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ÍNDICE


a. Sobre la prescripción en general
b. Sobre la prescripción de intereses: la tesis
tradicional, la tesis radical y la tesis intermedia
c. Desistimiento firmado por el deudor interrumpe la
prescripción para otro proceso
d. La confesión dentro del proceso cobratorio interrumpe la
prescripción de los intereses


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DESARROLLO


a) Sobre la prescripción en general


“IV.- La prescripción extintiva, también denominada negativa o
liberatoria, es una institución creada para tutelar el orden
social y la seguridad en las relaciones jurídicas. El ejercicio
oportuno de las acciones y los derechos, podría decirse, está
asistido de un interés social. La postergación indefinida en tal
sentido acarrea duda y zozobra en los individuos y amenaza la
estabilidad patrimonial. El instituto de mérito propende,
precisamente, a eliminar las situaciones de incerteza, producidas
por el transcurso del tiempo, en las relaciones jurídicas. Para su
aplicación se requieren tres elementos: el transcurso del tiempo
previsto por la ley, la falta de ejercicio por parte del titular
del derecho y la voluntad del favorecido por la prescripción de
hacerla valer, ya sea a través de una acción o de una excepción,
pues no puede ser declarada de oficio por el juez y es posible su
renuncia tácita o expresa, siempre y cuando no sea anticipada
Además, debe atenderse a la naturaleza del derecho en cuestión,
pues existen situaciones jurídicas, de particular relevancia para
el ordenamiento jurídico, que son imprescriptibles. En cuanto a su
fundamento, se le consideró, en un principio, una sanción o pena
contra el titular de un derecho quien, por negligencia, crea una
situación de inseguridad censurable en razón de la cual el
legislador veda, salvo renuncia del interesado, la posibilidad de
su ejercicio tardío. Se ha dicho dentro de la doctrina, que la
prescripción encuentra su razón de ser en una presunta renuncia
tácita del derecho por parte de su titular, quien a través de su
inactividad, trasunta su intención de no reclamar lo que le
corresponde. A tal posición se le ha objetado, con acierto, que la
prescripción no puede considerarse ni como una pena por un actuar
negligente, ni como una renuncia tácita, pues si eso fuera cierto,
debería permitirse al perjudicado con ella demostrar la
inexistencia de culpa castigable o de la presunta intención de
abandono. Dicha crítica concuerda con nuestra legislación
mercantil, pues contra la prescripción extintiva no se permite
"... más excepción que la de suspensión cuando ésta legalmente se


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haya operado, y el mal cómputo en los términos" (Artículo 985 del
Código de Comercio). Ergo, cualquier argumentación tendente a
demostrar que no ha existido negligencia o voluntad de renuncia se
encontraría al margen del citado precepto. La posición dominante,
en la actualidad, atribuye el fundamento de la prescripción a la
necesidad de crear un estado de seguridad jurídica ante una
situación objetiva de incertidumbre, producida por el no ejercicio
oportuno del derecho. Puede afirmarse, por ende, que el valor
tutelado por el derecho en estos casos es la seguridad jurídica,
por lo cual se pretende evitar el ejercicio sorpresivo de un
derecho. Así, serían varias las situaciones tuteladas en estos
casos; por ejemplo, cuando eventualmente la obligación reclamada
hubiere sido oportunamente honrada, pero, a raíz del tiempo
transcurrido, no se cuente ya con los documentos o las pruebas
requeridas para poder demostrar la extinción de la obligación; o
cuando la deuda a cobrar haya sido ya olvidada por el deudor en
virtud del transcurso prolongado del tiempo y la inercia del
acreedor. En todo caso, la prescripción emerge como un medio para
crear seguridad, lo cual propende al orden y a la tranquilidad
social. Empero, no resulta difícil imaginar situaciones en las
cuales la prescripción pueda servir, en cierto modo, para tutelar
injusticias e impedir el ejercicio de derechos los cuales
verdaderamente existieron. Al respecto, es de señalar, que el
derecho, como vehículo para la realización de la justicia, precisa
actuar, necesariamente, dentro de un marco de certeza y seguridad
De no ser así, el fin último enunciado, se vería frustrado, en su
dimensión práctica o funcional. La justicia no puede operar en
medio de situaciones de incertidumbre e inestabilidad. Es por ello
que la seguridad se yergue, inevitablemente, junto con la
justicia, como valor esencial del derecho. Ninguno de los dos,
como fin de éste, es absoluto en el quehacer jurídico. En algún
momento, uno de ellos, en aras de la supervivencia del otro, tiene
que ceder. Eso ocurre en el caso de la prescripción cuando, en
favor de la seguridad, cede la justicia. De no ser así, ésta, como
fin esencial del derecho, peligraría, al entronizarse la
incertidumbre y el desorden en el medio social, factores que la
tornan inalcanzable. Tal fenómeno significa no ignorar la
justicia, sino fijar un plazo por parte del legislador, dentro del
cual la tutela de ella halla cabida; pero, una vez transcurrido
éste, y en obsequio a la seguridad, cede ante la necesidad de
evitar litigios y controversias suscitados a destiempo, y por ende
de difícil solución, cuya posible incidencia mantendría una
enervante sensación de incertidumbre en las relaciones humanas
V.- El ordenamiento jurídico establece, con el fin de soslayar la
rigidez del sistema, la posibilidad de evitar la prescripción


