Editar Transcripción - 6027 - Principios Del Acto Administrativo

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Reseña

Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Principios del acto administrativo

Palabras Claves: Principios del acto administrativo

Fuentes de Información: Normativa y Doctrina. Fecha: 26-07-19

Investigador: Samael Delgado Angulo

Contenido

5. Del carácter impositivo de los reglamentos, circulares, instrucciones y
6. Del deber de exponer las instrucciones y circulares internas respecto al
7. De la postura de la finalidad a la vía administrativos de los actos
8. Del supuesto en que el agotamiento de la vía administrativa se produzca

11. De las condiciones en que deberá aparecer objetivamente el acto
12. De la subordinación de los fines particulares del acto administrativo. .. 6
16. Del supuesto al deberse de dictar una serie de actos de la misma
18. Sobre comportamientos y actividades materiales de la Administración
que tengan un sentido inequívoco e incompatible con la voluntad diversa. 7
19. De la facultad del acto al expresarse a través del otro mientras que
22. De la eficacia del acto para ser impugnable, administrativa y
23. Del efecto que producirá el acto administrativo en contra del
24. De la condición en que el acto administrativo tendrá efecto retroactivo
25. Del acto administrativo, sus efectos, ejecución en perjuicio de derechos
27. De la potestad de ejecutar de parte de la Administración actos
29. De la carencia de efecto suspensivo de recursos administrativos de la
32. De la prohibición de la resistencia violenta a la ejecución del acto

RESUMEN

El presente documento contiene material que versa sobre los principios del
acto administrativo. Para esto se acudió, a la normativa y doctrina como fuentes del
derecho administrativo costarricense

NORMATIVA

1. De la clasificación de los actos Administrativos

Artículo 120. 1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la
Administración se clasifican en externos e internos, según que vayan
destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según que vayan
destinados o no a un sujeto identificado

2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno al
externo, con la salvedad contemplada en los artículos 126 y 127

2. De los actos administrativos como decretos y como acuerdos

Artículo 121. 1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y
acuerdos cuando sean concretos

2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos o decretos
reglamentarios

3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se llamarán
resoluciones

3. De los actos internos del acto administrativo

Artículo 122.- 1. Los actos internos carecerán de valor ante el ordenamiento general
del Estado en perjuicio del particular, pero no en su beneficio

2. En este último caso el particular que los invoque deberá aceptarlos en su totalidad

3. La violación de los reglamentos internos en perjuicio del particular causará la
invalidez del acto y eventualmente la responsabilidad del Estado y del servidor público,
en los términos de esta ley

4. De la supremacía de los actos administrativos

Artículo 123.1. Tendrán relevancia externa ante los administrados y los tribunales
comunes, no obstante lo dicho en el artículo anterior, los actos internos que estén
regulados por ley, reglamento u otra norma cualquiera del Estado
2. Tendrán igual relevancia externa para los servidores de la Administración los actos
internos de ésta que afecten sus derechos en las relaciones de servicio entre ambos

5. Del carácter impositivo de los reglamentos, circulares, instrucciones y demás
disposiciones administrativas de carácter general

Artículo 124. Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones
administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer
exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares

6. Del deber de exponer las instrucciones y circulares internas respecto al acto
administrativo

Artículo 125.1. Las instrucciones y circulares internas deberán exponerse en vitrinas o
murales en la oficina respectiva durante un período mínimo de un mes y, compilarse
en un repertorio o carpeta que deberá estar permanentemente a disposición de los
funcionarios y de los administrados
2. La infracción a la anterior clasificación carecerá de todo efecto, pero el
desconocimiento del valor y jerarquía de los actos arriba establecidos producirá
nulidad absoluta

7. De la postura de la finalidad a la vía administrativos de los actos emanados
por varias órganos y actividades

Artículo 126. Pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados de los siguientes
órganos y autoridades, cuando resuelvan definitivamente los recursos de reposición o
de apelación previstos en el Libro Segundo de esta Ley, interpuestos contra el acto
final

a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de Gobierno, o, en
su caso, los del jerarca del respectivo Supremo Poder
b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades descentralizadas, cuando
correspondan a la competencia exclusiva o a la especialidad administrativa de las
mismas, salvo que se otorgue por ley algún recurso administrativo contra ellos
c) Los de los órganos desconcentrados de la Administración, o en su caso los del
órgano superior de los mismos, cuando correspondan a su competencia exclusiva y
siempre que no se otorgue, por ley o reglamento, algún recurso administrativo contra
ellos; y
d) Los de los Ministros, Viceministros y cualesquiera otros órganos y autoridades,
cuando la ley lo disponga expresamente o niegue todo ulterior recurso administrativo
contra ellos

