Informe de Investigación

TÍTULO: REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Rama del Derecho: Descriptor
Derecho Administrativo Acto Administrativo
Tipo de investigación: Palabras clave
Revocación, Acto Administrativo, Error Material
Fuentes: Fecha de elaboración
Normativa y Jurisprudencia 15/03/2011


Índice de contenido de la Investigación


1. RESUMEN

A lo largo del presente informe, se incorporan extractos normativos y
jurisprudenciales aplicables a la revocación de los actos administrativos. Se
aborda particularmente el tema de la revocación de actos que han otorgado
derechos subjetivos a los particulares, así como la corrección de errores
materiales por parte de la Administración Pública


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2. NORMATIVA


a) Ley General de la Administración Pública1


Artículo 152.-
1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad,
conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley
2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya
divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público, pese al
tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás
circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin


Artículo 153.-
1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias
de hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto
originario
2. También podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas
circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público
afectado


Artículo 154.-
Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que
reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título
precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o
conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la
revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en
todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de
revocación


Artículo 155.-
1. La revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos deberá
hacerse por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de
la Contraloría General de la República
2. Simultáneamente deberá contener el reconocimiento y si es posible el


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cálculo de la indemnización completa de los daños y perjuicios causados,
so pena de nulidad absoluta
3. En todo caso los daños y perjuicios deberán ser liquidados por la
Administración dentro del mes posterior a la solicitud o recurso del
administrado que contenga la liquidación pretendida por éste


Artículo 156.- (*)
1. No será posible la revocación de actos reglados
2. La revocación de actos discrecionales de efecto continuado podrá
hacerse de conformidad con los artículos anteriores
3. Los actos desfavorables al administrado podrán ser revocados, aun si
ya son firmes para el particular, (previo dictamen de la Contraloría
General de la República.)
4. La potestad de revocación consagrada en el párrafo anterior caducará
en cuatro años
(*) La constitucionalidad de la frase encerrada entre paréntesis en el
presente artículo está siendo cuestionada en acción de
inconstitucionalidad No. 705-92


Artículo 157.-
En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores
materiales o de hecho y los aritméticos


3. JURISPRUDENCIA


a) Revocación de acto contrario al interés público
"I.-Según se desprende de la Sentencia del Juzgado Penal de Santa Cruz de
Guanacaste de las 11:45 hrs. del 19 de agosto de 1996 y de la afirmación del
representante legal de Desarrollo la Costa Sociedad Anónima consignada en el
memorial en el que interpuso los recursos ordinarios, el Concejo Municipal de la
corporación territorial de Carrillo, en la Sesión Ordinaria No. 6-88 del 26 de enero
de 1988, acuerdo No. 7, le otorgó a “Condovac” un “permiso provisional para


