DERECHO ADMINISTRATIVO


Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Acto Administrativo

Palabras Claves: Inopia, Nombramiento por Inopia, Contratación por Inopia

Fuentes de Información: Doctrina, Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 31/05/2013


Contenido


1. El Concepto de Inopia en el Nombramiento del Auditor y el Subauditor
3. La Inopia en el Registro de Oferentes ante la Contratación Administrativa 8
4. Contratación de Asesorías y Consultorías en Concesión de Obra Pública
con Servicio Público por Inopia de la Administración en Cuanto a Recursos
6. El Nombramiento por Inopia en el Instituto Costarricense de Acueductos y
8. La Revaloración de Puesto y Salarios del Funcionario Nombrado por
9. El Nombramiento por Inopia en el Colegio de Abogados y Abogadas de


RESUMEN

El presente informe de investigación reúne información sobre la aplicación del
concepto de inopia al Derecho Administrativo, el cual de acuerdo a las fuentes
normativas, doctrinarias y jurisprudenciales aportadas se manifiesta en dos supuestos
específicos que son la selección de funcionarios públicos y la selección del oferente en
la contratación administrativa


NORMATIVA


1. El Concepto de Inopia en el Nombramiento del Auditor y el Subauditor
Interno
Condiciones para las Gestiones de Nombramiento, Suspensión y Destitución de
dichos Cargos, y la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
las Auditorías Internas del Sector Público]i

2. Condiciones para los nombramientos de Auditor y Subauditor Internos y requisitos
de esos cargos

2.1 Idoneidad del auditor y el subauditor internos El auditor y el subauditor internos
deberán caracterizarse por su idoneidad para los puestos correspondientes. Por ello,
serán profesionales altamente capacitados en materia de auditoría que reúnan los
conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades para administrar la
unidad de auditoría interna, asimismo, que cumplan con los demás requisitos
establecidos en los perfiles de la institución a la que brindarán sus servicios. El
subauditor substituirá al auditor interno en sus ausencias temporales y será un
colaborador de éste en el ejercicio de las funciones. El auditor asignará las funciones al
subauditor de conformidad con lo previsto en el manual institucional de cargos y
clases; el subauditor, a su vez, deberá responder ante el auditor interno por su gestión

2.2 Tipos de nombramiento Los nombramientos de auditores y subauditores internos
pueden ser por recargo, interinos o por tiempo indefinido

a) El nombramiento será por recargo cuando el subauditor asuma las funciones del
auditor o cuando el jerarca recargue esas funciones o las del subauditor en otro
funcionario idóneo de las unidades de auditoría

b) El nombramiento será interino cuando el jerarca designe a un trabajador para
prestar los servicios de auditor o subauditor interno por un plazo determinado, cuyo
comienzo y término se conocen desde el inicio de la relación laboral. Dicho
nombramiento requiere la autorización previa por parte de la Contraloría General de la
República, la cual se emitirá hasta por el plazo máximo de doce meses, contados a
partir del día hábil siguiente a la fecha en que la institución recibe el documento
mediante el cual se autoriza el nombramiento, salvo que haya habido recargo de las
funciones, en cuyo caso el plazo del nombramiento interino será por nueve meses

c) El nombramiento por tiempo indefinido tiene por objeto que el trabajador realice
actividades permanentes de auditoría en la institución, a la cual sirve. Dicho
nombramiento solo se podrá efectuar mediante concurso público, permitiendo la
participación de todos los oferentes interesados, sean o no funcionarios de la
institución promovente. El proceso concursal realizado requerirá la aprobación por
parte de la Contraloría General de la República, conforme a las regulaciones que se
detallan en estos lineamientos. Una vez hecho el nombramiento definitivo cesará
cualquier recargo o nombramiento interino efectuado para esas mismas funciones

2.3 Requisitos mínimos de los cargos de auditor y sub- auditor internos Para
desempeñarse en los puestos de auditor y subauditor internos, los entes u órganos
sujetos a la presente normativa deberán observar los siguientes requisitos mínimos

a) Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. Para ocupar el
puesto de auditor o subauditor interno es necesario que el participante presente a la
Administración promovente del concurso, el título del grado de Licenciatura en
Contaduría Pública o similar

b) Incorporado al colegio profesional respectivo: El participante deberá demostrar
mediante documento idóneo que es miembro activo del colegio profesional respectivo
que lo acredita para el ejercicio de la profesión

c) Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en
el sector público o en el sector privado: El participante deberá demostrar mediante
documento idóneo los períodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones
desempeñadas, según corresponda, y demás información indispensable para acreditar


la experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en
el sector privado

2.4 Establecimiento de requisitos adicionales Cada ente u órgano a los que le aplique
esta normativa deberá solicitar para el puesto de auditor o subauditor interno los
requisitos antes mencionados. Sin embargo, podrán definir en sus manuales de cargos
y clases o denominación similar, los requisitos adicionales que procedan en razón de la
naturaleza de la institución y la complejidad de sus funciones y del cargo que
corresponda, ya sea de auditor o subauditor interno, conforme a su propia normativa
interna que regula esa materia, con el fin de garantizar la capacidad, experiencia e
idoneidad del auditor y subauditor internos

2.5 Observancia obligatoria de los requisitos de los cargos de auditor y subauditor
internos Ningún candidato podrá ocupar la plaza de auditor o subauditor interno sin
cumplir con los requisitos mínimos obligatorios establecidos para el ejercicio de dicho
cargo, salvo casos excepcionales de inopia comprobada, debidamente autorizados por
la Contraloría General de la República


3. Sobre el proceso de selección para el nombramiento de auditor o subauditor
interno

3.1 Proceso de selección Los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de los
candidatos a los cargos de auditores o subauditores internos, tanto en forma interina
como por tiempo indefinido, se regirán por los principios y las reglas del régimen de
empleo público, siendo obligatorio el concurso público para el nombramiento por
tiempo indefinido, acatando obligatoriamente los lineamientos que aquí se detallan y
aplicando en forma supletoria los trámites y procedimientos establecidos en cada
Administración, en la medida en que no resulten contrarios con estos lineamientos

Cuando se trate de la contratación interina o a plazo indefinido del subauditor interno,
el jerarca tomará en cuenta el criterio no vinculante del auditor interno respecto de las
valoraciones de los postulantes que la Administración ha identificado como idóneos
para el cargo

3.2 Formación del expediente administrativo La Administración levantará un
expediente debidamente foliado y en estricto orden cronológico, en el cual se
mantendrá toda la información relativa al proceso de nombramiento efectuado,
incluyendo las acciones previas, las acciones ejecutadas, los resultados obtenidos y
demás gestiones subsecuentes


En todos los casos, el expediente administrativo permanecerá bajo custodia de la
propia institución promovente, aún después de formalizado el nombramiento

3.3 Divulgación La institución que promueve el nombramiento establecerá la forma en
que se dará la debida publicidad del concurso, de conformidad con su normativa
interna, procurando obtener una amplia divulgación del proceso para atraer la mayor
cantidad de posibles candidatos idóneos, debiendo hacer la invitación en al menos un
diario de circulación nacional

3.4 Integración de la terna La terna se integrará con los tres candidatos que obtengan
las calificaciones más altas. Una vez aprobado el concurso y la correspondiente terna
por esta Contraloría General, el jerarca escogerá discrecionalmente a quien
corresponda

3.5 Comunicación de los resultados a los participantes La Administración requerirá a
todos los participantes que señalen el medio autorizado por ley para recibir las
notificaciones y comunicaciones que se generen dentro del concurso

La Administración pondrá en conocimiento de cada concursante, el desglose del
resultado que obtuvo en la calificación individual y la conformación de la terna
resultante del proceso concursal, incluyendo aquellos casos en que se invoque la
inopia

La Administración deberá resolver las impugnaciones que interponga cualquiera de los
participantes en las distintas etapas del proceso de selección, antes de remitir la
solicitud de aprobación del proceso concursal respectivo a la Contraloría General de la
República para el trámite correspondiente

3.6 Nombramiento por inopia comprobada Cuando se invoque la inopia para el
nombramiento del auditor o subauditor interno, ésta deberá estar debidamente
comprobada y documentada de forma fehaciente en el expediente que la
Administración levantará al efecto. Asimismo, la solicitud de autorización ante la
Contraloría General de la República deberá contener una fundamentación clara,
precisa y circunstanciada de los hechos que justifican la designación, y remitirá el
respectivo expediente, con el objeto de que el órgano contralor resuelva lo que
corresponda

No se podrá realizar el nombramiento por inopia, si antes la Administración no
acredita la realización del proceso de selección, de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, en estos lineamientos y la restante
normativa aplicable


