Informe de Investigación

Título: JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA INERCIA ADMINISTRATIVA

Rama del Derecho: Descriptor
Derecho Administrativo Acto Administrativo
Tipo de investigación: Palabras clave
Simple Inercia Administrativa, Daño Moral
Fuentes: Fecha de elaboración
Jurisprudencia 02/2010


Índice de contenido de la Investigación
b)Análisis de la inercia administrativa y el daño moral según la competencia


Resumen

En el presente documento se recopilan las sentencias disponibles acerca del tema de la Inercia
Administrativa, las mismas fueron recopiladas según la base de datos del SCIJ del Poder Judicial


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2 Jurisprudencia

a)Resolución Constitucional relacionada a la inercia administrativa


Resolución: 01963-99
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas
con treinta y tres minutos del dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.-


Recurso de amparo interpuesto por Alejo Aguilar Barzuna, portador de la cédula de identidad
número 1-561-161, a favor de Almacenes Generales del Istmo Sociedad Anónima; contra el
Director General de Hacienda


Resultando


1.-Manifiesta el recurrente (folio 01) que desde el nueve de noviembre del año pasado presentó al
Director General de Hacienda una solicitud para que se procediera al pago de unos servicios
prestados por su representada sin que al momento de interponerse el presente recurso de amparo
se haya obtenido respuesta alguna sobre la gestión. Considera que se violado el derecho de
petición y pronta resolución. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene al recurrido a
dar respuesta a la gestión presentada


2.-Informa bajo juramento Alvaro Castro Méndez, en su calidad de Director General de Aduanas
(folio 12), que es cierto que el recurrente presentó un reclamo ante su Despacho para el pago de
servicios de desalmacenaje del vehículo propiedad de Alberto Volio Carvahlo, a quien le
corresponde pagar dicho servicio. Añade que no se ha lesionado el derecho de petición del
recurrente ya que se trata de un reclamo administrativo que se rige por los plazos de la Ley
General de la Administración Pública que, en su artículo 261, establece que vencidos los dos
meses se entenderá rechazado el reclamo o petición en vista del silencio administrativo. Indica que
el recurrente gestionó el pago de servicio de almacenaje ante Alberto Volio Carvahlo por notas del
veintiocho de mayo y diez de agosto del año pasado, ya que su representada no ha contratado el
servicio ni es la propietaria del bien decomisado. Solicita que se desestime el recurso planteado


3.-En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales


Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y, Considerando: I.-


El recurrente acusa lesión al derecho de petición y pronta resolución por cuanto la gestión


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presentada el nueve de noviembre del año pasado no ha sido resuelta. Por su parte el Director
General de Hacienda manifiesta que en este caso no se trata de una simple petición sino de un
reclamo administrativo que se rige por la Ley General de la Administración Pública y que se
reclamo se entiende rechazado en virtud del silencio administrativo


El derecho de petición y de obtener pronta respuesta, consagrado en el artículo 27 de la
Constitución Política, faculta a todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario público en
espera de una acción clara ante su solicitud. Si la solución no puede darse, la Administración está
obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, las razones por las cuales no puede cumplir
lo pedido, explicación que deberá ser profusa y detallada con el objeto de que el peticionario sea
informado del procedimiento administrativo que deba seguirse para dictar el acto pedido. En
observancia de este derecho, la autoridad está obligada no sólo a resolver dentro del plazo de ley
sino a comunicar debidamente al administrado sobre lo resuelto. Sin embargo, como bien lo ha
señalado repetidamente la Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable sino el 41 cuando se
trata de reclamos o recursos: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las
injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". Lo
anterior por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras,
requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así
como adoptar las medidas probatorias pertinentes


La Sala aprecia que la autoridad recurrida incurrió en mora en la resolución del reclamo que el
recurrente presentó el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (folio 04), toda vez
que el acto que resuelve su petición aún no ha sido efectivamente dictado, como lo señala el
Director General de Hacienda en su informe (folio 12). Al respecto considera la Sala que el retardo
en resolver la gestión no puede tener como fundamento el que exista un mecanismo regulado en la
Ley General de la Administración Pública para que el administrado pueda acceder a la vía
jurisdiccional en reclamo de sus derechos, ante la inercia de la Administración. La Sala ha señalado
en otras oportunidades que el silencio administrativo no debe entenderse como un derecho de la
Administración a omitir la resolución a que está obligada por imperativo constitucional -artículo 41
de la Constitución-, sino que es garantía para el administrado de poder acudir a la vía judicial en
procura de protección para sus derechos. En virtud de que transcurrió sobradamente el plazo de
dos meses que regula la citada Ley para resolver los reclamos administrativos y que el silencio
administrativo no exime a la Administración de dar respuesta a las gestiones que se le formulen, se
estima que ha habido una lesión a los derechos fundamentales del recurrente. En consecuencia el
recurso debe ser declarado con lugar ordenando al Director General de Hacienda resolver y
notificar al recurrente sobre el reclamo presentado el nueve de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho


Por tanto: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena al Director General de
Hacienda resolver y notificar al recurrente sobre el reclamo presentado el nueve de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho, dentro de los ocho días siguientes a la notificación de esta
sentencia. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se


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liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo


b)Análisis de la inercia administrativa y el daño moral según la competencia
Contenciosa administrativa


Resolución: Nº 346- 2008
JUDICIAL DE SAN JOSÉ.-Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del veintiséis de noviembre
del dos mil ocho.-


Ejecución de Sentencia tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda interpuesta por José Alfonso Castro Corrales, funcionario público, vecino de Aserrí,
cédula de identidad 1-531-172, contra la Municipalidad de Aserrí, representada por su Apoderado
Especial Judicial el señor Jaime Nazario Mora Arias, abogado, cédula de identidad 1-609-417,
vecino de San Antonio de Alajuelita. Todos mayores y solteros


RESULTANDO


1- Se promueve este proceso de Ejecución de Sentencia, para que se condene al demandado a
pagar por costas del Recurso de Amparo la suma de cincuenta mil colones, por concepto de
Asesoría Legal en trámites ante la Municipalidad de Aserrí, Defensoría de los Habitantes y
Ministerio del Ambiente y Energía veinticinco mil colones, en razón del pago de alquiler de tractor
en limpieza de calle El Guaco de Aserrí el monto de trescientos cincuenta mil colones para el año
dos mil uno; cuatrocientos mil colones para el dos mil y trescientos mil para el dos mil dos. Por
último atendiendo al daño moral sufrido peticiona doscientos mil colones y que se condene a la
Municipalidad al pago de las costas de esta acción


2.- Concedida la audiencia de ley, las demandada se opusó a las pretensiones de la actora formuló
las excepciones de falta de: capacidad o defectuosa representación, de derecho, y de legitimación
activa y pasiva.-


3.-La entonces juzgadora de instancia Yazmín Aragón Cambronero, mediante sentencia número
961-07 de las diez horas treinta minutos del diez de agosto del año dos mil siete, dispuso: " Se
rechazan las defensas de falta de: capacidad o defectuosa representación, de derecho y de


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legitimación activa y pasiva. Se declara con lugar la presente demanda de ejecución de sentencia,
promovida por JOSE ALFONSO CASTRO CORRALES contra la MUNICIPALIDAD DE ASERRI,
únicamente en los siguientes extremos: Por concepto de daño moral: ciento cincuenta mil colones
Costas Personales del Recurso de Amparo en: cincuenta mil colones. En todo lo demás se rechaza
la demanda. Se condena a la accionada al pago de las costas personales y procesales..-


4.-Inconforme con lo resuelto, tanto el actor como el demandado formularon recurso de apelación,
siendo admitidos y vienen a sustentar el conocimiento del presente proceso en alzada por parte de
este Tribunal.-


5.-En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de
nulidad capaces de invalidar lo actuado. Esta sentencia se dicta previa deliberación de rigor y
dentro del término que le permiten las labores del Despacho.-


Redacta la jueza Araya Rojas; y


CONSIDERANDO


SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Por estar ajustados a los elementos de convicción existentes
en el expediente y ser fiel reflejo de los autos, se impone avalar, los de esta naturaleza, enlistados
en el fallo objeto de recurso,


SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Se avala el indicado por no constar a los autos prueba
que lo acredite y se adiciona el siguiente 2.-


Que el actor haya incurrido en gastos por asesorías para el trámite de los asuntos ante la
Municipalidad demandada, la Defensoría de los Habitantes o el Ministerio de Ambiente y Energía
( los autos)


SOBRE LOS ALEGATOS DEL ACTOR: Reclama el accionante que la sentencia que recurre no se
ajusta a derecho al no conceder los extremos peticionados por asesoría legal y gastos de tractor y
el otorgamiento del daño moral, aduciendo que no se analizó la prueba pericial que estima cada
uno de los extremos dichos


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SOBRE LOS ALEGATOS DE LA DEMANDADA: Con la finalidad de refutar lo dispuesto en la
sentencia que apela, se opone la accionada al monto concedido por concepto de daño moral, ya
que, a su entender, no quedó debidamente acreditado, indica que el actor realizó gestiones para la
reparación de la calle el Guarco y que en su momento se le comunicó la imposibilidad que tenía
para realizarlas, aunado a que la calle citada nunca ha "... estado habilitada para el tránsito de
vehículos y similares...". Apunta que en todo caso no se comprobó que la "... eventual inoperancia
de la Municipalidad le haya significado un daño moral cuantificable...". Por último asevera que litigó
de buena fe, que el actor se extralimitó en sus pretensiones y que el fallo acogió parcialmente las
pretensiones esgrimidas, por lo que estima se le debe exonerar en costas. Así solicita que se
revoque la sentencia apelada únicamente en cuanto concedió daño moral y la condenatoria en
costas