8. Del supuesto en que el agotamiento de la vía administrativa se produzca en
virtud del silencio o de algún acto presunto de la Administración

Artículo 127.Cuando el agotamiento de la vía administrativa se produzca en virtud del
silencio o de algún acto presunto, la Administración siempre estará obligada a dictar la
resolución de fondo, de manera expresa y motivada, sin perjuicio de los efectos del
silencio para fines de impugnación jurisdiccional, de conformidad con el Código
Procesal Contencioso-Administrativo

9. De la validez del acto administrativo

Artículo 128. Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con
el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta

10. De parte de quien deberá dictarse el órgano competente

Artículo 129. El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor
regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los
trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el
ejercicio de la competencia

11. De las condiciones en que deberá aparecer objetivamente el acto
administrativo

Artículo 130.1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de
voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin
querido por el ordenamiento

2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sobre otros
elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta
3. El dolo y la violencia viciarán el acto únicamente cuando constituyan desviación de
poder

12. De la subordinación de los fines particulares del acto administrativo

Artículo 131. 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los
cuales se subordinarán los demás
2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin embargo, la
ausencia de ley que indique los fines principales no creerá discrecionalidad del
administrador al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros
elementos del acto y del resto del ordenamiento
3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será
desviación de poder

13. Del deber del contenido del acto administrativo

Artículo 132.1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar
todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido
debatidas por las partes interesadas
2. Deberá ser además. proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando
ambos se hallen regulados
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en
forma imprecisa
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de
condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido
arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del
mismo

14. Del deber del motivo del acto administrativo

Artículo 133.1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en
cuenta para dictar el acto
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté
regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos
indeterminados empleados por el ordenamiento

15. Del medio en que se deberá expresar el acto administrativo

Artículo 134.1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su
naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa
2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable, la disposición,
la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor

16. Del supuesto al deberse de dictar una serie de actos de la misma naturaleza

Artículo 135.1. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza, tales
como nombramientos, permisos, licencias. etc., podrán refundirse en un sólo
documento que especificará las personas y otras circunstancias que individualicen
cada uno de los actos, y sólo dicho documento llevará la firma de rigor
2. Los actos a que se refiere el artículo anterior serán considerados a todos los
efectos, tales como notificaciones e impugnaciones, etc., como actos administrativos
diferenciados

17. De la motivación en sus fundamentos del acto administrativa

Artículo 136.1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos
a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen
derechos subjetivos
b) Los que resuelvan recursos
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen
de órganos consultivos;(*)
d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso
e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y
f) Los que deban serlo en virtud de ley
2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de
la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas
que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se
acompañe su copia

18. Sobre comportamientos y actividades materiales de la Administración que
tengan un sentido inequívoco e incompatible con la voluntad diversa

Artículo 137. Los comportamientos y actividades materiales de la Administración que
tengan un sentido unívoco y que sean incompatibles con una voluntad diversa,
servirán para expresar el acto, salvo que la naturaleza o circunstancia de éste exijan
manifestación expresa

19. De la facultad del acto al expresarse a través del otro mientras que implique
la menesterosidad

Artículo 138. El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique
necesariamente, en cuyo caso tendrá existencia jurídica propia

20. Del silencio de la administración

Artículo 139. El silencio de la administración no podrá expresar su voluntad salvo ley
que disponga lo contrario

21. Del momento a suceder el acto administrativo

Artículo 140. El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al
administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá
desde que se adopte

22. De la eficacia del acto para ser impugnable, administrativa y
jurisdiccionalmente

Artículo 141.1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto
deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para
los términos de impugnación del acto administrativo
2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de ser
comunicado, el administrado podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome
conocimiento del inicio de la ejecución

23. Del efecto que producirá el acto administrativo en contra del administrado

Artículo 142.1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado
únicamente para el futuro, con las excepciones que se dirán
2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que
desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su
adopción, y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena

24. De la condición en que el acto administrativo tendrá efecto retroactivo en
contra el administrado

Artículo 143. El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del
administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos que favorezcan a
éste; o para consolidar, haciéndolos válidos o eficaces, actos que lo desfavorezcan

25. Del acto administrativo, sus efectos, ejecución en perjuicio de derechos
subjetivos de terceros de buena fe

Artículo 144.1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en
perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o
inequívoca en contrario del ordenamiento
2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe
deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente

26. De los requisitos de eficacia de los efectos del acto administrativo

Artículo 145.1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de
eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento
2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto
administrativo, salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento
3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser previa
4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado,
aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse

27. De la potestad de ejecutar de parte de la Administración actos
administrativos validos o anulables

Artículo 146.1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los
Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la
voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar
2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las
otras responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía
3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente
nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya
ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes
4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder

28. De la capacidad de derecho público de la Administración

Artículo 147. Los derechos de la Administración provenientes de su capacidad de
derecho público serán también ejecutivos por los mismos medios que esta Ley señala
para la ejecución de los actos administrativos

29. De la carencia de efecto suspensivo de recursos administrativos de la
ejecución

Artículo 148. Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la
ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que
decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar
perjuicios graves o de imposible o difícil reparación

30. De los medios de la ejecución administrativa

Artículo 149.-1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes

a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del administrado, cuando
se trate de un crédito líquido de la Administración, todo con aplicación de las normas
pertinentes del Código de Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la
salvedad de que el título ejecutivo podrá ser la certificación del acto constitutivo del
crédito expedida por el órgano competente para ordenar la ejecución

b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo cumplimiento puede ser
logrado por un tercero en lugar del obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución
serán a cargo de éste y podrán serle cobradas según el procedimiento señalado en el
inciso anterior; y

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima, de dar, de hacer o
de tolerar o no hacer, con la alternativa de convertirla en daños y perjuicios a
prudencial criterio de la Administración, cobrarles mediante el procedimiento señalado
en el inciso a)

2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso de la
policía y podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo estrictamente
necesario. La Administración podrá a este efecto decomisar bienes y clausurar
establecimientos mercantiles

31. De la ejecución administrativa del acto

Artículo 150.-1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida
comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad
2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de
urgencia
3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara definición y
conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser más de uno, y un plazo
prudencial para cumplir
4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o separadamente
5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el servidor competente
deberá escoger el menos oneroso o perjudicial de entre los que sean suficientes al
efecto
6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero podrán variarse
ante la rebeldía del administrado si el medio anterior no ha sufrido efecto

32. De la prohibición de la resistencia violenta a la ejecución del acto
administrativo

Artículo 151. Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución del acto
administrativo, bajo sanción de responsabilidad civil, y, en su caso, penal

DOCTRINA

De la perfección, validez, eficacia, licitud, nulidad y eficacia

[Pág. 339] Llamánse elementos del acto administrativo, los objetos que componen su
existencia como a acto de voluntad o como conducta externa de la Administración, de
conformidad con la ley. Desde el punto de vista de ésta, todo obrar administrativo –y
para continuar el modelo clásico de exposición del tema -, todo acto de la voluntad de
la Administración, debe obedecer a un esquema típico que exige la presencia
ordenada y relacionada con varios objetos –internos o externos al funcionario-,
necesarios para que aquella conducta se pueda externar como plenamente
exteriorizada. Si es un contrato, se afirma que al mismo tenga la apariencia de un
acuerdo entre dos o más, que verse sobre un objeto determinado, que haya una
manifestación clara e intangible de voluntad, aunque ese objeto sea imposible, el
sujeto sea un menor incapaz o el acuerdo este viciada por error. En esta hipótesis, de
un contrato que presenta la apariencia razonable de todos los elementos que la ley
exige para su formación, se habla de un contrato perfecto, aunque el mismo no sea
legal. Acto perfecto es el que reúne todos los requisitos y condiciones legalmente

exigidas para su plena manifestación, aunque sea en conformidad con el orden
público,

[Pág. 440] Cuando el acto no solo reúne el número y la apariencia legalmente
exigidos, sin que, además, se acomoda al esquema legal previsto para la realización
de los mismos, de modo que el acto cumple la Ley en todos sus aspectos, dicho esto
es valido, y no solo perfecto. La validez de un acto es la conformidad de todos lo
elementos con la Ley. Todo acto valido es perfecto, pero no todo acto perfecto es
valido. La prohibición policial de circular sin placa, emanada de un guarda civil y no de
un inspector de transito, es un acto administrativo que reúne todos los elementos
necesarios para suexistencia y apariencia de regularidad: Sujeto (el guarda),
competencia (la de policía), objeto (la circulación), motivo (circulación sin placas), y fin
(conservación de la identidad de los vehículos en el transito). Se trata de un acto
perfecto, pero a la vez, de un acto invalido, por falta de competencia especifica para
ejercer la policía de transito en quien solo está destinado en guardar el orden y la
tranquilidad públicas en general. En esta hipótesis, hay una circunstancia genérica (la
del policía para velar por el cumplimiento de la ley en beneficio de la seguridad de las
personas) que, sin embargo, no es la competencia precisa y exactamente exigida por
la ley en el caso, que es la especial para velar por esa seguridad en materia de
circulación. La falta de exacto y copilar ajustamiento entre la ley y la competencia
efectiva, determina la validez de la orden que prohíbe la circulación, por otro cosa
perfecta, como tal