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cuando la situación objetiva de hesitación cesa, por alguno de los
motivos expresamente previstos por la ley. Es el caso de la
interrupción del instituto dicho. Al faltar el fundamento de éste
-porque se cumple con un acto en el cual se ejerce el derecho, o
bien, si se da un reconocimiento de parte del sujeto obligado-, el
término de prescripción comienza a correr de nuevo, sin que se
pueda volver a computar el que anteriormente había transcurrido
El acto interruptivo viene a confirmar, por ende, que el
fundamento de la prescripción radica en la necesidad de eliminar
una situación objetiva de incerteza, la cual, si desaparece, priva
de justificación una posible extinción del derecho reclamado.”

b) Sobre la prescripción de intereses: la tesis tradicional,
la tesis radical y la tesis intermedia


“IV.- Esta Sala ha resuelto el motivo alegado anteriormente. La
sentencia N 76 de las 15 horas del 12 de julio de 1995, expresó lo
siguiente: "El artículo 984, inciso b), del Código de Comercio
dispone que el plazo de prescripción para el cobro de intereses es
de un año. Lo anterior es así, salvo que concurra alguna de las
excepciones que norma la ley como causas de suspensión o
interrupción de la prescripción, conforme los artículos 976 y
siguientes ibídem, que son de aplicación al caso concreto, por
cuanto rige el principio de que lo que interrumpe o suspende el
principal interrumpe también lo accesorio. La interrupción de la
prescripción anula para todos los efectos el tiempo transcurrido,
pero una vez producido el acto interruptivo, se empieza a computar
un nuevo plazo completo de prescripción. El artículo 977 citado,
establece como causas de interrupción de la prescripción, la
demanda o cualquier otro género de interpelación judicial
notificada al deudor, el requerimiento judicial o notarial o en
otra forma escrita, el reconocimiento tácito o expreso hecho por
el deudor y el pago de intereses debidamente comprobado. Para que
opere la interrupción basta con que se dé cualquiera de estos
supuestos, que son taxativos y como tales excluyentes de cualquier
otro que no esté contemplado por la ley. Desde luego, la demanda
también debe estar notificada al deudor, conforme lo establece el
artículo 296, inciso a), del Código Procesal Civil. Durante el
transcurso normal del proceso, no opera la prescripción de los
intereses, pues como se explicó, con la interposición de la
demanda, debidamente notificada, se interrumpe la prescripción de
la obligación principal y sus accesorios, ya que la Sala no
comparte el criterio establecido por la jurisprudencia de los


