Editar Transcripción - 2860 - Procedimiento Disciplinario Ante La Fiscalia Del Colegio De Abogados De Costa Rica

📝 Borrador Creado: 16/02/2026 03:30

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Informe de Investigación

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ANTE LA FISCALÍA DEL

Rama del Derecho: Descriptor
Colegios Profesionales Colegio de Abogados
Tipo de investigación: Palabras clave
Compuesta Fiscalía Colegio de Abogados, Procedimiento
Fuentes: Fecha de elaboración
Doctrina Normativa Jurisprudencia 06/10

Índice de contenido de la Investigación
b) El debido proceso en los procedimientos sancionatorios ante la fiscalía del Colegio
c) Principios de justicia pronta y cumplida en los procedimientos de la fiscalía del

1. RESUMEN

El presente informe de investigación contiene una recopilación de información sobre el
procedimientos disciplinario que se desarrolla en la Fiscalía del Colegio de Abogados de Costa
Rica, para lo cual se incluye la normativa que regula este procedimiento así como citas
jurisprudenciales de pronunciamientos de la Sala Constitucional que han interpretado dichas
normas y desarrollado la aplicación de importantes principios procesales en el proceso disciplinario
citado

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2. DOCTRINA

a) Instrucciones para la interposición de denuncias ante la fiscalía del
Colegio

"Cualquier ciudadano(a) puede denunciar al Colegio a un abogado o abogada que haya infringido
las disposiciones sobre ética profesional. La queja será investigada por la Fiscalía del Colegio y, de
comprobarse la irregularidad, la Junta Directiva aplicará la sanción correspondiente. Durante todo
el proceso, el (la) denunciante puede intervenir como parte, con los derechos y obligaciones
consiguientes

Para interponer una queja, por favor observe los lineamientos siguientes

1. El (la) profesional denunciado(a) debe haber actuado en ejercicio de la abogacía y no del
notariado (en este último caso, la competencia sería más bien de la Dirección Nacional de
Notariado)

2. El Colegio no investiga hechos no relacionados con el ejercicio profesional, particularmente los
relativos a la vida privada

3. La denuncia no tiene que venir autenticada si es presentada personalmente en las oficinas del
Colegio

Por favor incluya

• Su nombre completo y calidades, así como el nombre y –si lo tiene– el número de carné del (la)
abogado(a) denunciado(a)

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• Un relato de los hechos denunciados

• Las pruebas correspondientes (documentos, testigos, etc.)

• Indicación del lugar o del número de fax donde desee recibir notificaciones

• Dos juegos de copias de todos los documentos."

3. NORMATIVA

Reglamento Interior del Colegio de Abogados de Costa Rica

ARTÍCULO 17.—De las infracciones del Código de Moral conocerá el Consejo de Disciplina, con
sujeción a los trámites que establece la Sección 2 del Capítulo IX de este Reglamento

ARTÍCULO 70.—Toda queja contra un Abogado, Bachiller en Leyes, o Procurador Judicial, debe
ser presentada ante la Secretaría del Colegio con indicación de las pruebas correspondientes y de
ser posible con indicación del domicilio del profesional a quien se acusa, en papel sellado de
cincuenta céntimos, autenticada la firma por un abogado o por la autoridad política del lugar,
cuando la presentación no haya sido hecha personalmente al Secretario por el querellante. (Así
reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 71.—El Secretario informará a la Junta de Gobierno en la próxima sesión de las quejas
presentadas a fin de que, si no fuere el caso de rechazarlas de plano, se pasen al Fiscal para su
tramitación. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de
1952)

ARTÍCULO 72.—El Fiscal actuará como instructor con plena amplitud en el ejercicio de sus

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funciones, sin necesidad de consulta previa con la Junta de Gobierno para realizar las diligencias
que estime pertinentes. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de
noviembre de 1952)

ARTÍCULO 73.—Recibida la queja, el Fiscal citará al indiciado, mediante nota de aviso de retorno
Caso de que en un tiempo prudencial no recibiere contestación, procederá de inmediato a
notificarle la querella mediante suplicatorio al funcionario judicial de la Jurisdicción del inculpado