El acto administrativo presenta la nota de eficacia, además de las de perfección y
validez. Eficaz es únicamente el acto perfecto, pero no necesariamente el que es
valido. Un acto puede ser invalido y eficaz, o ineficaz y valido. La eficacia de un acto
es capacidad actual para producir efectos jurídicos, aunque de hecho y por razones
contigentes los mismos no son materialmente ejecutables. Lo normal es que un acto
valido sea eficaz y la única posibilidad de que lo sea definitivamente desde un principio
-cuando lo es-, radica en su validez inicial, es posible, ello no obstante, que un acto
valido subordine el nacimiento de su efecto a hechos exteriores e independientes, de
acaecimiento futuro. O que la ley exija eventualidades de ese mismo tipo, antes de
que acto produzca u efecto normal. En tal caso, el acto valido no es todavía eficaz,
mientras el hecho futuro no se realiza. Es posible, a la inversa, que un acto invalido
(pero perfecto) devenga eficaz mientras no sea anulado, mediante invocación del vicio
que lo invalida. Es importante advertir, sin embargo, que la eficacia acompañada por
invalidez es normalmente transitoria y esta supeditada a la posible anulación del acto,
mientras no desaparezca el poder jurídico concreto de obtener esa anulación. En rigor,
el orden jurídico debería impedir la eficacia de actos invalidos, tanto como la ineficacia
de actos validos pero el fin practico que persigue conduce a permitirla, dentro de las
circunstancias que el orden mismo regula

[Pág. 441] Desde otro ángulo, la doctrina distingue la licitud de la ilicitud de un acto
Un acto es ilícito cuando lesiona ilegítimamente un derecho de otro sujeto, distinto del
auto del acto, es ilícito cuando lo lesiona de forma legitima, es decir, conforme al
Derecho. El comportamiento lesivo autorizado, es licito, el prohibido es ilícito. Todo
acto ilícito es invalido. El acto que lesiona un derecho o un interés en disconformidad
con el orden, es por el mero hecho, invalido e ilícito

Estas precisiones conceptuales son necesarias para abordar el tema de los elementos
del acto administrativo. La regularidad de los mismos, es necesaria para la validez
para la licitud del acto, y no lo es para la eficacia. Un acto, puede ser eficaz, por lo ya
dicho, aunque no sea valido ni licito, por la falta o defecto de algunos de los elementos
necesarios para lograr una, alguna o ambas cualidades jurídicas

El tema de los elementos del acto administrativo es el que se refiere al modo en que el
orden jurídico define la formación y manifestación. Dichos, elementos, son entonces, la
cualidades jurídicas que deben definir una conducta de la administración destinada a
producir un efecto de Derecho, para producirlo efectivamente y lograr su finalidad
Cuando falta alguna, esa finalidad se frustra y el orden sanciona la falta con la
imposibilidad del efecto jurídico deseado, el efecto no se produce. La ineficacia
derivada de la imperfección o de la invalidez del acto, y no de la ausencia de hechos
futuros e independientes de éste, que son necesarios para que se produzca el efecto
se llama nulidad. La nulidad es la ineficacia de un acto jurídico, porque es invalido o
disconforme en sí mismo del esquema legal que lo regula. La ineficacia, en sentido
estricto, es la imposibilidad de producir efecto por la no realización de los hechos
extraños y futuros frente al mismo, intrínsecos, respecto a su experiencia, que son
necesarios para lograr, así, dicho efecto. Es nulo el efecto realizado por un órgano
incompetente, en cuanto puede no producir efecto por falta de competencia, elemento
intrínseco que debe existir en el órgano cuando el acto se realiza. Es ineficaz ese
mismo acto si, habiendo sido realizado por un órgano competente, no ha sido todavía
aprobado por la Contraloría de la República, caso de producir una erogación contra el
Estado. La nulidad, como se vera, puede ser absoluta o relativa, según la importancia
del elemento faltante o defectuoso como medio para perseguir el fin público
perseguido

De la presunción de legitimidad

[Pág. 126] Se recuerda que el Derecho Administrativo, regulador de la función
administrativa, es un derecho de desigualdad por la superioridad de la Administración
Pública. Ya se sabe que esa desigualdad es característica del derecho público y sin
duda el derecho administrativo, comparándolo con el derecho privado, que viene a ser
regulador de entes que son partes o iguales. La Administración Pública se considera
superior y puede imponerse mediante el acto unilateral imperativo (…)

