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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA


SUMARIO

1. DOCTRINA

I. Principio de Igualdad y Libre Competencia

i. Artículo 5.­ Principio de igualdad y libre competencia
ii.Artículo 5.­ Principio de igualdad y libre competencia

II.Principio de Eficiencia

i. Artículo 4.­ Principio de eficiencia
ii.Artículo 56. Selección y adjudicación


2. JURISPRUDENCIA


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DESARROLLO

Principio de Igualdad

“...la administración debe garantizar la igualdad de oportunidad de
participación de todos los potenciales oferentes en los
procedimientos de contratación administrativa”.1


“Artículo 5.­ Principio de igualdad y libre competencia
En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará
la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales
Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los
procedimientos específicos de cada contratación, no podrán incluir
ninguna regulación que impida la libre competencia entre los
oferentes potenciales
La participación de oferentes extranjeros se regirá por el
principio de reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el
mismo trato que reciban los nacionales en el país de origen de
aquellos. El Poder Ejecutivo establecerá, reglamentariamente, las
disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio
estipulado en este párrafo

Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas
de pago ni contener ninguna regulación que otorgue a los oferentes
nacionales un trato menos ventajoso que el otorgado a los oferentes
extranjeros

Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de
exoneración para importar, por medio de adjudicatarios de
licitaciones, concesionarios ni otros terceros, productos
manufacturados incluidos en los supuestos de prioridad del artículo
12 de la Ley N° 7017, del 16 de diciembre de 1985. (Así adicionado
este párrafo por el artículo 1º, inciso b), de la ley N° 7612 de 22
de julio de 1996).”2

5.­ Principio de igualdad y libre competencia3

5.1 La Administración garantiza la igualdad de participación de todos los potenciales oferentes
en los procedimientos de contratación. Con las salvedades que indica esta sección, no podrá
introducirse en las condiciones del concurso ni en los parámetros de calificación, ninguna
disposición que coloque a alguna parte en posición de ventaja respecto de otros competidores

5.2 Como corolario del principio de igualdad, el principio de libre competencia entre los
oferentes implicará la imposibilidad de introducir en las condiciones de los concursos cláusulas


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limitativas de la participación, más allá de las estrictamente derivadas de las especificaciones
técnicas propias del bien o servicio por adquirir

5.3 El principio de reciprocidad impide a los oferentes extranjeros la obtención de ventajas de
participación que los oferentes nacionales no tienen en su país de origen. Para acreditar el
cumplimiento del principio de reciprocidad, la Administración podrá solicitar como condición
para participar en un concurso, la demostración de los aspectos que considere pertinentes

Principio de Libre Competencia


“... establece la libre participación de cualquier oferente”.4


“tiene la finalidad de procurar la mayor cantidad posible de
oferentes al concurso, lo cual le permite a la Administración
contar con una amplia gama de posibilidades de selección”.5

Principio de Eficiencia

“... tiene como finalidad, en los procedimientos de Contratación
Administrativa, la selección de la oferta más conveniente para la
Administración y que mejor satisfaga el interés general”.6

“todo defecto u omisión contenidos en las ofertas podrá ser
subsanado, siempre y cuando no signifique alteración del precio,
objeto o condiciones ofrecidas, ni vayan en contra de los
Principios Generales que informan los procedimientos de la
contratación administrativa”.7

“Artículo 4.­ Principio de eficiencia8

Los procedimientos de contratación administrativa persiguen
seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del
interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la
Administración. En todas las etapas de los procedimientos de
contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma. Los actos y
las actuaciones de las partes se interpretarán de forma que se
favorezca su conservación y se facilite adoptar la decisión final,
en condiciones favorables para el interés general. Los defectos
subsanables o insustanciales no descalificarán la oferta que los
contenga

Las regulaciones procedimentales deberán desarrollarse a partir de
los enunciados de los párrafos anteriores”


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56.­ Selección y adjudicación9
56.1 Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración realizará
el análisis de los aspectos formales de las ofertas, y concederá un plazo de hasta tres días
hábiles, para que se subsane cualquier defecto formal o se supla cualquier información o
documento trascendente omitido, siempre que con ello no se modifique su contenido en cuanto
a las características de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega ni
las garantías de los productos. Esta prevención podrá realizarse de oficio, por señalamiento de
alguno de los participantes o a solicitud de parte interesada. Luego de finalizada esta etapa, la
Administración conserva su facultad de solicitar de oficio cualquier subsanación que no
hubiese advertido durante el plazo antes indicado
(REFORMADO por el artículo 3° del Decreto Ejecutivo N° 31658 de 12 de diciembre de
2003, publicado en La Gaceta N° 42 de 01 de marzo de 2004.)
56.1.1 En todo caso, se entenderán como subsanables la omisión de los siguientes documentos
56.1.1.1 Certificaciones sobre la personería legal de los oferentes y la naturaleza y propiedad de
las acciones
56.1.1.2 Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido,
siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta
56.1.1.3 Declaraciones juradas
56.1.1.4 Estados financieros, 56.1.1.5 Documentación técnica complementaria 56.1.1.6 Copias
de la oferta 56.1.1.7 Cualquier omisión de especies fiscales o timbres, si estos fueran exigidas
por norma de rango legal
56.1.2 Igualmente podrán subsanarse, al menos, los siguientes defectos
56.1.2.1 ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional N° 998­98 de las 11:30 horas del
16 de febrero de 1998
56.1.2.2 Cualquier error de la garantía de participación relacionado con la identificación del
concurso, si del documento resulta claro que queda debidamente garantizada la Administración
56.1.2.3 ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional N° 998­98 de las 11:30 horas del
16 de febrero de 1998
56.1.2.4 La inclusión de datos en unidades de medida diferentes a las del Sistema Internacional
de medidas
56.1.2.5 La presentación de literatura técnica y complementaria en idioma diferente al español
56.1.3 Si la prevención para subsanar no es atendida en tiempo, la Administración procederá a
descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a
ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación
56.2 Cumplida la anterior etapa, la Administración procederá al estudio y valoración de las
ofertas en relación con las condiciones y especificaciones del cartel y con las normas
reguladoras de la materia y declarará fuera del concurso las que incumplan aspectos esenciales
de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico
56.3 Una oferta podrá ser rechazada cuando presente un precio inaceptable, por lo cual se
entenderá: 56.3.1. Excesivo en relación con los precios normales de mercado o por encima de
una justa o razonable utilidad; 56.3.2 Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar


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a presumir el incumplimiento por parte de este de las obligaciones contractuales por
insuficiencia de la retribución establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de
averiguar si éste satisface las condiciones de participación y es o será capaz de cumplir los
términos del contrato

56.3.3 Prácticas de comercio desleal u ofertas colusorias, y

56.3.4 Que exceda la disponibilidad presupuestaria y que la Administración no tenga medios
para la financiación complementaria oportuna

56.3.5 Estos supuestos deberán ser comprobados y acreditados en el expediente por la
Administración, mediante estudio calificado. Cuando la Administración determine la presencia
de los supuestos del numeral 56.3.3, deberá dar aviso a la Comisión para Promover la
Competencia

56.4 Luego de establecido cuales ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, la
Administración procederá a la calificación de estas, de acuerdo con los parámetros
suministrados por el cartel, a efecto de establecer cual resulta más conveniente a la satisfacción
del interés público perseguido

56.5 Las mejoras, ventajas y descuentos en la oferta que fueren sometidas a la Administración
después de la apertura respectiva no serán tomadas en cuenta en la valoración de la propuesta,
pero obligarán a quienes la formulen una vez firme la adjudicación
56.6 Si del estudio a que se refieren los artículos anteriores se llegare a establecer que ninguna
de las ofertas cumple con lo ordenado por el cartel, o bien que, aún cuando cumplieren, no
resultan aptas para la satisfacción del interés general perseguido, la Administración deberá
declarar desierto el concurso mediante un acto debidamente razonado. En estos casos, la
Administración comunicará su decisión a los participantes por los mismos medios empleados
para invitar

2. JURISPRUDENCIA


lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la
Constitución Política se derivan todos los principios y parámetros
constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado
Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación
son: 1.­ de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la
posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro
de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el


