Editar Transcripción - 618 - Rectificaciones De Los Asientos Del Registro Por Ocursos Ante El Registro Civil

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RESUMEN: A continuación se expone una recopilación de normativa y
jurisprudencia que gira en torno a las rectificaciones de los
asientos del Registro. Se trata el tema de la cancelación de los
asientos, el procedimiento y el alcance de la potestad de cancelar
inscripciones registrales

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2. CANCELACIÓN DE ASIENTOS

“Artículo 64.- Cancelación de asientos
Las inscripciones hechas en el Registro, cuando resultare la
evidencia de haberse incurrido en algún vicio que implique nulidad,
o de que los datos que sirvieron para practicar el asiento
contenían alguna falsedad, deberán ser canceladas por el Director
del Registro, de oficio, o a solicitud de parte interesada
Para que sea procedente la cancelación, es indispensable que
previamente se consigne al margen del asiento respectivo una nota
de advertencia y se llenen los trámites que indican los artículos
66 y 67. La cancelación no perjudicará a tercero de buena fe, sino
a partir de la fecha de la indicada anotación marginal
La resolución final del Registro, de no ser apelada, se elevará en
consulta al Tribunal Supremo de Elecciones.” 1

TADO CIVIL

“Artículo 65.- Forma de hacer modificaciones en el Departamento del
Estado Civil
Las enmiendas o modificaciones en las inscripciones del
Departamento del Estado Civil, se harán en virtud de sentencia
dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones en vía de ocurso o
por sentencia dictada por los Tribunales Civiles en juicio
ordinario
No obstante el Registrador General rectificará mediante resolución
los, errores puramente materiales o de copia en los asientos,
cuando en el despacho exista el documento original que demuestre el
error pero la rectificación podrá ser revocada a su vez, si parte
interesada demuestra al Registrador motivo justo
Igualmente el Registrador General rectificará, a petición de parte
interesada,
los asuntos referentes a ésta, a sus causantes o a quienes
represente legalmente, siempre que se trate de simples errores
ortográficos, o de errores en los nombres, apellidos o sexo, si de

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las alegaciones que se le hicieren o documentos que se le
presentaren fuere evidente que se trata de una simple equivocación
La rectificación deberá ordenarse por resolución que se publicará
en el Diario Oficial; podrá revocarse en cualquier momento, si
parte interesada se opusiere a ella, y en ningún caso perjudicará a
tercero, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. La
rectificación se hará constar al margen del asiento respectivo, con
indicación de la resolución que la ordenó.” 2

“Artículo 66.- Rectificación de errores y su tramitación en el
Registro Civil
Cuando el Registrador tuviere conocimiento de un error que no sea
de los que indican los párrafos segundo y tercero del artículo
anterior, pondrá el asiento respectivo una nota marginal de
advertencia, y publicará por tres veces el Diario Oficial un aviso
sobre el particular para que los interesados, dentro de
ocho días posteriores a la primera publicación, aleguen sus
derechos
Vencido el término indicado se agregará a las diligencias en todo
caso, una certificación del asiento; y si los hubiere, los
documentos o alegatos presentados por sus interesados, así como las
indicaciones que estime pertinentes el Director, el cual enviará al
Tribunal los autos, para su resolución definitiva
La resolución que dicte el Director elevando los autos al
conocimiento del Tribunal, se notificará a los interesados que se
hubieren apersonado.” 3

“Artículo 67.- Término para resolver el ocurso en el Tribunal
Efectos de la resolución
Dentro de los quince días siguientes al recibo de lo actuado y las
certificaciones de los asientos conducentes del Registro, el
Tribunal dictará la resolución que corresponda
Dictada la resolución por el Tribunal, se devolverán los autos al
Registro, para su ejecución.” 4

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“Artículo 68.- Intervención de representantes en casos de menores o
inhábiles

Si hubiere menores interesados en los casos anteriores, se dará au-
diencia al respectivo representante y al Patronato Nacional de la
Infancia. Si se tratare de inhábiles se dará audiencia a su repre-
sentante o en su defecto a la Procuraduría General de la República,
para que se apersonen en su nombre.” 5