Como expresión de esa superioridad de la Administración, que juega en el terreno de
los privilegios del ente con potestad de imperio, esta la presunción de legitimidad de
los actos administrativos

Se parte del supuesto que el acto administrativo esta sujeto a derecho, que no tiene
vicios y que por lo tanto se puede aplicar sin problemas. Se argumenta que a partir del
supuesto opuesto, paralizaría la administración y que por ello es preferible optar por el
mal menor, a pesar de que se pueda perjudicar a los administrados, los cuales, tienen

como defensa –frente a la arbietrariedad de Estado- los recursos legales
correspondientes

Existe una presunción de validez, perfección y de congruencia con el ordenamiento
jurídico. Esta presunsión en muchas ocasiones es falsa. Pues el ente emite –
diariamente- gran numero de actos que son antijurídicos

También los defensores de esa presunción alegan que por razones de seguridad
jurídica, el Estado debe contar con este respaldo o aval

En el campo contrario a esa presunción, se desarrollan las llamadas nulidades del acto
administrativo, las que serán analizadas posteriormente

De la estabilidad

[Pág. 127] Atañe a la vigencia de la duración del efecto del acto administrativo. Estos
actos no pueden trasladarse y revocarse rápidamente, deben contar con cierta
estabilidad en el tiempo ya que de lo contrario provocarían un caos y la
desorganización, tanto en el ámbito del Estado como en el de la sociedad

Claro esta que un acto administrativo puede ser revocado por la propia administración
o a instancias de la parte interesada, por ejemplo: Pero esta nota apunta hacia la
ideonea estabilidad de la Administración del Estado

La estabilidad opera a favor del administrado, en cuanto que declara derechos
subjetivos, cause estado y sea regular. El acto administrativo debe declarar tales
derechos, es decir, una situación jurídica particularizada, debida con exclusividad por
la administración ante una norma que expresamente predetermina esa conducta (…)

Se dice que causa estado, cuando el acto se ha notificado al interesado, que se
complete el proceso de formación del acto en su plenitud, haciéndolo del conocimiento
del administrado. No debe confundirse, con los conceptos de acto firme (aquel que ya
no puede ser impugnado porque transcurrió el tiempo para ser impugnado) ni con el
acto definitivo (el emanado del órgano superior de la administración)

Se habla de acto administrativo regular, cuando éste reúne las condiciones esenciales
de validez (forma y competencia)

Sobre la impugnabilidad

[Pág. 128] El acto administrativo puede ser impugnado mediante los recursos
correspondientes en vía administrativa y en vía jurisdiccional

Este campo de la impugnabilidad da lugar al tema respectivo de los recursos o
“remedios” en sede de la misma Administración Pública o acudiendo a
Tribunales que administran derecho

De la ejecutividad y ejecutoriedad

[Pág. 128] Los actos administrativos se dictan para ser ejecutados, para
producir efectos jurídicos, previstos y determinados. Les es consustancial la
obligatoriedad, el deber ser respetado por todos como valido (Dromi, 1973,
p.222)

Así tales actos pueden ser exigibles, obligatorios, ejecutivos en cuanto que
poseen ejecutividad, ya sea que se lleven a la practica o no –ejecutoriedad-
Tal ejecutividad significa que el acto administrativo tiene que cumplirse, es
obligatorio, exigible. Esa ejecutividad implica el concepto de eficacia o
capacidad de ser puesto en practica, de producir efectos jurídicos

La ejecutoriedad tiene este sentido: Es la capacidad que tiene la propia
Administración de poner en práctica, por sus propios medios, el acto
administrativo. La ejecutoriedad supone que acto ejecutivo (valido y perfecto) e
implica la capacidad real para surtir efectos. (…)

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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública. Versión
de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4 y
página: 1403

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4
y página: 1403

xiii
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4
y página: 1403

xviii
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4
y página: 1403

xxiii
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4
y página: 1403

xxvii
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4
y página: 1403

xxviii
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4
y página: 1403

xxxii
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del 02/05/1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 13 de 14 del 23/07/2012. Datos de la publicación: Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4
y página: 1403

xxxiii
E, Ortiz. (2002). Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I. Editorial: Stadtuam. San José, Costa Rica

xxxiv
J, Romero. (2002). Derecho Administrativo General. 1. Ed.-EUNED. San José, Costa Rica

J, Romero. (2002). Derecho Administrativo General. 1. Ed.-EUNED. San José, Costa Rica

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J, Romero. (2002). Derecho Administrativo General. 1. Ed.-EUNED. San José, Costa Rica

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J, Romero. (2002). Derecho Administrativo General. 1. Ed.-EUNED. San José, Costa Rica

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