Editar Transcripción - 4352 - Aprobación De Las Actas De Sesión En Órganos Colegidos. Antes De La Adición De 2021

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Aprobación de las Actas de Sesión en Órganos
Colegidos

Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Aprobación Acta, Órgano Colegiado. Sala Constitucional Sentencia 940-2004

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 06/04/2015

Tabla de contenido

RESUMEN

El presente documento contiene una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia sobre la Aprobación de las Actas de Sesión en los Órganos
Colegiados, considerando los supuestos normativos del artículo 56 de la Ley General
de la Administración Pública

NORMATIVA

Aprobación de Actas de Sesiones en los Órganos Colegiados

Artículo 56.-

1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las
personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha
celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación
y el contenido de los acuerdos

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación
carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los
miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de
los miembros del Colegio

3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren
hecho constar su voto disidente

JURISPRUDENCIA

Artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública

Voto de mayoría

Recurso de amparo interpuesto por Torres Álvarez Zeydy, portadora de la cédula de
identidad número 3-285-928, ama de casa y Hidalgo Montoya Manuel, portador de la
cédula de identidad número 3-252-189, comerciante, ambos mayores, casados y
vecinos de San José; contra la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público del
Ministerio de Obras Pública y Transportes

RESULTANDO

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:40 horas del 20 de octubre
del 2003 (folio 1), los recurrentes interponen recurso de amparo contra la Junta
Directiva del Consejo de Transporte Público y manifiestan que el 4 agosto de
2003 presentaron ante el Consejo de Transporte Público solicitud de permiso de
transporte de estudiantes de la unidad placas SJB-9052, para la ruta San Rafael de
Escazú - Rohrmoser – Canal 6 – Lagunilla de Heredia – el Virilla, La Uruca – Hatillo 8 -

Calle Blancos – San Sebastián – Centro Educativo Integral Alternativa – SEINAL
(Primaria y Secundaria) y Viceversa. Señala que el 21 de agosto del 2003 el Consejo de
Transporte Público les informó, que se enviaría el informe técnico de estilo a la Junta
Directiva para que resolviera lo procedente; sin embargo, a la fecha de interposición
del amparo no han obtenido respuesta alguna. Estiman que se ha violado, los
derechos tutelados por los artículos 27 y 41 de la Constitución Política. Solicitan se
declare con lugar el recurso

2. Informa Dennis Torres Zúñiga, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del Consejo
de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes(folio 25), que la
solicitud de los recurrentes requiere, para su valoración, de un informe técnico que
debe emitir el departamento de administración de concesiones y permisos, sección
buses. Mediante oficio 03-4305 del 13 de agosto de 2003 se remitió al referido
departamento la gestión del amparado y ese departamento a su vez remitió el informe
técnico correspondiente a la Junta Directiva mediante oficio 03-4572 del 18 de
septiembre de 2003. La Junta Directiva conoció del informe en la sesión ordinaria 33-
2003 del 1 de octubre de 2003, artículo 5.12; acuerdo que al rendir el informe ante
esta Sala aún no estaba firme, razón por la cual no ha sido notificado a los
amparados. Solicita se desestime el recurso planteado por cuanto resolvieron antes
de que ingresara el amparo a la Sala

3. En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales

Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,

CONSIDERANDO

I. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como
debidamente demostrados los siguientes hechos

a) Que el 4 agosto de 2003 los amparados presentaron ante el Consejo de Transporte
Público una solicitud de permiso para el transporte de estudiantes en la unidad placas
SJB-9052. (folio 1)

b) La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes conoció del informe emitido por el Departamento de
Administración de Concesiones y permisos, sección buses, en sesión ordinaria 33-2003
del 1. de octubre de 2003, artículo 5.12 ; acuerdo que al rendir el informe ante esta
Sala, no había sido notificado a los amparados (folio 25)

II. Hechos no probados: que no estuviere firme el acuerdo tomado por el Concejo de
Transporte Público en su sesión ordinaria 33-2003 del 1. de octubre de 2003, artículo