Cuando a su juicio la nota de aviso de retorno no ha de surtir los efectos consiguientes, podrá de
inmediato hacer la notificación en la forma ya indicada de suplicatorio. (Así reformado por el artículo
1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 74.—Citado el indiciado, se le impondrá de los cargos haciéndole saber que puede
contestar de palabra, recibiendo entonces el Fiscal sus declaraciones, o por escrito; todo dentro de
un, término de ocho días hábiles a contar de la notificación de la querella, y con la obligación de
proponer en esa exposición las pruebas de descargo que tuviere

Transcurrido el término de ocho días hábiles después de la notificación sin que haya contestado de
los cargos, el Fiscal decretará la rebeldía del indiciado y procederá a recibir la prueba propuesta
por la parte acusadora. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de
noviembre de 1952)

ARTÍCULO 75.—Como instructor podrá el Fiscal hacer las averiguaciones e estime pertinentes
para el mejor esclarecimiento de los hechos. Las pruebas testimoniales las recibirá el Fiscal
conforme fueren presentándose, pero fijará un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la
imposición de los cargos al culpado, para su recepción, declarando de oficio inevacuables las que
no se reciban en ese plazo

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Los testigos serán juramentados en debida forma, antes de rendir su declaración, por el Fiscal. (Así
reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 76.—El Fiscal tendrá la facultad de solicitar, cuando así lo estime conveniente por
propia iniciativa o a sugerencia de la Junta de Gobierno, pruebas para mejor proveer. (Así
reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 77.—Las pruebas documentales deberán presentarse con la querella o con la
contestación, o dentro de un término de ocho días hábiles a contar de la imposición de los cargos al
inculpado si su contestación fuere verbal. Caso de que el interesado no pudiere procurarse un
documento importante para la solución del caso, deberá al menos indicar el archivo, oficina o
funcionario que lo posee y presentar las expensas consiguientes para ordenar su certificación; de
otra manera se prescindirá de esa prueba. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N°
8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 78.—Concluida la información, el Fiscal presentará el expediente a la Junta de
Gobierno con un informe somero de los hechos y su parecer sobre la queja, —por escrito—. (Así
reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

Artículo 79.—La Junta de Gobierno procederá en votación secreta, a resolver la queja apreciando
la prueba como Tribunal de conciencia. Contra lo que resuelva no cabrá recurso alguno. (Así
reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 80.—Si el fallo fuere condenatorio, determinará expresamente la sanción de acuerdo
con el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ordenará que se comunique a la Corte
Suprema de Justicia; si fuere absolutoria, se procederá en su caso, como ordena el artículo 150
ibídem y mandará publicar la resolución, si lo estimare conveniente. (Así reformado por el artículo
1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

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ARTÍCULO 81.—Siempre que por impresión personal, por avisos confidenciales, por pública, voz o
por otro conducto cualquiera llegare a conocimiento del Fiscal un acto de un abogado, pasante o
procurador judicial, que pueda lastimar el decoro profesional, se cerciorará previamente sobre la
existencia de los indicios, y, en caso afirmativo, la denunciará a la Junta de Gobierno para los
efectos consiguientes, salvo que se trate de un hecho reservado a la querella privada. (Así
reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 82.—Los vocales que representan a la Junta de Gobierno en las cabeceras de
provincia, están obligados a auxiliar al Fiscal velando sobre la conducta profesional y privada de los
abogados, pasantes y procuradores judiciales, domiciliados en su jurisdicción, y comunicarán al
Fiscal cualquier falta o incorrección de que tuvieren noticia. (Así reformado por el artículo 1° del
decreto ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

ARTÍCULO 83.—Los gastos de viático que al salir de la ciudad tuvieren que hacer el Fiscal o el
Secretario, les serán indemnizados por la Junta de Gobierno. Tales gastos comprenden los de
locomoción, alimentación y también diez colones diarios que se abonarán por todo el tiempo que
sea preciso invertir desde la salida hasta el regreso. (Así reformado por el artículo 1° del decreto
ejecutivo N° 8 del 3 de noviembre de 1952)

Código de deberes jurídicos morales y éticos del profesional en Derecho

Aprobado en sesión de Junta Directiva Nº 47-2004 del 11 de noviembre de 2004 y ratificada su
aprobación en sesión Nº 50-2004 del 25 de noviembre del 2004. Publicado en La Gaceta Nº242 del
10 de diciembre del 2004

ARTÍCULO 74. La Fiscalía del Colegio de Abogados está adscrita al Fiscal y será el órgano
director en todos los procedimientos disciplinarios que se establecieren contra los abogados y las
abogadas. En caso de inhibición, recusación o impedimento del Fiscal, la Junta Directiva designará