El nombramiento por inopia será una contratación laboral a plazo determinado, el cual
será establecido por la Contraloría General de la República pero no podrá exceder de
un año, salvo situaciones excepcionales que requieran de una autorización con un
plazo mayor. Previo a que se venza el plazo autorizado, la respectiva institución
promoverá un nuevo concurso externo para el nombramiento definitivo de un
funcionario que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en estos lineamientos
y el nombramiento de quien ejerce el cargo por inopia cesará de inmediato

3.7 Ausencia temporal del auditor y del subauditor Cuando se ausentare
temporalmente el auditor interno de una institución, el jerarca recargará las funciones
en el subauditor o, de no existir éste, podrá hacer el recargo en otro funcionario
idóneo de la auditoría interna. Para efectos de proceder a ese recargo no se requerirá
de la autorización de la Contraloría General, pero no deberá exceder el plazo de tres
meses y dentro de ese periodo, en caso de requerirse, la institución deberá nombrar al
auditor interno interino, de conformidad con el trámite correspondiente, para lo cual
si requiere autorización de la Contraloría General

Cuando se ausentare temporalmente el subauditor interno, el jerarca podrá recargar
hasta por tres meses sus funciones en otro funcionario idóneo de la auditoría interna
sin que para ello se requiera autorización del órgano contralor. En caso de requerirse
nombrar en forma interina un subauditor dentro de ese mismo plazo deberá
nombrarlo previa autorización de la Contraloría General

Hechos los nombramientos interinos correspondientes, cesarán los recargos
efectuados

3.8 Ausencia definitiva del auditor interno y del subauditor Cuando el auditor interno
de una institución se ausentare de modo definitivo, el subauditor asumirá las
funciones de éste; de no existir subauditor, el jerarca podrá, sin requerir de la
autorización expresa de la Contraloría General, recargar tales funciones de forma
temporal a un funcionario idóneo de la auditoría interna hasta por el plazo de tres
meses. Dentro del mismo periodo, la institución deberá nombrar al auditor interno, ya
sea de manera interina o a plazo indefinido

Cuando no exista en la auditoría interna en quien recargar las funciones del auditor
interno, la Administración podrá realizar un nombramiento interino, previa
autorización de la Contraloría General de la República. Dentro del plazo del
nombramiento interino, la Administración deberá efectuar el proceso requerido para
nombrar al auditor interno a plazo indefinido

En el caso de que la ausencia en forma definitiva fuera la del subauditor interno,
igualmente el jerarca podrá recargar sus funciones en un funcionario idóneo de la
auditoría hasta por un plazo de tres meses y dentro de ese mismo plazo deberá

realizar el nombramiento interino o por plazo indefinido conforme a los requisitos
señalados en estos Lineamientos

Asimismo, la Administración deberá efectuar los procesos de concurso público
requeridos para nombrar al auditor o al subauditor por tiempo indefinido y remitir la
solicitud de aprobación de esos procesos, dentro del plazo de los seis primeros meses
del nombramiento interino, salvo por razones debidamente acreditadas en el
expediente que se confeccione al efecto

El plazo de la autorización que otorgue la Contraloría General, sumado al del recargo
de funciones en las plazas de auditor interno o subauditor interno, en caso de que
hubiere existido, no podrá exceder de los doce meses calendario


2. El Concepto de Inopia en la Contratación de Agentes Aduaneros


Artículo 120. Inopia. Habrá inopia cuando las Universidades que imparten la carrera
aduanera, no otorguen el grado de diplomado en cuyo caso bastará el grado de
Técnico en Aduanas


Artículo 35. Obligaciones específicas (*) Además de las obligaciones establecidas en el
Capítulo 1 de este Título, son obligaciones específicas de los agentes aduaneros

a) Actuar personalmente en las actividades propias de su función y representar a su
mandante, en forma diligente y con estricto apego al régimen jurídico aduanero

b) Acreditar, ante la Dirección General de Aduanas, a los asistentes de agentes de
aduanas que deberán ostentar, por lo menos, el diplomado en aduanas, reconocido
por la autoridad educativa competente. En caso de inopia, bastará el título de técnico
en aduanas. Los asistentes de agentes de aduana deberán cumplir con las funciones,
obligaciones y los demás requisitos que se establezcan mediante reglamento

c) Tener oficinas abiertas en la jurisdicción de las aduanas en que presten sus servicios

d) Evitar que, al amparo de su autorización, agentes aduaneros que estén suspendidos
de su ejercicio actúen directa o indirectamente

e) DEROGADO (Recibir anualmente un curso de actualización, impartido por la
Dirección General de Aduanas.)


f) Dar aviso previo del cese de operaciones a la Dirección General de Aduanas, así
como entregar, a la aduana de control, los documentos originales y la información
fijados reglamentariamente para los regímenes en que intervengan. (*)

g) Entregar a sus comitentes copia o impreso de cada una de las declaraciones
aduaneras a su nombre, o reproducción de los documentos que comprendan el
despacho en que han intervenido, debidamente certificados, deberán indicar la fecha,
estampar su sello y firma, y señalar que se trata de copias fieles y exactas de las
registradas ante la aduana correspondiente. (*)

(*) Los incisos f) y g) del presente artículo han sido adicionados mediante
Ley No. 8373 de 18 de agosto del 2003. LG# 171 de 5 de setiembre del

(*) El inciso E) del presente artículo ha sido derogado mediante mediante
Ley No. 8373 de 18 de agosto del 2003. LG# 171 de 5 de setiembre del


3. La Inopia en el Registro de Oferentes ante la Contratación Administrativa

Artículo 46.- Registro. (*) En cada proveeduría institucional, se llevará un registro de
los proveedores interesados en contratar con la administración. Para tales efectos, la
administración invitará, por lo menos una vez al año, mediante publicación en La
Gaceta, a formar parte del registro de proveedores. No obstante, en cualquier
momento los proveedores interesados podrán solicitar que se les incorpore al registro

El Reglamento de esta Ley definirá las condiciones para la inscripción, su plazo de
vigencia, así como sus reglas de funcionamiento, que deberán definir un esquema de
rotación que permita la participación de los proveedores inscritos y el acceso de la
administración a las mejores ofertas. En igual forma, reglamentariamente se regularán
el procedimiento de exclusión del registro y su régimen recursivo

En el caso del Poder Ejecutivo, sus entes y órganos deberán utilizar el registro central a
cargo de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa

En las entidades descentralizadas que posean régimen desconcentrado de compras,
deberá hacerse uso del registro del nivel central, salvo que la Junta Directiva autorice
la creación de registros desconcentrados, para lo cual deberá emitir los lineamientos
respectivos


Las proveedurías institucionales podrán utilizar, por conveniencia o por inopia en sus
propios registros, el registro de otras entidades públicas, incluso el registro citado de la
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. En los
casos en que, por conveniencia, se adopte otro registro, su uso será permanente

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8511 de 16 de
mayo del 2006. LG# 128 de 4 de julio del 2006


4. Contratación de Asesorías y Consultorías en Concesión de Obra Pública
con Servicio Público por Inopia de la Administración en Cuanto a
Recursos Técnicos


Artículo 7. Personalidad jurídica instrumental (*)

1) El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental para los efectos de administrar
el Fondo Nacional de Concesiones, así como para concertar los convenios y contratos
necesarios para cumplir sus funciones

2) Corresponderá a la Presidencia del Consejo ejercer la representación judicial y
extrajudicial; tendrá las funciones establecidas en esta Ley y su respectivo Reglamento,
así como las que le asigne el Consejo Nacional de Concesiones. El Consejo podrá
autorizar a la Presidencia para que delegue esta representación, parcial o
temporalmente, en la Secretaría Técnica, sin que pierda por ello sus facultades de
representación

3) El Consejo estará dotado del personal técnico y profesional necesario para su buen
funcionamiento. Este personal será nombrado por su experiencia y conocimientos en
las áreas propias y afines a la competencia de este órgano y la idoneidad para el cargo,
de conformidad con el Estatuto de Servicio Civil, dentro de las categorías especiales
que creará la Dirección General de Servicio Civil, tomando en consideración la
naturaleza de las atribuciones de esta dependencia

4) El Consejo podrá recurrir también a la contratación a plazo fijo de los recursos
profesionales y técnicos que estime necesarios, conforme a los objetivos del proyecto
de concesión, mediante la creación de plazas excluidas del Régimen de Servicio Civil y
reguladas por la Autoridad Presupuestaria, teniendo como referencia las categorías de
los puestos incluidos en este Régimen, referidos en el párrafo anterior, tanto para la
acreditación de los requisitos como para su remuneración