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Tribunales de Instancia. La prescripción extintiva tiene como
fundamento la tutela del orden social y la seguridad en las
relaciones jurídicas. La postergación indefinida del ejercicio de
las acciones y derechos por parte de su titular, ocasiona duda y
zozobra en los individuos y atenta contra la estabilidad
patrimonial, por lo que este instituto jurídico pretende eliminar
las situaciones de incerteza, producidas por el transcurso del
tiempo en las relaciones jurídicas. Para su aplicación se
requieren tres elementos: el transcurso del tiempo previsto por la
ley, la falta de ejercicio por parte del titular del derecho y la
voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya
sea a través de una acción o de una excepción, pues no puede ser
declarada de oficio por el juez y es posible su renuncia tácita o
expresa, siempre y cuando no sea anticipada. Debe atenderse además
a la naturaleza del derecho en cuestión, pues existen situaciones
jurídicas de particular relevancia que son imprescriptibles. El
ordenamiento jurídico establece la posibilidad de evitar la
prescripción por alguno de los motivos expresamente previstos por
la ley. Es el caso de la interrupción del instituto dicho. Al
faltar el fundamento de éste -porque se cumple con un acto en el
cual se ejerce el derecho, o bien, si se da un reconocimiento de
parte del sujeto obligado-, el término de prescripción comienza a
correr de nuevo, sin que se pueda volver a computar el que
anteriormente había transcurrido. El acto interruptivo viene a
confirmar el fundamento de la prescripción, que como se explicó,
radica en la necesidad de eliminar una situación objetiva de
incerteza, la cual, si desaparece, priva de justificación una
posible extinción del derecho reclamado (Sentencia No. 120 de las
15,00 hrs. del 29 de julio de 1992). La demanda del acreedor es
una actividad de su parte, una manifestación expresa de su
voluntad, que constituye una interrupción de la prescripción, que
afecta tanto al principal como a los intereses, pues implica un
accionar de parte del acreedor, tendiente al cobro de la
obligación en su totalidad y como tal debe reconocerse, salvo
manifestación expresa en contrario"
V.- En el subjúdice, el actor presentó la demanda el día 21 de
marzo de 1991, para el cobro del principal, más los intereses
devengados. Se notificó al deudor el 17 de setiembre de 1991. Con
ese acto se interrumpió el plazo de prescripción y se mantuvo el
proceso activo hasta la interposición del recurso de casación
ahora resuelto. Cada una de las actuaciones judiciales dentro del
proceso son capaces de mantenerlo activo. Entre los actos más
destacados están los siguientes: remate del 12 de mayo de 1992,
pagos parciales del 28 de noviembre de 1994 y 1 de diciembre de
1995. Todos estos vienen a confirmar la pretensión cobratoria del


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actor y por ello la prescripción estaba interrumpida desde la
presentación de la demanda.”2