III. Sobre el fondo. De la lectura detallada de la prueba agregada a los autos se extrae
que el 4 agosto de 2003 los amparados presentaron ante el Consejo de Transporte
Público solicitud de permiso de transporte de estudiantes para la unidad de
transportes placas SJB-9052; en fecha 21 de agosto de 2003 se informó a los
accionantes, como ellos mismos lo admiten en el recurso, que el informe técnico que
realiza el Departamento de Administración de Concesiones y Permisos, Sección de
Buses, sobre la unidad que pretende utilizarse en el servicio público de transporte de
estudiantes, sería remitido a la Junta Directiva del Concejo para que se pronunciara
sobre la procedencia de lo solicitado y de acuerdo con el informe rendido bajo
juramento por el accionado, a la fecha de interposición del amparo -que ingresó a la
Sala el 20 de octubre de 2003-, los accionados ya se habían pronunciado sobre lo
solicitado, lo que hicieron en sesión sesión ordinaria 33-2003 del 1 de octubre de
2003, artículo 5.2; sin embargo, los accionados no han acreditado ante la Sala haber
notificado a los amparados lo resuelto, y la reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha
sostenido que por imperio de los numerales 27 y 41 constitucionales, las
Administraciónes públicas deben resolver, dentro de un plazo razonable, las gestiones
que hagan los administrados, debiendo en todo caso notificarles lo resuelto. En el
subjudice, el acuerdo que resuelve la gestión de los amparados se tomó –tal y como se
informó bajo juramento- el 1 de octubre de 2003 y a la fecha en que la autoridad
accionada rindió informe ante esta Sala habían transcurrido 27 días naturales, sin que
se hubiere concretado la notificación a los interesados. Los accionados señalan en su
descargo que el acuerdo no se encontraba firme, lo que resulta inadmisible para este
Tribunal, puesto que al tenor de lo establecido en el numeral 56 de la Ley General de la
Administración Pública, los acuerdos de los órganos colegiados quedarán firmes una
vez que sea aprobada el acta en la sesión ordinaria siguiente y, en el subjudice, la
ley N. 7969 que creó el Concejo de Transporte Público señala en su artículo 10, que el
Concejo sesionará, como mínimo, una vez a la semana y que podrá celebrar hasta ocho
sesiones al mes, entre ordinarias y extraordinarias, razón por la cual la Sala estima
inadmisible la excusa de los accionados en el sentido de que 27 días naturales después
de adoptado un acuerdo, el mismo no había sido notificado a los interesado por
cuanto no se encontraba firme

IV. Por lo anteriormente expuesto se declara con lugar el recurso ordenando a los
accionados notificar a los amparados la resolución dictada en sesión ordinaria 33-2003
del 1. de octubre de 2003, artículo 5.12; todo ello dentro del término de ocho días
contado a partir de la notificación de esta resolución

Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Dennis Torres Zúñiga, Director Ejecutivo
a.i. del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
que gire las órdenes y emita las instrucciones respectivas para que, dentro del término

de ocho días naturales contado a partir de la notificación de esta resolución, notifique
a los amparados lo dispuesto en sesión ordinaria N. 33-2003 del 1. de octubre de
2003, artículo 5.12, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres
meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que
deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al
Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Dennis Torres Zúñiga,
Director Ejecutivo a.i. del Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal

Carlos M. Arguedas R

Ana Virginia Calzada M. Ernesto Jinesta L

Adrián Vargas B. Teresita Rodríguez A

Gilbert Armijo S. Fabián Volio E

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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 6227 del dos de mayo de 1978. Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma 13 de 13 del 23/07/2012. Publicada en Colección de leyes y decretos Año: 1978
Semestre: 1. Tomo: 4. Página: 1403

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 940 de las catorce horas con
treinta y seis minutos del tres de febrero de dos mil cuatro. Expediente: 03-010914-0007-CO

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