5) En igual forma, podrá contratar las consultorías y los estudios que se requieran para
el cumplimiento de las competencias asignadas por ley, cuando por inopia se
compruebe que tanto el Consejo como la administración concedente, titular de las
obras y los servicios objeto de la concesión, carecen de los recursos profesionales y
técnicos para suplir estas necesidades

6) La adquisición de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las
funciones de la Secretaría y del Consejo, se regirá por los procedimientos estatuidos en
la Ley de contratación administrativa

7) Toda la actividad contractual administrativa citada en este artículo, estará sujeta al
régimen de prohibiciones previsto en la Ley de contratación administrativa

(*) El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 8643 de 30 de
junio del 2008. LG# 138 de 17 de julio del 2008


Artículo 302

1. Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la Administración
serán encargados normalmente a los órganos o servidores públicos expertos en el
ramo de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Título
Segundo de este libro

2. Cuando el Estado o un ente público carezca de personal idóneo que otro tenga, éste
deberá facilitarlo al costo y a la inversa

3. Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o importancia, podrán
contratarse servicios de técnicos extraños a la Administración

4. Las partes podrán presentar testigos peritos cuyas declaraciones se regirán por las
reglas de la prueba testimonial, pero podrán ser interrogados en aspectos técnicos y
de apreciación


5. El Nombramiento por Inopia en el Estatuto de Servicio Civil


Artículo 96. (*) Cuando una plaza del personal propiamente docente a que se refiere el
artículo 83, quedare libre por concepto de licencia, permiso del titular o cualquier otro
motivo, durante un período mayor de un año y hubiere de ser llenada con un servidor
interino, éste deberá ser nombrado siguiendo el orden descendente de la nómina de

elegibles, siempre que el candidato no tuviera plaza en propiedad de la misma clase de
puesto

Cuando una plaza del personal propiamente docente quedare libre durante el curso
lectivo o parte de éste, por motivo de licencia, permiso del titular o cualquier otra
razón, el Ministerio de Educación Pública nombrará, en forma interina, al profesor
sustituto que a su juicio sea más idóneo, del personal calificado del Registro que debe
mantener la Dirección General de Servicio Civil. En ninguna circunstancia podrá
nombrarse personal no calificado, salvo en los casos de inopia, de acuerdo con las
normas del artículo 97 siguiente

En todo caso, la aceptación de un nombramiento interino por parte de un servidor
calificado, por todo el período o el resto del curso lectivo, impedirá que durante dicho
período sea escogido de la nómina de elegibles para un puesto en propiedad. La
condición de interinidad impedirá el nombramiento en propiedad de un servidor
calificado que haya sido nombrado por el resto del curso lectivo

Si durante el período lectivo se produjeren vacantes, éstas podrán ser llenadas por
servidores interinos, hasta el final del curso, o hasta el último día de febrero del
siguiente año, según la naturaleza y condiciones del puesto. Los interinos que por su
puntuación, hubieren sido nombrados en plazas vacantes o en otras cuyos titulares
gozaren de licencia o permiso, podrán continuar desempeñándolas, mientras no hayan
podido ser llenadas o se prorrogare la licencia o permiso de éstos

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 4889 de 17 de noviembre
de 1971


Artículo 127. Los profesores autorizados de Enseñanza Media se clasifican en dos
grupos, denominados: MAU - 2 y MAU - 1

a) El grupo MAU - 2 comprende a quienes posean el título de Doctor, Ingeniero,
Licenciado o Bachiller de otras facultades que no sean la de Ciencias y Letras, sin
estudios pedagógicos, y a los bachilleres de la Escuela de Educación; todos de la
Universidad de Costa Rica; y

b) Forman el grupo MAU - 1 los estudiantes de profesorado de Enseñanza Media que
tengan aprobado el segundo año de Ciencias y Letras y Educación; quienes hayan
aprobado el segundo curso básico de la Escuela Normal Superior

Transitorio al artículo 127 (sic): Mientras exista inopia comprobada a juicio del Servicio
Civil, los profesores de Enseñanza Primaria, los postgraduados del Instituto de


Formación Profesional del Magisterio Nacional, que sean bachilleres, se considerarán
incluidos en este grupo


Artículo 119. En casos de inopia comprobada o por razones geográficas o técnicas que
lo hagan imprescindible para el buen servicio público, la Dirección General podrá,
mediante resolución razonada, variar provisionalmente los requisitos de los puestos o
de las clases de puestos, de acuerdo con el grupo de especialidad si lo tiene según
corresponda


6. El Nombramiento por Inopia en el Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados
Alcantarillados]vii

Artículo 19. En caso de inopia comprobada, la Administración podrá nombrar
interinamente a personas que no cumplan con los requisitos reglamentarios del puesto
vacante, para lo cual se preferirá a funcionarios de AyA, quienes deberán en un plazo
preestablecido realizar los estudios y prácticas necesarias del puesto

La inopia será comprobada en forma previa mediante concurso interno debidamente
publicado en el lugar de trabajo, y en caso necesario posteriormente mediante
concurso externo cuya convocatoria se publicará en un diario de circulación nacional


7. El Pago de Salario a los Funcionarios Nombrados por Inopia

Artículo 5. (*) De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá
aumentos o pasos, (hasta un total de treinta) (*) Anulada, de acuerdo con los montos
señalados en el artículo 4° anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma
del salario base más los (treinta) (*) Anulada pasos o aumentos anuales de la
correspondiente categoría

Todo servidor comenzará devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al
puesto, salvo en casos de inopia a juicio del Ministro respectivo y de la Dirección
General de Servicio Civil. Los aumentos anuales serán concedidos por méritos a
aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año
anterior, otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar
al sueldo máximo


(*) La frase "hasta un total de treinta" y la palabra "treinta" del presente artículo han
sido anuladas mediante Voto No. 15460-08 de las 15:06 horas del 15 de octubre del
2008 a la Acción No. 07-008650-0007-CO. BJ# 210 de 30 de octubre del 2008

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 6408 de 14 de marzo de


8. La Revaloración de Puesto y Salarios del Funcionario Nombrado por
Inopia

Artículo 11. Salvo en casos de inopia comprobada durante más de dos años y previo
estudio de otros factores que puedan causarla, la Dirección General de Servicio Civil no
efectuará revalorizaciones de puestos mientras el aumento del Índice de Precios
calculado por la Dirección General de Estadística y Censos no sobrepase el 4% anual
en caso de que sobrepase este límite, se efectuará una revalorización total

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 3671 de 18 de
abril de 1966

Nota: El artículo 5 de la Ley 3758 establece con respecto a este artículo lo
siguiente: No obstante las disposiciones del artículo 11 de la ley N° 2166 de
9 de octubre de 1957, reformado por ley N° 3671 de 18 de abril de 1966, la
Dirección General de Servicio Civil podrá hacer revaloraciones de puestos
hasta el 31 de diciembre de 1966, para finalizar todos aquellos estudios de
revaloración originados en fijaciones de salarios"


9. El Nombramiento por Inopia en el Colegio de Abogados y Abogadas de
Costa Rica

Artículo 14. De los departamentos. Plazo y procedimiento de nombramiento de las
personas funcionarias administrativas

Las personas titulares de los departamentos a que se refiere el Artículo precedente, así
como los nombramientos en la Dirección Ejecutiva, Auditoría Interna y Dirección
Jurídica serán designados por mayoría absoluta de la totalidad de las personas
presentes de la Junta Directiva y removidos por mayoría calificada de dos terceras
partes de la totalidad de las personas integrantes de la misma

El nombramiento de cada una de las personas titulares para los puestos en mención,
se realizará mediante concurso abierto que se publicará en dos diarios de circulación
nacional, confiriendo un plazo no inferior a diez días hábiles para la recepción de

ofertas. La Junta Directiva designará de su seno una comisión especial de tres de sus
integrantes que revisará los atestados presentados y recomendará al pleno una terna
de personas candidatas

Las personas seleccionadas, requieren estar debidamente habilitadas para el ejercicio
profesional afín al cargo. En caso de inopia de oferentes, la Junta Directiva, respetando
las mismas mayorías establecidas en el párrafo primero, podrá efectuar la designación
de una persona que estime idónea para el cargo y que llene los requisitos
mencionados


DOCTRINA


El Concepto de Inopia en el Diccionario de la Real Academia Española

Inopia. (Del lat. inopĭa)

1. f. p. us. Indigencia, pobreza, escasez

Estar en la ~

1. loc. verb. coloq. Ignorar algo que otros conocen, no haberse enterado de ello


La Estabilidad Laboral del Funcionario Público Nombrado por Inopia

La doctrina de la estabilidad impropia sin embargo, no es absoluta, sino que se
encuentra sujeta a los siguientes límites

1) Cuando se nombra a otro servidor en propiedad (plaza vacante)

2) Cuando se reincorpora el propietario a su puesto (plazo no vacante)

