ella era. Ha sido duro estar con ella
Es como que le hayan cortado las alas a un pajarito. Ella es el soporte de la relación. En el año
2016, a él le hicieron un cateterismo y le prohibieron hacer la parte agrícola y se sumó lo de
ella. Los dos estaban mal. Tenían finca de mucho valor en Coronado, con una hipoteca de 500
mil dólares, no pudieron asumirla después de la suspensión y tuvieron que ven 4,5 millones de
dólares y ellos tuvieron que darla por el monto vender la finca a lo que les dieran. En este
momento, se vende el crédito. Pagaban cinco mil dólares y [Nombre 001] era quien lo pagaba
[Nombre 001] empezó a hacerse cargo de la casa desde el año 2015 o 2016. Reitera que a
su persona se le practicó el cateterismo para abrirle la válvula izquierda del corazón, luego le
dio trombosis pulmonar, estuvo en UCI del Calderón por un mes y medio. Ella daba de 1 a 10,
el 9, respecto al aporte al hogar. [Nombre 001] antes del evento de la suspensión le habían
declarado cáncer de tiroides, después de la suspensión se comenzó a complicar, le dio
hipertensión, azúcar y diabetes, a tal extremo que tiene que inyectarse dos tipos de insulina al
día y una los miércoles. Sufre migraña por estrés que es incontrolable. Una inyección valía 90
mil colones, tuvo que dejar de ponérsela. Por estrés le salió algo que no saben que es. La han
visto 4 dermatólogos y todos dicen que es por estrés. Respecto a su vida antes de la sanción,
afirma que casi todos los fines de semana iban a algún lado. Iban a la finca o a la Fortuna,
visitaban amigos o donde un primo a la playa o a un hotel. Después de la sanción, no había
ilusión de salir a pasear, casi no salen. Ella no quiere viajar ni a ver al nieto que vive en Las
Vegas, pese que [Nombre 006], el hijo de [Nombre 001], les envió los tiquetes. Antes de la
sanción iba dos veces al año a donde el médico, ahora vive donde el doctor, sea por la migraña,
el herpes, el estrés, el azúcar. Se desmayó en una ocasión y el doctor ha dicho que es causa
del estrés. Al no poder ejercer como abogada, algo ha aparecido para pagar los créditos. Ha
hecho asesorías, hace carpintería de casos y otros abogados hacen el juicio. La oficina la tuvo
que cerrar, el edificio era muy caro, tenía guarda, mensajero, secretaria, recepcionista, dos
asistentes y dos abogados. [Nombre 001] dirigía la oficina y pagaba el salario al personal
Liquidó al personal, era gente que tenía mucho tiempo de trabajar con ella. Ella perdió muchos
clientes al estar suspendida. Ella no solo era abogada, la llamaban a la 1 am, a las 11 pm, ella
atendía a clientes. Era como la psicóloga. Ella lloraba mucho después de la sanción, sobre todo
por las noches. A veces, lloraba de día y no sabía como ayudarla. Han tenido problemas
personales serios, pero al final los han solucionado. Su hijo [Nombre 006] vive en Las Vegas,
pero es su apoyo. Al principio él se desubicó y perdió un trabajo. Ya se acomodó. En principio
sufrieron todos. Ha logrado reinventarse y ha logrado solventar la situación, pero no es igual
que antes. Han visto "horrible" la situación. En este momento, están gastando el patrimonio
para poder sobrevivir por no poder trabajar. Ante la pregunta de la representación del Colegio
Profesional, contestó que recuerda que empezó a sufrir la actora, desde el año 2016, pero se
ha referido a la sanción de tres años. (Declaración consta en audio y video)