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artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y
estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el
mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar
con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda
seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.­ de igualdad
de trato entre todos los posibles oferentes, principio
complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una
doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la
protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes
y como particulares, que se traduce en la prohibición para el
Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del
concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o
reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la
de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la
posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo
anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33
de la Carta Fundamental; 3.­ de publicidad, que constituye el
presupuesto y garantía de los principios comentados, ya que busca
asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre
concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los
procedimientos de la contratación administrativa, y que consiste en
que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general,
abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles,
dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más
amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a
todo el proceso de que se trate; 4.­ de legalidad o transparencia
de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del
contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta
y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las
reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de
acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la
Constitución Política; 5.­ de seguridad jurídica, que es derivado
del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la
contratación administrativa a las reglas contenidas en las
disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los
oferentes de su participación; 6.­ formalismo de los procedimientos
licitatorios, en cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo
de controles endógenos y de autofiscalización de la acción
administrativa; de manera que no se tengan como obstáculo para la
libre concurrencia; 7.­ equilibrio de intereses, en tanto es
necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre
los derechos y obligaciones que se derivan para el contratante y la
administración, de manera que se tenga al contratista como
colaborador del Estado en la realización de los fines públicos de
éste; 8.­ principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las
licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la


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contratación administrativa, se considera como un principio moral
básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en
donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por
normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre
cualquier otro; 8.­ de la mutabilidad del contrato, puesto que la
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias
para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de
que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y
realizar; 9.­ de intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la
administración está siempre obligada a mantener el equilibrio
financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de todos
los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones,
sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de
conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones
generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico
inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y
cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para
mantener incólme el nivel económico originalmente pactado
( reajustes de precios que pueden originarse en las teorías
jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del
príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación
financiera del contrato); y 10.­ del control de los procedimientos
, principio por el cual todas las tareas de la contratación
administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la
verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos
públicos. De manera que es necesaria, en todo el procedimiento de
la contratación administrativa, cuando menos, la verificación de
los siguientes controles: el jurídico, para comprobar que ninguna
entidad o funcionario realice acto alguno o asuma conductas que
transgredan la Ley, realizado mediante la verificación de la
existencia previa de recursos económicos; el contable, que es el
examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los
funcionarios que tienen a su cargo de la administración de fondos y
bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y
sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos
presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la
Contraloría, a fin de que los gastos tengan su respaldo financiero
y se ajusten a la clasificación establecida, realizado por las
oficinas de control de presupuesto y contabilidad de cada ente o
institución contratante; el financiero, que consiste en la
fiscalización de la correcta percepción de ingresos y de la
legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas
financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina
de Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el
control económico o de resultados, que se realiza sobre la
eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es decir, sobre los


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resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de
las metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos,
control que se lleva a cabo muy parcialmente por parte de las
instituciones y no se ha concebido como un efectivo instrumento
para el desarrollo gerencial e institucional. Estos principios
tienen reconocimiento tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial,
y ya han sido desarrollados por este Tribunal en reiteradas
ocasiones y con anterioridad a esta sentencia, de la siguiente
manera (…)"i

“...debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución
Política se derivan todos los principios y parámetros
constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado
Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación
son: 1.­ de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la
posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro
de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el
artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y
estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el
mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar
con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda
seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.­ de igualdad
de trato entre todos los posibles oferentes, principio
complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una
doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la
protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes
y como particulares, que se traduce en la prohibición para el
Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del
concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o
reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la
de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la
posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo
anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33
de la Carta Fundamental. ..."

También en relación con lo anterior, esta Sala en sentencia número
1205­96 de quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, ha
señalado

"II).­ ... El primero de los principios señalados ­libre
concurrencia­ tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición
entre todos los oferentes, y su contrapartida está en la
prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para
el acceso al concurso, sea mediante la promulgación de
disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su


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actuación concreta; su consecuencia inmediata es que impone a la
Administración el deber de adjudicar imparcialmente la mejor
oferta, circunstancia que evidentemente no podría darse, si se
permitiera la participación en el concurso de los funcionarios del
más alto nivel en la República, o de sus parientes, quienes podrían
utilizar ilegítimamente su posición para influenciar la escogencia
final. Por el segundo de los principios indicados ­igualdad­ la
Administración debe colocar a todos los oferentes en pie de
igualdad, desde el inicio del procedimiento y hasta la adjudicación
o formalización del contrato, lo que implica que no puede crear
entre ellos discriminaciones jurídicas ni de hecho, susceptibles de
dar ventaja a ciertos concurrentes, o bien de perjudicarlos. Esa
igualdad comprende, al menos, el deber de que las condiciones sean
las mismas para todos los competidores y que debe darse preferencia
siempre a quien hace la oferta más ventajosa para la
Administración; su incumplimiento, violación, quebrantamiento o no
aplicación, vicia de nulidad el contrato que, como su consecuencia,
fuere celebrado; y por ello, en atención a lo expuesto, no
encuentra esta Sala que, en general, las disposiciones que prohiben
la participación de los miembros de los Supremos Poderes y órganos
constitucionales ­y los parientes de aquéllos­ en los contratos
administrativos, resulten en sí mismas inconstitucionales dado que
encuentran asidero constitucional en los principios señalados,
derivados de los numerales 33, 112 y 143 de la Constitución
Política."

A partir de las citas anteriores, la Sala estima que el Estado, al
promover los concursos públicos debe propiciar la participación de
los ciudadanos, como tesis de principio, en condiciones de
igualdad. Pero ello no quiere decir, que no se puedan introducir en
los pliegos de peticiones o carteles de la licitación o concurso,
especiales condiciones que solo puedan ser cumplidas por un grupo
de personas, cuando para formalizar el contrato, sea necesario
evaluar requisitos como la condición personal, la experiencia,
dedicación. De hecho, en cualquier licitación que promueva el
Estado, en sentido lato, la participación queda restringida a las
personas –físicas o jurídicas­ que puedan ofrecer lo que se está
licitando y este principio, no es por sí solo inconstitucional
Ahora bien, en el caso concreto, la Sala encuentra que existe en el
artículo 33 consultado, una contradicción entre los fines del
proyecto de ley y lo que la norma pretende resolver. En la
exposición de motivos del proyecto de ley, se lee nítidamente que
es su propósito fundamental, resolver el problema existente en el
campo del servicio público de transporte remunerado de personas en
vehículos modalidad taxi, para regularizar la situación de los
concesionarios actuales, la de los permisionarios y la de los


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llamados "taxistas piratas". Desde esta perspectiva, tiene sentido
el que la norma al entrar en vigencia, contenga un método de
evaluación que tome en cuenta la experiencia operacional, los años
de servicio (continuidad en la prestación del servicio) y la
condición anterior (concesionario o permisionario), para concederle
una prioridad a quien, cumpliendo todos los requisitos del
concurso, pueda demostrar que el ser taxista, es su modo habitual
de vida, lo que no resulta inconstitucional...."ii
contratación administrativa se caracteriza por conformarse a partir
de una serie de principios jurídicos. En efecto, desde el punto de
vista del contenido material de nuestra Constitución Política, la
sola enunciación que hace el artículo 182 constitucional implica
esa configuración, como habían manifestado los Magistrados Sancho,
Calzada y Molina en el voto salvado de la sentencia número 0787­94,
de las quince horas veintiún minutos del ocho de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro: "La norma impugnada contiene un
requisito formal que debe satisfacer toda persona física o
jurídica, que desee participar en los procedimientos de
contratación administrativa, para satisfacer el principio esencial
contenido en el artículo 182 de la Constitución Política, en virtud
del cual Los contratos para la ejecución de obras públicas que
celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las
instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de
esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes
pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de
acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.» Este principio,
que se resume en que toda contratación administrativa, se hará por
el procedimiento de licitación», implica que tienen rango
constitucional todos los principios del derecho público que
informan la contratación administrativa, en la medida en que
resulten razonables y proporcionados a los fines que se persiguen
Los tres principios esenciales que reconoce la doctrina del Derecho
Público, son la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades y
la publicidad, principios que reproduce la Ley de la Administración
Financiera de la República en su artículo 101 y el artículo 31 del
Reglamento de la Contratación Administrativa y la norma que se
cuestiona, no lesiona, en forma alguna, ninguno de esos tres
principios"; desarrollo que recogió este Tribunal en pleno con
posterioridad, en sentencia número 1206­96 de las nueve horas del
quince de marzo de mil novecientos noventa y seis: "[...], que al
disponer el artículo 182 constitucional que debe celebrarse
mediante licitación, implica que son constitucionales todos los
principios esenciales que informan esa figura, reconocidos
unánimemente por la doctrina del Derecho Constitucional y Público,
como la equidad, publicidad, igualdad de oportunidades, el interés