3) Cuando el interino inicialmente nombrado lo fue por inopia, es decir que no cumple
con los requisitos de idoneidad exigidos por la ley

4) Cuando no supera el período de prueba establecido por la ley

5) En los casos de reestructuración o disminución de plazas (Véase en ese sentido, Sala
Constitucional 2007-012545 de 10: 48 horas del 31 de agosto del 2007)


 JURISPRUDENCIA


1. El Nombramiento por Inopia

Voto de mayoría

I. Juan Carlos Gómez Porras participó en el concurso externo 4-2007 promovido por la
Universidad Nacional para llenar la plaza vacante de “Profesional asistencial en
servicios administrativos, clave de clase 52322 y categoría 32- asistente
administrativo”. Al no resultar elegido, promovió proceso de conocimiento contra esa
Universidad y la persona que resultó seleccionada, R. Solicitó, en lo medular, se anule
el nombramiento del señor L y se le designe en su lugar, con base en su idoneidad
comprobada, condición de elegible y calificación. También pidió que se le imponga a la
Universidad el pago de los daños y perjuicios. Los demandados contestaron en forma
negativa y alegaron la falta de derecho, de legitimación en ambas modalidades y de
interés. El Tribunal, al resolver el fondo de la controversia, declaró la falta de derecho,
denegó las demás defensas y rechazó la demanda. No encontrándose satisfecha con lo
decidido, la parte actora formuló recurso de apelación ante el Tribunal de Casación y
recurso de casación ante la Sala Primera, en ambos casos, dentro del plazo legal
Conforme fue dispuesto en el auto de admisión, el órgano competente para dilucidar
este asunto es la Sala Primera, a través del recurso extraordinario de casación. En todo
caso, debe advertirse que entre ambas gestiones existe identidad de argumentos

II. Formula un motivo de disconformidad, que no califica en un determinado tipo de
reparo. Contrario a lo que dice el fallo, critica, el concurso nunca debió declararse
desierto. El 30 de mayo de 2007 se le entregó el oficio PRH-PSEL-CE-004-2007, del 18
de mayo, según el cual excedía los requisitos necesarios para el puesto, por lo que
cumplía con la condición para ser funcionario de la Universidad, conforme al artículo
37 de la Convención Colectiva de Trabajo de ese centro educativo. Su nota elegible,
señala, era de 95, que no había obtenido ninguna otra persona. Asimismo, continúa, el
16 de octubre el Departamento de Asesoría Jurídica, mediante el dictamen AJ-D-804-
2007, le comunicó que era el único participante que cumplía con los requisitos
académicos, de experiencia y su condición era de elegible, por lo que, agrega, no se
podía hacer el nombramiento por inopia. Además, asevera, era improcedente que se
le rechazara por estar sobre calificado. Si sólo su oferta cumplía con todos los
requisitos, refiere, y resultó elegible, se le podía adjudicar el puesto, según manifiesta
la Contraloría General de la República en su oficio no. 395 del 15 de enero de 1999
Menciona la sentencia 504 de año no indicado, del Tribunal de Trabajo, conforme a la
cual, en un concurso de antecedentes, se cumple el principio de igualdad para los que
reúnan los requisitos de la plaza, pero el empleador deberá hacer la selección por el

más idóneo. También cita el voto de la Sala Constitucional no. 2942 del 28 de mayo de
1997, según el cual, el cargo público se adquiere por idoneidad comprobada, siempre
que se cumplan los requisitos y se esté en condición de elegible. Empero, advierte, el
Coordinador del Programa de Recursos Humanos, mediante oficio PRH-PSEL-695-2007,
le indicó al Director de la Escuela de Ciencias Biológicas que debía declarar desierto el
concurso, alegando que no hubo candidatos inscritos para el puesto, que las cuatro
personas preseleccionadas ostentaban una experiencia distinta a la requerida, y que
como ciertos candidatos cumplían con el requisito de formación académica y una
experiencia indirecta, se sometían a su consideración las ofertas de cuatro personas, y
que ante la urgencia en la contratación, se proponía nombrar en la plaza hasta por 89
días. Contrario a ello, dice, se demostró que sí contaba con la condición de elegible y
una calificación mayor a la requerida. No existen entonces, objeta, los motivos de
interés público considerados para adoptar esa decisión, ni se acreditó el cambio de
circunstancias que justifican esa medida, en los términos del artículo 29 de la Ley de la
Contratación Administrativa y 86 de su Reglamento. Lo que se ha demostrado, acusa,
es desviación de poder por parte del Coordinador del Programa de Recursos Humanos
Menciona el testimonio de M, responsable del concurso, quien manifestó que las
características del puesto estaban muy por debajo de su perfil profesional, ante lo que
pensaron que no se sentiría a gusto. Por ello, estima, el nombramiento realizado al
amparo de la inopia carece de validez. Según el Tribunal, acota, debe realizarse un
nuevo concurso, con un nuevo cuadro de calificaciones, sin embargo, eso es
improcedente, pues no debió declararse desierto el que fue abierto inicialmente
Además, refiere, se decidió ampliar la nómina para incluirlo, lo que tampoco procedía,
puesto que no se estaba ante un nuevo concurso, sino el original, que había culminado
varios meses antes, más aún si se toma en cuenta que los otros preseleccionados
nunca tuvieron la condición de elegible, de modo que la nueva evaluación no era
procedente. Como consecuencia de ello, narra, se realizó otra valoración y calificación
y se introdujo información adicional, en particular, la certificación de la experiencia de
R, que originalmente no se había aportado y no era de tipo profesional, sino más bien
técnica, lo que confirma también que ese candidato no reunía los requisitos para ser
nombrado. Lo mismo se permitió con otros concursantes, explica, dando lugar a otras
calificaciones, situación ilegal, pues la etapa de reclutamiento y selección había
terminado varios meses antes, generando indefensión, inseguridad jurídica y
desigualdad. Conforme al oficio de la Asesoría Jurídica AJ-D-273-2008, afirma, ninguno
de los preseleccionados contaba con el requisito de la idoneidad y elegibilidad. El
ejercicio de la potestad discrecional, refiere, debe basarse en la idoneidad, necesidad y
proporcionalidad. El concurso no debió declararse desierto, critica, de modo que no
cabía aplicar la discrecionalidad, pues el ordenamiento no era omiso en la regulación
de ningún elemento del acto administrativo y, por el contrario, estaba reglado desde el
inicio. Señala el artículo 134 del Código Procesal Contencioso Administrativo como


fundamento de su recurso (CPCA). Luego incluye una serie de reflexiones en torno a la
discrecionalidad, sin que en ellas se observe reparo alguno contra el fallo

III. El artículo 139 inciso 3) ibídem refiere, entre otros requisitos de admisibilidad del
recurso de casación, que debe contar con la fundamentación fáctica y jurídica
pertinente. Una serie de fallos, analizando esa disposición han referido que tal
fundamentación puede entenderse, como aquella argumentación técnico-jurídica en la
que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o
concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los
argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un
conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada
de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o
derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados
jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las
alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho
ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso
cuente con una fundamentación jurídica mínima (...) deben explicarse las razones en
las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia
recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento”
(Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La
fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la
mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la
procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se
consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios
jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a
la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al
caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total
fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en
el numeral 139.3 CPCA. A su vez debe considerarse que el artículo 140 inciso c) faculta
a la Sala a rechazar de plano un recurso cuando, entre otras razones, aún teniendo
fundamentación jurídica, se deduzca, con claridad, la improcedencia del recurso, por
razones procesales o de fondo. En tal caso, se resuelve el asunto prescindiendo del
trámite de audiencia a las partes regulado en el artículo 142 del citado cuerpo
normativo, potenciando, así, el principio de celeridad en el trámite casacional

IV. A fin de comprender de manera adecuada los aspectos controvertidos por el
recurrente, se hace indispensable hacer un recuento de los hechos y fundamentos del
fallo. Así, la sentencia recurrida, en lo medular, estimó acreditado que el 11 de
diciembre de 2006, J presentó su oferta de servicios para participar en el concurso
promovido por la Universidad Nacional, para ejecutar labores administrativas en el
sector administrativo de la Estación Biológica Marina en Puntarenas. Mediante oficio
PRH-PSEL-CE-04-2007 del 23 de enero de 2007, el Programa de Recursos Humanos le

comunicó que se consideró su nombre dentro de la lista de candidatos
preseleccionados. Luego de que se calificaran los atestados de los postulantes, el 19 de
febrero de 2007, se obtuvo el siguiente resultado


Nombre del oferente CalificaciónCondiciónObservaciones
Manuel Rubí Sánchez0DesestimadoNo posee la experiencia