II.- Sobre los argumentos de la accionante: En síntesis, alega que el día 11 de febrero del año
2016, el señor ADJ, interpuso denuncia en su contra. Con ocasión a ello, mediante la resolución
de las 10:10 horas del 5 de julio del 2016, notificada en fecha 29 de agosto del mismo año, se
le comunicó el inicio del procedimiento administrativo. Seguidamente, mediante la resolución
de las 15:10 horas del 22 de noviembre del 2016, se fijó la fecha de la audiencia oral y privada,
para el día 21 de febrero del 2017, siendo ésta notificada el día 01 de diciembre del 2016
Posteriormente, en fecha 13 de diciembre del 2017, se presentó solicitud de declaratoria de
caducidad del procedimiento administrativo y finalmente, el día 20 de abril del año 2018, se
comunicó por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la resolución final del
procedimiento administrativo. En dicha resolución, sin número, se establece una sanción
interpuesto, se notifica su rechazo, en fecha 27 de marzo del 2019, mencionándose la sesión
desde la fecha de notificación del acto final del procedimiento, el 20 de abril del año 2018, al
03 de marzo del 2020, transcurrieron 22 meses sin que la demandada ejerza la potestad de
ejecución de la sanción disciplinaria, o bien, 11 meses desde que la demandada resolvió la
impugnación presentada contra el acto final, quedando en firme y no se ejecutó la conducta
Es en el diario oficial La Gaceta del 25 de febrero del año 2020, que aparece publicada la
sanción de tres años y un mes en el ejercicio profesional. Por otra parte, afirma que depende
única y exclusivamente de los honorarios que percibe por su ejercicio profesional, a fin de
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, medicinas, transporte y pagos ordinarios
de oficina, alquiler, papelería y trabajadores que laboran con su personal. Además, expone que
ha sufrido una enorme incertidumbre y afectación a su salud, tanto física como mental, debido
al procedimiento que se le ha sometido y la sanción que ilegítimamente se le ha impuesto, lo
que le produce daños materiales y morales en su esfera jurídica, por la pérdida de clientes,
daño a su imagen, ganancias, honorarios e intereses, que son resultado de su práctica
profesional, de manera que la suspensión por tres años y un mes, le provoca desazón,
incertidumbre, angustia, enojo, descontento y problemas económicos, personales y sociales
En cuanto a los argumentos de fondo, expone como el primero, la caducidad del ejercicio de
la potestad de ejecución disciplinario, por cuanto existe un límite temporal, basado en la
doctrina del artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que vencido el
mismo, el titular del poder correctivo pierde su facultad y torna inejecutable la acción. En la
especie, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Costa Rica o el Código de Ética de
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, normas bajo las cuales se
impuso la sanción a la actora, no disponen reglas expresas que determinen cuál es el plazo
respectivo para ejecutar la sanción, sin embargo, ante la ausencia de esa normativa y en virtud
de los principios de seguridad jurídica y legalidad, los tribunales han aplicado como regla, el
numeral 340 de la Ley General de la Administración Pública, que impone un plazo de seis
meses que corre a partir del plazo de la notificación de la sanción al interesado. El plazo fatal
se computa desde el dictado del acto final, que ocurre el día 20 de abril del 2018 y la sanción
se publicó el 25 de febrero del 2020. Cita como precedentes judiciales, las sentencias número
del 31 de agosto del 2018, dictadas por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso
Administrativo. Aclara, que, en esta última sentencia, se contabiliza el plazo desde la firmeza
del acto, operando de igual manera la caducidad de la potestad disciplinaria, por cuanto la
sanción se ejecutó, 11 meses después de comunicarse la resolución al recurso de revocatoria
y nulidad concomitante, que se le comunicó el día 27 de marzo del 2019. Argumenta, que la
competencia correctiva fue inexistente, por lo que atribuye un vicio de nulidad absoluta, con
fundamento en los artículos 59, 66, 129, 158, 159, 166 y 170 de la Ley General de la
Administración Pública. Reitera, que conforme con la doctrina del artículo 59 en relación con
el 60.1 y 66, la competencia sancionatoria se limita con el plazo que dispone el numeral 340
de la Ley General de la Administración Pública. Un segundo argumento, gira en torno a la
caducidad del procedimiento disciplinario. Explica, que existen al menos 4 plazos identificables
con el actuar de la Administración, el inicial desde que se tiene conocimiento del hecho o falta,
a partir del cual opera la prescripción o caducidad, según lo disponga el legislador, el plazo
para instruir o tramitar el procedimiento respectivo, el tercero, el plazo para adoptar el acto
final y el cuarto, el plazo para que se ejecute el acto sancionatorio. Alega, que en fecha 13 de
diciembre del 2017, presentó una solicitud de caducidad del procedimiento administrativo
Estima, que para ese momento subyacen dos períodos de inactividad relevantes. El primero,
desde la denuncia presentada hasta la notificación del traslado de cargos, con una dilación de
6 meses injustificada, operando la caducidad conforme lo dispone el artículo 340 de la Ley
General de la Administración Pública, por culpa única y exclusiva de la demandada. El segundo
momento, se presenta cuando está listo el procedimiento para el dictado del acto final (21 de
febrero del 2017) y transcurren 13 meses de inactividad, hasta el día 20 de abril del 2018,
cuando se notifica el acto final del procedimiento, violándose los principios de celeridad e
impulso procesal, de los artículos 222 y 225 de la Ley General de la Administración Pública
Agrega, que la caducidad fue resuelta en el acto final sin fundamentación alguna y absoluto
ayuno a deslindar la confrontación de los plazos realizada y por ende, reitera el vicio de nulidad
absoluta alegado líneas atrás en cuanto a la pérdida de competencia. El tercer argumento de
la demanda, atribuye: "nulidad de la conducta por vicio de competencia en cuanto al órgano
que la suscribe". Señala la parte actora, que conforme a los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica
del Colegio de Abogados, la competencia disciplinaria, es ejercida por la Junta Directiva, no
obstante, la imposición de la sanción fue realizada por el señor Fiscal, quien no tiene la
competencia para haber adoptado la conducta. Precisa, que tanto el acto final como el
definitivo, cuenta con una única rúbrica y así se realizó y comunicó el Colegio. Es por ello que
aduce la invalidez de los acto debido a una falta de competencia, conforme los artículos 129,
66, 158, 166, 169, 170, 171, 172 y 175 de la Ley General de la Administración Pública. De
seguido, cita el precedente judicial contenido en una resolución sin referencia del número, que
afirma fue dictada por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo así como
por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. El cuarto argumento, atribuye
una "irrazonabilidad y desproporcionalidad de la conducta atribuida en relación con la sanción
disciplinaria ", básicamente, por cuanto se le impone una sanción tan gravosa como lo es la
suspensión en el ejercicio profesional por más de tres años, cuando no existía potestad
correctiva del órgano, lo cual comprueba el ámbito de arbitrariedad y vicio de nulidad absoluta
señalado. El quinto argumento, atribuye responsabilidad objetiva de la entidad demandada, a
consecuencia de su funcionamiento anormal, citando normativa así como precedentes
judiciales, para finalmente alegar, que se generó daño moral y a la imagen profesional de la
actora, al ejecutar el Colegio de Abogados una sanción, habiéndose superado el plazo
permitido en el artículo 340 para el ejercicio de la competencia y por publicar y sancionar a la
actora con una suspensión profesional por tres años y un mes, pese encontrarse caduca la
potestad sancionatoria. En orden al reclamo indemnizatorio, afirma que existe nexo causal, por
someterse a la actora a un procedimiento caduco, que propició un daño material debido a la
pérdida de clientes y su imagen. Afirma, que el daño a la imagen de la actora se generó por la
incertidumbre, desazón y forma inadecuada en como se tramitó y resolvió la denuncia y el
propio procedimiento disciplinario. Adiciona que el nombre de un abogado y su prestigio es
una de las condiciones esenciales que buscan los clientes para contratar, por ende, la pérdida
de credibilidad y honor ante un mercado saturado, con una edad ya madura, lo que acarrea un
daño a la imagen de manera irreparable. Afirma, que la actora ha recibido memes y correos
electrónicos a instancia de colegas, preguntando por lo acontecido. Una vez publicada la
sanción, en redes sociales se le ha agraviado y manchado su reputación. Por último, señala
que es cabeza profesional de la firma de abogados donde labora y se le ha colocado en una
situación de sumo estrés, pues de ella dependen varios trabajadores y los propios de clientes,
que tiene un sin número, y se encuentran a la expectativa de cómo y quiénes les podrá ayudar
en los procesos judiciales donde la actora es su directora. Al rendir conclusiones, señaló que
los hechos no aceptados son los números: 7, 9, 10. Reitera que el día 20 de abril del año 2018,
se le notificó a la actora el acto final y que el 27 de marzo de 2019 se resolvió el recurso de
revocatoria y por ende, se produjo la caducidad. Advierte, que hay un uso y costumbre del
Colegio de Abogados, cual es, que el abogado debe estar pendiente de la publicación que
haga el Colegio de la sanción, lo que ocurre hasta el 25 de febrero del 2020. Señala, que un
momento es cuando se comunica la sanción y otro cuando se publica. La conducta es
antijurídica, porque había caducado la potestad disciplinaria, por ello pide la nulidad de la
sanción y la publicación, ya que se había perdido la potestad disciplinaria. En cuanto a la falta
de competencia de fiscal por firmar resolución que no debió haber firmado, señala que no
consta acuerdo del colegio de abogados en el expediente. Estima que con la prueba evacuada,
se ha acreditado que el daño es real, tanto al prueba que consta en el expediente de la medida
cautelar como las declaraciones recibidas en el juicio, tanto respecto al daño moral como
material y a su imagen
III.- Sobre los argumentos del demandado: En resumen, la representación del Colegio
Profesional, indica que los primeros tres hechos de la demanda son ciertos. En cuanto a la
excepción de caducidad que se formuló, señala que se invocó con posterioridad a la
finalización de la comparecencia oral y privada, y el razonamiento de la misma se concentró en
cuestionar el plazo de 15 días existente entre la fecha de la celebración de la comparecencia
y el dictado del acto final, por lo que nunca se cuestionó caducidad alguna del procedimiento
disciplinario de previo al dictado del acto final como lo han exigido las sentencias
jurisprudenciales emitidas por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil
de Hacienda sobre el particular. Aduce, que en atención a lo resuelto por el Tribunal de
Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la sentencia No. 0000 – 00
– 2013, de las 8:45 horas del 17 de enero de 2013, se atiende a esclarecer el plazo de
prescripción para la ejecución de la sanción disciplinaria en los términos fijados por el artículo
87 bis del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho (en
adelante CDJMEPD), el cual corresponde a un plazo de 2 años contados a partir de la firmeza
del acto final, por lo que ninguno de los 2 casos que expone en el hecho que se atiende, se
superó el límite de tiempo que estableció el Tribunal de Casación en la sentencia mencionada
En cuanto al fondo del asunto y abordando el primer argumento, relativo a la caducidad de la
potestad de la ejecución de la sanción disciplinaria, precisa que la actora solo adujo el instituto
conforme al artículo 319 de la Ley General de la Administración Publica. En cuanto al alegato
de la parte actora, entiende que lo alegado es prescripción y no caducidad y bajo las
consideraciones del instituto de la prescripción -que groseramente confunde el representante
de la parte actora- indica que no es procedente lo alegado para intentar quebrar la validez y
eficacia del acto de disciplina emitido por la Corporación, así como la posibilidad de que el