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público y la buena fe, entre otros"; y que reiteró en la siguiente
consideración: "Ha dicho esta Sala que si el artículo 182 de la
Constitución Política establece este principio ­el de la
licitación­, entonces se encuentran inmersos en el concepto todos
los principios propios de la Contratación Administrativa" (idem)

En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de
la Constitución Política se derivan todos los principios y
parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del
Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la
licitación son: 1.­ de la libre concurrencia, que tiene por objeto
afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los
oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa
regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a
promover y estimular el mercado competitivo, con el fin de que
participen el mayor número de oferentes, para que la Administración
pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que
pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece; 2.­ de
igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio
complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una
doble finalidad, la de ser garantía para los administrados en la
protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes
y como particulares, que se traduce en la prohibición para el
Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del
concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o
reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la
de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la
posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo
anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33
de la Carta Fundamental; 3.­ de publicidad, que constituye el
presupuesto y garantía de los principios comentados, ya que busca
asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre
concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los
procedimientos de la contratación administrativa, y que consiste en
que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general,
abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles,
dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más
amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a
todo el proceso de que se trate; 4.­ de legalidad o transparencia
de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del
contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta
y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las
reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de
acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la
Constitución Política; 5.­ de seguridad jurídica, que es derivado
del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la


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contratación administrativa a las reglas contenidas en las
disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los
oferentes de su participación; 6.­ formalismo de los procedimientos
licitatorios, en cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo
de controles endógenos y de autofiscalización de la acción
administrativa; de manera que no se tengan como obstáculo para la
libre concurrencia; 7.­ equilibrio de intereses, en tanto es
necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre
los derechos y obligaciones que se derivan para el contratante y la
administración, de manera que se tenga al contratista como
colaborador del Estado en la realización de los fines públicos de
éste; 8.­ principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las
licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la
contratación administrativa, se considera como un principio moral
básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en
donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por
normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre
cualquier otro; 8.­ de la mutabilidad del contrato, puesto que la
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias
para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de
que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y
realizar; 9.­ de intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la
administración está siempre obligada a mantener el equilibrio
financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de todos
los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones,
sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de
conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones
generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico
inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y
cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para
mantener incólme el nivel económico originalmente pactado
( reajustes de precios que pueden originarse en las teorías
jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del
príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación
financiera del contrato); y 10.­ del control de los procedimientos,
principio por el cual todas las tareas de la contratación
administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la
verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos
públicos. De manera que es necesaria, en todo el procedimiento de
la contratación administrativa, cuando menos, la verificación de
los siguientes controles: el jurídico, para comprobar que ninguna
entidad o funcionario realice acto alguno o asuma conductas que
transgredan la Ley, realizado mediante la verificación de la
existencia previa de recursos económicos; el contable, que es el
examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los
funcionarios que tienen a su cargo de la administración de fondos y


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bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y
sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos
presupuestarios aprobados por la Asamblea Legislativa o la
Contraloría, a fin de que los gastos tengan su respaldo financiero
y se ajusten a la clasificación establecida, realizado por las
oficinas de control de presupuesto y contabilidad de cada ente o
institución contratante; el financiero, que consiste en la
fiscalización de la correcta percepción de ingresos y de la
legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas
financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina
de Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el
control económico o de resultados, que se realiza sobre la
eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es decir, sobre los
resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de
las metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos,
control que se lleva a cabo muy parcialmente por parte de las
instituciones y no se ha concebido como un efectivo instrumento
para el desarrollo gerencial e institucional. Estos principios
tienen reconocimiento tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial,
y ya han sido desarrollados por este Tribunal en reiteradas
ocasiones y con anterioridad a esta sentencia, de la siguiente
manera: "[...], si el recurrido no siguió este procedimiento, se
infringió no sólo el artículo 182 constitucional, que preceptúa la
licitación como instrumento de contratación del Estado, sino
además, el principio de igualdad, en su connotación específica de
igualdad de trato para los interesados y potenciales concursantes,
limitándose además, indebidamente, la libertad de contratar
(derivada de la de comercio), dispuesta por la Carta Política en su
norma 46, y con todo ello, al no sujetarse a los procedimientos
jurídicos aplicables, violó, también, el principio de legalidad."
(Sentencia número 1490­92, de las dieciséis horas nueve minutos del
tres de junio de mil novecientos noventa y dos).”iii

2. Ley de Contratación Administrativaiv

“Sección segunda

Principios generales

ARTÍCULO 4.­ Principio de eficiencia
Los procedimientos de contratación administrativa persiguen
seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del
interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la


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Administración
En todas las etapas de los procedimientos de contratación,
prevalecerá el contenido sobre la forma. Los actos y las
actuaciones de las partes se interpretarán de forma que se
favorezca su conservación y se facilite adoptar la decisión final,
en condiciones favorables para el interés general. Los defectos
subsanables o insustanciales no descalificarán la oferta que los
contenga

Las regulaciones procedimentales deberán desarrollarse a partir de
los enunciados de los párrafos anteriores

3. Reglamento General de Contratación Administrativav

CAPITULO II
Principios generales de los procedimientos de contratación
administrativa 4.­ Principio de eficiencia 4.1 En virtud del
principio de eficiencia, el fin primordial de los procedimientos de
contratación administrativa es la selección de la oferta más
conveniente a la satisfacción del interés general
4.2 Toda norma procedimental en materia de contratación
administrativa debe interpretarse en concordancia con el principio
de eficiencia, de modo que en todo momento se favorecerá la
conservación de los actos de las partes y se procurará facilitar
las condiciones para la adopción de la decisión final
4.3 En todo caso prevalecerá el contenido sobre la forma y no podrá
deducirse de la voluntad de las partes, salvo evidente prueba en
contrario, la intención de apartarse de las regulaciones normativas
y las condiciones fijadas por la Administración en el cartel o en
el pliego de condiciones
(*) 4.4 Todo defecto u omisión contenido en las ofertas, podrá ser
subsanado, en la medida que no implique modificación del precio,
objeto y condiciones ofrecidos y no se vulneren los principios
generales desarrollados en este capítulo

(*) (INTERPRETADO por resolución interlocutoria de la Sala
Constitucional Nº 565­I­98 de las 8:30 horas del 18 de setiembre de
1998, en el sentido de que, la posibilidad de subsanar vicios
formales resulta posible únicamente, en tanto no se refiera a
requisitos formales que afecten los contenidos fundamentales o
esenciales de la oferta)


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ARTÍCULO 56.­ Selección y adjudicación

56.1 Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de
apertura, la Administración realizará el análisis de los aspectos
formales de las ofertas, y concederá un plazo de hasta tres días
hábiles, para que se subsane cualquier defecto formal o se supla
cualquier información o documento trascendente omitido, siempre que
con ello no se modifique su contenido en cuanto a las
características de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el
precio, los plazos de entrega ni las garantías de los productos
Esta prevención podrá realizarse de oficio, por señalamiento de
alguno de los participantes o a solicitud de parte interesada
Luego de finalizada esta etapa, la Administración conserva su
facultad de solicitar de oficio cualquier subsanación que no
hubiese advertido durante el plazo antes indicado