Juan Carlos Gómez Porras 0Desestimado Excede los requisitos que exige el puesto
Rodolfo Li Pinel0DesestimadoNo posee experiencia
Carlos Mondragón Soto0Desestimado La carrera no es atinente al puesto
Luis Villegas Jiménez 0DesestimadoNo alcanza el mínimo de experiencia
Mario Hidalgo Zúñiga0DesestimadoNo cumple con el grado académico que exige el
puesto
Esteban Alvarado Ovares0DesestimadoNo reúne el requisito académico para aplicar al
puesto
Marco Jáen Castellón0DesestimadoNo reúne el requisito académico para aplicar al
puesto
Daniel Vartanián Alarcón0DesestimadoExperiencia no afín al cargo
Heriberto Berrocal Carvajal0DesestimadoNo reúne el requisito académico para aplicar
al puesto
Yeini Granja González0DesestimadoEspecialidad no afín al puesto
puesto


Mediante nota PRH-PSEL-695-2007 del 23 de marzo de 2007, se le comunicó al
Director de la Escuela de Ciencias Biológicas que se declaraba desierto el concurso,
porque no hubo candidatos inscritos para el puesto. Al aquí actor, el 18 de mayo
siguiente, el Área de Reclutamiento y Selección le comunicó que excedía los requisitos
exigidos para el puesto. Ante esto, el 31 de mayo, el afectado solicitó la revisión
técnica y jurídica de todo el proceso de selección. El 24 de julio de 2007 se le informó
que la Rectoría estaba estudiando el recurso de revisión que había planteado. El 11 de
octubre siguiente, el señor J solicitó al Rector el agotamiento de la vía administrativa
El 22 de octubre se puso en su conocimiento que se acogía su recurso de revisión, y
que se instruía al Programa de Desarrollo en Recursos Humanos para que anulara e
incluyera al señor J dentro de los candidatos elegibles y se le informara de la
calificación que había obtenido. Así, el 6 de diciembre se le informó que su nota era de
95, adquiriendo la condición de elegible, según oficio PDRH-ARS-2007. El 12 de
diciembre, mediante oficio FCEN-ECB-A-A-227-2007, se le comunicó a M (de puesto y
dependencia ignoradas), que resultando el señor Gómez Porras el único candidato
integrante de la nómina, procediera a ampliarla con el fin de “constar” con otros
oferentes para mejor resolver. Conforme a la revisión efectuada el 28 de enero de
2008, la calificación quedó de la siguiente forma

Nombre del oferenteCalificaciónCondiciónObservaciones

Manuel Rubí Sánchez65,5DesestimadoSe valora la experiencia indirecta que presenta
en RACSA como encargado de almacén, por cuanto conoce de administración de
inventarios, sin embargo la sumatoria de factores imposibilita alcanzar el mínimo
requerido


Juan Carlos Gómez Porras 95Elegible

Rodolfo Li Pinel95DesestimadoElegible en segunda revisión bajo el fundamento de que
las certificaciones de trabajo fueron presentadas pero los originales se dan por
recibidos en el área posterior a la elaboración final del resumen del concurso, sin
embargo sí “respondían” en tiempo

Carlos Mondragón Soto0Desestimado No preseleccionado

Luis Villegas Jiménez 85,85ElegibleSe valora experiencia presentada en Inolasa como
supervisor de control de Inventarios y en el Hotel Fiesta como auxiliar de auditoría de
ingresos, sin embargo la sumatoria de factores imposibilita el mínimo requerido

Mario Hidalgo Zúñiga0DesestimadoNo preseleccionado

Esteban Alvarado Ovares0DesestimadoNo preseleccionado

Marco Jáen Castellón0DesestimadoNo preseleccionado

Daniel Vartanián Alarcón0DesestimadoNo preseleccionado

Heriberto Berrocal Carvajal0DesestimadoNo preseleccionado

Yeini Granja González0DesestimadoNo preseleccionado


El 2 de mayo de 2008 se le comunicó al actor que la persona seleccionada era R y que
se daba por agotada la vía administrativa. En sus consideraciones por el fondo el
Tribunal razonó que según el señor J, en vista de los recursos que planteó y que
generaron su recalificación, era el único postulante elegible, por lo que debió
nombrársele en propiedad. Al respecto el fallo le indicó: “(…) olvidando el señor J, que
conforme lo realizó la administración y en pleno uso de sus facultades y potestades, el
concurso (…) fue declarado desierto. Actuación que al tenor de lo dispuesto en el
numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, es perfectamente viable y
posible cual es valorar y decidir conforme a criterios de oportunidad, conveniencia o

mérito, la mejor solución posible para adecuar el fin de interés público perseguido (…)
De ahí que la administración realiza un nuevo concurso, en donde según el cuadro de
calificaciones (…) tanto el señor Pinel como el señor J, resultan elegibles con una
misma calificación (…) Debe tener claro el actor, que sin lugar a dudas en un concurso
de selección de personal no existe un derecho subjetivo a ser electo, aunque fuera
como se indicó el único oferente, ya que el componente de elección del funcionario no
está supeditado a la oferta (…) prevaleciendo en ello, un aspecto residual propio de la
Administración Pública que incluye la posibilidad de declarar desierto el concurso,
aunque haya un funcionario elegible (…)”

V. El recurrente enfila sus críticas en diversas líneas. Por un lado refiere aspectos
probatorios, y de sus argumentos parece deducirse –porque así no lo expresa- que el
Tribunal no los ponderó. En esa línea menciona la existencia de un testimonio y la
presentación tardía de documentos por parte del señor R. La jurisprudencia de eta Sala
ha señalado, para esta materia, que tratándose de reparos de orden probatorio, bien
sea error de hecho o de derecho, tales objeciones constituyen un error indirecto, en
tanto la desavenencia en la construcción del cuadro fáctico incide, de modo reflejo, en
el derecho aplicado a la controversia. Dicho de otro modo, tal tipo de censuras han de
estar cimentadas en la invocación del derecho sustancial que resultó inobservado
como efecto de la indebida valoración probatoria. No obstante, la parte recurrente
omite, por completo, cualquier sustento jurídico que de soporte a su alegato, y se
limita a enunciar esos aspectos, sin siquiera evidenciar que el Tribunal no los ponderó,
y menos aún indicar cómo incidiría su adecuada ponderación en la parte dispositiva de
la sentencia recurrida, tal y como exige el artículo 139 inciso 3) CPCA, que fue
examinado. También incurre en la mención de una serie de afirmaciones imprecisas,
pues contrario a lo que sostiene, el Tribunal no señaló que debiera realizarse un nuevo
concurso, sino que, tal y como se deriva del acápite transcrito en el considerando
precedente, validó lo actuado por la Universidad, que culminó con el nombramiento
del señor R. Tampoco aseveró que eso se haya realizado por inopia, sino que el
recuento en esta línea daba cuenta de una recomendación administrativa de que se
nombrara, de forma preliminar, a una persona dentro de una lista, propuesta que
conforme al cuadro fáctico no se materializó. Por otra parte, la mención a una norma
de la Convención Colectiva de Trabajo de ese centro educativo, es desafortunada, pues
invocar aplicación o inaplicación de una norma de ese tipo, con independencia de que
esta sea la vía para examinarlo o no, supone, como regla de principio, que quien la
invoca goza del estatus de funcionario, circunstancia que le es ajena al actor. El último
aspecto que se rescata de su recurso y que consta de manera diáfana, es que en su
criterio, no procedía declarar desierto el concurso, lo que estima disconforme a los
artículos 29 de la Ley Contratación Administrativa y 86 de su reglamento. No obstante,
pierde de vista el recurrente que el artículo 2 de ese cuerpo legal refiere: “ (…) Quedan
fuera del alcance de la presente ley las siguientes actividades: 1. – Las relaciones de


empleo. (…)”. Lo que está en juego en esta contratación, es, en efecto, la constitución
de una relación de empleo, de modo que la invocación de las normas de la Ley de
Contratación, es desafortunada pues esa materia está excluida de su ámbito de
aplicación. Esto implica entonces, que el único sustento jurídico con que contaba su
recurso, sea inaplicable, dejando sus reparos ayunos de la debida fundamentación
técnica exigida, según se dijo, por el numeral 139 inciso 3) del CPCA, de modo que,
atendiendo a lo preceptuado en el numeral 140 inciso c) ibídem, se impone desestimar
de plano por el fondo los agravios en estudio. Debido a la particular forma como se
resuelve, se estima que debe hacerse sin especial condenatoria en costas