mismo desprenda efectos jurídicos conforme lo regula el artículo 15 de la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El motivo del rechazo, consiste en la posición
que ha establecido el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de
medio del cual se fijó que el plazo de prescripción de la potestad de ejecución de las sanciones
disciplinarias, está íntimamente ligado al artículo 87 bis del CDJMEPD, por cuanto si esa norma
regula el plazo de prescripción para la investigación de una falta a las obligaciones
deontológicas de los colegiados, resulta ser esa misma norma la que debe aplicarse para
efectos de la ejecución de las sanciones disciplinarias derivadas de actos administrativos firmes
de corrección. Por lo anterior, en la especie no resulta aplicable el plazo de 6 meses que viene
alegando el representante de la actora, ya que si tomamos en cuenta que a partir de la
comunicación del acto final de disciplina o bien, del acto que resuelve la revocatoria interpuesta
contra aquel y hasta la fecha de publicación de la sanción disciplinaria, no transcurrieron los
24 meses (2 años) que ha fijado el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo para
la validez de la ejecución de actos de corrección. En lo que atañe al segundo argumento que
gira en torno a la caducidad del procedimiento, señala que dentro del iter administrativo
disciplinario el entonces representante de la actora, únicamente realizó un planteamiento de
caducidad en torno al plazo para el dictado del acto final, luego de finalizada la comparecencia
oral y privada. En ese orden, esa caducidad en el adecuado entendimiento de la misma, no fue
alegada dentro del procedimiento de investigación previo a la celebración de la comparecencia
oral y privada. Para sustentar su postura, cita un extracto de la resolución dictada por el
del 16 de febrero del año 2016, que recogió un cambio radical en torno al tratamiento de la
caducidad del procedimiento disciplinario, precisamente haciendo alusión a las
consideraciones que ha realizado el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo
Adiciona, que en la especie es claro que el único argumento de caducidad que corre en el
expediente disciplinario y de previo al dictado del acto final, lo es la caducidad que corre
mediante escrito de folio 64 del expediente administrativo, mismo que refiere a los supuestos
del artículo 319 de la LGAP, pero nunca, a los términos del 340 del mismo cuerpo normativo,
razón por la cual lo aplicable en la especie, resulta ser el artículo 329 de la Ley de cita en
igualdad de condiciones a las que hace referencia la cita jurisprudencial indicada. En ese orden
de ideas, de previo al dictado de acto final de disciplina dentro del procedimiento disciplinario,
no fue planteada la caducidad del procedimiento, lo que implica para los efectos procesales
correspondientes, que en atención a las citas jurisprudenciales señaladas, al no haberse
cuestionado la caducidad antes del acto final, el acto emitido por la Corporación es válido y ello
impide a la parte venir ahora a tratar de someter a un control de legalidad, una defensa que no
fue adecuadamente planteada -en tiempo y forma- durante la fase constitutiva del
procedimiento disciplinario. En lo que respecta al tercer argumento, relativo a la alegada
nulidad por vicio de competencia en cuanto al órgano que suscribe el acto administrativo,
señala que la Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en
citando al efecto un extracto de la resolución y concluyendo que la función de la Fiscalía en la
figura del Fiscal, es la de instrucción del procedimiento, lo que resulta claro es parte de las
funciones reglamentariamente fijadas para ese fin, no obstante, también es evidente que existe
una tramitación que recae en una figura independiente al Fiscal y que corresponde a un
instructor, lo que tampoco exime al Fiscal de su función de órgano director. En este caso como
órgano director, el Fiscal comunica un acto o acuerdo tomado por la Junta Directiva, así lo
señala claramente el encabezado de la conducta administrativa formal que se ataca en este
procedimiento, por lo que en estricto sentido, no demuestra la parte actora que el acuerdo
hubiese sido tomado por el Fiscal, por el contrario, demuestra únicamente que el Fiscal lo está
comunicando, más no solo escapa de su competencia, sino además, consta en las actas de
Junta Directiva la conformación del órgano colegiado decisor para la toma del acuerdo
disciplinario del caso que nos ocupa, lo que viene a acreditar la competencia del emisor del
acto y la función que por naturaleza lógica, le corresponde al Fiscal, misma que no resulta ser
la de órgano decisor. En otro orden, aborda el argumento que expone la actora, respecto a
que la sanción es arbitraria e ilegal y contraviene el principio jurídico de razonabilidad, lo que
en su criterio -bajo el supuesto de que si ameritara la imposición de una sanción- la misma no
debió tener los alcances que se pretende hacerle cumplir. La actora indica que 3 años y 3 (sic)
meses de suspensión en el ejercicio de la profesión deviene en irrazonable y desproporcionado,
por sustentarse en un cuadro fáctico dentro del cual operó la caducidad, no obstante, no señala
ni precisa mucho menos argumenta de forma correcta, por qué en su teoría del caso, 37 meses
de suspensión en el ejercicio de la profesión resultan ser irrazonables. Precisa, que en el
traslado de cargos se indicó claramente que los hechos denunciados podrían ser contrarios a
lo señalado en los artículos 17, 24, 83 inciso a), 84 inciso a) y 85 incisos b) y c), así como el
86, todos del CDJMEPD, que fijan una posible sanción de tres meses y hasta diez años de
suspensión en el ejercicio de la profesión. Pero además, en la pieza de corrección disciplinaria,
se indicó que la falta evidenciada es completa y absolutamente coincidente con las normas
imputadas a la colegiada, por lo que existe una completa y absoluta identidad entre lo imputado
y finalmente resuelto. Lo anterior también es relevante e importante en la especie, puesto que
la sanción impuesta se encuentra dentro de los espacios temporales de tiempo que
expresamente se fijan en las normas intimadas, lo que provoca que la sanción no pueda ser
considerada como desproporcionada o irrazonable. De seguido, cita precedentes judiciales
para concluir que, para justificar un tema de razonabilidad de la sanción, se requiere
necesariamente indicar por qué la misma es irrazonable, lo que invita a realizar un ejercicio
entre la sanción impuesta, su justificación y el contenido de justicia intrínseca. Una sanción
será irrazonable cuando su base de imposición sea contraria a una norma que la habilite, y
además, cuando el acto de gravamen no cuente con la capacidad de impregnar de justicia la
decisión tomada. En el particular, señala que la sanción impuesta se encuentra dentro de los
supuestos establecidos por los artículos 83 inciso a), 84 inciso a), 85 inciso c), así como el 86,
todos del CDJMEPD que le fueron inicialmente imputados a la actora como las posibles
consecuencias de las conductas investigadas. Además, la pieza final de sanción expone de
forma adecuada y correcta la justificación de la sanción impuesta, y su gradualidad resulta
encontrarse dentro de los límites fijados por la norma como suspensión para una falta grave
Si bien en el caso de faltas graves se indica que las sanciones pueden ir desde los tres meses
hasta los tres años, la acreditación del modus operandi en su gestión profesional por parte de
la señora [Nombre 001] , en asocio a los antecedentes disciplinarios conforme lo predica el
numeral 86 del CDJMEPD, sustenta de forma adecuada la imposición de 37 meses de
suspensión en el ejercicio de la profesión, sin que a la luz de los alegatos de la actora, y en
estricto apego de la sentencia constitucional última indicada, exista una base jurídica sólida ni
prueba de irrazonabilidad en la imposición del acto de gravamen que pueda quebrar la sanción
impuesta a la señora [Nombre 001] . Por último, en cuanto al régimen de responsabilidad
atribuido al Colegio Profesional, señala que la conducta formal emitida por la Corporación se
encuentra ajustada en un todo a Derecho, por lo que no podría configurarse causal alguna para
que proceda un reclamo como el que viene realizando la actora. Precisa, que no existe daño
si la actuación administrativa se ha realizado en resguardo de los derechos de defensa y debido
proceso de la investigada, lo que claramente ha sucedido en la especie, lo que no puede ser
destruido bajo el débil argumento de la presunta imposibilidad de conciliar, por las razones
debidamente expuestas en el apartado correspondiente de este libelo. Al concluir la recepción
de la prueba en el juicio oral y público, la representación del Colegio de Abogados concluyó
suspensión de 3 meses a doña [Nombre 001] por firmar en ausencia, por eso se generó la
expuesto, que afirma que la actora no es ajena a la aplicación de sanciones. Explica que son
varias y se ha referido la parte a atribuir daños en razón de "la sanción" impuesta, pero han sido
varias las aplicadas. Explica que del día 17 de diciembre del 2018 al 16 de julio de 2019, fue
aplicada la sanción de 7 meses. Otra sanción tiene vigencia del 23 de marzo del 2023 al 24 de
abril del 2026. Por lo expuesto, señala que el daño reclamado no se asocia a esta sanción en
particular. Retoma el tema de las sanciones impuestas a la actora, para señalar que en fecha
16 de julio del 2019, doña [Nombre 001] terminó de purgar sanción de 7 meses, de manera
que para cuando se aplica la sanción de este proceso en febrero de 2020, solo habían
transcurrido 7 meses de tiempo. Se refiere a constancia que obra en el elenco probatorio, para
señalar que la actora estaba suspendida y no se puede asentar que el daño alegado en este
proceso se ha generado a raíz de la presente sanción. Expone, que es obligación del agremiado
rige a partir de publicación del Diario OFicial, esto, conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica
y el artículo 79 del Código de Ética, por lo que no existe obligación del colegio comunicar la
fecha, siendo que le compete y es deber del abogado sancionado el revisar la Gaceta. Afirma,
tal interpretación. Retoma el tema de la incompetencia alegada respecto a la comunicación de
los actos por parte del Fiscal del Colegio, quien solo informa su contenido, pero es adoptado
por la Junta Colectiva. El fiscal lo comunica en condición de órgano director, por lo que no
existe por ende ningún tipo de nulidad. En otro orden, nuevamente se refiere al artículo 87 del
Código de Ética y Deberes Morales, indicando que el plazo de prescripción de faltas es de 2
años. La sentencia que emite tribunal de casación y que a su vez, adopta la Sección Octava
del Tribunal Contencioso, respalda tal interpretación, que obedece a razones lógicas y por
paralelismo de las formas, se tiene que aplicar el mismo plazo, como el plazo necesario para la
ejecución. Advierte que el Tribunal Contencioso no ha definido el tema del plazo. La Sección
Primera, definió que el plazo estaba sustentado en el artículo 190 de la Ley General de la
Administración Pública, la Sección Sexta del Despacho, lo estima en seis meses y las
Secciones Quinta y Octava, en el plazo de dos años. Finalmente, reitera que el instituto de
caducidad del procedimiento no operó en el caso concreto y pide intereses sobre la
condenatoria en costas. Por último, al contestar la audiencia conferida, a fin que se refieran las
partes acerca de los alcances del artículo 59 inciso 1) de la Ley General de la Administración
Pública, en torno al ejercicio de competencias con potestades de imperio, en el caso particular,
del Colegio Profesional, en resumen, señaló la representación institucional, que en atención a
lo establecido en los numerales 59.1 y 66 de la Ley General de la Administración Pública, estas
potestades no prescriben o caducan, siendo que estarán siempre bajo la disponibilidad de
acción de la Corporación, ello en cuanto a la ejecución del acto de corte sancionatorio firme y
definitivo. Advierte que la caducidad no fue alegada dentro del procedimiento administrativo,
por lo que la misma lógica sucede en referencia a la ejecución del acto. Si no fue cuestionada
la potestad de la Corporación para el ejercicio de la actividad sancionatoria luego de la
existencia de un acto firme y definitivo, la Corporación por ministerio de Ley debe ejercerla
Precisa, que el Colegio desempeña únicamente 3 potestades o competencias de carácter