IV.- El artículo 977 citado, establece como causas de interrupción
de la prescripción, la demanda o cualquier otro género de
interpelación judicial notificada al deudor, el requerimiento
judicial o notarial o en otra forma escrita, el reconocimiento
tácito o expreso hecho por el deudor y el pago de intereses
debidamente comprobado.- Para que opere la interrupción basta con
que se dé cualquiera de estos supuestos, que son taxativos y como
tales excluyentes de cualquier otro que no esté contemplado por la
ley.- Desde luego, la demanda también debe estar notificada al
deudor, conforme lo establece el artículo 296, inciso a), del
Código Procesal Civil.- En el subjúdice, el actor presentó la
demanda el día 10 de abril de 1989, para el cobro del principal,
más los intereses devengados a partir del 3 de noviembre de 1988
con ese acto y su notificación interrumpió el plazo de
prescripción y mantuvo el proceso activo hasta la interposición
del recurso de casación que ahora se resuelve.- La lista de
"hechos interruptores de la prescripción" que enuncia el Tribunal
Superior, no son más que actuaciones propias de las partes durante
el trámite normal que conlleva una demanda ejecutiva, en la que
omitió mencionar la gestión del Banco actor, de fecha 27 de marzo
de 1992, para fijar nueva hora y fecha para el remate y el pago
parcial realizado por el demandado el 1 de febrero de 1993,
mediante un depósito de ¢5.078.250,00, gestiones visibles a los
folios 179 y 182 del expediente, respectivamente.- Durante el
transcurso normal del proceso, no opera la prescripción de los
intereses, pues como se explicó, con la interposición de la
demanda, debidamente notificada, se interrumpe la prescripción de
la obligación principal y sus accesorios, ya que la Sala no
comparte el criterio establecido por la jurisprudencia de los
Tribunales de Instancia.- La prescripción extintiva tiene como
fundamento la tutela del orden social y la seguridad en las
relaciones jurídicas.- La postergación indefinida del ejercicio de
las acciones y derechos por parte de su titular, ocasiona duda y
zozobra en los individuos y atenta contra la estabilidad
patrimonial, por lo que este instituto jurídico pretende eliminar
las situaciones de incerteza, producidas por el transcurso del
tiempo en las relaciones jurídicas.- Para su aplicación se
requieren tres elementos: el transcurso del tiempo previsto por la
ley, la falta de ejercicio por parte del titular del derecho y la
voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya
sea a través de una acción o de una excepción, pues no puede ser
declarada de oficio por el juez y es posible su renuncia tácita o


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expresa, siempre y cuando no sea anticipada.- Debe atenderse
además a la naturaleza del derecho en cuestión, pues existen
situaciones jurídicas de particular relevancia que son
imprescriptibles.- El ordenamiento jurídico establece la
posibilidad de evitar la prescripción por alguno de los motivos
expresamente previstos por la ley.- Es el caso de la interrupción
del instituto dicho.- Al faltar el fundamento de éste -porque se
cumple con un acto en el cual se ejerce el derecho, o bien, si se
da un reconocimiento de parte del sujeto obligado-, el término de
prescripción comienza a correr de nuevo, sin que se pueda volver a
computar el que anteriormente había transcurrido.- El acto
interruptivo viene a confirmar el fundamento de la prescripción,
que como se explicó, radica en la necesidad de eliminar una
situación objetiva de incerteza, la cual, si desaparece, priva de
justificación una posible extinción del derecho reclamado (
Sentencia No. 120 de las 15,00 hrs. del 29 de julio de 1992).- La
demanda del acreedor es una actividad de su parte, una
manifestación expresa de su voluntad, que constituye una
interrupción de la prescripción, que afecta tanto al principal
como a los intereses, pues implica un accionar de parte del
acreedor, tendiente al cobro de la obligación en su totalidad y
como tal debe reconocerse, salvo manifestación expresa en
contrario.3

“III.- El casacionista protesta la infracción de los ordinales
876 y 878 del Código Civil, así como de los artículos 977, incisos
a), c), d) y 981 del Código de Comercio. El punto medular radica
en establecer claramente si los intereses no liquidados en el
escrito de demanda están o no prescritos. En punto al tema
relativo a la prescripción de intereses dentro de un proceso, es
posible distinguir en los precedentes tres posiciones: una, que
podríamos denominar tradicional, afirma la obligación del acreedor
de reclamar y liquidar réditos, anualmente, como único medio de
evitar la extinción del derecho. Esta posición no es convincente
en tanto no explica por qué para mantener una parte de la
pretensión, es decir la que concierne a los réditos, debe el actor
hacer un ruego específico más allá del general conducente a la
simple activación del proceso. Supone una tesis de poca
consistencia lógica, según la cual la gestión dirigida a instar la
prosecución del juicio, si no va aparejada de un reclamo
específico de intereses, se entiende exclusivamente referida al
principal. O sea presume arbitrariamente en perjuicio del
demandante que su voluntad al activar el juicio, por ejemplo
solicitando el remate o el dictado de la sentencia, se constriñe