7. JURISPRUDENCIA
TRALES VICIADAS

“El artículo 64 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Elecciones y del Registro Civil establece la posibilidad de
cancelar las inscripciones registrales, “cuando resultare la
evidencia de haberse incurrido en algún vicio que implique nulidad,
o de que los datos que sirvieron para practicar el asiento
contenían alguna falsedad...”
Sin embargo, no resulta admisible la cancelación de un asiento
de nacimiento, cuando ello tenga por efecto dejar desprovisto al
interesado de todo registro de su existencia como ser humano, por
cuanto tendría como consecuencia una muerte civil que se traduce en
la exclusión de su personalidad jurídica, siendo su reconocimiento
por parte del Estado un derecho fundamental que asiste a toda persona
a la luz de la normativa internacional con relación a los Derechos
Humanos (ver, entre otros, el art. 6° de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 3° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
Por sus efectos, también contravendría el derecho fundamental a gozar
de la nacionalidad que corresponda a la persona, previsto en el
artículo 19 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, que será la del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene
derecho a otra, según lo dispone el artículo 20 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; una actuación del Estado en el
sentido dicho, adicionalmente lo colocaría como trasgresor del

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artículo 8° de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, que
manda a no privar de su nacionalidad a una persona si esa privación
ha de convertirla en apátrida
Nada obsta, desde luego, al dejar sin efecto aquella
registración que se refiera a un nacimiento del todo inexistente, lo
que también sería admisible en situaciones de inscripción duplicada
en el propio Registro Civil costarricense o en circunstancias que
evidencien su nulidad y cuya declaratoria no produzca el efecto
indicado, como lo sería cuando una persona con una identidad
establecida en otro país provoque una inscripción espuria en Costa
Rica. Fuera de esas situaciones límite, cuando medie alguna
incorrección del asiento de nacimiento, relativo por ejemplo al
momento y lugar del natalicio o a la identificación de los
progenitores, el respeto a los comentados derechos fundamentales
obliga a efectuar una simple corrección de los errores que se
detecten, aún en el supuesto en que los mismos puedan atribuirse a
mala fe del interesado, en los términos de los artículos 65 y
siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y
del Registro Civil.” 6

“Las inscripciones contienen datos esenciales y datos no esenciales
Dentro de lo esencial, puede señalarse aquello que demuestre el hecho
ocurrido o acto jurídico realizado; dentro de lo no esencial, se
puede indicar aquellas circunstancias que conforme al ordenamiento
jurídico deben contener y complementan la inscripción. En un
nacimiento ocurrido en Costa Rica, por ejemplo, lo esencial sería que
el hecho vital exista como tal, no así el nombre de los padres. Si el
hijo es de una madre que suplantó una identidad, la inscripción debe
mantenerse, sujeta claro está, a que se consigne la filiación
correcta una vez definida claramente. En un matrimonio ocurrido en el
país, lo esencial son las identidades de los contrayentes y no el
lugar en que se celebró. En una defunción, es la identidad de la
persona fallecida y no la causa por la cual sucedió el hecho. Las
cancelaciones deben enfocarse con respecto a los datos esenciales de
las inscripciones; los no esenciales son modificables, aún de oficio,
siempre y cuando se demuestre el error o la omisión en la
inscripción.” 7