público a saber: 1. La autorización para el ejercicio de la profesión abogadil; 2. La fiscalización
del ejercicio profesional y, 3. La aplicación del régimen disciplinario. Todas las anteriores
competencias en cuanto corresponden a potestades delegadas, no se encuentran sujetas a
un plazo, por ende, las mismas son por definición, irrenunciables, intransmisibles e
imprescriptibles según el numeral 66 de la Ley General de la Administración Pública

IV.- Sobre el fondo del asunto: De acuerdo con el cuadro fáctico del presente proceso, tenemos
que en atención a denuncia formulada en contra de la licenciada [Nombre 001] , el Colegio de
Abogados y Abogadas de Costa Rica, inicia procedimiento administrativo disciplinario en su
contra, el cual culmina con la imposición de una sanción de tres años y un mes de suspensión
en el ejercicio profesional. La actora formula la presente demanda, exponiendo cinco alegatos
medulares para sustentar su solicitud de declaratoria de nulidad del acto administrativo que
impone la sanción y de aquel que la confirma, amén del reconocimiento de daño patrimonial y
moral. Los argumentos de impugnación, giran en torno a prescripción de la potestad del
Colegio Profesional para ejecutar la sanción impuesta, la caducidad del procedimiento
administrativo, la falta de competencia del Fiscal del Colegio de Abogados para adoptar el acto
sancionatorio y por último, la irrazonabilidad y desproporcionalidad de la sanción impuesta. En
orden a sus argumentos, realiza esta Cámara de Juezas el análisis del caso concreto, haciendo
la aclaración que los argumentos novedosos introducidos por la parte actora en la audiencia
de juicio oral y público, no serán objeto de análisis, al formularse de forma extemporánea y por
ello, sin que mediara el ejercicio del derecho de defensa por parte de la entidad demandada
1) Sobre la prescripción de la potestad de ejecución de acto administrativo que dispone la
sanción disciplinaria. Los términos del ejercicio de competencias con facultades de imperio,
son reserva de ley: Expone la accionante, que desde la fecha de notificación del acto final del
procedimiento, el 20 de abril del año 2018, al 03 de marzo del 2020, transcurrieron 22 meses
sin que la demandada ejerza la potestad de ejecución de la sanción disciplinaria, o bien, 11
meses desde que la demandada resolvió la impugnación presentada contra el acto final,
quedando en firme y no se ejecutó la conducta. Es en el diario oficial La Gaceta del 25 de
febrero del año 2020, que aparece publicada la sanción de tres años y un mes en el ejercicio
profesional. En virtud de lo expuesto, estima que ha operado la caducidad del ejercicio de la
potestad de ejecución disciplinaria, por cuanto existe un límite temporal, basado en la doctrina
del artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que vencido el mismo,
el titular del poder correctivo pierde su facultad y torna inejecutable la acción. Señala que ni la
Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Costa Rica o el Código de Ética de Deberes
Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, disponen reglas expresas que
determinen cuál es el plazo respectivo para ejecutar la sanción, sin embargo, ante la ausencia
de esa normativa y en virtud de los principios de seguridad jurídica y legalidad, los tribunales
han aplicado como regla, el numeral 340 de la Ley General de la Administración Pública, que
impone un plazo de seis meses que corre a partir del plazo de la notificación de la sanción al
interesado. El plazo fatal se computa desde el dictado del acto final, que ocurre el día 20 de
abril del 2018 y la sanción se publicó el 25 de febrero del 2020. Cita como precedentes
Tribunal Contencioso Administrativo. Aclara, que, en esta última sentencia, se contabiliza el
plazo desde la firmeza del acto, operando de igual manera la caducidad de la potestad
disciplinaria, por cuanto la sanción se ejecutó, 11 meses después de comunicarse la resolución
al recurso de revocatoria y nulidad concomitante, que se le comunicó el día 27 de marzo del
2019. Argumenta, que la competencia correctiva fue inexistente, por lo que atribuye un vicio
de nulidad absoluta, con fundamento en los artículos 59, 66, 129, 158, 159, 166 y 170 de la
Ley General de la Administración Pública. Reitera, que conforme con la doctrina del artículo 59
en relación con el 60.1 y 66, la competencia sancionatoria se limita con el plazo que dispone
el numeral 340 de la Ley General de la Administración Pública. Por su parte, la representación
institucional, invoca la aplicación del plazo de dos años, contemplado en artículo 87 del Código
de Ética y Deberes Morales, criterio que ha sido aplicado por las Secciones Quinta y Sexta de
este Tribunal, conforme citas precedentes judiciales. Criterio del Tribunal: Analizados a
cabalidad los precedentes judiciales citados por ambas partes y que emanan de diferentes
Secciones de este Tribunal, estima por criterio de mayoría este Colegio de Juezas, que pese
respetar las interpretaciones realizadas por los y las señoras juzgadoras, a partir de una
valoración más integral y completa del ordenamiento jurídico administrativo y las reglas de
hermenéutica jurídica aplicables en la materia, amén del ejercicio de la independencia judicial,
corresponde separarse de los criterios y/o sus fundamentos para determinar el plazo del
término del ejercicio de la potestad de ejecución de la sanción disciplinaria impuesta por el
Colegio Profesional, por las razones que explicamos a continuación. Tal y como se señaló líneas
atrás, la parte actora comparte la tesis expuesta por la Sección Sexta del Tribunal, que en
esencia, ha concluido que: "Teniendo claro el criterio sostenido de forma reiterada por esta
Sección, que comparte plenamente esta integración, en relación al plazo que debe valorar para
la ejecución de un acto sancionador del Colegio de Abogados, por ser ésta una materia
reservada a la ley; y ante el vacío normativo en esa fuente normativa, se acude de forma
analógica al de seis meses, establecido en el artículo 340 de la Ley General de la
Administración Pública, no porque se considere un plazo de caducidad, sino porque refiere al
plazo máximo de inactividad de la Administración estructurado en el ordenamiento jurídico del
procedimiento administrativo como regla general, el cual resulta ajustado y proporcionado y
garantiza un principio de seguridad jurídica, a fin de evitar el retardo injustificado en el
cumplimiento de la última fase del procedimiento administrativo, se procede al examen de lo
del 2018). Nótese entonces, que el criterio jurídico de cita, sostiene la integración de una norma
legal, ante el vacío normativo, postura que compartimos completamente, toda vez que como
se explicará a continuación, al tratarse del ejercicio de una potestad de imperio, no es dable su
regulación por norma infralegal, a luz de lo dispuesto en el artículo 59 inciso 1) de la Ley General
de la Administración Pública, criterio, que no violenta en ninguna medida, el numeral 102 del
mismo cuerpo normativo que invoca la parte actora, toda vez que el numeral se refiere a las
potestades del superior jerárquico administrativo. No obstante, en lo que difiere este Cámara,
es en la fuente de integración empleada, toda vez que gira en torno a una norma procedimental
y no de fondo, para regular un instituto como lo es, la prescripción y/o caducidad, que
responden a institutos de fondo que elige el legislador aplicar en cada caso concreto. A fin de
explicar lo señalado, en primer orden, hemos de precisar que el Colegio Profesional, en razón
de su naturaleza jurídica, es un ente público no estatal, cuyas competencias radican en
esencia, en fiscalizar y defender, la profesión del abogado (a) y la ciencia del derecho. Respecto
a la competencia disciplinaria, que es la que interesa abordar en el presente asunto, la Sala
Constitucional ha sido conteste en su jurisprudencia, al indicar lo siguiente: "Sobre la potestad
disciplinaria de los Colegios Profesionales. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha
evidenciado, que entre el Colegio de Abogados y sus agremiados existe una relación de
“sujeción especial”. De manera que en este tipo de relaciones, la imposición de las sanciones
está autorizada en virtud de principios generales de derecho conforme lo determina
expresamente el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, el
Colegio de Abogados puede imponer sanciones a sus agremiados en ejercicio de la potestad
disciplinaria que está obligado a ejercer sobre sus miembros, dentro del ámbito de las llamadas
relaciones de sujeción especial y en virtud de ello, fijar las sanciones y multas. Así lo estableció
Profesionales poseen fines públicos que han sido otorgados por el Estado, para cuyo
cumplimiento éste dota a las corporaciones de funciones de regulación y de policía, funciones
que normalmente pertenecen y son ejercidas por el mismo Estado. Dentro de las funciones
administrativas desempeñadas por los citados Colegios están las de fiscalización y control
respecto del correcto y eficiente ejercicio profesional, lo que lleva implícito una potestad
disciplinaria sobre los Colegios, en donde la imposición de sanciones debe realizarse
respetando el principio del debido proceso, garantizando al agremiado su derecho de defensa,
de ser oído y de producir las pruebas que entienda pertinentes, en apego al artículo 39
constitucional. Por ello se dice que estos Colegios son titulares de potestades de imperio
respecto de sus miembros, los cuales entran en una relación jurídica administrativa de sujeción
especial como destinatarios de los actos administrativos, en ejercicio de aquella potestad
disciplinaria, expresiva de la función administrativa que desarrolla y que dicta el Colegio
profesional (...) De modo que esta Sala ha reconocido la constitucionalidad de la potestad
disciplinaria del Colegio de Abogados para conocer y sancionar las faltas de sus agremiados,
así como está legítimamente facultado –en el ejercicio de su potestad disciplinaria- para dictar
el correspondiente Código de Moral, a efectos de regular el monto de las sanciones a imponer
para las situaciones concretas que allí se describen. Ello dentro de los parámetros establecidos
en la ley que rige la materia. Todo esto en atención a uno de los fines primordiales del Colegio,
como lo es velar por el correcto ejercicio de la profesión y corregir disciplinariamente a los
profesionales que incumplan las reglas éticas propias de la abogacía (ver sentencia No
regular y su correspondiente sanción, estén contenidas en un Reglamento, y no en una ley. En
efecto, las exigencias derivadas del principio de legalidad y sus corolarios, como los de