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un Fiscal Ad Hoc

ARTÍCULO 75. Siempre y cuando no sean iniciados de oficio, los procedimientos disciplinarios se
trasladarán, de previo al dictado de su apertura, al Centro de Justicia Alternativa para intentar una
conciliación satisfactoria entre las partes. Una vez intentada la conciliación, el Centro de Justicia
Alternativa devolverá el expediente a la Fiscalía con indicación escrita de lo ocurrido para que se
proceda conforme a derecho

ARTÍCULO 76. La Junta Directiva constituida en Consejo de Disciplina podrá ordenar, como
medida cautelar, que un abogado o abogada sea suspendido (a) en el ejercicio de la profesión
cuando fuere condenado (a) por delito a pena de prisión y/o de inhabilitación para cargos, oficios
públicos o profesiones liberales

La medida cautelar podrá mantenerse mientras el procedimiento administrativo disciplinario se
encuentre en trámite

Tanto la resolución que ordene la medida cautelar, como la que ordena su prórroga tendrán recurso
de revocatoria

La medida cautelar empezará a regir a partir de su notificación

ARTÍCULO 77. La interpretación auténtica de esta normativa es competencia de la Junta Directiva
del Colegio de Abogados

ARTÍCULO 78. Las sanciones disciplinarias que podrá imponer el Colegio son las siguientes

a. Amonestación privada

b. Apercibimiento por escrito

c.Suspensión en el ejercicio profesional hasta por diez años

d. Prevención de devolución de monto pecuniario y documentos

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ARTÍCULO 79. La suspensión en el ejercicio profesional empezará a regir a partir de su
publicación en el diario oficial

Vencido el plazo de la sanción, quedará el abogado o abogada de pleno derecho habilitado (a)
para reanudar el ejercicio profesional

ARTÍCULO 80. La suspensión en el ejercicio profesional apareja la suspensión en el cargo que
exija para su ejercicio la profesión de abogado o abogada

ARTÍCULO 86. El Colegio impondrá la sanción considerando las circunstancias del caso, los
antecedentes del (la) profesional acusado (a), el daño y los perjuicios causados

El incumplimiento de la conciliación, arreglo o transacción a que se hubiere comprometido el
abogado o la abogada con ocasión de los hechos atribuidos, será un agravante a efectos de la
sanción a imponer

ARTÍCULO 87

1. Cuando los hechos imputados puedan constituir delito, según calificación de la Junta Directiva
del Colegio de Abogados, la acción disciplinaria prescribe en los plazos de prescripción de la
acción penal señalados en la normativa penal para ese delito

2. Las demás faltas prescriben en dos años

3. El cómputo del plazo de prescripción de la acción disciplinaria comenzará a partir del momento
en que quien se sienta afectado por una conducta, actuación u omisión de un abogado o abogada
tenga conocimiento de ello y esté en posibilidad de denunciarla

4. La prescripción de la acción disciplinaria, en cualquiera de los casos anteriores, se interrumpe
con la presentación de la denuncia ante el Colegio de Abogados y con todas las actuaciones que
con ocasión del trámite del procedimiento disciplinario se realicen posteriormente

5. Si el procedimiento disciplinario se suspendiere mediante resolución razonada, se suspenderá el

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cómputo de la prescripción y la caducidad por el tiempo en que el procedimiento se encuentre
suspendido

6. La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, de forma individual para cada uno de
los denunciados

ARTÍCULO 87 bis. La Junta Directiva del Colegio de Abogados podrá acordar la ejecución
condicional de la sanción disciplinaria cuando: a) El hecho atribuido no afecte gravemente el
ejercicio de la abogacía, b) Cuando la sanción impuesta sea igual o inferior a doce meses y c)
Cuando se trate de la primera sanción al agremiado. El beneficio de ejecución condicional de la
sanción implicará igualmente la realización de trabajo en beneficio de la comunidad en programas
de proyección social del Colegio de conformidad con los parámetros que defina la Junta Directiva,
siempre que no exceda el plazo de tres años y veinte horas semanales. La Fiscalía del Colegio
fiscalizará el cumplimiento de la medida alternativa. El incumplimiento injustificado por parte del
agremiado en los términos impuestos en la sanción sustitutiva y la imposición de una sanción
disciplinaria con posterioridad al otorgamiento del beneficio, implicará la cancelación de tal medida
por parte de la Junta Directiva. (Rige a partir de su publicación en La Gaceta. Reformado mediante
acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 2009-39-049, el cual fue publicado en la
Gaceta 232 del treinta de noviembre del dos mil nueve.)