(REFORMADO por el artículo 3° del Decreto Ejecutivo N° 31658 de 12
de diciembre de 2003, publicado en La Gaceta N° 42 de 01 de marzo
de 2004.) 56.1.1 En todo caso, se entenderán como subsanables la
omisión de los siguientes documentos: 56.1.1.1 Certificaciones
sobre la personería legal de los oferentes y la naturaleza y
propiedad de las acciones
56.1.1.2 Certificaciones sobre cualidades, características o
especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales
circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta
56.1.1.3 Declaraciones juradas
56.1.1.4 Estados financieros, 56.1.1.5 Documentación técnica
complementaria 56.1.1.6 Copias de la oferta 56.1.1.7 Cualquier
omisión de especies fiscales o timbres, si estos fueran exigidas
por norma de rango legal
56.1.2 Igualmente podrán subsanarse, al menos, los siguientes
defectos: 56.1.2.1 ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional
Nº 998­98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998
56.1.2.2 Cualquier error de la garantía de participación
relacionado con la identificación del concurso, si del documento
resulta claro que queda debidamente garantizada la Administración
56.1.2.3 ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 998­98
de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998
56.1.2.4 La inclusión de datos en unidades de medida diferentes a
las del Sistema Internacional de medidas
56.1.2.5 La presentación de literatura técnica y complementaria en
idioma diferente al español
56.1.3 Si la prevención para subsanar no es atendida en tiempo, la
Administración procederá a descalificar al oferente de que se


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trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a
ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación
56.2 Cumplida la anterior etapa, la Administración procederá al
estudio y valoración de las ofertas en relación con las condiciones
y especificaciones del cartel y con las normas reguladoras de la
materia y declarará fuera del concurso las que incumplan aspectos
esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente
disconformes con el ordenamiento jurídico
56.3 Una oferta podrá ser rechazada cuando presente un precio
inaceptable, por lo cual se entenderá: 56.3.1. Excesivo en relación
con los precios normales de mercado o por encima de una justa o
razonable utilidad; 56.3.2 Ruinoso o no remunerativo para el
oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de
este de las obligaciones contractuales por insuficiencia de la
retribución establecida, previa indagación con el oferente con el
propósito de averiguar si éste satisface las condiciones de
participación y es o será capaz de cumplir los términos del
contrato; 56.3.3 Prácticas de comercio desleal u ofertas
colusorias, y 56.3.4 Que exceda la disponibilidad presupuestaria y
que la Administración no tenga medios para la financiación
complementaria oportuna; 56.3.5 Estos supuestos deberán ser
comprobados y acreditados en el expediente por la Administración,
mediante estudio calificado. Cuando la Administración determine la
presencia de los supuestos del numeral 56.3.3, deberá dar aviso a
la Comisión para Promover la Competencia
56.4 Luego de establecido cuales ofertas son elegibles legal,
financiera y técnicamente, la Administración procederá a la
calificación de estas, de acuerdo con los parámetros suministrados
por el cartel, a efecto de establecer cual resulta más conveniente
a la satisfacción del interés público perseguido
56.5 Las mejoras, ventajas y descuentos en la oferta que fueren
sometidas a la Administración después de la apertura respectiva no
serán tomadas en cuenta en la valoración de la propuesta, pero
obligarán a quienes la formulen una vez firme la adjudicación

56.6 Si del estudio a que se refieren los artículos anteriores se
llegare a establecer que ninguna de las ofertas cumple con lo
ordenado por el cartel, o bien que, aún cuando cumplieren, no
resultan aptas para la satisfacción del interés general perseguido,
la Administración deberá declarar desierto el concurso mediante un
acto debidamente razonado. En estos casos, la Administración
comunicará su decisión a los participantes por los mismos medios
empleados para invitar


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4. Sobre El artículo 56 del reglamento


“"VII . Primeramente procede el análisis en lo referente a una
posible falta de legitimación o interés en la licitación, por
haberse vencido por un pequeño lapso a la actora, la garantía de
participación. Si bien eso es cierto, también lo es que al momento
de vencerse ya la oferta estaba adjudicada, pero no firme y ya
estaba suscrita la garantía de cumplimiento y si bien, no es
posible confundir ambas garantías, ( ver artículos 55 a 66 del
Reglamento de la Contratación Administrativa ), es evidente el
interés que mantenía la actora en la participación de la licitación
en cuestión, no pudiendo ser tan formalistas como para dictaminar
que se dio una falta de interés en la oferta, por el olvido en
referencia. Es necesario citar aquí la resolución número 365­97,
dictada por esta sección, de las nueve horas treinta minutos del 4
de noviembre de 1997, que en lo que interesa dispuso: “IV. El punto
medular en el sub júdice es determinar si un acto de la
administración activa descentralizada mediante el cual adjudica la
compra de un bien necesario y urgente para el país deba anularse
por un defecto en la garantía de tres días. No estima el Tribunal
que el error de cómputo del plazo de la garantía por un lapso tal
pequeño constituya un vicio esencial y de nulidad absoluta que
impida que se lleve a cabo la contratación y que no se pueda
subsanar con los principios de proporcionalidad e interés público”
En autos la falta de renovación de la garantía de participación lo
fue por unos pocos meses, mientras se tramitaba la apelación del
acto que le había adjudicado la licitación a la actora, pero ésta
como se dijo garantizó el cumplimiento al ser la adjudicataria y
posteriormente al darse cuenta de su omisión, cumplió con el
requisito. Además de todo lo expresado, es de hacer ver que de
conformidad con el numeral 62 del reglamento de Contratación
administrativa, reformado por decreto número 239997­H del 23 de
enero de 1995, publicado en la Gaceta número 36 del 20 de febrero
de ese mismo año, si se produjera decaimiento de la vigencia de la
garantía de participación, la Administración o la Contraloría,
según correspondiera, deberían, una vez que advirtieran la
situación, prevenir al interesado, el restablecimiento de la misma
dentro del término dentro de los tres días hábiles siguientes, lo
cual se haría aún después de dictado el acto de adjudicación, lo
cual nunca fue aplicado por la Administración y refuerza lo
esgrimido en esta sentencia con respecto a la falta de renovación
de la garantía de participación . Queda por analizar entonces lo
relativo a las omisiones legales y a la oferta en general que hizo
cada una de las partes. El actor argumenta que existen tres


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dictámenes técnicos que expresaron que la de su representada era la
mejor oferta y que el Departamento Legal no puede desvirtuar
informes técnicos al no ser materia de su conocimiento, mas lo
cierto es que el departamento legal puede efectivamente establecer
y vigilar que los procedimientos se hayan cumplido a cabalidad y
que no se hayan dado incongruencias ni arbitrariedades en la
valoración de las ofertas que participan en el concurso. Es así
como en la especie tanto valor tiene el dictamen técnico dado
por el Departamento de Transporte Público del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, ratificado posteriormente, como el emitido
por Departamento de Asistencia Legal de la Comisión Técnica de
Transportes de dicho Ministerio y este Tribunal considera que los
estudios del ya tantas veces citado departamento legal se
encuentran bien fundamentados y basados en las ofertas y el cartel
confeccionado por la administración y hace notar gran cantidad de
errores en los que incursionó el departamento técnico a fin de que
se corrieran y se adjudicara la licitación al oferente que
cumpliera con todos los requisitos exigidos en la plica. Es de
recordar que aún antes de la adjudicación que primeramente se
hiciera a favor de la actora, ya esta última dependencia había
emitido su criterio respecto a ciertas irregularidades que
encontraba en la oferta de Auto Transportes Piedra Grande S.A., los
cuales fueron omitidos no sólo por el Departamento de Transporte
Público, sino por las autoridades respectivas a la hora de
adjudicar. Una de las principales objeciones que la asesoría legal
le imputó a la oferta de la actora fue lo relativo a la factura
proforma tantas veces cuestionada y se llega a la conclusión de que
efectivamente la misma debía venir autenticada por el servicio
consular de nuestro país. Tenemos que la misma fue expedida por una
empresa norteamericana en su lugar de origen e iba a ser utilizada
en un concurso público, por lo que debía cumplir con lo
establecido en el numeral 67 de la Ley Orgánica del Servicio
Consular que dispone: “Con el mismo carácter autorizarán los
Cónsules los contratos celebrados ante ellos, expedirán
certificados y legalizarán documentos y firmas de las autoridades
del país en que funcione, cuando tales certificados y documentos
hayan de surtir efecto en Costa Rica, aunque se trate de
extranjeros” Tan es así que dos veces el Departamento de
Asistencia Legal de la Comisión Técnica de Transportes acotó la
falta de requisito de la proforma presentada para demostrar la
compra de la flota de autobuses que se utilizarían en la ruta
licitada. No es de aplicación en la especie estipulado en el
numeral 374 del Código Procesal Civil, sino la ley citada, pues
éste código se refiere a documentos públicos otorgados en el
extranjero, lo cual no ocurre en la especie, pues nos encontramos
ante un documento privado que debía surtir efectos en nuestro país