regulación mínima y reserva de ley, sufren una importante atenuación en las relaciones de
sujeción especial, que quedan sometidas a poderes reglamentarios y de policía de los que la
Administración carecería en sus relaciones formales con los administrados en condición de
terceros o súbditos. En igual sentido, la Sala ha sido enfática en que debe existir un límite
máximo razonable en cada una de las sanciones administrativas que deban aplicarse a los
agremiados". (Resolución Nº 000 - 2011, de las 16:37 horas del 22 de marzo del 2011). Como
corolario de lo anterior, podemos válidamente concluir, que en orden a esas facultades y a fin
de cumplir los fines encomendados, el Colegio Profesional ejerce potestades de imperio, lo que
implica, que puede compeler al agremiado a cumplir sus disposiciones de alcance general o
particular. Desde esta perspectiva, encontrándose los agremiados en una relación jurídico
administrativa en que la opera el principio de sujeción especial, no cabe duda que entratándose
de la aplicación del régimen fiscalizador de las actividades profesionales, el Colegio puede
regular las conductas e imponer sanciones de naturaleza disciplinaria a los profesionales en
derecho vía reglamentaria, en razón de que los principios de regulación mínima y reserva de
ley en materia sancionatoria, son atenuados o tamizados en función de dicha relación especial
de sujeción. En el caso particular, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y
Abogadas de Costa Rica, dispone una delegación legislativa expresa, al señalar: "...El
Reglamento del colegio establecerá las sanciones que podrá imponer la Directiva, sin recurso
alguno por el incumplimiento de esos deberes, entre los cuales podrá figurar la suspensión del
ejercicio de la profesión hasta por treinta días la primera vez y hasta por tres meses las
siguientes. Esa suspensión comprende el ejercicio profesional y el desempeño de empleo o
funciones públicas. Para los dos últimos casos la suspensión será decretada por quien tenga
la facultad de ordenarla con vista del oficio de la Directiva en que le dé cuenta del tiempo que
aquélla debe durar. Esta surtirá sus efectos a partir del día siguiente a la publicación del aviso
respectivo en el Boletín Judicial". No obstante, distinto ocurre con la fijación de la temporalidad
del ejercicio de las competencias con potestades de imperio, ya que respecto a este extremo,
sí opera la reserva de ley. Es por esta razón, que este Tribunal no comparte, aunque respeta
cabalmente, los precedentes emitidos tanto por Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
como el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y otras Secciones del
Despacho, en los cuales exponen la postura que vía reglamentaria, se puedan fijar esos plazos,
7 abril 2011, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y la resolución número
de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). Esto, por cuanto, al tratarse de un
aspecto propio del ejercicio de una potestad de imperio, ya que legislador restringió y reservó
a su propia tutela, los términos de su ejercicio. Es por ello, que resulta de relevancia para la
resolución del presente asunto, tomar en cuenta que en atención a lo dispuesto en el artículo
59 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto el ente público no estatal
ejerza competencias con potestades de imperio, existe reserva de ley en la materia. El numeral
de cita, dispone: "La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de
potestades de imperio" . Asimismo, es de suma relevancia traer a colación, que la Sala
Constitucional, cuya jurisprudencia es de aplicación erga omnes, por disposición expresa del
artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señaló lo siguiente respecto al ejercicio
de las potestades administrativas relacionadas con el ejercicio sancionatorio de los sujetos
fiscalizadores del Estado, respecto al ejercicio profesional: “III.- CARÁCTER IMPRESCRIPTIBLE
DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS. El ordinal 164 del Código Notarial se encuentra
emplazado, desde un punto de vista sistemático, en el Capítulo III, intitulado “Prescripción de
la acción disciplinaria” del Título VII llamado “Del Régimen Disciplinario de los Notarios”. A partir
de esa constatación es fácil concluir que la norma impugnada está referida a la potestad
disciplinaria o sancionadora, la cual es por antonomasia de naturaleza administrativa. Las
potestades administrativas, por esencia, son imprescriptibles, irrenunciables e intransferibles
(artículo 66, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), consecuentemente, la
regla general es su carácter inextinguible. Al respecto, es preciso recordar que las
competencias o potestades de imperio, esto es, en cuanto repercuten negativamente –
mediante actos administrativos de gravamen o desfavorables- en la esfera del administrado o
de un funcionario público sometido a una relación de sujeción especial, son reserva de ley
(artículo 59, párrafo primero, de la Ley General de la Administración Pública), de modo que su
extinción por el transcurso del tiempo, ya sea por caducidad o prescripción, debe ser, también,
un asunto reservado a la ley (artículo 63, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración
Pública). Precisamente por lo anterior, el legislador ordinario, en muchas ocasiones, somete el
ejercicio de la potestad disciplinaria o sancionadora a plazos de caducidad o prescripción por
razón de seguridad jurídica, tal y como acontece con el párrafo primero del numeral 164 del
Código Notarial. Bajo esta inteligencia, la extinción de las potestades y competencias públicas
o administrativas no puede ser analizada bajo la óptica de los derechos en el ámbito del
Derecho Privado o de las penas en el campo del Derecho Penal, so pena de incurrir en serias
las 14:12 horas del 3 de julio del 2003). Este voto en particular nos permite abordar dos temas
medulares con el objetivo de dilucidar la normativa aplicable al ejercicio de la potestad
fiscalizadora - disciplinaria del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En primer
lugar, no cabe duda que la regulación de los institutos de prescripción y/o caducidad, son
reserva de ley, ergo, no es un texto reglamentario o infra legal, como lo es, el Código de
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, el cuerpo normativo que
conforme a nuestro ordenamiento jurídico, pueda regular tales institutos, razón por la cual, no
comparte este Colegio de Juezas, que el sustento normativo de la fijación temporal del ejercicio
de la potestad disciplinaria y su ejecución, sea única y exclusivamente, el Código dicho, esto,
pese que la Sala Constitucional también ha precisado que atendiendo y respetando el marco
legislativo, los Colegios Profesionales encuentran atenuados el principio de regulación mínima
y el principio de reserva de ley, toda vez, que ello es viable, en el tanto el cuerpo legislativo de
cabida a ello y se trate de materia sancionatoria, como lo son la indicación de las conductas
objeto de sanción o la fijación de multas, no así, del ejercicio propio de potestades de imperio,
que mantiene su reserva de ley. Es en virtud del análisis realizado, que tampoco se comparte
la afirmación del representante del Colegio Profesional, quien afirma que: "en atención a lo
establecido en los numerales 59.1 y 66 de la LGAP, las potestades de imperio no prescriben o
caducan, siendo que estarán siempre bajo la disponibilidad de acción de la Corporación, ello
en cuanto a la ejecución del acto de corte sancionatorio firme y definitivo", lo anterior, por
cuanto por razones de seguridad jurídica, se deben aplicar plazos para la acción y ejecución
de los actos concretos de naturaleza sancionatoria - disciplinaria por parte de los Colegios
Profesionales, no refiriéndonos en consecuencia a la potestad de imperio como un concepto
global, sino, en el ejercicio materializado e individualizado frente a un particular. En este mismo
sentido, se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que: "
cabe aclarar que la aplicación supletoria de la norma prevista en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República no transgrede, en forma alguna, la prohibición de recurrir
a la analogía en materia sancionatoria ya que, en primer lugar, esta garantía aplica,
principalmente, para el establecimiento de la falta o de la sanción, y en segundo término,
porque en este caso, la fijación de un plazo de prescripción de la falta tiene como consecuencia
el respeto del principio de seguridad jurídica en cuanto al fenecimiento de las posibles
consecuencias derivadas de una falta, evitando que el particular esté sometido en forma
perpetua a la posibilidad de ser sancionado. En este sentido, toda falta debe estar sujeta a un
plazo de prescripción, por lo que, en aquellos casos en que el ordenamiento no lo fija, debe
establecerse en forma supletoria, sin que ello cause perjuicio alguno a los derechos del
este escenario de estudio, resta entonces indicar, cuál plazo legal debemos entender aplicable
en los supuestos en que, el Colegio Profesional no cuente con norma legislativa propia para
regular el plazo de prescripción o caducidad del ejercicio de su potestad disciplinaria o
fiscalizadora. En efecto y en resumen de lo hasta ahora abordado, tenemos que, si bien es
cierto, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no establece el
plazo de prescripción de la potestad sancionatoria, no debemos olvidar que por tratarse del
fenecimiento de una potestad de imperio de la Administración, solo por ley puede encontrarse
regulada, tal y como dispone el artículo 59 inciso 1) de la Ley General de la Administración
Pública, en razón de tratarse de las potestades de una autoridad pública, que demanda estricta
observancia. Es por ello, que ciertamente ante la ausencia de norma expresa o especial que
regule la materia, el operador jurídico debe acudir a los métodos de integración del
ordenamiento jurídico administrativo, enumerados en el artículo 9 de la Ley de cita, la cual es
clara al establecer que: “El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros
ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable,
escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios. 2. Caso de integración, por
laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia,
los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus
principios”. Desde esta perspectiva y por criterio de mayoría, al tenor del principio de auto
integración del ordenamiento jurídico administrativo y el principio de hermenéutica jurídica,
tenemos que el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, no es el numeral
legislativo idóneo para que opere la integración normativa, esto, por cuanto regula un tema de
orden procedimental, no de derecho de fondo, tal y como lo explicamos a continuación. El
numeral de cita, está previsto por el legislador para regular un tema procedimental, cual es, la
caducidad del procedimiento administrativo, orientado al dictado de un acto final, no así, para
regular plazos del ejercicio de una potestad de imperio. Segundo, la prescripción y la
caducidad, son institutos extintores de la potestad de imperio, que responden a formatos del
derecho de fondo, no procesales. Tercero, existen normas legislativas que regulan la
prescripción de potestades disciplinarias y/o fiscalizadoras, normas de fondo en ese tanto y por
ende, privan al momento de aplicar las reglas de integración del ordenamiento jurídico
administrativo, sobre la premisa de aplicar una norma de naturaleza procesal. A efecto de
realizar este ejercicio de integración, debemos tomar en cuenta que de acuerdo con el artículo
8 de la Ley General de la Administración Pública: "El ordenamiento administrativo se entenderá
integrado por las normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia
de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo"
Bajo ese razonamiento, las reglas de la lógica y la razonabilidad deben ser observadas al
momento de definir la norma de fondo aplicable al caso concreto. Desde esta perspectiva,
valga señalar que no consideramos aplicables cuerpos normativos como lo son, la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, por cuanto está orientada a una función
sancionatoria relacionada con fondos públicos, tampoco por ende lo es, el Código de Normas
y Procedimientos Tributarios, cuyos plazos de prescripción está referidos a otro tipo de relación
jurídico administrativa, obviamente de carácter tributario, igual ocurre con el artículo 35 de la
Ley de la Contratación Administrativa, que se refiere a relaciones contractuales con la
Administración, o bien, el Código Penal, que regula delitos y contravenciones. Como se puede
observar, todas las normas de carácter especial de cita, están dirigidas a regular otro tipo de
relación jurídico administrativa. Tampoco podemos admitir la aplicación del artículo 198 la Ley
General de la Administración Pública, norma de orden genérico y no especial, por cuanto sí
existe norma análoga de fondo que invocar, sin violentar el fin que el legislador persigue al
regular las relaciones de sujeción especial de los agremiados a un Colegio Profesional. Si bien,
la mayoría de Colegios Profesionales no encuentran regulado en su ley orgánica una norma
que fije el plazo de prescripción de su potestad sancionatoria, lo cierto que dos de ellos sí lo
contemplan, estos son, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos. Veamos. El artículo 59 de Ley Orgánica del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, ley número 3663, del 10 de enero de 1966, señala lo siguiente: " La
acción disciplinaria prescribirá en cinco años, contados desde que la parte afectada o el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tenga conocimiento de los hechos que dan lugar
a la queja o infracción a la ética profesional. La presentación de la denuncia, o bien, el inicio de
la investigación de oficio, interrumpirán el plazo de la prescripción". Por su parte, el Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en el artículo 21, de la ley número 3019, del 09 de agosto
de 1962, señala lo siguiente: "...Sin perjuicio de la suspensión que se pueda aplicar por el no
pago de las cuotas por parte de la Junta de Gobierno, se podrá imponer dicha sanción cuando
se haya demostrado, dentro de un proceso disciplinario instruido por el Tribunal de Ética
Médica, que la persona incorporada o autorizada incurrió en algunas de las faltas que conllevan
dicha sanción y que estén contempladas en la normativa vigente. La acción disciplinaria del
Colegio contra sus agremiados y autorizados prescribe en cuatro años desde el momento en
que se produjo la supuesta falta. La presentación de la denuncia ante la Fiscalía del Colegio
interrumpe el plazo de prescripción". Nótese entonces que, sí es posible, en aplicación de las
pautas de integración del ordenamiento jurídico administrativo, que una ley de un Colegio