4. JURISPRUDENCIA

a) Análisis de constitucionalidad del artículo 50 Código de Moral

“I.- Pretensión del recurrente El accionante persigue la anulación del artículo 50 del Código de
Moral Profesional del Abogado y del procedimiento administrativo No. 634-03, tramitado ante la
Fiscalía del Colegio de Abogados, y que concluyó con una sanción en su contra. En cuanto a lo

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primero, comprueba, a folio 28, que el 3 de mayo del 2004 presentó ante la Junta Directiva del
Colegio de Abogados un recurso de revocatoria y nulidad contra la resolución, dictada por esa
misma Junta Directiva, que lo suspende por 2 meses en el ejercicio de la profesión, con base en el
artículo 50 del Código de Moral. Ofrece dos razones para considerar que lo impugnado es
inconstitucional: porque lesiona el derecho de libertad de opinión y expresión (contemplado en la
Constitución Política y en varios instrumentos internacionales) y, por otro lado, porque toda
limitación a ese derecho debe establecerse legalmente, en virtud del principio de reserva legal, y
no por un acuerdo de la junta directiva de un colegio profesional

II.- Sobre los argumentos esbozados: En la acción de inconstitucionalidad analizada, el accionante
realiza dos peticiones claras, la primera en lo tocante a la anulación del procedimiento
administrativo seguido en su contra por el Colegio de Abogados y que culminó con la sanción
impuesta. Cabe indicarse que ese procedimiento es materia propia del recurso de amparo; ya que
por su naturaleza, es allí donde debe constatarse si existe o no lesión un derecho fundamental. En
consecuencia, en virtud del inciso b del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no es
susceptible de una acción de inconstitucionalidad en su contra

Ahora bien, respecto del segundo argumento, el aquí accionante, planteó recurso de amparo
tramitado bajo el número de expediente 04-004062-007-CO, asunto en el que discutió la
inconstitucionalidad del procedimiento mencionado, siendo que en sentencia de la Sala número
2004-05447 de las 11:29 horas del veintiuno de mayo de dos mil cuatro, se indicó

“...En la especie, el artículo 50 del Código de Moral del Abogado, que el recurrente impugna
aduciendo que violenta su Libertad de Expresión, dispone lo siguiente

“El abogado no debe divulgar ni facilitar la divulgación de noticias o comentarios vinculados a
asuntos pendientes en que intervenga en Tribunales de cualquier naturaleza. Debe evitar cualquier
ponderación de si mismo y crítica de la contraparte o los tribunales, y le está prohibido referirse en
cualquier forma a asuntos judiciales pendientes. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o
las discusiones mantenidas en relación con los mismos asuntos, ni pieza alguna del expediente

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Concluido el proceso, puede publicar en forma ponderada y respetuosa sus escritos y las
sentencias y dictámenes del expediente, pero no los escritos del adversario sin autorización. Los
comentarios deberán ser respetuosos y ecuánimes, especialmente hacia los jueces.” (El resaltado
y subrayado no es del original)

Claramente, de la lectura de la norma en cuestión se colige que al petente no se le impide ejercer
su derecho a criticar el desempeño del Ministerio Público, sino que, meramente, se le exige que se
abstenga de hacerlo mientras se encuentre pendiente el proceso judicial en el que funda su
comentario. Así las cosas, siendo que el contenido mínimo esencial de sus derechos
fundamentales no es alcanzado por la medida, lo que el recurrente presente es un mero diferendo
o desavenencia con el numeral de cita, por lo que el amparo es improcedente y, por consiguiente,
inidóneo para fundar una acción de inconstitucionalidad...”