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al cobro del capital y como correlato implicativa de un abandono
tácito de la pretensión de intereses. Tiene, además, el
inconveniente, en la práctica, de saturar el proceso con
reiteradas liquidaciones, audiencias y pronunciamientos
interlocutorios que lo complican y contribuyen mucho a su
dilación. La segunda posición, radicalmente opuesta a la anterior,
se expone en la sentencia de esta Sala Nº 19 de las 15,20 hrs del
8 de febrero de 1995. En ella, sintetizando la argumentación, se
sostiene que la notificación de la demanda interrumpe la
prescripción de todo ruego que en la misma se hubiere hecho, con
efectos permanentes durante la vida del proceso, sin importar si
hay o no gestiones proclives a la activación de éste. Obviamente
excluye toda posibilidad de que haya prescripción de intereses, y
con mayor razón del principal, mientras el proceso no fenezca. Lo
allí expuesto no constituye, sin embargo, la jurisprudencia de más
arraigo en esta Sala, aparte de que ni siquiera en ese fallo la
segunda tesis se prohija con toda puridad, pues en la misma
sentencia se da un atisbo de una posición menos radical al señalar
la imposibilidad de la prescripción mientras el proceso esté en
movimiento y al explicar que esto se manifiesta con cada acto
procesal destinado a instar su curso, que palmariamente es algo
diferente a simple existencia de un proceso. Precisamente la
tercera posición que hoy la mayoría de este tribunal comparte es
muy similar en tal respecto. La Sala, en orden a sustentar esta
última posición, parte de la naturaleza misma del instituto de la
prescripción. Este, como se sabe, está concebido para tutelar el
orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas,
permitiendo la eliminación de situaciones de incerteza producidas
por el paso del tiempo. Supone la concurrencia de tres elementos
el transcurso del tiempo, la falta de ejercicio de parte del
titular del derecho y la voluntad del favorecido por la
prescripción de hacerla valer. Es manifiesto, al repasar la
primera de las posiciones, que en ella se extrema más allá de toda
lógica el cumplimiento del elemento ejercicio. Se obliga a una
petición especial y formal sólo para librar de la extinción a los
réditos, sin que se aplique la misma regla para el principal. En
la segunda, por el contrario, se prohija una presunción de
actividad inferida del solo hecho de haberse incoado una demanda,
sin importar la inercia posterior a ella. En la posición
imperante, que podría denominarse intermedia, la Sala toma en
cuenta la actividad real del reclamante del derecho y no la
presunta. Admite que la demanda interrumpe la prescripción, pero
no con carácter permanente, como también interrumpe toda gestión
que haga el actor proclive a lograr la prosecución efectiva del
juicio. Estima al respecto que dentro del proceso la inercia del


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demandante puede también crear situaciones de inseguridad e
incerteza que no hay razón para que no puedan eliminarse mediante
la prescripción. De consiguiente, puede resumirse la opinión
mayoritaria de esta Sala, así: a) La demanda notificada interrumpe
la prescripción respecto de los reclamos que en forma general o
específica se hagan en ella; b) En un proceso, ante la inercia del
accionante, pueden prescribir tanto capital como intereses, si la
inactividad supera los respectivos plazos legales; c) Cualquier
gestión realizada a tiempo por el actor dentro del proceso que
tienda a la efectiva prosecución de éste, interrumpe los plazos de
prescripción de intereses o de capital, según corresponda; d) No
es necesario un ruego específico de intereses en un juicio, ni
mucho menos una liquidación, para evitar que prescriban, si del
contenido de la demanda se puede inferir la voluntad del
demandante de reclamar los réditos que se generen en su decurso
Tales son, sintéticamente, los conceptos que se acogen para
dirimir la presente contienda.”4