Profesional que presenta un vacío normativo relacionado con la fijación del plazo que, por
razones de seguridad jurídica, debe observar el ente fiscalizador para el ejercicio de su
potestad disciplinaria, se pueda tener por establecido a partir de la integración de una norma
legislativa de fondo y no procesal, razón por la cual, el artículo 340 de la Ley General de la
Administración Pública no es el artículo para integrar ese vacío, ya que como explicamos líneas
atrás, su espíritu está orientado a regular un plazo de inactividad que afecte el curso normal
para el dictado de un acto final, no así para su ejecución. Ahora bien, si el Colegio de Abogados
y Abogadas de Costa Rica, decide autolimitarse y fijarse un plazo menor al legislativo, bien sea
al tenor de una directriz o reglamento, ello no es objetable, en el tanto, dicho ejercicio respete
el plazo máximo previsto por ley, a fin resolver los asuntos disciplinarios. En otras palabras, su
decisión de llevar a cabo los procedimientos disciplinarios en un plazo menor al máximo
señalado por el legislador para un Colegio Profesional, que es de cuatro años, conforme lo
señala el artículo 21 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, según lo descrito
líneas atrás, no estima este Colegio de Juezas que en esencia, provoque una lesión a los
derechos subjetivos de los agremiados, en el tanto no supera el límite máximo fijado por el
legislador y por el contrario, exige por parte del ente público, un desempeño más eficiente y
célere que beneficia a los colegiados objeto de un procedimiento administrativo disciplinario
Teniendo claro entonces, los motivos o fundamentos por los cuales este Colegio de Juezas
estima que el plazo de dos años, contemplado en artículo 87 del Código de Ética y Deberes
Morales, no infringe el principio de reserva de ley en la materia, al fijar un término menor al
legislativo para el ejercicio de la potestad disciplinaria, analizamos de seguido el caso concreto
De acuerdo a los autos, en fecha 11 de febrero del 2016, la Fiscalía del Colegio de Abogados
y Abogadas de Costa Rica, recibe denuncia formulada por el señor ADJ, en contra de la
Licenciada [Nombre 001], por haber ejercido su profesión, pese encontrarse suspendida por
el Colegio demandado. Mediante la resolución de la 10:10 horas del 05 de julio del año 2016,
la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, dicta el acto de traslado de
cargos a la actora. Dicha resolución, fue notificada en fecha 24 de agosto del 2016 y con esta
actuación procesal, se interrumpe la prescripción. Seguidamente, a través de la resolución de
las 15:10 horas del 22 de noviembre del 2016, se fijan las 09:00 horas del día 21 de febrero
del 2017, como fecha para celebrar la comparecencia oral y privada dentro del procedimiento
administrativo, audiencia, a la cual no acudió la actora, quedando los autos listos para el
dictado del acto final, el cual es adoptado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y
recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada en el
hecho anterior, cuya impugnación, -la cual corresponde solo atender al recurso de revocatoria
por cuanto el acto final fue dictado por el superior jerárquico-, conduce a que a través del
Abogadas de Costa Rica, en la sesión ordinaria número 04-19, del día 29 de enero del 2019,
se disponga a declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y confirmar la sanción
impuesta. La resolución fue notificada en fecha 27 de marzo del 2019. Nótese, que en esta
fecha, queda en firme la sanción disciplinaria y dentro del plazo de los dos años siguientes
contemplados en el artículo 87 del Código de Ética y Deberes Morales, se publica en el Diario
Oficial La Gaceta n°37, del 25 de febrero del año 2020, el aviso respectivo del acuerdo
sancionatorio, el cual, dota de eficacia jurídica la decisión administrativa, siendo obligación de
la agremiada estar pendiente de su publicación, ya que fija el inicio del cómputo de la sanción
Así las cosas, no operó en el caso concreto, la prescripción de la potestad del Colegio
Profesional, de ejecutar la sanción impuesta, que se encontró firme, hasta en fecha 29 de enero
del año 2019. En consecuencia, se rechaza el argumento de la parte actora. 2) Sobre la
caducidad del procedimiento administrativo. Etapa procesal precluida al realizarse la alegación
Un segundo argumento, gira en torno a la caducidad del procedimiento disciplinario. Explica la
parte actora, que existen al menos 4 plazos identificables con el actuar de la Administración, el
inicial, desde que se tiene conocimiento del hecho o falta, a partir del cual opera la prescripción
o caducidad, según lo disponga el legislador, el plazo para instruir o tramitar el procedimiento
respectivo, el tercero, el plazo para adoptar el acto final y el cuarto, el plazo para que se ejecute
el acto sancionatorio. Alega, que en fecha 13 de diciembre del 2017, presentó una solicitud de
caducidad del procedimiento administrativo. Estima, que para ese momento subyacen dos
períodos de inactividad relevantes. El primero, desde la denuncia presentada hasta la
notificación del traslado de cargos, con una dilación de 6 meses injustificada, operando la
caducidad conforme lo dispone el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública,
por culpa única y exclusiva de la demandada. El segundo momento, se presenta cuando está
listo el procedimiento para el dictado del acto final (21 de febrero del 2017) y transcurren 13
meses de inactividad, hasta el día 20 de abril del 2018, cuando se notifica el acto final del
procedimiento, violándose los principios de celeridad e impulso procesal, de los artículos 222
y 225 de la Ley General de la Administración Pública. Agrega, que la caducidad fue resuelta
en el acto final sin fundamentación alguna y absoluto ayuno a deslindar la confrontación de los
plazos realizada y por ende, reitera el vicio de nulidad absoluta alegado líneas atrás en cuanto
a la pérdida de competencia. Criterio del Tribunal: Básicamente, la accionante aduce que el
Colegio Profesional, debió declarar la caducidad, de oficio, al superar los seis meses de
paralización del expediente en dos ocasiones, y que, ante su gestión en fecha 13 de diciembre
del 2017, debió ser acogida y no simplemente resuelta en el acto final sin análisis
pormenorizado de los plazos. Al respecto, debemos indicar que no le asiste la razón al
accionante. El instituto de la caducidad del proceso demanda gestión de la parte y no es
exigible que la Administración interesada en la continuidad del procedimiento, la declare de
oficio y mucho menos, cuando es invocada una vez que ha precluido el plazo para su dictado,
tal cual ocurre, cuando se ha generado un acto administrativo tendiente a la continuación del
procedimiento y menos aún, cuando los autos estén listos para el dictado del acto final. El
artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, ley 6227 del 02 de mayo de 1978,
dispone respecto a la caducidad del procedimiento administrativo, que éste se presenta en los
siguientes supuestos: " 1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud
de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración
que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su
archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este
Código. 2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando
el interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o
cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final...". (El texto resaltado no
corresponde al original). Tenemos entonces que para que opere la caducidad, es necesario