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Este cuerpo colegial comparte, en este sentido, lo establecido por
la Contraloría General de la República, al dictaminar el ente
contralor la necesidad de que las facturas proforma cumplan con
varios requisitos como serían la autenticación de firmas y
los servicios consulares ( al respecto ver Resolución número 75­80
de las ocho horas del 7 de mayo de 1980). Es así como la falta de
ese requisito hace que la oferta de la actora careciere
jurídicamente de un documento esencial para tenerla al menos como
válida y eficaz para participar en el concurso público de marras
Además de esto encuentra este Tribunal errores del Departamento de
Transporte Público al calificar las ofertas, pues evidentemente, y
tal y como lo hace ver el Departamento de Asistencia Legal, se le
exigieron requisitos a la co­accionada que no estaban en el cartel
de licitación y que hicieron que su puntuación bajara, como sería
la exigencia de los tiquetes, de permisos sanitarios y patentes y
la valoración de la flota, lo que permitió que primeramente se le
adjudicara a su contrincante en forma ilegal. En lo que no lleva
razón el Estado, pero para los efectos ya no tiene importancia, es
en el ofrecimiento del autobús placas HB­818 como parte de la flota
licitada, pues si bien es cierto el mismo se encontraba inscrito
para otra línea al momento de la oferta, también lo es que lo
estaba por negligencia administrativa, pues ya la empresa dueña del
mismo había solicitado su desinscripción y no es su culpa el que
por trámites burocráticos la misma no se hubiese hecho efectiva
Finalmente y en lo que atañe al argumento esbozado por la
representación letrada de la actora, referente a que sin haber
siquiera acto adjudicatorio se le permitió por parte de la
Administración competente a la co­accionada, cambiar la flotilla de
autobuses ofertados, concluye este Tribunal que dicha situación
lejos de invalidar el proceso licitatorio, se constituye en una
política en beneficio del “interés público”, pues si bien no había
adjudicación firme y definitiva, ya la empresa Auto Transporte
Camacho, iba a explotar la línea, y por ende era lógico y necesario
que la empresa que explotaba el servicio, buscará su mejoría, se
insiste en beneficio del usuario. Aunado a ello véase que la parte
actora tampoco acredita que las unidades sustituyentes fueran de
menor calidad o antagónicas a las exigencias del cartel de
licitación. Conforme con los razonamientos expuestos se debe
acoger la excepción de falta de derecho opuesta a la demanda y
rechazarse la de sine actione agit en sus modalidades de falta de
interés actual y falta de legitimación activa y pasiva. Evidemente
la actora tiene un interés legítimo para acciononar en autos y está
legiminado para hacerlo, al haber participado en la licitación
discutida e inclusive resultar adjudicataria de la misma en un
inicio. Por su parte el Estado es el co­contratante del referido
concurso público y por ende es el legitimado pasivo en esta litis


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Corolario de lo expuesto es que se impone la declaratoria de
improcedencia de la demanda en todos sus extremos.­ VIII. Considera
este Tribunal que la empresa Auto Transportes Piedra Grande S.A
tuvo suficientes motivos para litigar, ya que además de haber
ganado la licitación en primera instancia, contaba con un dictamen
técnico ratificado posteriormente, que le daba la razón a sus
pretensiones, motivo por lo cual y de conformidad con el numeral 98
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se
resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas."vi

5. Contraloría General de la República

“ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. San José, a las nueve horas
con treinta minutos del día veintiuno de enero de mil novecientos
noventa y nueve.­­­­­
Recurso de apelación interpuesto por la firma MOTORES DOS MIL, S
A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA Nº
01­98, promovida por el BANCO COOPERATIVO COSTARRICENSE R. L
(BANCOOP), como fiduciario del Fideicomiso Nº 03­93 SANIDAD
VEGETAL/BANCOOP R. L., para la adquisición de vehículos (línea 4),
recaído aquél en favor de la empresa AUTO ENSAMBLADORA,
­­­­­­­­­­­
RESULTANDO
I.­ Mediante escrito sometido a la consideración de este Organo
Contralor el día 5 de noviembre de 1998, la firma MOTORES DOS MIL,
S. A., presentó recurso de apelación en contra del acto de
adjudicación dictado por el BANCO COOPERATIVO COSTARRICENSE R. L
(BANCOOP), en adelante el Banco Fiduciario, en esta licitación, con
base en las consideraciones que en él expuso (ver escrito en
expediente de
II.­ Mediante auto de las 8:00 horas del día 25 de noviembre de


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1998, este Organo Contralor confirió audiencia inicial al Banco
Fiduciario, promotor del concurso, y a la firma adjudicataria, para
que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto al
recurso incoado. Asimismo, con el propósito de que la
Administración pudiera atender la audiencia otorgada, le devolvió
el expediente administrativo del concurso, y le solicitó remitirlo
nuevamente a este Despacho junto con su respuesta, con una copia
completa adicional para nuestro estudio (véase escrito en
expediente de
­­­­­­­­­­­­­­­­­
III.­ El Banco Fiduciario, mediante escrito sometido a conocimiento
de este Despacho el día 2 de diciembre de 1998, contestó la
audiencia inicial conferida, rechazando los fundamentos de la
apelación (véase escrito en expediente de
IV.­ La firma adjudicataria, AUTO ENSAMBLADORA, S. A., mediante
escrito sometido a la consideración de esta Contraloría General el
día 2 de diciembre de 1998, contestó la audiencia inicial
concedida, oponiéndose a los fundamentos del recurso. (véase
escrito en expediente de
V.­ Este Organo Contralor, mediante auto de las 9:00 horas del 17
de diciembre de 1998, concedió a las partes un plazo de tres días
hábiles, establecido así en el artículo 98 del Reglamento General
de Contratación Administrativa, con el fin de que formularan por
VI.­ La Administración promotora del concurso, por escrito sometido
a conocimiento de este Despacho el 22 de diciembre de 1998,
contestó la audiencia final concedida, en el que reiteran, en lo


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fundamental, lo manifestado en el escrito de contestación a la
audiencia
VII.­ La firma adjudicataria no contestó la audiencia final
VIII.­ La empresa apelante, mediante escrito sometido a la
consideración de este Organo Contralor el 22 de diciembre de 1998,
contestó la audiencia final conferida (véase escrito en expediente
IX.­ La presente Resolución se dicta dentro del término de ley,
habiéndose observado durante su trámite las prescripciones legales
y reglamentarias
CONSIDERANDO
I.­ HECHOS PROBADOS: A efecto de dictar la presente resolución,
esta Contraloría General tiene por demostrados los siguientes
hechos de importancia: 1) Que el BANCO COOPERATIVO COSTARRICENSE R
L. (BANCOOP), como fiduciario del Fideicomiso Nº 03­93 SANIDAD
VEGETAL/BANCOOP R. L., promovió la LICITACION PUBLICA Nº 01­98,
para la adquisición de vehículos (línea 4) (ver invitación a
participar en el concurso referido, publicada en los periódicos La
Nación y La República, ambos de fecha 13 de agosto de 1998). 2) Que
en este concurso participaron, entre otras, las firmas MOTORES DOS
MIL, S. A. y AUTO ESAMBLADORA, S. A. (véanse las plicas presentadas
en expediente administrativo de la licitación). 3) Que la oferta
seleccionada como adjudicataria de esta licitación, fue la
presentada por la empresa AUTO ESAMBLADORA, S. A. (ver acuerdo de
adjudicación al folio 214 del expediente administrativo). 4) Que el
cartel de la licitación solicitó, entre otros, los siguientes