Tal y como lo indicó la Sala, en la especie no existe en si razones de inconstitucionalidad, sino de
desavenencia con lo dispuesto por el artículo del Código de Moral impugnado, lo que no da lugar a
la inconstitucionalidad pedida, procediendo su rechazo de plano.”

b) El debido proceso en los procedimientos sancionatorios ante la fiscalía
del Colegio de Abogados

"II.- Objeto del recurso. La recurrente acusa lesión a su derecho fundamental al debido proceso,
establecido en el artículo 39 de la Constitución Política, toda vez que en su contra se inició el
Procedimiento Administrativo Disciplinario número 406-06, en la Fiscalía del Colegio de Abogados,
teniéndose que en el acta de la audiencia oral y privada no se transcribió la totalidad de la misma,
además no se incorporó toda la prueba. Cuestiona además, la competencia de la autoridad
recurrida para iniciar un Procedimiento Administrativo en su contra

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III.- Sobre el debido proceso. La Sala ha tenido sobradas oportunidades para examinar cuáles son
los elementos básicos constitutivos del debido proceso constitucional en sede administrativa
Fundamentalmente, a partir del voto nº 15-90 de las 16:45 hrs del 5 de enero de 1990 y en
repetidos pronunciamientos subsecuentes, se ha dicho que

"... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por
consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta
Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de 'bilateralidad de la audiencia' del
'debido proceso legal' o 'principio de contradicción' (...) se ha sintetizado así: a) Notificación al
interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del
interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c)
oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el
acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se
trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y
otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de
los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada." "... el
derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos
jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la
administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el
derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa..."

Y también

"Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal, (ver especialmente la
opinión consultiva nº 1739-92), aplicables a cualquier procedimiento sancionatorio o que pueda
tener por resultado la pérdida de derechos subjetivos. La Administración debe, en atención al
derecho de defensa del administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica
comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle
el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la

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preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que
considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al
procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria." (Sentencia nº
5469-95 de las 18:03 hrs del 4 de octubre de 1995)

IV.- Sobre el caso concreto. En el caso concreto, del estudio de los elementos probatorios
aportados a esta Sala, se considera que no existe violación al debido proceso dentro del
procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra de la recurrente por la Fiscalía del
Colegio de Abogados. A esta conclusión se arribó una vez analizados todos los elementos que
constituyen el debido proceso, los cuales fueron esbozados en el considerando anterior. Como
primer elemento se tiene la notificación a la amparada del procedimiento, que debe incluir el
traslado de cargos, el cual tiene que comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los
hechos que se imputan. En relación al particular, se tiene que mediante resolución de las doce
horas tres minutos del trece de setiembre de dos mil seis, la Fiscalía del Colegio de Abogados, dio
inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la recurrente, siendo que
individualizó correctamente los hechos denunciados, informó sobre el ofrecimiento de prueba,
sobre la solución alterna de conflicto, sobre la celebración de la comparecencia y por último le
indicó a la accionante que contra esa resolución procedían los recursos ordinarios de revocatoria y
apelación. Aunado a ello, por escrito del once de octubre de dos mil seis, la accionante Arcía
Fernández, contestó negativamente el traslado de cargos e interpuso excepciones de falta de
derecho y competencia, razón por la cual este Tribunal considera que a la amparada se le informó
adecuadamente sobre los hechos que se le acusan, así como de los recursos que podía ejercer,
los cuales efectivamente ejerció. Seguidamente, conviene analizar el derecho a ser oído y preparar
los argumentos y pruebas que se estimen procedentes; en ese sentido, como se mencionó
anteriormente, la recurrente interpuso excepciones de falta de derecho y competencia, las cuales
fueron resueltas conforme a derecho corresponde mediante resolución de las dieciséis horas del
once de enero de dos mil siete. Aunado a ello, por resolución de las nueve horas diez minutos del
dieciséis de febrero de dos mil siete, la Fiscalía del Colegio de Abogados, señaló las ocho horas
quince minutos del veintisiete de marzo de dos mil siete, para realizar la comparecencia oral y
privada, es decir, se le otorgó a la accionante un plazo de aproximadamente un mes y diez días
para preparar su defensa, plazo que esta Sala estima es razonable, y por ende no se lesiona el
debido proceso. Sobre el derecho de hacerse asesorar por un técnico en derecho, se desprende

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de los autos, que la amparada se hizo acompañar a la audiencia del veintisiete de marzo y su
continuación, el doce de abril, ambos de dos mil siete, por su abogado, el señor Carlos Alexander
Fuentes Nuñez, razón por la cual en el desarrollo del Procedimiento Administrativo Disciplinario
tampoco se vulneró el derecho de contar con asistencia letrada. Sobre la obligación de la
Administración de fundamentar las resoluciones y el derecho del administrado de recurrirlas, en el
caso que nos ocupa, no procede pronunciarse sobre los mismos, toda vez que la Fiscalía del
Colegio de Abogados aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la denuncia. De esta manera, se
comprueba que no lleva razón la petente en cuanto a que se lesionó su derecho al debido proceso,
toda vez que los actos realizados por la autoridad recurrida en el desarrollo del procedimiento que
se tramita en su contra, se han apegado a los lineamientos establecidos por este Tribunal