1) Que se presente la suspensión del proceso por la inercia de la parte interesada cuando es
la que ostenta la carga del impulso procesal; 2) Que dicha inactividad se extienda por más de
seis meses; 3) No estar ante los supuestos en que no procede declarar la caducidad, tal cual
es, que estén listos los autos para el dictado del acto final. En el presente asunto la parte actora
no solicitó la declaratoria de caducidad en sede administrativa en fecha previa a que los autos
estuvieran listos para el dictado del acto final. Tal y como se indicó líneas atrás, ese momento
procesal ocurre, cuando la actora no se apersona a la audiencia oral y privada, lo que provoca
que al ser las 09:00 horas del 22 de febrero del 2017, se emita constancia por parte de la
Fiscalía del Colegio Profesional, en el cual consigna que: "Siendo esta la hora y fecha señalada
para celebrar la audiencia oral y privada convocada dentro del procedimiento administrativo
disciplinario 062-16 (6), denuncia establecida por ADJ en contra de la licenciada [Nombre
presente ninguna de las partes (...) Que en razón de lo anterior, quedan así listos los autos para
el dictado de la resolución de fondo si ninguna situación especial lo impida (sic)". No es hasta
en fecha 13 de diciembre del 2017, que el señor CAMR, abogado defensor de la actora, solicita
se declare la caducidad, con fundamento en los artículos 255 siguientes y concordantes de la
Ley General de la Administración Pública, bajo el argumento que se realizó la audiencia desde
el día 31 de enero anterior y no se ha dictado la resolución final. Nótese entones que solo se
presentó una gestión y que ésta se formula cuando los autos estaban listos para el dictado del
acto final, lo que impone su rechazo por ser manifiestamente improcedente. Hemos de aclarar,
que más allá del fundamento normativo y el presupuesto fáctico erróneo invocado por parte
del defensor de la actora en el procedimiento administrativo, al amparo del principio de
informalismo que rige los procedimientos administrativos, si la gestión hubiese sido interpuesta
en el momento oportuno, debió ser declarada con lugar, aunque el defensor de la investigada,
invocara normativa incorrecta para aplicar el instituto de la caducidad del procedimiento. Por
número 00, del 29 de enero del 2019 y no al dictarse el acto final, que la Junta Directiva del
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se pronunció acerca de la caducidad del
procedimiento invocado. Ello impone que, al no existir vicio de nulidad en los términos del
artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, -toda vez que no todo vicio provoca
de forma automática un vicio de nulidad, sino solo aquellos que provoquen indefensión o tengan
la virtud de modificar lo resuelto-, tenemos que en este caso, pese que la caducidad advertida
por la representación de la parte actora en sede administrativa no fue resuelta
interlocutoriamente o al dictarse el acto final, lo cierto es que lo decidido al emitirse
pronunciamiento en cuanto al recurso de revocatoria interpuesto, no tiene la virtud ni de
modificar la decisión administrativa impugnada, ni de provocar indefensión, al no configurarse
como una omisión de una formalidad sustancial del procedimiento. Por último, valga señalar
que tampoco la inobservancia a los principios de oficiosidad y celeridad detectados en el curso
del procedimiento administrativo, tienen la virtud de provocar la declaratoria de nulidad de un
acto administrativo, en los términos que prevé el numeral 223 de la Ley General de la
Administración Pública, explicado líneas atrás. Así las cosas, se rechaza la pretensión de
declarar caduco el procedimiento administrativo. 3) Inexistente vicio de competencia en la
adopción del acuerdo de la Junta Directiva. El tercer argumento de la demanda, atribuye
"nulidad de la conducta por vicio de competencia en cuanto al órgano que la suscribe". Señala
la parte actora, que conforme a los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Colegio de
Abogados, la competencia disciplinaria, es ejercida por la Junta Directiva, no obstante, la
imposición de la sanción fue realizada por el señor Fiscal, quien no tiene la competencia para
haber adoptado la conducta. Precisa, que tanto el acto final como el definitivo, cuenta con una
única rúbrica y así se realizó y comunicó el Colegio. Es por ello que aduce la invalidez de los
actos debido a una falta de competencia, conforme los artículos 129, 66, 158, 166, 169, 170,
171, 172 y 175 de la Ley General de la Administración Pública. De seguido, cita el precedente
judicial contenido en una resolución sin referencia del número, que afirma fue dictada por la
Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, así como un extracto de la
de Casación de lo Contencioso Administrativo. Criterio del Tribunal: Analizado el expediente
administrativo y los actos que éste comprende, no cabe duda que no le asiste la razón a la
accionante, quien confunde, el acto de trámite de comunicación del acto final, con éste,
propiamente. Bajo la doctrina de los actos administrativos, encontramos múltiples
clasificaciones, entre ellos, actos concretos y actos generales, actos de trámite, acto final, acto
definitivo, etc. En el caso de estudio, es más que evidente, que tanto el acto final como el
definitivo que corresponden a los acuerdos adoptados por la Junta Directiva, son objeto de
comunicación por parte del Fiscal, lo que no encuentra ningún impedimento a la luz del
ordenamiento jurídico y el ejercicio de competencias. Yerra la actora, al estimar que el acto de
comunicación como tal, también debe emanar del órgano decisor del procedimiento
administrativo, ignorando así, la posibilidad que ostenta la Administración, de llevar a cabo la
transferencia de competencias, conforme lo disponen los numerales 84 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública, siendo la delegación, una de ellas, toda vez que conforme
al artículo 70 del mismo cuerpo normativo: "La competencia será ejercida por el titular del
órgano respectivo, salvo caso de delegación, avocación, sustitución o subrogación, en las
condiciones y límites indicados por esta ley". Teniendo claro lo anterior, valga indicar que el
Reglamento Interior del Colegio de Abogados, Decreto Ejecutivo número 8, del 03 de
noviembre de 1952, establece en su artículo 72, lo siguiente: "El Fiscal actuará como instructor
con plena amplitud en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de consulta previa con la
Junta de Gobierno para realizar las diligencias que estime pertinentes". Desde esta perspectiva,
asumiendo tal condición en los procedimientos disciplinarios, no se observa óbice alguno y
mucho menos, que se presente vicio de nulidad alguno que afecte la competencia del órgano
colegiado que adoptó los acuerdos, por el simple hecho, que el acto de comunicación emane
del Fiscal, máxime, que se trata de un acto de trámite que por sí mismo, no produce efectos
propios. En consecuencia, al no observarse infracción alguna a las reglas de la competencia
administrativa que rigen la materia, se rechaza el alegato analizado. 4) Sobre la razonabilidad
y proporcionalidad de la sanción disciplinaria impuesta: El cuarto argumento, atribuye una
"irrazonabilidad y desproporcionalidad de la conducta atribuida en relación con la sanción
disciplinaria", básicamente, por cuanto se le impone una sanción tan gravosa como lo es la
suspensión en el ejercicio profesional por más de tres años, cuando no existía potestad
correctiva del órgano, lo cual comprueba el ámbito de arbitrariedad y vicio de nulidad absoluta
señalado. Criterio del Tribunal: Como puede observarse, la parte actora no impugna en ninguna
medida, la razonabilidad o proporcionalidad de la falta con ocasión de los hechos endilgados y
la calificación atribuida por la Junta Directiva a los mismos, sino que se limita su argumento, a
la imposibilidad de ejecutar la sanción impuesta, por estimar transcurrido el plazo para ello. En
mérito exclusivamente al cuadro argumentativo de la parte, es claro que el alegato no es de
recibo, al abordarse líneas atrás el tema relativo a la temporalidad del ejercicio de la potestad
disciplinaria, el cual fue realizado dentro del plazo autoimpuesto vía reglamentaria por la entidad
pública no estatal, y a su vez, contemplado dentro del marco máximo legal regulatorio. Lo
anterior, impone rechazar el argumento bajo la premisa de la existencia de alguna arbitrariedad
o vicio de nulidad. 5) Sobre la improcedencia del reclamo indemnizatorio: La actora, atribuye
responsabilidad objetiva de la entidad demandada, a consecuencia de su funcionamiento
anormal, citando normativa así como precedentes judiciales, para finalmente alegar, que se
generó daño moral y a la imagen profesional de la actora, al ejecutar el Colegio de Abogados
una sanción, habiéndose superado el plazo permitido en el artículo 340 para el ejercicio de la
competencia y por publicar y sancionar a la actora con una suspensión profesional por tres
años y un mes, pese encontrarse caduca la potestad sancionatoria. Criterio del Tribunal: En
vista que el alegato medular del reclamo indemnizatorio se encuentra asociado a la pérdida de
la potestad disciplinaria, con ocasión del argumento tantas veces abordado a lo largo de la
presente sentencia y que, tal y como se explicó, no le asiste la razón a la actora al estimar que
el numeral 340 de la Ley General de la Administración Pública es el aplicable para establecer
el plazo para la ejecución de un acto administrativo disciplinario por un Colegio Profesional, al
tratarse de una norma procesal y no de fondo, amén de existir norma de fondo que regula el
plazo para tal ejercicio de la potestad de imperio por parte de un ente público no estatal de tal
naturaleza, se rechaza la pretensión indemnizatoria, al ser de carácter accesorio a la pretensión
principal