particular, debe decirse que, pese a existir prueba pericial que establezca una serie de montos por
cada daño reclamado, es lo cierto que ésta solo se constituye en un elemento más para el juzgador
para llegar a la conclusión que de conformidad con el ordenamiento jurídico resulta procedente. En
la especie, ha quedado acreditado que el accionante solicitó permiso al ente demandado para
limpiar la calle el Guaco, siendo más que claro al establecer que la maquinaria quedaba a su cargo
Así las cosas, es absolutamente improcedente que pretenda cobrar en esta vía un gasto que por
voluntad propia asumió, tratando de endilgarle a la accionada una responsabilidad que no debe
asumir, ya que, al momento de otorgar el permiso lo hizo bajo las condiciones que el mismo
propuso. Consecuentemente este agravio no resulta de recibo. Respecto del cobro realizado por
concepto de asesoría ante la demandada y demás instituciones públicas, cabe indicar, que como
bien lo apunta la juzgadora de instancia, los trámites ante las instituciones públicas son de suyo
gratuitos, por lo que, en tesis de principio no se requiere asesoría alguna para realizarlos. Pero más
aún, el accionante no aporta a los autos elementos probatorios que demuestren la erogación que
reclama, por lo que, teniendo claro que la carga de la prueba pesa sobre este, ante su
incumplimiento, debe confirmarse la sentencia apelada


SOBRE EL DAÑO MORAL SUBJETIVO: Como es bien sabido este tipo de daño es el que sufre el
sujeto en su fuero interno y se indemniza en un intento de reparar la angustia y el dolor
experimentado por la lesión causada. Así ha dicho la jurisprudencia, queda al prudente arbitrio del
juez la suma dispuesta para su reparación, misma que debe regirse por los principio de
razonabilidad y proporcionalidad. En esta dirección se pronunció la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, mediante resolución 001010-F-2006 de las diez horas treinta minutos del
veintiuno de diciembre del dos mil seis, al establecer: "... Respecto a esta clase de daño, los
distintos tipos y los criterios para su resarcimiento, esta Sala ha señalado que, “ VIII.-


El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de afección, etc.) se
verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, empero como su
vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo
"puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño moral subjetivo se produce
cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo


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normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto,
desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la
dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o
ser querido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el
patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del profesional
que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para
deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor,
honestidad, etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así
uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Esta distinción nació,
originalmente, para determinar el ámbito del daño moral resarcible, pues en un principio la doctrina
se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su difícil cuantificación. Para la indemnización
debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer la
demostración correspondiente como acontece con el daño patrimonial; pero en el supuesto del
daño moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su
fijación queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias del caso,
los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la falta de prueba acerca de la
magnitud del daño óbice para fijar su importe.” (Sentencia no. 606-F-02 de las 16 horas 10 minutos
del 7 de agosto del 2002). Acorde a lo transcrito, tratándose de daño moral subjetivo su fijación
queda al prudente arbitrio de los juzgadores, quienes deben analizar las circunstancias del caso.."
( El subrayado no pertenece al original). Ahora bien, en sub examine se acusa la ausencia de
prueba respecto del daño moral, empero de lo transcrito se desprende que el reconocimiento de
éste y su consecuente reparación, no encuentran una barrera infranqueable en la ausencia de
prueba, por lo que, pese a encontrarse ayuno los autos de elementos de este tipo, es claro que su
determinación queda al prudente arbitrio y conocimiento del juez. Por lo que, este argumento debe
rechazarse. Igual suerte sigue el alegato respecto de la supuesta inoperancia de la demandada
Nótese que el recurso de amparo que da sustento a la presente ejecución fue declarado con lugar y
se le ordenó al ente territorial accionado realizar las gestiones necesarias para reparar el camino el
Guarco, por lo que, resulta evidente la inercia de la administración en el cumplimiento de sus
deberes, misma que produce en cualquier ciudadano medio sentimientos de impotencia,
incertidumbre, sufrimiento y en consecuencia procede su reparación. Es claro que tal
indemnización debe estar acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, cuyo fin
último es evitar el enriquecimiento de la parte que se hace acreedora al resarcimiento por este
concepto, por lo que, estima este Tribunal que la suma otorgada por el a-quo se encuentra ajustada
a los parámetros dichos y siendo que su fijación se encomendó al prudente arbitrio del juzgador no
podría el perito mediante su informe sustituir la voluntad de éste. Consecuentemente debe
confirmarse la sentencia venida en alzada


VII-. SOBRE LAS COSTAS: No encontrando motivo suficiente que justifique la inversión del
principio de condena en costas al vencido se debe confirmar la condenatoria que sobre este
extremo indica la resolución recurrida


En lo que es objeto de recurso se confirma la resolución impugnada


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FUENTES CITADAS


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1 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución: 01963-99. San José, a las catorce horas con
treinta y tres minutos del dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y nueve
Resolución: Nº 346- 2008 . Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho