Editar Transcripción - 4718 - El Plazo Y La Calificación Única De Documentos En La Ley No 8220 (Exceso De Trámites)

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Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Plazo, Calificación Única, Exceso de Trámites, Ley de Protección al Ciudadano
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Sala Primera Sentencias 116-2010, 405-
2014; Sala Segunda Sentencia 346-2004; Tribunal Contencioso Administrativo Sección I
Sentencias 35-2006, 522-2006 y Sección VIII Sentencia 27-2012

Fuentes de Información: Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 11/03/2016

Contenido

1. Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
3. Análisis del Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso
4. Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos, el Silencio Positivo y la Materia
5. Obligaciones Derivadas del Artículo 6 de la Ley de Protección al
6. Silencio Positivo y el Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano

RESUMEN

El presente informe de investigación contiene jurisprudencia sobre el Plazo y la
Calificación Única de Expedientes Administrativos, considerando los supuestos del
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos y el criterio externado por las Salas Primera y Segunda de la Corte
Suprema de Justicia y el Tribunal Contencioso Administrativo Secciones I y VIII

NORMATIVA

Plazo y Calificación Únicos

Artículo 6. Plazo y calificación únicos. La Administración tendrá el deber de resolver el
trámite siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado. La entidad, el órgano o el
funcionario de la Administración deberá verificar la información presentada por el
administrado y prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete los requisitos
omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información. La
prevención debe ser realizada por la Administración como un todo, válida para los
funcionarios, y no se podrán solicitar nuevos requisitos o señalar nuevos defectos que
no fueron prevenidos oportunamente, aun cuando sea otro funcionario el que lo
califique por segunda vez

La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración y
otorgará al interesado hasta diez días hábiles para completar o aclarar; transcurridos
estos continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8990 del 27 de setiembre del
2011)

JURISPRUDENCIA

1. Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos
y Trámites Administrativos

Voto de mayoría

VII. En la segunda censura, la casacionista endilga irrespeto al principio de calificación
única, preceptos 4 y 6 de la ley 8220, así como el quebranto de los numerales, 106 y
114 de la LGS, 15 del RICPRNICM, 11 de la LGAP y 11 Constitucional. El Tribunal indicó,
no existe un derecho a la renovación automática de los registros, por el contrario, la
Administración posee competencia para cuestionar aspectos relevantes del producto,
pues el ámbito donde operan, está relacionado con el derecho a la salud. Sostiene, si
bien la norma 15 del RICPRNICM establece una serie de requisitos que deben
cumplirse al momento de presentar la solicitud de renovación, de su texto no se
desprende que con su presentación, el MS esté obligado a renovarla “ipso facto”
Indica, por las responsabilidades que conlleva y tratándose de un asunto de interés
público, el MS se encuentra obligado a calificar la gestión y en su caso, proponer lo que
sea necesario en beneficio de la salud humana. Por esta razón, apunta, no se
encuentra invalidez alguna en la conducta administrativa que solicitó aclaraciones y
ordenó cambios en la mezcla del producto para su inscripción, pues se trata de un
jarabe para el consumo humano. Cita varias tesis de la Sala Constitucional en cuanto a
la existencia de un derecho humano a la salud, el cual, dice, deriva del precepto 21 de
la Carta Magna, involucrando el bienestar físico, mental y social, y, que implica la
obligación del Estado de proteger la vida humana. Menciona también varios fallos de
esa Sala referentes al rol del MS como órgano público encargado de velar por la salud
de los habitantes del país. Aduce, al Ministerio de cita se le ha dotado de diversas
facultades que incluyen la verificación de los requisitos de ley para la operación de
cualquier actividad y la prevención de mejoras. Considera, no puede situarse al canon
15 del RICPRNICM por encima del derecho a la salud, puesto que éste deriva de la
propia Constitución Política. Ahora bien, explica, en el caso concreto, el 3 de octubre
del 2008, la Dirección de Registros y Controles del MS, le remitió a la actora el oficio
DRC-4046-08-R, mediante el cual le previno presentar un juego de artes atinentes a la
presentación externa del producto, con algunas correcciones. Manifiesta, el 25 de
noviembre del 2008, la accionante dirigió una nota a la Ministra de Salud, indicando su
inconformidad con lo prevenido, específicamente, en cuanto a incluir dentro de los
usos, el relativo a la “claudicación intermitente”. Luego, expresa, el 30 de julio del
2009, mediante oficio DAC-1970-09-RM, la Jefa de Unidad Plataforma de Servicios, del
MS, le comunicó a la demandante que no había cumplido con las correcciones
solicitadas. De lo anterior, aprecia el Tribunal, la accionante no cumplió con los