V.- Alega la recurrente, que durante la realización de la comparencia oral y privada el día veintisiete
de marzo y su continuación el doce de abril, ambos de dos mil siete, se lesionó su derecho de
defensa ya que en el acta respectiva, no se consignó la totalidad de la audiencia. Tal argumento
fue enfáticamente rechazado por el Fiscal del Colegio de Abogados en el informe rendido bajo
juramento, con las consecuencias incluso penales que prevé el artículo 44 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, al informar que las actas son amplias y contienen todos los testimonios
ofrecidos por las partes. Asimismo se pronuncia sobre el alegado rechazo de las pruebas,
exponiendo que toda la prueba proporcionada fue admitida, excepto las que fueron rechazadas por
razones de procedencia, en las cuales si el abogado objetó, quedó constando las objeciones
realizadas. En ese sentido esta Sala no encuentra ninguna omisión en las actas elaboradas en las
audiencias, las cuales puntualizan claramente las preguntas y sus correspondientes respuestas
Aunado a ello es menester señalar, que no le corresponde a este Tribunal determinar la
procedencia o improcedencia de la prueba aportada al procedimiento, toda vez que carece de los
elementos técnicos necesarios, además hacerlo rebasaría la naturaleza sumaria del recurso de
amparo. Sobre la no grabación de la audiencia, el artículo 313 de la Ley General de la
Administración Pública, es clara al otorgarle a la Administración la facultad de grabar las
comparencias, lo que implica que la determinación de grabarla o no, es competencia de la
Administración, pues no se desprende del artículo citado el deber de hacerlo. De esta manera no
encuentra esta Sala lesión alguna al derecho de defensa de la amparada en el punto anteriormente
analizado

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VI.- Por último, este Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el alegato de falta de
competencia esgrimido por la recurrente. Sobre el particular la señora Arcía Fernández estima que
la Fiscalía del Colegio de Abogados no posee la competencia para iniciar en su contra un
Procedimiento Administrativo Disciplinario por los hechos que se le imputan –cobro excesivo de
honorarios e insultos-. Observa este Tribunal que la accionante ya presentó su disconformidad ante
la Fiscalía del Colegio de Abogados, la cual fue rechazada mediante resolución de las dieciséis
horas del once de enero de dos mil siete, razón por la que resulta improcedente que este Tribunal
se convierta en otra instancia administrativa a efecto de verificar el fondo de lo resuelto por la
Fiscalía recurrida. Así las cosas, lo procedente es rechazar el presente recurso de amparo,
también en cuanto a este punto se refiere."

c) Principios de justicia pronta y cumplida en los procedimientos de la
fiscalía del Colegio de Abogados

"El recurrente Morales Campos demanda amparo por la omisión de la Fiscalía del Colegio de
Abogados de Costa Rica en resolver su denuncia de 27 de noviembre del 2003. El Fiscal
informante señálalo que la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica conoció la
denuncia en la sesión N.° 09-2004 de 19 de febrero del 2004 y lo resuelto le fue notificado al
recurrente el 12 de marzo anterior. Sobre esa base, debe acogerse el amparo solicitado. No
obstante las razones a las que apeló el informante de la necesidad de iniciar un procedimiento para
pronunciarse sobre la queja planteada por el afectado, entre otras alegaciones, no puede respaldar
la Sala que el Colegio recurrido haya dispuesto de más de tres meses para su resolución y casi un
mes más para notificar lo resuelto, lo cual resulta irrazonable y constituye, evidentemente, una
vulneración al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Por ello, para efectos
indemnizatorios debe acogerse el amparo solicitado por una vulneración de esos derechos."

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1 COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA. Consultado en la web el 21/06/2010. Página oficial del Colegio de Abogados de
Costa Rica. Disponible en : http://www.abogados.or.cr/info_general/quejas/procedimientos.php
2 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos
del dieciocho de mayo del dos mil cinco.- Res: 2005-05903
3 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas y doce minutos del treinta y
uno de Mayo del dos mil siete. Res. Nº 2007-07663
4 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos
del dos de abril del dos mil cuatro.- Res: 2004-03466

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