2. La Inopia en el Concurso Público

Voto de mayoría

I. La señora Elisa María Aguilar Cortés fue nombrada en 1975 como maestra
propietaria en la Escuela Laboratorio de la Universidad de Costa Rica. En 1983 fue
ascendida de manera interina a directora de ese centro educativo, cargo que
desempeñó desde ese instante y de forma continúa por un espacio aproximado de
once años. Dicho ascenso se realizó mediante contratos a plazo fijo por períodos de un
año y por prórrogas automáticas generadas en razón de la continuidad de sus
funciones y de la no modificación de las causas que sirvieron de base a la designación
El último fue el del 1 de marzo de 1991 con fecha de vencimiento el 1 de febrero de
1992 y hasta tanto subsistieran las causas que le dieron origen. En diciembre de 1993
se inició un concurso público para seleccionar al personal que serviría en esa Escuela
en el año próximo. En lo que concierne al puesto ocupado por la señora Aguilar Cortés,
la Comisión Mixta para los Centros Laboratorios, encargada de analizar las ofertas
seleccionó seis. La funcionaria mencionada fue ubicada en el quinto lugar de la lista de
elegibles con un puntaje de 55%. Esa Comisión recomendó para ocupar el puesto a
Carmen Barrantes Vega y Virginia Espinoza Jiménez. En definitiva, en reunión de 11 de
febrero de 1994, la señora Carmen Barrantes Vega fue designada como directora,
quien a la postre no ocupó la plaza por causas que no resultan relevantes en este
proceso. En reunión celebrada el 23 de febrero de 1994, la Comisión Mixta declaró la
inopia del concurso y procedió a buscar dos personas que pudieran asumir el cargo. En
abril de 1994 se designa de manera interina a la licenciada Marta E. Rojas Ramírez,
momento a partir del cual la señora Aguilar Cortés fue devuelta a ocupar de nuevo su
plaza en propiedad de maestra. Producto de ello, la afectada formuló recurso de
amparo ante la Sala Constitucional, contra el Ministerio de Educación Pública, el
Departamento de Personal de esa cartera y la Comisión Mixta para los Centros
Laboratorios, alegando violación al principio del debido proceso, igualdad y estabilidad
laboral al ser sustituida por una persona que ni siquiera había participado en el


concurso público instruido para nombrar a quien ocupara el cargo en propiedad
Mediante resolución no. 4568 de las 17 horas 45 minutos del 24 de agosto de 1994, la
Sala Constitucional declaró con lugar el recurso. Anuló el acto que declaraba la inopia
en el concurso para llenar la plaza de director de la Escuela Nueva Laboratorio de la
Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Otorgó un plazo de un mes
para realizar la adjudicación. Condenó al Estado al pago de las costas, daños y
perjuicios. Lo anterior al considerar que la inopia decretada era improcedente siendo
que se había levantado una lista de elegibles que cumplían con los requisitos fijados,
por lo cual, debía realizarse la escogencia de ese elenco de postulantes. A raíz de ello,
doña Elisa formula el presente proceso de ejecución de sentencia, liquidando las
siguientes partidas: a) costas personales, ¢150.000,00; b) costas procesales del recurso
de amparo, ¢5.000,00; c) daño moral, ¢2.000.000,00; d) perjuicios, ¢5.215.027,20,
consistentes en las diferencias en el monto de su jubilación. El representante del
Estado se opuso a las pretensiones de la ejecutante, por estimarlas exageradas e
infundadas. El Juzgado declaró parcialmente con lugar la demanda, otorgando: costas
personales: ¢50.000,00, costas procesales: ¢1.080,00, daño moral: ¢500.000,00 y por
perjuicios la suma de ¢516.070,40, consistente en las diferencias salariales entre el
mes de marzo de 1994 y el 17 de diciembre de ese mismo año. Sobre esos extremos,
estableció el pago de intereses hasta su efectivo pago. Impuso las costas al vencido
Conociendo de la apelación planteada por el ejecutado, el Tribunal revocó el fallo del A
quo en cuanto concedió las diferencias salariales, extremo que rechazó al no haber
sido solicitado. En lo demás confirmó el pronunciamiento del Juzgado

II.- Acude en casación el mandatario del Estado. Como motivo único acusa quebranto
de los preceptos 162 del Código Procesal Civil, 11, 13, 13 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, artículos 11, 330, 369, 370 y 704, todos del Código Civil, 39
de la Carta Magna (principios de igualdad, debido proceso, proporcionalidad y
razonabilidad), así como ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública
Alega, si en el voto de la Sala Constitucional no se sancionó el descenso de la actora al
puesto de maestra, aunque ello se haya fundado en el interés público de finiquitar el
concurso, no se ha producido daño moral alguno. Considera, se le están imputando
consecuencias de hechos atribuibles a la ejecutante. Indica, si lo que el Tribunal
Constitucional ordenó fue llevar a cabo el nombramiento con fundamento en el
concurso realizado, debe tomarse en cuenta que en el oficio no. EAE-435-94 del 11 de
febrero de 1994 de la Comisión Evaluadora de la Facultad de Educación Media del
Ministerio de Educación Pública, la gestionante obtuvo una calificación de 55%,
quedando en el quinto lugar de la lista de elegibles. Recrimina, dicho informe no fue
considerado por los juzgadores, lo que implica una lesión a los numerales 330, 369 y
370 de la normativa procesal civil, que le confieren a los documentos públicos pleno
valor probatorio para acreditar que la actora no era la idónea para ocupar el puesto
De este modo, agrega, la elección de la Directora tal y como se ordenó en el fallo


ejecutoriado en nada le beneficiaba. Ergo, infiere, no es un hecho del cual pueda
derivarse la responsabilidad del Estado. Critica, el Tribunal pretende conectar la
errónea decisión sobre el concurso aludido con un supuesto derecho a permanecer en
el cargo que desempeñaba. Aclara, la sentencia dictada en el recurso de amparo
contempló un derecho a la indemnización por el irrespeto a las reglas del
procedimiento, es decir, por no respetar sus expectativas. Estima, el reconocimiento
de un monto por daño moral tan exorbitante no se ajusta a los hechos sancionados, ya
que de una forma u otra se habría dado el cese de la ejecutante como Directora del
centro educativo. Afirma, al no entenderlo de esa manera se transgredieron los
cánones 190 y 196 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con
los artículos 317 y 693 del Código Procesal Civil, en tanto reconoce un daño sin prueba
alguna, que tiene su génesis en la culpa de la víctima y sobre la base de hechos que
pudieron generar esa responsabilidad. Asevera, se lesiona el mandato 162 del Código
Procesal Civil por falta de aplicación, así como los preceptos 11, 13 y 51 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, por cuanto al reconocer ese rubro se otorgan montos
desproporcionados con los hechos analizados. Adiciona, la fijación realizada es
desigual, inequitativa e injusta, en perjuicio de los contribuyentes. Expresa, si debe
admitirse que existe nexo causal entre los hechos conocidos en el voto ejecutado y el
daño moral reclamado, en su forma de perturbación anímica en las expectativas, la
indemnización debe realizarse en apego de las reglas de la sana crítica racional,
ponderando la prueba de forma objetiva y en armonía con los límites de la
discrecionalidad. Señala, la aplicación del principio “in re ipsa” que rige lo relativo a la
prueba del daño moral, no exime a la accionante de su deber de brindarle al juzgador
los elementos demostrativos o indicios que contribuyan a la fijación del reparo
económico conforme a los parámetros de justicia, equidad y el Ordenamiento Jurídico
La valoración de este tipo de lesión, dice, debe surgir de la interpretación adecuada del
cuadro fáctico, de manera que no es un asunto irrestricto, sin sujeción a límites. La
prudente apreciación del juez debe partir de elementos de convicción mínimos y
suficientes para poder determinar los alcances del padecimiento de la supuesta
víctima. Si en autos no constan estos elementos, tendría que adoptarse una actitud
conservadora en la cuantificación. Manifiesta, la compensación debe ser congruente
con el daño padecido. Hace referencia a precedentes de esta Sala y del Ad quem en los
que se han establecido montos inferiores al discutido. Reitera, en la especie, a pesar
no contar con medios demostrativos, se establece un cuantum elevado que no
corresponde a la magnitud del padecimiento alegado. Concluye, lo dispuesto no tiene
acogida en los postulados de equidad, debido proceso, proporcionalidad y
razonabilidad, de aplicación obligatoria conforme a los numerales 11 del Código Civil y
39 de la Constitución Política, al existir una evidente contradicción con las
circunstancias particulares del caso, al acordar un pago excesivo que no guarda
proporción con el daño comprobado. Asevera, se violentan los preceptos 162 de la
normativa procesal civil, 11, 13, 52 y 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por

cuanto se proveyó en contra de lo ejecutoriado, al extralimitarse en la partida
conferida. Reitera, la condenatoria proferida por la Sala Constitucional no justifica lo
otorgado, por lo que el fallo cuestionado es arbitrario, al incurrir, además de lo ya
señalado, en vicios de exceso y abuso de poder que rebalsa los límites de la
discrecionalidad previstos en los mandatos 15, 16 y 160 de la Ley General de la
Administración Pública