V.- Sobre la defensa de falta de derecho: De conformidad con el análisis realizado en el
considerando anterior, se acoge la defensa de falta de derecho, al no existir razones para
acoger la fundamentación y pretensiones de la demanda


VI.- Sobre las costas procesales y personales. De conformidad con el numeral 193 del Código
Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una
carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena
solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando
la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En
la especie, estima el Tribunal que no existe motivo suficiente para aplicar las excepciones que
fija la normativa aplicable, ya que no se demostró que existiera motivo suficiente para litigar por
parte de la accionante ni se resuelve la presente sentencia en función que prueba desconocida
por las partes. En consecuencia, se condena a la actora al pago de ambas costas de la
presente acción así como al pago de los intereses que éstas sumas generen, desde la firmeza
de su fijación y hasta su efectivo pago


Se acoge la defensa de falta de derecho. En consecuencia, por criterio de mayoría, se declara
sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por la señora [Nombre 001] contra el
Colegio de Abogados de Costa Rica. Son ambas costas a cargo de la actora, las cuales
generarán intereses desde la firmeza de su fijación y hasta su efectivo pago
 REFERENCIAS


PODER JUDICIAL. (2025) “Proceso Disciplinario”. Diccionario Usual del Poder Judicial. Consultado el
día 3/07/2025. Disponible en: https://diccionariousual.poder-
judicial.go.cr/index.php/diccionario?option=com_seoglossary&view=glossaries&catid=1&filter_search=
Proceso+Disciplinario&catid=1&glossarysearchmethod=1&__ncforminfo=SuNVeY3sXDcGotZwbsjkLTa
KpItzs8CO-DpBJ9RawLiNknHxIEOO8QhXThipoq5ki_okXss89LxlFyqX-
hCav_dLoex9bwTe7mFfPPABocXfX4olVnrnX5oCHXWNjkYhUBQUdyqIHAwyG_wzy5muxY5c7b9kcYM
0jpfi4LKk0aHlS9d7d5FE6Vwwlo7O4BRR


PODER JUDICIAL. (2025) “Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica”. Diccionario Usual del
Poder Judicial. Consultado el día 3/07/2025. Disponible en: https://diccionariousual.poder-
judicial.go.cr/index.php/diccionario?option=com_seoglossary&view=glossaries&catid=1&filter_search=
Colegio+de+Abogados+y+Abogadas+de+Costa+Rica&catid=1&glossarysearchmethod=1&__ncforminf
o=VU991ARkjxL3KmFNRXaHv7VaF68gPJeZ_KA051jfNBTODAcCueGNtdm1Lt3gtoKRF6_5uj8hqcfqh
WkCnqFFCsJs6frllJFvN9JeQa5bGAjTz82tS9pJM-
EFcufZBCeRg4xN4NThnQR2fm76DgIVgpvTr0kchKj4Aj6xGAJWr2lt47CDxpxtqkhn28njTAfJ


PODER JUDICIAL. (2025) “Recurso de revocatoria en sede administrativa”. Diccionario Usual del

Poder Judicial. Consultado el día 3/07/2025. Disponible en: https://diccionariousual.poder-
judicial.go.cr/index.php/diccionario?option=com_seoglossary&view=glossaries&catid=1&filter_search=
Recurso+de+revocatoria+en+sede+administrativa+&catid=1&glossarysearchmethod=1&__ncforminfo=
_TsDqzHwEQ7BidID-
GT6KEZd1KtMx3BCsGZwn3qNaFfMg235AZMa7sbOAnxo7N9l_TTuQ3pxku0_UjSZbeFHfNI_63NQ48
RqkM6knz2U94zsiaFZ6Bll_lj-EzMLAU7OCP3uQ9vZEmCMR-3xWBxoODoqVXsxf0Z_n880pSatNqn9-
bc1ZdjbQTALDzCGKLGq
 PODER JUDICIAL. (2025) “Recurso de revocatoria en materia contencioso administrativa”. Diccionario

Usual del Poder Judicial. Consultado el día 3/07/2025. https://diccionariousual.poder-
judicial.go.cr/index.php/diccionario?option=com_seoglossary&view=glossaries&catid=1&filter_search=
Recurso+de+revocatoria+en+materia+contencioso+administrativa+&catid=1&glossarysearchmethod=1
&__ncforminfo=HTMNOEXJQikNRvWFbD5WZPVPkGo3sMZaXIRvE_-
4tt9rjWd2Um6IyTE4Hq_pVJCyGlPd4cY7B-
KMGitdgyRNgAkx1VQjVAmbONTRucXX_wbjShBXYHikuYQOefJmmAPmm7aQYW1dJhqc_bwltY3iThv
H8_L3YwELWoWIsDlgzbtgEMygSHhr6EKXS8gqmKj5

AGUSTÍN MONGE PIEDRA, 23/10/2025

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley: 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública. Fecha

de vigencia desde: 01/12/1978. Versión de la norma: 20 de 20 del 05/11/2024. Datos de la Publicación
Nº Gaceta: 102 del: 30/05/1978 Alcance: 90

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley: 9342 del 03/02/2016. Código Procesal Civil. Ente emisor: Fecha de

vigencia desde: 08/10/2018. Versión de la norma: 3 de 3 del 06/05/202. Datos de la Publicación: Nº
Gaceta: 68 del: 08/04/2016 Alcance: 54


de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Fecha de vigencia desde: 28/10/1941. Versión de la norma
12 de 13 del 12/08/2014. Datos de la Publicación: Colección de leyes y decretos: Año: 1941 Semestre
2 Tomo: 2 Página: 677


Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. Fecha de vigencia desde: 10/01/2005. Versión
de la norma: 8 de 8 del 20/11/2013. Datos de la Publicación: Nº Gaceta
242 del: 10/12/2004

00118 – 2022. Fecha de la Resolución: 31 de Mayo del 2022 a las 09:11. Expediente: 18-010219-1027-
CA. Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo


Resolución: 19 de Julio del 2022 a las 10:55. Expediente: 20-001556-1027-CA. Clase de asunto
Proceso de conocimiento contencioso administrativo