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finalizar la obra y funcionamiento” del rancho que ha operado como bar-discoteca
Es evidente que el contenido del acuerdo de marras está referido no solo al
funcionamiento u operación como local comercial sino, también, a la conclusión de
la obra civil. Así las cosas, en lo que se refiere al rancho, la empresa gestionante
cuenta, independientemente de la fecha de inicio o conclusión de la construcción,
con un permiso de uso de bienes de dominio público –área pública de la zona
marítimo terrestre- emanado de la propia entidad territorial encargada de su
administración. Tal permiso le otorgó a la persona beneficiaria, en principio, un
derecho debilitado o en precario –simple interés legítimo-, por lo que la respectiva
administración –en este caso municipal- puede revocarlo. Sobre el particular, la
Ley General de la Administración Pública, en sus ordinales 152 a 157, regula un
procedimiento específico para tal efecto. La revocación resulta procedente cuando
media una discordancia grave entre el contenido del acto administrativo (la eficacia
del mismo) y el interés público, pese al tiempo transcurrido, los derechos creados y
la naturaleza o demás circunstancias de la relación jurídica a la que se le pone fin
(artículo 152, párrafo 2°, LGAP). Esta figura puede estar fundada en la aparición
sobrevenida de circunstancias de hecho ignoradas o inexistentes al momento de
dictarse el acto administrativo que se pretende revocar o en una ponderación
diferente de las circunstancias que originaron el acto o del interés público
involucrado. En materia de permisos de uso de bienes de dominio público se
puede distinguir dos hipótesis que son las siguientes: a) el permisionario usa el
bien de dominio público pero no construye ninguna obra en el mismo, por lo que
en cualquier momento la administración puede revocarlo sin responsabilidad, y b)
el permisionario usa el bien demanial pero construye una obra en el mismo, en
este supuesto al haber invertido el primero en la construcción y contar con una
eventual hacienda comercial la revocación debe ir, necesariamente, aparejada de
una indemnización que le resarsa la supresión de los derechos subjetivos
derivados de la construcción como su costo, el punto comercial y su clientela
(“aviamento”). Sobre el último supuesto, el numeral 155 de la Ley General de la
Administración Pública dispone que la revocación de un acto declaratorio de
derechos subjetivos debe hacerse por el jerarca del ente respectivo, previo
dictamen favorable de la Contraloría General de la República, y debe contener,
concomitantemente, el reconocimiento y, de ser posible, el cálculo de la
indemnización completa de los daños y perjuicios so pena de nulidad absoluta. Por
último, es menester agregar que a tenor del artículo 154 del texto normativo de
repetida cita, los permisos de uso de dominio público y los demás actos que le
reconozcan al administrado un derecho a título precario pueden ser revocados por
razones de oportunidad o conveniencia, no obstante, tal revocación no puede ser
intempestiva, arbitraria y requiere de un plazo prudencial para su cumplimiento. La
única forma de evitar el carácter intempestivo y arbitrario de la revocación es
incoando un procedimiento administrativo ordinario el cual resulta de observancia


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obligatoria cuando se suprimen o deniegan, incluso, intereses legítimos (artículo
308, párrafo 1°, inciso a, LGAP), todo con el propósito de respetar el debido
proceso y el derecho a la defensa –la existencia misma del permiso, de los daños
y perjuicios y de su quantum eventual-
II.-En la especie, es evidente que, en lo referido al rancho que funciona como bar y
discoteca, la sociedad recurrente se encuentra cubierta por un permiso de
terminación de la obra que legitimó el uso de un espacio determinado del área
pública de la zona marítimo terrestre y su explotación. Consecuentemente, si a
juicio del Ayuntamiento existe una discordancia grave entre el contenido del
acuerdo referido y el interés público por una nueva ponderación de las
circunstancias de hecho o antecedentes fácticos (motivo) –determinada,
básicamente, por la sentencia penal a que se ha hecho referencia- o del interés
público involucrado, debe incoar un procedimiento administrativo ordinario –que
garantice suficientemente el contradictorio, el debido proceso y la defensa- para la
revocación del permiso de uso otorgado a la sociedad promovente. De igual forma,
al existir derechos patrimoniales de por medio –inversión en construcción, punto
comercial y clientela- la corporación territorial debe recabar el dictamen de la
Contraloría General de la República y, si es el caso, el acto final vertido debe
contener un reconocimiento y, de ser posible, el cálculo de la indemnización
respectiva. No puede pretender la Municipalidad recurrida ejecutar de forma
directa, inmediata e intempestiva una sentencia de un Juzgado Penal, puesto que,
en los procesos penales no se discute o debate ampliamente sobre la regularidad
del ejercicio de la potestad revocatoria por parte de una administración pública. El
Juez Penal no tiene competencia para revisar la legalidad de la función
administrativa, esa competencia le fue atribuida de forma exclusiva y excluyente
por norma constitucional (reserva de constitución) –artículo 49- al Juez
Contencioso Administrativo. Sobre el particular, conviene agregar que cualquier
administración pública puede proteger o defender el dominio público por las vías
de hecho cuando el administrado se introduce al mismo a usarlo y explotarlo por la
misma vía. Síguese de lo anterior, que cuando el administrado usa el dominio
público por una vía de derecho –v. gr. permiso de uso previo-, únicamente, puede
ser excluido de su uso por una vía de igual naturaleza, es decir, a través de un
procedimiento administrativo en el que se garantice la regularidad y legalidad en el
ejercicio de la potestad revocatoria. De otra parte, el artículo 13 de la Ley de la
Zona Marítimo Terrestre debe ser interpretado de forma sistemática con el resto
del ordenamiento jurídico y de manera conforme con el Derecho de la
Constitución. Ciertamente, ese último ordinal habilita a cualquier autoridad de la
jurisdicción y a las municipalidades al desalojo de los infractores de esa ley y a la
destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones e instalaciones
realizadas por aquéllos sin responsabilidad ninguna. Observese que el propio
artículo 13 habla de una información previa levantada al efecto –que no es mas


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que un procedimiento administrativo- “si se estimare necesaria”, la necesidad se
encuentra impuesta por la legitimidad o ilegitimidad de la ocupación, de tal
manera, tal y como ya se indicó supra, que si el administrado ingresó por la vía de
hecho puede ser excluido y expulsado por la misma vía pero si lo respalda un
permiso emanado de la propia administración municipal, irremisiblemente, debe
abrirse un procedimiento o información previa. En este último caso –que es el del
sub-examine- el administrado se encuentra amparado por el principio de la
confianza legítima en la administración, puesto que, ésta previamente ha dictado
actos o realizado actuaciones que amparan su actuación y en los cuales confía. Al
administrado que ha confiado legitimamente en la administración al permitirle
realizar una actuación determinada debe garantizarsele, como mínimo, un
procedimiento en el que se discutan ampliamente la nueva valoración de las
circunstancias fácticas y jurídicas que imponen revocar un acto administrativo
previo y válido. En lo tocante al resto de las edificaciones, respecto de las que no
está claro si la empresa recurrente contaba o no con permiso alguno, el redactor
de este voto disidente estima que la municipalidad debería, incluso en este caso,
incoar un procedimiento administrativo para comprobar exhaustivamente uno u
otro extremo. Por último, el redactor de este voto salvado deja claro que no pone
en tela de duda la potestad que asiste a toda administración pública de defender el
dominio público por sus características de imprescriptible e inalienable o la
potestad virtual, implícita y de principio de toda administración de revocar sus
propios actos por razones de oportunidad, conveniencia o mérito. No obstante, el
ordenamiento jurídico sí le fija a las Administraciónes públicas cauces
procedimentales claros y específicos para garantizar la regularidad y legitimidad
en su ejercicio y los derechos e intereses legítimos de los administrados
destinatarios de las mismas so pena de nulidad del acto dictado
III.-Lleva razón el representante de la impugnante al considerar que el acto de
demolición no se encuentra motivado. El motivo del acto administrativo es el
conjunto de antecedentes fácticos y jurídicos que determinan la declaración de
voluntad, juicio o conocimiento de la respectiva administración pública, los que
deben existir como tales y ser legítimos (artículo 133 LGAP). En todo acto
administrativo de carácter formal el motivo tiene como traducción empírica las
consideraciones del órgano para su dictado, las cuales se consignan en los
“considerandos” de la respectiva resolución o acuerdo. Es así como el motivo es
un elemento material-objetivo y la motivación uno formal del acto administrativo. A
socaire del ordinal 136, párrafo 1°, inciso a), de la Ley General de la
Administración Pública, deben ser preceptivamente motivados –con mención
suscinta de sus fundamentos-, entre otros, los actos administrativos que impongan
obligaciones. Ciertamente, el ordenamiento jurídico admite la motivación por
referencia, cuando se hace mención “explícita e inequívoca” a los motivos de la
petición, dictámenes o resoluciones previas. En la especie, el acuerdo impugnado


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no indica cuáles fueron los antecedentes fácticos y jurídicos que determinan la
orden de demolición, limitándose a citar algunos artículos de la Ley de la Zona
Marítimo Terrestre, con lo que el acto administrativo impugnado es nulo (artículos
158 y 166 LGAP)."

b) Revocación de acto administrativo favorable para el administrado
EL ADMINISTRADO. Esta posibilidad que tienen las Administraciónes públicas y
sus órganos constituye una excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad
de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de
intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido
rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política (Ver
sentencias Nos. 2186-94 de las 17:03 hrs. del 4 de mayo de 1994 y 899-95 de las
17:18 hrs. del 15 de febrero de 1995)-. La regla general es que la administración
pública respectiva no puede anular un acto declaratorio de derechos para el
administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de oficio y la
revocación. Para ese efecto, la administración pública, como principio general,
debe acudir, en calidad de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a
los intereses públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad
(artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), el cual se ha entendido, tradicionalmente, como una garantía para
los administrados. Sobre este particular, este Tribunal Constitucional en el Voto
No. 897-98 del 11 de febrero de 1998 señaló que “... a la Administración le está
vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido confiriendo
derechos subjetivos a los particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un
límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos
administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La
Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al
primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos
derechos, que a través del primer acto había concedido, sea por error o por
cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el Estado tiene para
eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de
lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor
del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra
los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas,
evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría General de la República
y de la Procuraduría General de la República (como una garantía más a favor del
administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la


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Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las
reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en parte... el
principio de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad la
invalidez del acto.”. A tenor del numeral 173 de la Ley General de la
Administración Pública, un ente u órgano público bien puede anular en vía
administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo
para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir
al proceso contencioso administrativo de lesividad normado en los artículos 10 y
35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (proceso en
el cual la parte actora es una administración pública que impugna un acto propio
favorable para el administrado pero lesivo para ella) cuando el mismo este viciado
de una nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y
manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la
Contraloría Generales de la República —acto preparatorio del acto anulatorio final
—. Le corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse sobre actos
administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la
contratación administrativa (Hacienda Pública). Ese dictamen es indispensable, a
tal punto que esta Sala en el Voto No. 1563-91 de las 15 hrs. del 14 de agosto de
1991 estimó que “... Es evidente, entonces, que a partir de la vigencia de la Ley
General de la Administración Pública, la competencia de anular en sede
administrativa solamente puede ser admitida si se cumple con el deber de allegar
un criterio experto y externo al órgano que va a dictar el acto final.”. Se trata de un
dictamen de carácter vinculante —del que no puede apartarse el órgano o ente
consultante—, puesto que, el ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República establece que es de acatamiento obligatorio, a través del
cual se ejerce una suerte de control previo o preventivo de legalidad, en cuanto
debe anteceder el acto final del procedimiento ordinario incoado para decretar la
anulación oficiosa, que no riñe con ninguno de los grados de autonomía
administrativa, por ser manifestación específica de la potestad de control inherente
a la dirección intersubjetiva o tutela administrativa. Resulta lógico que tal dictamen
debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la administración consultante, y
sobre todo que constate, positivamente, la gravedad y entidad de los vicios que
justifican el ejercicio de la potestad de revisión o anulación oficiosa. La
Administración pública respectiva está inhibida por el ordenamiento
infraconstitucional de determinar cuándo hay una nulidad evidente y manifiesta,
puesto que, ese extremo le está reservado al órgano técnico-jurídico y consultivo
denominado Procuraduría General de la República, como órgano desconcentrado
del Ministerio de Justicia. En los supuestos en que el dictamen debe ser vertido
por la Contraloría General de la República, también, tiene naturaleza vinculante en
virtud de lo dispuesto en artículo 4°, párrafo in fine, de su Ley Orgánica No. 7428
del 7 de septiembre de 1994


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FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. No cualquier grado de invalidez o
nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de
un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el
ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o
connotaciones específicas y agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la
revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a tenor de
lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la
Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que
resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún
margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de
verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal
sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria
que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica
o exégesis ninguna. Es menester agregar que el numeral 173 de la Ley General
de la Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las nulidades
absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, sino lo
que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea innecesario o
prescindible el análisis profundo y experto del juez contencioso-administrativo para
facilitar su revisión en vía administrativa
administración pública respectiva —autora del acto que se pretende anular o
revisar—, de previo a la declaratoria de nulidad, debe abrir un procedimiento
administrativo ordinario en el que se deben observar los principios y las garantías
del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de
la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en
que el acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308
ibidem). Durante la sustanciación del procedimiento ordinario, resulta
indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo un
acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el dictamen debe
pronunciarse, expresamente, sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de
la nulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley General de la Administración
Pública). Si el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la
República es desfavorable, en el sentido que la nulidad absoluta del acto
administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva administración pública se
verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que
acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de


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lesividad. El dictamen de los dos órganos consultivos citados es vinculante para la
administración respectiva en cuanto al carácter evidente y manifiesto de la nulidad
Sobre este punto, el artículo 183, párrafo 1°, de la Ley General de la
Administración Pública preceptúa que “Fuera de los casos previstos en el artículo
173, la administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de
derechos a favor del administrado y para obtener su eliminación deberá recurrir al
contencioso de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa”
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. La revisión oficiosa o anulación
con quebranto de los requisitos legales referidos en los considerandos
precedentes “sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad
absoluta evidente y manifiesta” (v. gr. que el dictamen sea desfavorable, que no se
recabó el dictamen o que no se abrió un procedimiento administrativo ordinario) es
absolutamente nula y hace responsable por los daños y perjuicios provocados
tanto a la administración pública como al funcionario (artículo 173, párrafo 6°,
ibidem).”

c) Revocación de permiso de uso tácito en zona marítimo terrestre
"II.-Según se desprende de los elementos de convicción que obran en autos, la
Municipalidad de Parrita le confirió a Róger Vega Gamboa un permiso de uso
tácito. Sobre el particular, es menester recordar que un acto administrativo puede
ser, entre otras formas de manifestación, expreso o tácito. De acuerdo con el
artículo 137 de la Ley General de la Administración Pública “Los comportamientos
y actividades materiales de la Administración que tengan un sentido unívoco y que
sean incompatibles con una voluntad diversa, servirán para expresar el acto, salvo
que la naturaleza o circunstancia de éste exijan manifestación expresa.”. En la
especie fáctica, tenemos un conjunto de comportamientos y actuaciones
materiales de sentido unívoco de la Municipalidad de Parrita que permiten arribar
al corolario de que esa entidad le otorgó a Vega Gamboa un permiso de uso. En
efecto, a folios 148 a 204 constan copias fotostáticas de facturas expedidas por la
Municipalidad de Parrita en las que le recibe diversos montos de dinero por
concepto de patentes de restaurante, discoteca, “varias comerciales”, licores
nacionales y extranjeros, de permiso de construcción (visible a folio 162), de
permisos de baile y espectáculo público, de “derecho de inspección en la zona
marítimo terrestre y delineamiento” (visible a folio 167), de “Derecho de ocupación
zona marítimo terrestre” (visible a folios 168 y 174), de “alquiler terrenos zona
marítimo terrestre Esterillos Oeste” (folio 181), de impuesto sobre construcciones


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(visible a folio 182) y de impuesto sobre “bienes inmuebles” (visible a folio 193)
Tal permiso tácito de ocupación del área pública, le otorgó al impugnante, en
principio, un derecho debilitado o en precario –simple interés legítimo-, por lo que
la respectiva administración –en este caso municipal- puede revocarlo. Sobre el
particular, la Ley General de la Administración Pública, en sus ordinales 152 a 157,
regula un procedimiento específico para tal efecto. La revocación resulta
procedente cuando media una discordancia grave entre el contenido del acto
administrativo (la eficacia del mismo) y el interés público, pese al tiempo
transcurrido, los derechos creados y la naturaleza o demás circunstancias de la
relación jurídica a la que se le pone fin (artículo 152, párrafo 2°, LGAP). Esta figura
puede estar fundada en la aparición sobrevenida de circunstancias de hecho
ignoradas o inexistentes al momento de dictarse el acto administrativo que se
pretende revocar o en una ponderación diferente de las circunstancias que
originaron el acto o del interés público involucrado. En materia de permisos de uso
de bienes de dominio público se puede distinguir dos hipótesis que son las
siguientes: a) el permisionario usa el bien de dominio público pero no construye
ninguna obra en el mismo, por lo que en cualquier momento la administración
puede revocarlo sin responsabilidad, y b) el permisionario usa el bien demanial
pero construye una obra en el mismo, en este supuesto al haber invertido el
primero en la construcción y contar con una eventual hacienda comercial la
revocación debe ir, necesariamente, aparejada de una indemnización que le
resarza la supresión de los derechos subjetivos derivados de la construcción como
su costo, el punto comercial y su clientela (“aviamento”). Sobre el último supuesto,
el numeral 155 de la Ley General de la Administración Pública dispone que la
revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos debe hacerse por el
jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de la Contraloría General de
la República, y debe contener, concomitantemente, el reconocimiento y, de ser
posible, el cálculo de la indemnización completa de los daños y perjuicios so pena
de nulidad absoluta. Por último, es menester agregar que a tenor del artículo 154
del texto normativo de repetida cita, los permisos de uso de dominio público y los
demás actos que le reconozcan al administrado un derecho a título precario
pueden ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia, no obstante, tal
revocación no puede ser intempestiva, arbitraria y requiere de un plazo prudencial
para su cumplimiento. La única forma de evitar el carácter intempestivo y arbitrario
de la revocación es incoando un procedimiento administrativo ordinario el cual
resulta de observancia obligatoria cuando se suprimen o deniegan, incluso,
intereses legítimos (artículo 308, párrafo 1°, inciso a, LGAP), todo con el propósito
de respetar el debido proceso y el derecho a la defensa –la existencia misma del
permiso, de los daños y perjuicios y de su quantum eventual-
III.-En el sub-lite, es evidente que el referido establecimiento denominado “El
Barrilito” funciona como restaurante, bar y discoteca bajo el amparo de un permiso


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tácito que legitimó el uso de un espacio determinado del área pública de la zona
marítimo terrestre y su explotación. Consecuentemente, si a juicio del
Ayuntamiento existe una discordancia grave entre el contenido del acuerdo
referido y el interés público por una nueva ponderación de las circunstancias de
hecho o antecedentes fácticos (motivo) –determinada, básicamente, por la
sentencia penal a que se ha hecho referencia- o del interés público involucrado,
debe incoar un procedimiento administrativo ordinario –que garantice
suficientemente el contradictorio, el debido proceso y la defensa- para la
revocación del permiso de uso tácito otorgado a Vega Gamboa. De igual forma, al
existir derechos patrimoniales de por medio –inversión en la construcción, el punto
comercial y la clientela- la corporación territorial debe recabar el dictamen de la
Contraloría General de la República y, si es el caso, el acto final vertido debe
contener un reconocimiento y, de ser posible, el cálculo de la indemnización
respectiva. ... El Juez Penal no tiene competencia para revisar la legalidad de la
función administrativa, esa competencia le fue atribuida de forma exclusiva y
excluyente por norma constitucional (reserva de constitución) –artículo 49- al Juez
Contencioso Administrativo. Al respecto, conviene agregar que cualquier
administración pública puede proteger o defender el dominio público por las vías
de hecho cuando el administrado se introduce al mismo a usarlo y explotarlo por la
misma vía. Síguese de lo anterior, que cuando el administrado usa el dominio
público por una vía de derecho –v. gr. permiso tácito-, únicamente, puede ser
excluido de su uso por una vía de igual naturaleza, es decir, a través de un
procedimiento administrativo en el que se garantice la regularidad y legalidad en el
ejercicio de la potestad revocatoria. De otra parte, el artículo 13 de la Ley de la
Zona Marítimo Terrestre debe ser interpretado de forma sistemática con el resto
del ordenamiento jurídico y de manera conforme con el Derecho de la
Constitución. Ciertamente, ese último ordinal habilita a cualquier autoridad de la
jurisdicción y a las municipalidades al desalojo de los infractores de esa ley y a la
destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones e instalaciones
realizadas por aquéllos sin responsabilidad ninguna. Obsérvese que el propio
artículo 13 habla de una información previa levantada al efecto –que no es más
que un procedimiento administrativo- “si se estimare necesaria”. Esa necesidad se
encuentra impuesta por la legitimidad o ilegitimidad de la ocupación, de tal manera
que –como se indicó supra- si el administrado ingresó por la vía de hecho puede
ser excluido y expulsado por la misma vía pero si lo respalda un permiso emanado
de la propia administración municipal, aunque el mismo sea tácito,
irremisiblemente, debe abrirse un procedimiento o información previa. En este
último caso –que es el del sub-examine-, el administrado se encuentra amparado
por el principio de la confianza legítima en la administración, puesto que, ésta
previamente ha dictado actos o realizado actuaciones que amparan su actuación y
en los cuales confía. ... Al administrado que ha confiado legítimamente en la


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administración pública, al permitirle realizar una actuación determinada se le debe
garantizar, como mínimo, un procedimiento en el que se discutan ampliamente la
nueva valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas que imponen revocar un
acto administrativo previo y válido. Este tribunal deja claro que no pone en tela de
duda la potestad que asiste a toda administración pública de defender el dominio
público por sus características de imprescriptible e inalienable o la potestad virtual,
implícita o de principio de toda administración de revocar sus propios actos por
razones de oportunidad, conveniencia o mérito. No obstante, el ordenamiento
jurídico sí le fija a las Administraciónes públicas cauces procedimentales claros y
específicos para garantizar la regularidad y legitimidad en su ejercicio y los
derechos e intereses legítimos de los administrados destinatarios de las mismas,
so pena de nulidad del acto dictado."(La negrilla no es del original). La similitud de
situaciones y analogía de la solución legal resultan obvias en el presente caso, el
Municipio consintió la presencia del recurrente en el terreno, autorizó construir en
parte y concedió la patentes que han operado por años, lo que implica un permiso
de uso tácito, sobre todo permitió que el administrado invirtiera amparado en la
confianza que la institución le daba, lo cual desde luego no se puede reconocer
respecto de las obras que carecen de permiso, las cuales no se pueden atener al
principio en comentario; de manera que, si bien la ley le autoriza a revocar el
permiso mediante un acto fundamentado, en el que considere las circunstancias
de hecho y de derecho que lo justifiquen, se debe determinar cuales de las
estructuras construídas fueron autorizadas, y cuales no lo fueron, para establecer
si hay derechos de reparación o no, lo cual debe hacerse respetando los principios
del debido proceso, que es precisamente lo que se está ordenando en el acto en
cuestión; por ende, el acto impugnado resulta conforme a derecho. En conclusión,
por las razones dadas, el acuerdo impugnado es válido."

d) Corrección de error aritmético
“Conforme se desprende de lo indicado en el escrito de interposición, así como de
la prueba aportada al efecto, se corrobora que en el caso de la amparada se tuvo
por aprobada la prueba de bachillerato en Español –a raíz de la apelación que
planteó- y se le entregó título de Bachillerato en Educación Media; sin embargo,
posteriormente se corroboró que ello obedecía a un error aritmético –que no
genera derechos subjetivos a su favor- en el cálculo de la nota de presentación a
pruebas nacionales de conclusión de la Educación Media. En cuyo caso, lo
actuado por la Administración obedece a la intención de rectificar el error -que
puede ser rectificado en cualquier momento, conforme lo dispuesto por el artículo
157 de la Ley General de la Administración Pública- y garantizar que la amparada
cumpla los requisitos académicos necesarios para poder avanzar en el respectivo


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proceso educativo, tal y como así se le informó a ésta. No puede estimarse que lo
actuado por la Administración sea arbitrario o que violente –al menos, de manera
directa- los derechos fundamentales de la amparada, ni tampoco puede
pretenderse que esta Sala exima a la amparada del cumplimiento tales requisitos
En todo caso, de estimar la recurrente que con dicho error se le ha provocado un
daño y que procede indemnizarle, lo puede reclamar en la sede respectiva. Por lo
expuesto, el recurso resulta improcedente y así debe declararse.”


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1 Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978

2 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sección Tercera, Resolución No. 128-2001, de las ocho horas del dieciseis de
febrero de dos mil uno

3 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución No. 14430-2004, de las once horas con nueve
minutos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro

4 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sección Primera, Resolución No. 385-2006, de las diez horas con veinte minutos
del seis de setiembre de dos mil seis

5 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución No. 3081-2004, de las nueve horas con treinta y
seis minutos del veintiseis de marzo de dos mil cuatro