III-. Consideraciones previas sobre la ejecución de fallos de amparo. La sentencia que
acoja un recurso de amparo, por imperio del numeral 51 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, condenará en abstracto al pago de daños, perjuicios y costas. Estas
partidas, en definitiva, deberán ser liquidadas en un proceso de ejecución de
sentencia. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no prejuzga sobre la
existencia de los daños y perjuicios, sino que en el fondo, acusa una violación al
régimen de los derechos fundamentales, y sobre ella, deriva su condenatoria. Esta
particularidad, impone que en la ejecución, se establezca que los daños que se acusan,
sean efectivamente consecuencia inmediata y directa de la conducta pública
sancionada, - activa u omisiva-, de modo que se acredite un nexo causal entre esta y
las partidas que se presentan y desglosan, de manera tal, que pueda atribuir a un
sujeto en particular, en la especie, al Estado, su responsabilidad. En igual sentido,
deberá demostrar su existencia real y cuando fuere procedente, su equivalencia
indemnizatoria o compensatoria. Ya esta Sala ha indicado que de la relación de los
ordinales 317, inciso 1, 693 y 694, todos del Código Procesal Civil, en concordancia con
la cláusula supletoria general contenida en el artículo 103 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, la carga procesal de acreditar los hechos
constitutivos para el resarcimiento, corre por cuenta de quien los afirma, en este caso,
del ejecutante. (Consúltense en este sentido las resoluciones no. 54 de las 15 horas
10 minutos del 12 de junio de 1996 y 859 de las 11 horas 30 minutos del 1º de
noviembre del 2002)

IV.- Papel de esta Sala en este tipo de procesos. En ejecución de sentencia, el recurso
de casación se admite para conocer sólo de violaciones a la cosa juzgada, en cuanto se
resuelven puntos sustanciales no controvertidos en el litigio, ni decididos en la
sentencia ejecutada, o cuando se provea en contradicción con lo ejecutoriado, según
lo preceptúa el artículo 704 del Código Procesal Civil. Recientemente, por criterio de
mayoría, se ha establecido que también puede versar sobre el examen de la
prescriptibilidad o no del derecho que se ejecuta (en relación, auto no. 550 de las 13
horas 30 minutos del 4 de agosto del 2005). Fuera de esas causales taxativas, tiene
vedada esta Sala su competencia para conocer de otros vicios ajenos a los señalados
En sustancia, del recurso debe emerger la protesta por violación de las leyes relativas
al valor de la cosa juzgada, apoyada en las normas 162 y 704 ambas del Código
Procesal Civil, a la vez que tiene que indicar con claridad, cuales son los puntos que
han atentado contra este instituto. Su finalidad, a tono con lo expuesto en el

considerando precedente, estriba en la verificación de que los términos de la sentencia
que ejecuta el fallo dictado por la Sala Constitucional, (al referirse a una condenatoria
en abstracto) haya ponderado de manera adecuada, la demostración de la existencia
de un vínculo de causalidad entre los daños alegados y la conducta que se atribuye, en
este caso, al Estado. De modo que se le pueda atribuir ese efecto lesivo y además, en
la compatibilidad de lo ejecutoriado respecto de las disposiciones contenidas en el
fallo que da origen al proceso de ejecución de sentencia. Se trata entonces de una
instancia de medición del ejercicio jurisdiccional, consistente en la confrontación de
armonía de las disposiciones del juez ejecutante con respecto a los parámetros de
causalidad que se derivan de la resolución que impone el deber de análisis de las
relaciones de causalidad referidas

V.- Sobre el daño moral subjetivo. Se acusa violación de la cosa juzgada, por haberse
proveído en contradictorio con lo ejecutoriado, al condenarse al pago de ¢500.000,00
por concepto de daño moral. El casacionista recrimina que la reparación del daño
moral mencionado se sustenta en hechos que no pueden ser atribuidos a la
Administración, sino que son atinentes de manera exclusiva a la ejecutante. Adiciona
que el monto condenado es exorbitante, y atenta contra la proporcionalidad y
racionalidad que debe imperar en la fijación de este rubro. Desde este plano, conviene
aclarar para los efectos del caso, el tratamiento otorgado por esta Sala al tema. En la
sentencia no. 112 de las 14 horas 15 minutos del 15 de julio de 1992, respecto del
concepto, naturaleza y alcances de aquel indicó: “VIII.- El daño moral (llamado en
doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se
lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, empero como su
vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño
moral subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño
moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin
repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las
condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de
satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el
llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido,
etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el
patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del
profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte) (…) Para
la indemnización debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. En el caso
del objetivo, se debe hacer la demostración correspondiente como acontece con el
daño patrimonial; pero en el supuesto del daño moral subjetivo al no poder
estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación queda al prudente
arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias del caso, los principios
generales del derecho y la equidad, no constituyendo la falta de prueba acerca de la
magnitud del daño óbice para fijar su importe. La diferencia dogmática entre daño


patrimonial y moral no excluye que, en la práctica, se presenten concomitantemente
uno y otro, podría ser el caso de las lesiones que generan un dolor físico o causan una
desfiguración o deformidad física (daño a la salud) y el daño estético (rompimiento de
la armonía física del rostro o de cualquier otra parte expuesta del cuerpo), sin que por
ello el daño moral se repute como secundario o accesorio, pues evidentemente tiene
autonomía y características peculiares. En suma el daño moral consiste en dolor o
sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito
Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos de la personalidad
cuando resultan conculcados.”

VI.- Sobre el caso concreto. En cuanto al punto objeto de debate cabe señalar lo
siguiente. En la especie, la condena proferida por la Sala Constitucional se basa en la
improcedencia de decretar una inopia dentro del concurso público iniciado para
designar la persona que en definitiva ocuparía el puesto de Director en propiedad,
dentro del centro educativo en cuestión. Lo anterior ya que existía una lista de
elegibles de la cual, debía realizarse la escogencia. Producto de ello, otorgó un plazo de
un mes para culminar ese procedimiento, condenando en abstracto al Estado al pago
de daños y perjuicios, a fijar en fase de ejecución. Así, consideró que se había
prescindido del procedimiento sin y sin ninguna formalidad, se procedió a nombrar
para el cargo a una persona que ni siquiera había participado en el concurso. En estos
motivos sustentó la estimación del amparo. En este sentido, véase el considerando II
de la sentencia aludida. Como derivado de ese fallo, la ejecutante presenta una
liquidación conteniendo una serie de partidas, dentro de las que incluye, para lo de
interés, el daño moral. El Juzgado la fijó en ¢500.000,00, monto prohijado por el Ad
quem. En relación, resulta especialmente relevante lo indicado por ese alto Tribunal en
el sentido de que dado que el nombramiento interino de la amparada se había
prolongado por varios años, su sustitución solo era factible y válida si se hacía por el
sistema convencional del certamen, siendo que dentro del marco jurisprudencial que
ha sostenido, resulta improcedente sustituir a un funcionario interino por otro en la
misma condición. Ello implicaba ordenar la reposición en el cargo. Empero, por
aspectos de interés público y al encontrarse avanzado el curso lectivo, dispuso
mantener a quien estaba ocupando el puesto y conferir un plazo de un mes para
culminar el concurso. De lo anterior se colige que la ejecutante se desempeñó de
manera continua como directora en aquel Centro Educativo por un plazo aproximado
de once años. Si bien la ocupación de dicha plaza era en forma interina y debido a un
ascenso en esa condición, como se ha señalado, el ingreso de otra funcionaria solo era
factible si lo hacía como propietaria, resultado de un proceso de selección. No
obstante, el nombramiento de la nueva ocupante, según lo señaló la Sala
Constitucional, se realizó de manera inválida, ya que recayó sobre una persona que no
había presentado oferta dentro del certamen instaurado para tales efectos y mediante
un proceso marginal que no había sido previsto de antemano. La destitución de la