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requerimientos para el ítem apelado: “DESCRIPCION /Compra de tres
vehículos, cuatro puertas con las siguientes características
­Modelo año 98. ...­Motor de 4 cilindros. ...­Con motor mínimo de
1500 cc. /­Potencia mínima de 58 Kw. [...] –Dirección hidráulica
preferiblemente” (véase folio 98 del expediente administrativo). 5)
Que el cartel en sus CONDICIONES ESPECIFICAS señala, entre otros
aspectos, que: “5­GARANTÍA 15% [...] ADJUDICACIÓN /Al sumar los
porcentajes anteriores para cada línea, la oferta que obtenga el
mayor porcentaje será la adjudicataria” (véase folio 94 del
expediente administrativo). 6) Que en la oferta presentada por la
firma MOTORES DOS MIL, S. A., se lee, entre otros aspectos, lo
siguiente: “TIPO: AUTOMOVIL. ESTILO: SEDAN. CUATRO PUERTAS
MARCA: KIA. CAPACIDAD: Cinco personas. [...] CILINDRADA: 1.498 cc
1.5L. POTENCIA MAXIMA: 65 Kw ./5.000 r.p.m ...DIRECCION
Mecánica...” (véase folio 101 del expediente administrativo). 7)
Que en la oferta presentada por la firma AUTO ENSAMBLADORA, S. A
se indica, entre otros: “ITEM 4. /TRES VEHICULOS MARCA MAZDA,
cilindros en línea, DOHC 16 válvulas, 110HP a 6000 RPM, inyectado
/•Combustible gasolina. /•Motor con un cilindraje de 1600
centímetros cúbicos. [...] DIRECCION /•Hidráulica...” (véase folios
20 y 21 del expediente administrativo). 8) Que en Reunión Nº 6­98
del Comité de Adjudicaciones Fideicomiso 03­93 BANCOOP R. L
Sanidad Vegetal y mediante acta fechada 21 de octubre de 1998 y
suscrita por el Ingeniero Sergio Abarca, Director D.S.P.F
Licenciada Sonia Mesén, Jefe Laboratorio Plaguicidas; Ingeniera Ana
Cecilia Vega, Representante Oficial Mayor; y otros, documento
visible al folio 214 del expediente administrativo, se dijo, entre
otras cosas, que: “ITEM 4­ 3 automóviles, se recibieron 6 ofertas


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se evaluaron todas las ofertas quedando mejor calificada Motores
2.000 S.A.; sin embargo considera este comité que la oferta # 2 de
Autoensambladora (sic) supera técnicamente al vehículo ofrecido en
la oferta # 1 en modelo, cilindraje, potencia, dirección hidráulica
y obtiene el segundo lugar en puntaje con una diferencia mínima, de
igual forma la diferencia en tiempo de entrega y precio no son
significativas. Por lo tanto en aras del principio de eficiencia
debemos adquirir lo que ofrece mayor seguridad de calidad para
velar por los intereses de la Dirección”. 9) Que en el cuadro
comparativo de las ofertas presentadas al concurso de marras se
señala, entre otros aspectos, que la oferta Nº 1 correspondiente a
la firma Motores Dos Mil, S. A., cumple con los siguientes
requerimientos: “MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA /LICITACION
Hidráulica preferiblemente. Mecánica /POTENCIA: Mínima de 58 Kw
CUMPLE 65 KW /MOTOR: 4 cilindros. Motor mínimo de 1500 cc. CUMPLE
1500 CC [...] GARANTIA OFRECIDA: 36” [...] Aunque todas las ofertas
incumplen con una u otra característica técnica solicitada en el
cartel se someten por igual al sistema de evaluación con el fin de
cumplir con el principio de eficiencia y satisfacer la necesidad de
movilización de los funcionarios de la Dirección. Se obtuvieron los
siguientes resultados: Oferta # 1 MOTORES 2000 100% /Oferta #2 AUTO
ENSAMBLADORA 92% (véase folios 230 y 231 del expediente
administrativo). 10) Que la calificación en detalle para el ítem
apelado, obtenida tanto por la firma Motores Dos Mil, S. A. como
por la firma Auto Ensambladora S. A. en el sistema de valoración de
las ofertas, fueron las siguientes


“MOTORES 2000


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1. Precio 50%

2. Plazo de entrega 25%

3. Años de servicio 5%

4. Revisiones técnicas 5%

5. Garantía 5%

TOTAL 100%


Auto ensambladora

1) Precio

FP={ 1­[(10.500 –9.600) / 9.600] } X 50%

(900) / 9,600

{ 1­[ 0.09 ] } X 50%

0.91 . 50%

FP= 46% 46%

2)plazo de entrega

4 x 28%

9 11%

3) Años servicio 5%

4) Revisiones tecnicas (sic) 5%

5)Garantia (sic) 25%

TOTAL 92%”

(véase folio 227 del expediente

II.­ HECHOS NO PROBADOS: Para la resolución de este caso, no


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existen hechos de importancia que deban tenerse como
conocimiento de un recurso de apelación que guarda similitud con el
de marras por tratarse de sujetos privados administrando fondos
públicos, señaló en esa oportunidad, en relación con el alcance del
control que se aplica por parte de esta Contraloría General a esos
sujetos, lo siguiente
“En la Ley de Contratación Administrativa se materializa
el principio de legalidad constitucional establecido en
el artículo 11 de nuestra Carta Magna. Desde esa
perspectiva dicha ley constituye un conjunto de normas
que rigen la actuación de los entes públicos en una
determinada actividad; la celebración de contratos
públicos. Frente a esta circunstancia ocurre un fenómeno
particular y es cuando un sujeto de derecho privado,
regido por el principio de la autonomía de la voluntad –
artículo 28 de la Constitución Política, según el cual
las acciones de estos sujetos que no dañen la moral, ni
perjudiquen a terceros, ni lesionen el orden público,
están fuera de la acción de la ley­, dispone de fondos
públicos para realizar contratos, para lo cual el
legislador dicta pautas para orientar la tramitación de
esos contratos, sin someter esa actividad a
procedimientos formales. Cabe reiterar que el elemento
diferenciador, que a la vez impone algún grado de
restricción a esta libertad de actuar, viene a ser dado
por el hecho de estar manejando fondos públicos, en cuyo
destino final y correcto aprovechamiento, el Estado tiene
un interés particular en garantizarlo. Orientados bajo


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las dos anteriores premisas, nos encontramos con que en
la Ley de Contratación Administrativa se estableció, como
regla general, que los sujetos privados que manejan
fondos públicos deben someterse a esa Ley en materia de
principios pero no de procedimientos (artículo 1º,
párrafo 2º, Ley de Contratación Administrativa),
disposición que se constituye en el fundamento de nuestra
competencia legal para fiscalizar la actuación de sujetos
privados a los que no les aplica, por naturaleza propia,
el principio de legalidad. Por su parte el artículo 6 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, dispone lo siguiente: `ALCANCE DEL CONTROL
SOBRE FONDOS Y ACTIVIDADES PRIVADOS / En materia de su
competencia constitucional y legal, el control sobre los
fondos y actividades privados, a que se refiere esta Ley,
será de legalidad, contable y técnico y en especial
velará por el cumplimiento del destino legal, asignado al
beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones
/ La Contraloría General de la República podrá fiscalizar
el cumplimiento, por parte de los sujetos privados
beneficiarios, de reglas elementales de lógica, justicia
y conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o
errores manifiestos en el empleo de los beneficios
recibidos. / Dentro del marco y la observancia de estas
reglas elementales, tanto la Contraloría General de la
República como la entidad pública concedente del
beneficio respetarán la libertad de iniciativa del sujeto
privado beneficiario, en la elección y el empleo de los
medios y métodos para la consecución del fin asignado´
(el subrayado no es del original). Para asumir la
competencia que sustenta nuestra decisión de admitir el


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recurso de apelación que examinamos, es también de
especial importancia lo que dispuso la Sala
Constitucional en el Voto Nº 4013­92 de las 10:06 horas
del 18 de diciembre de 1992, que en lo que interesa
señaló: `...La Contraloría General de la República es la
encargada por excelencia de la vigilancia de la Hacienda
Pública (artículo constitucional 183), fiscalización que
se tornaría inocua de prosperar la idea de que pueden
adjudicarse contrataciones relativas a bienes públicos y
con fondos igualmente públicos sin posibilidad de apelar
el acto adjudicatorio. La apelación de las adjudicaciones
ante la Contraloría es una garantía de imparcialidad en
el proceso y la sustancia de una licitación de la que no
puede ilegítimamente privarse al administrado [...] pues
se están creando así dos categorías de oferentes en los
negocios licitados con fondos públicos: aquellos sujetos
al régimen general, quienes pueden apelar ante
Contraloría el acto adjudicatorio; aquellos que deben
atenerse a un régimen como el dictado para el caso en
examen, que deben contentarse con un `reclamo´ ante el
propio Ente (privado) adjudicante ...´ (la cursiva no es
del original) (véase Considerando III de la citada
resolución). Establecido lo anterior, y teniendo muy
claro que lo que vamos a analizar es únicamente alguna
violación a los principios generales que se consagran en
la Ley de Contratación Administrativa, debemos indicar
que dichos principios pueden ser analizados desde dos
enfoques diferentes. El primero de ellos, partiendo de su
contenido axiológico, es decir, buscar en dichos
principios el bien jurídico o valor que se tutela y hacia
el cual tiende la norma, procurando encontrar su propio


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punto de gravedad. El otro enfoque es más pragmático y ve
a los principios generales como la materia prima y
fundamento del procedimiento que se desarrolla a partir
de ella. Para el examen que haremos en este caso, nos
ubicaremos en el primero de los enfoques, porque es el
que nos permite darle una aplicación lógica a la norma,
sin perder de vista que de lo que se trata es de examinar
las actuaciones de un sujeto de derecho privado. Es
decir, el examen que haga este Órgano Contralor procurará
determinar si el ente privado se apegó a los valores
fundamentales que ha establecido el legislador,
entendiendo que una respuesta positiva significaría una
adecuada satisfacción del `fin asignado´a los fondos que
ese sujeto maneja. La aplicación del segundo enfoque se
descarta, porque es claro que los principios generales de
contratación administrativa son el sustento del
procedimiento de contratación. Así las cosas, es casi
imposible encontrar un acto que se separe de los
procedimientos, al que no podamos achacar, en mayor o
menor medida, una `violación´ de estos principios
fundamentales. Este enfoque del que estamos hablando, es
la herramienta usual y casi obligada cuando se revisan
los comunes actos de contratación que acuerdan los entes
de derecho público, y precisamente es esa la razón para
no aplicarlo en este caso concreto. Debemos entonces
destacar que la naturaleza jurídica del ente contratante,
le da un amplio y discrecional margen de actuación, sobre
el cual, el control que pueda ejercer esta Contraloría
General, como ya vimos, se limitará a determinar el apego
de los actos y actuaciones del sujeto privado
contratante, el valor que expresamente tutela cada


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principio enunciado: a saber, igualdad, eficiencia y
publicidad. Por lo expuesto, mal haría este Despacho si
en casos como el que ahora nos ocupa examinase los
argumentos de disconformidad con la misma regla o medida
que se aboca a examinar los cuestionamientos de actos
propios de los sujetos de derecho público, sobre los
cuales sí debemos ejercer un control de legalidad formal
y detallado. En este caso, dicho examen se limitará a
establecer la congruencia de los actos y actuaciones que
se han producido con motivo del trámite de este
procedimiento licitatorio, esto de frente a los valores
que sustentan los principios generales de contratación
administrativa, tomando en cuenta para ello, que el ente
contratante efectúa actividad eminentemente privada –
entendiéndose que dicho ente no dicta `actos
administrativos´­ pero `dirigida´por la ley hacia un fin
concreto con interés público de trasfondo” (Resolución Nº
277­97 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1997)
Tratándose la especie de una contratación en que un ente de derecho
privado, BANCOOP R. L., en administración de fondos públicos
(Fideicomiso de Nº 03­93 MAG­Sanidad Vegetal) pretende adquirir
bienes para dicha entidad, válido es todo lo que supra se
transcribió para el caso de

práctica seguida por este Despacho, procede examinar de seguido los
vicios alegados en contra de la oferta presentada por la firma
apelante, a fin de determinar si le asiste el debido interés
legítimo en el negocio que se conoce, que le permita resultar
readjudicataria de este concurso, en el evento de que se anule el
acto adjudicatorio. En este caso, la firma adjudicataria AUTO


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ENSAMBLADORA S. A., con sustento en una publicación de un periódico
de circulación nacional, alega que la firma MOTORES DOS MIL, S. A.,
carece de legitimación para apelar el acto de adjudicación del
presente concurso, debido a que “su oferta se encuentra viciada”
por cuanto la situación financiera del fabricante es “inestable”,
por lo que consideran que podría presentarse un incumplimiento de
obligaciones del oferente. Por su parte, la firma apelante
manifiesta que son afirmaciones sin fundamento, especulativas y mal
intencionadas. Señala que Auto Ensambladora S. A. es distribuidor
de la marca Asia, la cual es una subsidiaria de Kia
Adicionalmente, alude a que la crisis asiática no solo ha afectado
a Corea (país en que se fabrican los vehículos KIA), sino que
también a repercutido en otras zonas geográficas, entre las que se
encuentra una de las más afectadas, como es Japón (país en que se
fabrican los vehículos MAZDA). Para tales efectos, la recurrente
acompaña su escrito con una publicación de otro periódico de
circulación nacional, donde se señala la difícil situación
económica por la que atraviesa ese país asiático. Además,
manifiestan que durante el tiempo de crisis de la fábrica KIA
MOTORS CORP. siempre brindó servicio, y tanto los pedidos de
vehículos y repuestos fueron atendidos normalmente. Con respecto a
la venta de acciones a la firma HYUNDAI, señalan que la misma se
realizó a través de una licitación pública y que ahora el consorcio
es el más grande de Corea. Por tal razón, señalan que no existe
ninguna situación incierta que haga dudar la permanencia de la
marca Kia. Al respecto, este Despacho considera necesario destacar
que la adjudicataria se limita a calificar que la oferta de la
apelante se “encuentra viciada y perjudica el interés público...”,
sin brindar elementos adicionales; tan sólo aporta una publicación
del Periódico La República del 19 de noviembre de 1998, página 22
A, de la cual la firma adjudicataria únicamente resalta el


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siguiente texto: “...(unos $615 millones) de las deudas de la
empresa Kia Motors, absorbida el pasado mes, tras descubrir nuevas
deudas ocultas en una auditoría”. El texto destacado no permite
determinar —fehacientemete— la situación financiera de la firma
Kia, que no obstante se señala ha sido absorbida por la firma
Hyundai y para lo cual, según se desprende de la publicación de
cita, piden una condonación de ciertas deudas contraidas por la
firma Kia. Este Despacho no advierte que lo aludido por la
adjudicataria en ese sentido, sea fundamento suficiente para
estimar que la firma apelante carezca de interés legítimo, actual,
propio y directo en el presente recurso; amén de que dicho aspecto
no fue valorado en el cartel del concurso de marras. No se ha
logrado, con la prueba aportada, demostrar que la situación
financiera de la firma Kia es “peligrosa” y que se presuma por lo
tanto, un posible incumplimiento contractual por parte de la firma
Motores Dos Mil, S. A. al no poder brindar un servicio adecuado
Analizado así lo alegado contra la apelante y en vista de que se ha
determinado que en la especie no se ha producido incumplimiento
alguno, concluimos en que tal imputación en nada afecta el interés
legítimo de quien recurre, o sea, el alegato de la firma
adjudicataria en contra de la oferta recurrente no es de recibo, a
efecto de tener como inelegible esta propuesta. De esta manera,
ante una eventual anulación del acto adjudicatorio recurrido, esta
firma tiene posibilidades reales de resultar favorecida con una
readjudicación, por lo que le asiste el debido interés legítimo
V. SOBRE EL FONDO: Corresponde seguidamente analizar los
fundamentos del recurso interpuesto, con el propósito de determinar
si la adjudicación dictada en favor de la firma Auto Ensambladora
S. A., ha violentado alguno de los principios que rigen la
contratación administrativa. Alega la recurrente, que el Banco


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Fiduciario Licitante no respetó la metodología de evaluación de las
ofertas, ya que, según ésta, su oferta obtuvo el mayor puntaje
(100%), mientras que la oferta presentada por la firma
adjudicataria obtuvo un 92% (véanse Hechos Probados 9 y 10). Por su
parte, el Banco Fiduciario en referencia a lo alegado por la
recurrente, manifestó que en función del principio de eficiencia
contemplado en el artículo 4 de la Ley de Contratación
Administrativa, el comité de adjudicación tomó la decisión de
adjudicar el negocio a la firma Auto Ensambladora S. A., por cuanto
esa oferta supera técnicamente la oferta presentada por Motores Dos
Mil S. A., específicamente en cuanto a modelo, cilindraje, potencia
y dirección hidráulica (véase Hecho Probado 8). En igual sentido se
orienta la defensa de la firma adjudicataria, en su escrito de
contestación a la audiencia concedida. En relación con este
aspecto, y visto que en el presente recurso sólo se estudiarán las
posibles violaciones a los principios generales que rigen la
materia de contratación administrativa, este Despacho estima que el
banco fiduciario confunde o interpreta erróneamente el espíritu
contenido en el artículo 4 supra citado, cuando señalan en su
escrito de respuesta a la audiencia concedida, que el principio de
eficiencia lo consideran el “valuarte de la decisión final”,
aludiendo a que es lo que mejor conviene al interés general. Sobre
el particular, debemos señalar que todo principio de contratación
debe ser observado durante la tramitación de un concurso público,
sin excepción alguna, de donde resulta improcedente que bajo el
supuesto respeto de uno de esos principios, se violenten otros de
igual rango o envergadura. Antes bien, el cumplimiento u
observancia de los principios en mención debe darse de forma
armónica, garantizándose la entidad licitante, que por su medio, la
firma que resulte adjudicataria, sea la que mejor satisfaga el
interés público. En el caso particular, al considerar el banco


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fiduciario que se estaba haciendo una correcta aplicación del
principio de eficiencia, se vieron violentados otros principios que
de igual forma son también importantes bastiones de la contratación
administrativa. En efecto, principios como el de transparencia de
los procedimientos y el de seguridad jurídica fueron obviados por
el licitante al adjudicar el negocio a una oferta que obtuvo menor
puntaje que otra mejor calificada, alegando justificaciones que se
apartan de las reglas previamente establecidas por el cartel de la
licitación, el cual es el reglamento específico del concurso donde
se enmarcan los requerimientos pertinentes del bien a adquirir, así
como la evaluación de éstos, para determinar cuál oferta se impone
como la mejor alternativa de todas las posibles que se presenten a
concurso. A mayor abundamiento, la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, mediante Resolución Nº 998­98 de las 11:30
horas del 16 de febrero de 1998 ha señalado, en relación con los
principios aludidos, lo siguiente: “4.­ de legalidad o
transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de
selección del contratista deben estar definidos a priori en forma
precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda
obviar las reglas predeterminadas en la norma jurídica que
determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al
efecto en la Constitución Política; 5.­ de seguridad jurídica, que
es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los
procedimientos de la contratación administrativa a las reglas
contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y
garantía a los oferentes de su participación”. Este Despacho
concluye que en el caso de marras, se inobservaron los principios
de mérito, haciendo caso omiso a los requerimientos cartelarios
(Hecho Probado 4) y aún más grave, no haber considerado lo que
claramente se indicó en el cartel, en el sentido de que la oferta
que tuviera el mayor puntaje sería la adjudicataria (Hecho Probado


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5), regla que previamente había sido señalada como norma específica
de la contratación. A mayor abundamiento, procede hacer notar que
todo sistema de valoración de ofertas, bien estructurado, debe
tender a seleccionar la oferta que mejor satisfaga el interés
general. En tal caso, la plica que obtenga mayor puntaje, es la
que debe ser seleccionada. En la situación que aquí se conoce,
ninguna de las partes ha desvirtuado que el sistema de valoración
sea correcto; en consecuencia, y partiendo de dicho supuesto, se
concluiría que la oferta de la apelante, que por demás está decir
obtuvo el 100% de calificación, fue dejada de lado por el ente
licitante, lo que conlleva indefectiblemente, que no fue adjudicada
la oferta que conforme a las reglas del cartel es la que mejor
satisface el interés general, con una evidente violación al
principio de eficiencia, consagrado en el artículo 4 de la Ley de
Contratación Administrativa. Se impone señalar aquí, que en la
calificación referente al Item apelado, hemos detectado un evidente
error en lo que el plazo de garantía se refiere, si tanto la firma
apelante como la adjudicataria ofrecieron una garantía de 36 meses,
es lo correcto que cada oferente recibiera en su calificación un
porcentaje de 15%; sin embargo, en la valoración realizada a la
oferta de la adjudicataria (Hecho Probado 10), se aprecia que en
dicho rubro se le asignó un 25%, lo cual es imposible por cuanto la
garantía sería calificada con un máximo de 15%. Por lo tanto,
realizando la operación matemática de sumatoria sobre los
porcentajes obtenidos en cada rubro, teniendo que el puntaje
obtenido en la garantía es de 15%, el resultado para la
adjudicataria sería de un 82% y no un 92% como erróneamente se
estipuló. Lo anterior agrava aún más la indebida adjudicación
recaída en favor de la firma que resultó adjudicataria, lo que
conlleva de igual manera a la nulidad del acto adjudicatorio.­­­­


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De conformidad con lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 1,
5, 6, 7, 3, 33, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República Nº 7428 de 7 de setiembre de
1994; 1º y 4º de la Ley de la Contratación Administrativa; Voto
998­98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998 de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, SE RESUELVE: 1)
DECLARAR CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la
firma MOTORES DOS MIL, S. A. en contra del acto de adjudicación de
la LICITACION PUBLICA Nº 01­98, promovida por el BANCO COOPERATIVO
COSTARRICENSE R. L. (BANCOOP), como fiduciario del Fideicomiso Nº
03­93 SANIDAD VEGETAL/BANCOOP R. L., para la adquisición de
vehículos (línea 4), recaído aquél en favor de la empresa AUTO
ENSAMBLADORA, S. A., acto el cual se anula. 2) PREVENIR al Banco
Cooperativo a dictar un nuevo acto de adjudicación en estricta
observancia de los principios que rigen la materia de contratación
administrativa.”vii


FUENTES CITADAS


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7494, Ley de Contratación Administrativa. (pp. 09) Trabajo de grado,
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa
Rica. (Localizada en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica. Signatura Tesis 3463)
Ley General de la Contratación Administrativa (1995).Ley 7494. Poder
Legislativo de Costa Rica. (artículo 5)
Reglamento General de la Contratación Administrativa (1996). Decreto
N° 25038­H. Poder Ejecutivo de Costa Rica. (artículo 5)
7494, Ley de Contratación Administrativa. (pp. 15) Trabajo de grado,
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa
Rica. (Localizada en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica. Signatura Tesis 3463)
7494, Ley de Contratación Administrativa. (pp. 15) Trabajo de grado,
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa
Rica. (Localizada en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica. Signatura Tesis 3463)
7494, Ley de Contratación Administrativa. (pp. 18) Trabajo de grado,
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa
Rica. (Localizada en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica. Signatura Tesis 3463)
7494, Ley de Contratación Administrativa. (pp. 20) Trabajo de grado,
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa
Rica. (Localizada en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica. Signatura Tesis 3463)
Ley General de la Contratación Administrativa (1995).Ley 7494. Poder
Legislativo de Costa Rica. (artículo 4)
Reglamento General de la Contratación Administrativa (1996). Decreto
N° 25038­H. Poder Ejecutivo de Costa Rica. (artículo 56)
2002­03816 de las catorce horas con cincuenta y tres minutos del
veinticuatro de abril del dos mil dos

06330 de las veinte horas con cuarenta y un minutos del cinco de julio
del dos mil uno
0998­98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de
mil novecientos noventa y ocho
Ley de Contratación Administrativa. Ley N° 7494 de 2 de mayo de 1995
Reglamento General de Contratación Administrativa. Decreto N° 25038
de 6 de marzo de 1996
SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo
Circuito Judicial. Goicoechea Resolución N° 302­2000 de diez horas del
treinta y uno de octubre del año dos mil
Contraloría General de la República. R.S.L. N° 22­99 de las nueve
horas con treinta minutos del día veintiuno de enero de mil
novecientos noventa y nueve