c) Desistimiento firmado por el deudor interrumpe la
prescripción para otro proceso
“III.- El artículo 795 del Código de Comercio establece que "
Las acciones que nacen de la letra de cambio prescriben a los
cuatro años a contar de la fecha de vencimiento"; salvo que
concurra alguna de las excepciones que norma la ley como causas de
suspensión o interrupción de la prescripción. Esta última está
contemplada en el artículo 977 ibídem, que establece como causas
de interrupción de la prescripción, la demanda o cualquier otro
género de interpelación judicial notificada al deudor, el
requerimiento judicial o notarial o en otra forma escrita, el
reconocimiento tácito o expreso hecho por el deudor y el pago de
intereses legalmente comprobado. Para que opere la interrupción
basta con que se dé cualquiera de estos supuestos, que son
taxativos y como tales excluyentes de cualquier otro que no esté
contemplado por la ley. Desde luego, la demanda también debe estar
notificada al deudor, conforme lo establece el artículo 296,
inciso a), del Código Procesal Civil, para que se despleguen todos
los efectos del emplazamiento y, entre ellos, la interrupción de
la prescripción
IV.- La excepción de prescripción interpuesta por los demandados
fue rechazada en primera y segunda instancia, por cuanto consta en
autos que con fecha 20 de setiembre de 1988, el acreedor interpuso
juicio ejecutivo por las mismas letras, que se dio por terminado
con la presentación del escrito de fecha 13 de diciembre de ese


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mismo año, suscrito por todas las partes interesadas, manifestando
haber acordado una prórroga a la empresa demandada (folio 42). El
artículo 977 citado, señala en el inciso c), que la prescripción
podrá ser interrumpida "... Por el reconocimiento tácito o expreso
en derecho de la persona contra quien se prescribe, hecho por
aquél a cuyo favor corre la prescripción ...". Significa que la
interrupción puede ser obra del deudor, cuando reconoce la
existencia de la obligación por una manifestación de voluntad
expresa o tácita, por ejemplo como ocurrió en el primer proceso
con base en las mismas letras, en que las partes desistieron de
común acuerdo, por haber llegado a un arreglo y establecido una
prórroga. Así cabe entenderlo fácilmente del contenido del escrito
respectivo, por lo que no ha habido valoración errónea de la
prueba por parte de los juzgadores de instancia, pues el documento
en cuestión constituye una manifestación expresa de las partes,
tanto acreedora como deudora, de la prórroga pactada y como tal,
un reconocimiento expreso de la deuda que dio por terminado el
proceso, según consta en la resolución del Juzgado Segundo Civil,
de las 9:40 horas del 23 de diciembre de 1988 (folio 44). Consta
en ese escrito, que las partes firmantes lo hacían en su calidad
de acreedores y fiadores de la deuda, por cuanto indican que son
conocidos en autos, y como tales suscriben el documento. También
es claro que la prórroga pactada se refiere a la deuda objeto de
ese proceso, que es la misma que ahora interesa. No es necesario
que se manifieste expresamente la voluntad de las partes de
interrumpir la prescripción, pues esta resulta del reconocimiento
de deuda realizado, que como se dijo es una de las causas de
interrupción de la prescripción. De acuerdo con el artículo 2 del
Código de Comercio, es aplicable el artículo 878 del Código Civil,
que dispone que "... El efecto de la interrupción es inutilizar
para la prescripción todo el tiempo corrido anteriormente", por lo
que procede un nuevo cómputo del tiempo, específicamente en este
caso de cuatro años, a partir de la fecha de que se dio la
interrupción. Ese plazo no se había cumplido cuando se notificó
esta demanda, por lo que no se operó la prescripción. Cabe
advertir que en cuanto al capital, la prescripción quedó denegada
en firme interlocutoriamente, como excepción previa, por lo que en
la sentencia final no había por que pronunciarse al respecto.”5

d) La confesión dentro del proceso cobratorio interrumpe la
prescripción de los intereses