funcionaria de un puesto que venía ocupando desde hace un plazo considerable,
siendo sustituida por una persona que no fue designada dentro de los canales
normales y convencionales que son de mérito, constituye una fuente de zozobra,
frustración y padecimiento que sin duda, constituyen un daño moral subjetivo que
debe ser compensado. Es evidente la afectación emocional que se genera en el fuero
interno de quien, habiéndose desempeñado en un determinado puesto por más de un
década, es luego removida para designar en su lugar a un tercero mediante un
mecanismo de escogencia totalmente irregular y contrario a Derecho. Para esta Sala, la
ruptura indebida de la relación que hasta el momento se venía sosteniendo en los
términos referidos, conllevó sentimientos de desazón, angustia, impotencia y
desesperación, en general, quebrantos serios a sus condiciones anímicas, que
constituyen un nexo causal que permite imputar el daño reclamado al Estado. Si bien
es cierto la ejecutante sabía de su estatus de interinazgo y de la posibilidad inmediata
de no ocupar nuevamente el puesto cuando se designare al titular propietario (en la
eventualidad de que no fuese la adjudicataria del concurso instruido para tales fines),
lo cierto del caso es que la sustitución se dio por otra funcionaria interina que no
participó en el certamen dicho y no ante una elección objetiva practicada dentro de un
procedimiento público. Se hizo uso de una declaratoria de inopia para no adjudicar la
plaza dentro de los elegibles, cuando tal proceder era improcedente. Existe una
diferencia palpable entre ambos escenarios. En el primero (nombramiento de
propietario), sería un medio válido que no generaría daño alguno a la funcionaria, en
tanto la condición de interinazgo cede ante la designación del titular de la plaza. No
obstante, cuando esa separación es por el nombramiento de otra persona en idéntica
condición (interina), se trata de un funcionamiento ilícito que conlleva la violación de
derechos fundamentales. En la especie, esa irregularidad que ha operado sin sustento
alguno, enerva los derechos e intereses de la funcionaria destituida, y en este
contexto, sirve de base de un daño que recae en la esfera psico-emocional de la
persona, al ver desmejorada su situación personal por un acto antijurídico que
ciertamente le ha generado sufrimiento y emociones negativas. De este modo, no es
de recibo el alegato del Estado de que el daño moral reclamado se cierne sobre hechos
que incumben a la parte ejecutante. En nada incide que doña Elisa haya obtenido una
calificación de 55% y estuviera en el quinto lugar de la lista de elegibles. El daño se
alega no en relación a esta circunstancia, sino, a una sustitución que luego fue
declarada espuria. Nótese que la decisión del Tribunal Constitucional suponía, en tesis
de principio, la reinstalación en el cargo, sin embargo, fue merced a circunstancias
asociadas a criterios de conveniencia que no se dispuso ese efecto. Es decir, como
medida excepcional con respecto al criterio que venía sosteniendo en sus precedentes
y en atención a las particularidades del caso, no determinó la restitución. Lo anterior
evidencia la existencia de un ligamen causal entre la conducta acusada (que fue motivo
de examen por el Tribunal Constitucional, así como por el Juzgado y Tribunal) y el daño
reclamado, lo que determina el deber de resarcir a la víctima por ese padecimiento

conforme al régimen de responsabilidad objetiva a que está sujeta la Administración
Así lo consideró el Ad quem, en lo cual, no se observa incorrección alguna

VII. Sobre el cuantum del daño moral. Ahora bien, dicho esto, queda por analizar si la
cuantía fijada por el Tribunal se encuentra dentro de los márgenes debidos, en el
entendido de que para este órgano colegiado, se tiene por demostrada la lesión
extrapatrimonial cuya indemnización es pretende. Sobre el particular, por ser
relevante al caso, es preciso referirse brevemente a la forma en que debe cuantificarse
y los límites a que está sometido el juzgador en su definición. En relación, esta Sala en
sentencia no. 537 de las 10 horas 40 minutos del 3 de septiembre del 2003, señaló: “
proviene de la lesión a un derecho extrapatrimonial. Sea, no repercute en el
patrimonio de manera directa. Supone una perturbación injusta de las condiciones
anímicas. No requiere de una prueba directa y queda a la equitativa valoración del
Juez. Si se trata de daño moral subjetivo los tribunales están facultados para decretar y
cuantificar la condena. La naturaleza jurídica de este tipo de daño no obliga al
liquidador a determinar su existencia porque corresponde a su ámbito interno. Ello no
es problema de psiquiatras o médicos. Se debe comprender su existencia o no porque
pertenece a la conciencia. Se deduce a través de las presunciones inferidas de indicios,
ya que, el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues
cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. es
fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño moral existe “in re ipsa”
Tampoco se debe probar su valor porque no tiene un valor concreto. Se valora
prudencialmente. No se trata, entonces, de cuantificar el sufrimiento, pues es
inapreciable, sino de fijar una compensación monetaria a su lesión, único mecanismo
al cual puede acudir el derecho, para así reparar, al menos en parte, su ofensa.”. Para
mayor detalle sobre este aspecto, se pueden consultar, entre otros, de este órgano
colegiado, los fallos no. 112 ya citado, no.17 de las 14 horas 30 minutos del 21 de
febrero de 1996 y no.41 de las 14 horas 40 minutos del 14 de mayo de 1997. Aún
cuando su otorgamiento no guarda una estrecha sujeción a factores probatorios (salvo
que se relacionen con la relación de causalidad), sino a la prudencia y objetivo arbitrio
del juzgador, su fijación está sujeta a los principios de razonabilidad y de
proporcionalidad, los que deben ser valorados por la autoridad competente en cada
caso, para que su cuantificación sea acorde a Derecho y no lleve a indemnizaciones
excesivas que beneficien injustificadamente a una de las partes. Es decir, deben
guardar un justo equilibrio derivado del cuadro fáctico específico, cuestión que
ciertamente ha de ponderarse dentro de los límites señalados. No obstante, aquí no se
advierten tales vicios. Analizados los autos, se desprende que la suma fijada por el
Tribunal al respecto, fue establecida dentro de los presupuestos y parámetros de
proporcionalidad y razonabilidad a que debe sujetarse el juez para este tipo de
condenas, por lo que en esta línea, no se observa incorrección alguna. En esta línea, la
forma en que se destituyó a la ejecutante le provocó graves perturbaciones en sus


condiciones anímicas pues ostentaba un puesto de jerarquía en la estructura
organizativa del Centro Educativo, el que de manera indebida le fue despojado, no por
la designación de un titular de la plaza en propiedad, sino por un procedimiento de
escogencia incompatible con la publicidad, igualdad y transparencia consustanciales a
un certamen público. Las implicaciones de este cuadro fáctico, a juicio de este Órgano,
justifican por demás el monto otorgado por el Ad quem. Por las razones dadas, no
encuentra la Sala ninguna contradicción con lo ejecutoriado al otorgarse el daño
moral, por lo que corresponde desestimar el agravio

VIII.- Con base en las razones antedichas, no presenta el fallo impugnado los defectos
de legalidad alegados por el recurrente. Así las cosas, se impone declarar sin lugar el
presente recurso de casación, con sus costas a cargo de la parte actora


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2006. Lineamientos sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos, las
Condiciones para las Gestiones de Nombramiento, Suspensión y Destitución de dichos Cargos,
y la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas
del Sector Público. Publicados en Gaceta No 236 del 8 de diciembre de 2006

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7557 del 20/10/1995. Ley General de Aduanas. Vigente desde
01/07/1996. Versión de la norma 7 de 7 del 10/09/2012. Publicada en: Gaceta No 2012 del
08/11/1995

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7494 del dos de mayo de dos mil cinco. Ley de Contratación
Administrativa. Fecha de Vigencia desde 08/06/1995. Versión de la norma 18 de 18 del
20/02/2012. Datos de la Publicación Gaceta 110 del 08/06/1995. Alcance 20C


ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7762 del catroce de abril de mil novecientos noventa y ocho
Ley General de Concesión Obras Públicas Públicas con Servicios Públicos.Publicada en Gaceta
No 98 del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Alcance No 17

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 1581 del treinta de mayo de 1953. Estatuto de Servicio Civil
Vigente desde: 30/05/1953. Versión de la norma 11 de 11 del 26/09/2011. Publicada en
Colección de leyes y decretos año 1953. Semestre 1. Tomo 1. Página: 246

PODER EJECUTIVO. Decreto Ejecutivo No 21 del 14 de diciembre de 1954. Reglamento al
Estatuto de Servicio Civil
Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados.Publicado en Gaceta No 162 del 19 de agosto de 2004

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Ley 2166 del nueve de octubre de 1957. Ley de Salarios de la
Administración Pública. Versión de la norma 5 de 5 del 15/10/2008. Publicada en Colección de
leyes y decretos año 1957. Semestre 2. Tomo 2. Página: 269

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Administración Pública. Versión de la norma 5 de 5 del 15/10/2008. Publicada en Colección de
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición
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RAMÍREZ GRANADOS, Mario A. (2010). Las Transformaciones del Empleo Público
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SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1518 de las nueve horas
cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil doce. Expediente: 08-001404-1027-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 46 de las nueve horas
veinticinco minutos del veintiséis de enero del dos mil siete. Expediente: 02-001175-0163-CA