DEL DEPARTAMENTO CIVIL

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“Manifiesta el apelante que es claro y evidente que el artículo 65 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil,
no sólo se refiere a enmiendas, sino a otras modificaciones. Agrega
que las primeras si se refieren a “simples errores”, pero las
modificaciones si las establece la citada ley, como obligación de
este Despacho, corregir asuntos igual al sometido a estudio en este
caso. Es sabido que este Tribunal, al desplegar funciones
administrativas, debe someterse al principio de legalidad contenido
en la Constitución Política, Ley General de la Administración
Pública, Ley que rige a los Organismos Electorales y otras leyes
conexas, de tal manera que puede y debe hacer sólo lo que le está
permitido legalmente. En relación al artículo 65 de nuestra Ley
Orgánica, debe observarse que prevé la posibilidad de efectuar
enmiendas o modificaciones en las inscripciones del Departamento
Civil, pero siempre que las mismas obedezcan a errores o
equivocaciones contenidas en los respectivos asientos. Ante esta
disposición normativa puede asegurarse, sin temor a incurrir en
imprecisión, que ni la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Elecciones, ni ninguna otra ley, contempla la posibilidad de corregir
o modificar el sexo en un asiento de nacimiento, cuando el cambio o
modificación posterior pretendido, sea consecuencia de una decisión
personal del individuo, como en el caso del recurrente que lo cambió
como resultado de una intervención quirúrgica; ésto, claro está, sin
perjuicio de que una resolución judicial lo pueda ordenar. Así las
cosas, no tiene razón el apelante al señalar que el asunto examinado
en este expediente administrativo, deba resolverse en esta vía, pues
de procederse así, se incurre en violación al principio de legalidad,
según lo expuesto anteriormente. Por otro lado, refuerza la posición
sostenida por el Tribunal en este caso, el hecho de que al corregirse
o modificarse determinado asiento en este Registro, debe demostrarse
previamente, con documentos, el error en que se incurrió al momento
de practicarse la correspondiente inscripción; sin embargo, con
relación al asiento de nacimiento del gestionante, no se demuestra
que se haya incurrido en ninguno, pues consta la consignación de su
sexo masculino desde que se inscribió. Ahora bien, es comprensible
que situaciones de esa naturaleza no hayan sido previstas y reguladas
por el ordenamiento jurídico costarricense, y especialmente por
nuestra Ley Orgánica, dado que para la época en que se promulgaron la
mayoría de esas leyes, no se contaba con los adelantos científicos y
tecnológicos modernos, y específicamente en el campo de la medicina
Ante estas circunstancias, se deduce que por no ajustarse la
corrección solicitada a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, ni a
ninguna otra disposición legal, atinente y conexa al problema, no
procede acceder a la petición del recurrente.” 8

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NACIMIENTO

Manifiesta la apelante que tiene razón el a-quo cuando señala que la
gestión planteada, consiste en una solicitud para cambiar el sexo, no
atribuible a error a la hora de consignar aquél. Agrega que sus
padres creyéndola mujer, así la inscribieron en su país natal. Indica
que el cambio efectuado no obedece a ningún capricho, sino que era
procedente rectificar un error de la naturaleza, y que actualmente es
hombre de hecho, pero que el Registro Civil, extrañamente niega
rectificar el asiento de inscripción, impidiendo ser varón de
derecho. Ciertamente, debe admitirse que conforme a la pruebas
constantes en autos, la gestionante experimentó un cambio de sexo
después que se inscribiera en el asiento de naturalizaciones como
costarricense. No obstante lo anterior, es necesario aclarar que la
no definida anatomía que presentara aquella antes de que le fuera
definida la que ostenta actualmente, obedeció únicamente a un defecto
atribuido a la naturaleza, convirtiéndose esta circunstancia en una
excepción en la generalidad de la constitución anatómica humana; de
ahí que la recurrente no poseyera conocimiento certero de su
verdadero sexo, al punto de manifestar ser mujer desde que inició el
trámite tendiente a adquirir la nacionalidad costarricense. Lo
anterior deviene en que no procede la argumentación de la recurrente
en el sentido de que su petición debe ser corregida de conformidad
con lo establecido en el artículo 65 de nuestra Ley Orgánica; pues
este artículo prevé la posibilidad de efectuar enmiendas o
modificaciones en las inscripciones del Departamento Civil, pero
siempre que las mismas obedezcan a errores o equivocaciones
contenidas en los respectivos asientos. Como consecuencia de esta
disposición normativa, puede asegurarse, sin temor a incurrir en
imprecisión, que ni la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Elecciones y Registro Civil, ni ninguna otra ley nacional, contempla
la posibilidad de corregir o modificar el sexo en el asiento de
nacimiento, cuando el cambio o corrección posterior pretendido, sea
resultado de una decisión personal del individuo, que como en el caso
de la recurrente, lo cambió por medio de una intervención quirúrgica
ésto claro está, sin perjuicio de que una resolución judicial lo
pueda ordenar. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que este
Despacho al realizar funciones administrativas, debe someterse al
principio de legalidad contenido en la Constitución Política, Ley
General de la Administración Pública, Ley que rige a los Organismos
Electorales y otras leyes conexas, de tal manera que puede y debe
hacer sólo lo que le está permitido legalmente. Así las cosas, no