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“VII.- El artículo 984, inciso b), del Código de Comercio
dispone que el plazo de prescripción para el cobro de intereses es
de un año. Lo anterior es así, salvo que concurra alguna de las
excepciones que norma la ley como causas de suspensión o
interrupción de la prescripción, conforme los artículos 976 y
siguientes ibídem, que son de aplicación al caso concreto, por
cuanto rige el principio de que lo que interrumpe o suspende el
principal interrumpe también lo accesorio. La interrupción de la
prescripción anula para todos los efectos el tiempo transcurrido,
pero una vez producido el acto interruptivo, se empieza a computar
un nuevo plazo completo de prescripción
VIII.- El artículo 977 citado, establece como causas de
interrupción de la prescripción, la demanda o cualquier otro
género de interpelación judicial notificada al deudor, el
requerimiento judicial o notarial o en otra forma escrita, el
reconocimiento tácito o expreso hecho por el deudor y el pago de
intereses debidamente comprobado. Para que opere la interrupción
basta con que se dé cualquiera de estos supuestos, que son
taxativos y como tales excluyentes de cualquier otro que no esté
contemplado por la ley. Desde luego, la demanda también debe estar
notificada al deudor, conforme lo establece el artículo 296,
inciso a), del Código Procesal Civil, según ya se explicó. En el
subjúdice, afirma el recurrente que la confesión del demandado,
implica un reconocimiento de los intereses adeudados que
interrumpe la prescripción. En el acta en que consta esta prueba,
visible al folio 75 del expediente, a la pregunta sétima, el
demandado responde "No es cierta la pregunta, yo casi no he visto
al actor. Yo creo que le debo un saldo que consta en el expediente
y creo que debo estar como por un año de intereses que le debo. El
año puede ser de junio a julio del año pasado a la fecha actual,
sea que es más de un año. Los intereses anteriores se los hice al
contado y debo habérselos dado al actor". En las respuestas
siguientes, afirma el deudor, contradictoriamente, haber pagado
parcialmente los intereses reclamados. Como se ve, no basta lo
dicho en la confesión, para tener por cierto un reconocimiento
tácito de los intereses prescritos por parte del deudor, en los
términos que dispone el artículo 977 ibídem. Las preguntas de la
prueba confesional indagan al señor Ortega acerca de su actividad
empresarial y la forma en que acostumbra a honrar sus deudas, pero
no existe ninguna manifestación expresa y clara en la que
reconozca los intereses que fueron declarados prescritos. Incluso
el actor en su escrito de apelación al Tribunal Superior, visible
al folio 133, califica las declaraciones del demandado como
"confusas y contradictorias". No existe entonces una manifestación
idónea del deudor, que implique un reconocimiento de los intereses


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reclamados, que inclusive en su confesión dice haber cancelados
parcialmente, sin que tampoco esta afirmación haya sido demostrada
en el proceso con los medios legales oportunos. Los Jueces de
instancia, en uso de la facultad que otorga el artículo 330 del
Código Procesal Civil, deben apreciar la prueba confesional
conforme la sana crítica, es decir con arreglo a las reglas del
correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia. Esta
valoración debe efectuarse cuidadosamente, como se hizo en el
presente asunto, en que los efectos de la confesión del demandado,
si hubiese habido un reconocimiento, no se limitarían a la
fijación de un hecho generador de consecuencias jurídicas, sino
que se extenderían a la producción de consecuencias jurídicas
autónomas derivadas de la propia declaración. Proceder de otra
manera sería dividir ilegalmente la confesión en perjuicio del
confesante.”6


FUENTES CONSULTADAS


de las quince horas del veintinueve de julio de mil novecientos
noventa y dos
de las quince horas cinco minutos del veintisiete de junio de
mil novecientos noventa y siete
las quince horas del doce de julio de mil novecientos noventa y
cinco
las quince horas del veintisiete de junio de mil novecientos
noventa y siete
las catorce horas cuarenta minutos del diez de junio de mil
novecientos noventa y cuatro
las quince horas quince minutos del veinticuatro de agosto de
mil novecientos noventa y cuatro


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