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tiene razón la apelante al señalar que el asunto examinado en este
expediente administrativo deba resolverse en esta vía como ya se
dijera, dado que de procederse así, se incurre en violación al
principio de legalidad, según lo expuesto anteriormente. También,
refuerza la posición sostenida por este Tribunal en este caso, el
hecho de que al corregirse o modificarse determinado asiento en el
Registro Civil, debe demostrarse previamente con documentos, el error
en que se incurrió al momento de practicarse la correspondiente
inscripción; sin embargo, con relación a la inscripción en el asiento
de naturalizados de la gestionante, no se demuestra que se haya
incurrido en ninguno, pues como ha quedado claramente establecido
supra, fue ella misma quien indicó ser de sexo femenino, como consta
fehacientemente en el asiento respectivo. Ahora bien, es compresible
que situaciones de esa naturaleza no hayan sido previstas y reguladas
por el ordenamiento jurídico costarricense, y especialmente por
nuestra Ley Orgánica, y el motivo para ello es que para la época en
que se promulgaron la mayoría de esas leyes, no se contaba con los
adelantos científicos y tecnológicos modernos, y específicamente en
el campo de la medicina. Ante estas circunstancias, se determina que
por no ajustarse la corrección solicitada a lo dispuesto en el
artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y
Registro Civil, ni a ninguna otra disposición legal, atinente y
conexa al problema, no procede acceder a la petición de la
recurrente.” 9

12. EL PROCEDIMIENTO

Lo dispuesto en la resolución consultada es por el fondo, conforme a
Derecho, toda vez que la misma se funda en la presunción de
paternidad consagrada en el artículo 69 del Código de Familia, a cuyo
tenor se presumen habidos en el matrimonio los nacidos después de
ciento ochenta días contados desde su celebración; presunción que
sólo puede ser destruida mediante resolución de juez competente,
dictada dentro de un proceso de impugnación de paternidad. Es por tal
motivo que el artículo 53 de la Ley Orgánica del Tribunal estipula
que no se admitirá declaración en contrario respecto del hijo nacido
durante el matrimonio; disposición que la citada resolución hace
valer en el caso concreto
No obstante se observa que el señor Marco Antonio Chacón Gamboa,
esposo de la madre de las personas cuyo asiento de nacimiento se
rectifica, al momento de contestar la audiencia inicial conferida,
interpuso "Revocatoria de todo lo actuado" y apelación en subsidio
El a quo no atendió oportunamente dicha gestión sino que esperó hasta
la resolución final del procedimiento para rechazar el primero de

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dichos recursos y elevar a conocimiento del Superior el segundo de
ellos, a fin de que éste lo conociera al momento de que se
pronunciara en consulta
Es característica general de los procedimientos sumarios el carácter
irrecurrible de la resolución inicial que les da curso, tal y como se
dispone, por ejemplo, en el artículo 344 de la Ley General de la
Administración Pública. Igual acontece con el procedimiento de
rectificación de asientos registrales, en donde justamente se prevé
una audiencia preliminar para que los interesados manifiesten su
eventual oposición a las diligencias (artículo 66 de la citada Ley
Orgánica); oposición cuyos términos deben valorarse al momento en que
se dicte resolución final y que es aquélla respecto de la cual sí
cabe apelación (en los términos del numeral 112 iusibídem)
Por ello, debieron las autoridades registrales rechazar de plano los
recursos intentados por el señor Chacón tan pronto fueron
interpuestos, sin esperar al dictado de la resolución final del
expediente. A pesar de ello, el Tribunal estima que dicha omisión no
provoca nulidad de lo resuelto, a la luz de lo establecido en el
artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, en el
tanto sólo acarrea tal nulidad "la omisión de formalidades
sustanciales del procedimiento", entendiendo por tal aquella "cuya
realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en
aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión", lo cual no
ocurre en la especie, toda vez que la oposición del interesado fue
debidamente expuesta por él y valorada por la Administración
En consecuencia, procede aprobar parcialmente la resolución
consultada, pero revocándola en cuanto admite el recurso de apelación
interpuesto inicialmente por el señor Chacón Gamboa, para en su lugar
declararlo inadmisible.” 10

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FUENTES CITADAS

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de mayo de 1965. Art. 64
de mayo de 1965. Art. 65
de mayo de 1965. Art. 66
mayo de 1965. Art. 67
de mayo de 1965. Art. 68
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Resolución n° 10982002 del 18 de junio del 2002
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Resolución n° 10982002 del 18 de junio del 2002
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Resolución n° 1254O2001 del 11 de junio del 2001
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Resolución n° 1342O2001 del 28 de junio del 2001
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Resolución n° 6462003 del 22 de abril del 2003

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