requerimientos del MS, razón por la cual, en vista de que tampoco demostró que tales
requisitos resultaran contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o técnica (artículo 15
LGAP), su cuestionamiento de las conductas administrativas resulta improcedente,
pues se limita a pedir la “nulidad por la nulidad misma”. Para esta Sala, en lo medular
el alegato se sustenta en la violación del principio de calificación única por parte del
MS, mandatos 4 y 6 de la Ley 8220, así como de los preceptos 114 de la LGS y 15 del
RICPRNICM, sin que en efecto se aluda en forma alguna a la sentencia combatida
Simplemente refiere aspectos que desde su perspectiva implicarían la nulidad de una
serie de actos administrativos, sin que se señalen argumentos que permitan establecer
el quebranto en que incurren los juzgadores en su sentencia. Por consiguiente, ante la
expresión de simples disconformidades generales las cuales no han sido contrastadas
con el fallo, el cargo no es admisible, circunstancia que obliga a su rechazo. Sin
perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento de razones, la casacionista
básicamente aduce, que el MS incurrió en contradicciones al aceptar en principio la
utilización del Panax ginseng en la mezcla, lo que luego objetó. Cita también en esa
línea, la emisión de una serie de oficios, los cuales dice, junto con el cambio de criterio
que ha señalado, acreditan la vulneración al principio de calificación única en que
incurre el Ministerio. En cuanto a este punto específico, el numeral 4 de la Ley 8220,
refiere el sometimiento de toda gestión administrativa, a los principios de publicidad y
legalidad. De igual forma, el ordinal 6 de ese cuerpo normativo, obliga a resolver el
trámite, verificando la información aportada y previniendo la presentación de los
requisitos, por una única vez. No obstante, a lo anterior, debe aunarse, que se está
frente a conductas relacionadas con la renovación y/o autorización de un producto
para consumo humano, con indicaciones terapéuticas, cuya incidencia en el ámbito de
la salud pública es evidente. Por esta razón, la competencia del MS no se puede limitar
a la simple recepción de la solicitud de prórroga y a la comprobación del cumplimiento
de los requisitos reglamentarios. Al contrario, el MS está obligado a verificar los usos
de los componentes y de manera eventual, a formular aquellos requerimientos que
desde su punto de vista técnico estime válidos, con la finalidad de autorizar los
registros correspondientes (canon 2 LGS). Ello como parte de la función que le ha sido
atribuida constitucional y legalmente al Estado, a fin de velar por la salud de la
población, con apego al principio que enarbola a la salud, como un derecho humano
fundamental. En ese sentido, de acuerdo al numeral 1° de la LGS, no existe duda en
cuanto a que la salud es un bien de interés público tutelado por el Estado
Adicionalmente, debe partirse del hecho irrefutable, de que tanto la Ley como el
Reglamento de amplia cita, conceden al MS una facultad anterior y de mayor grado,
que la simple revisión del cumplimiento de requisitos a efecto de prorrogar los
registros, cual es, la de autorizar la solicitud de inscripción. Acorde al precepto 8 del
RICPRNICM, las solicitudes de inscripción de productos industrializados con base en
elementos naturales, deben cumplir con una amplia gama de requisitos y aspectos
informativos, que obviamente, permiten una interacción entre la comisión técnica

nombrada al efecto y el solicitante. Llama la atención, que con esa finalidad y de
acuerdo al mandato reglamentario de referencia, la responsabilidad de aportar
documentación científica que acredite la validez de la solicitud, recae en el solicitante
Asimismo, los continuos avances en el conocimiento científico, imponen además al
MS, la obligación de mantenerse al día en cuanto a las consecuencias que puedan
provocar los productos cuyo registro se solicita, lo cual implica revisar las
formulaciones, sea que se trate de solicitudes originales, o renovaciones. Desde esa
arista, en modo alguno podría estimarse, que por el solo acto que conceda el registro
original, las formulaciones o mezclas puedan mantenerse inalteradas, pues es
indudable, éstas pueden ser eventualmente objetadas o modificadas de cara a la
generación de conocimientos novedosos sobre su campo de acción. De ahí que no se
observe que la conducta administrativa del MS sea contraria a derecho al cambiar de
criterio en cuando a la utilización de ciertos componentes en la fórmula del producto
cuya renovación del registro se solicitó, salvo que se pruebe mediante probanzas
técnicas lo contrario. En efecto, nótese que el numeral 112 de la LGS, establece la
obligación del solicitante en cuanto a satisfacer los requerimientos técnicos al indicar
que: “Toda persona física o jurídica sólo podrá importar, fabricar, manipular, comerciar
o usar medicamentos registrados en el Ministerio y cuyo registro haya satisfecha las
exigencias reglamentarias, en especial las relativas a: la naturaleza y cantidad de la
información requerida sobre el medicamento o producto sometido a registro; la
entrega de muestras necesarias para practicar los análisis que haya menester, a las
pertinentes al nombre con que se identificará el producto; al contenido de la rotulación
al tipo de envases o envolturas que se usarán y al pago de las tasas que indique el
arancel pertinente”. Igualmente, acorde al canon 119 de la LGS: “La importación,
venta, expendio, manipulación y almacenamiento de todo medicamento queda sujeto
a las exigencias generales legales y reglamentarias y a las restricciones que el
Ministerio decrete para cada medicamento en particular…” En el caso concreto, el
Tribunal tuvo por demostrado, que el 3 de octubre de 2008, la Dirección de Registros y
Controles del Ministerio de Salud, le remitió a la demandante el oficio DRC-4046-08-R,
mediante el cual le previno enviar dos juegos de artes con las siguientes
correcciones:"1. Indicación aceptada: "Coadyuvante en el tratamiento sintomático de
la insuficiencia cerebro vascular leve o moderada; alivio sintomático de la claudicación
intermitente. Debe existir una valoración médica previa. 2. Eliminar la frase que
aparece encima del nombre PROMITON, que menciona CIRCULACIÓN CEREBRAL Y
VASCULAR. 3. Corregir la forma de almacenamiento "MANTÉNGASE EN UN LUGAR
ABIERTO 4. Corregir la leyenda: "Agitar el frasco antes de usar". 5. Corregir la leyenda
"El Ministerio de Salud no avala otros usos que los aceptados en esta etiqueta". 6. La
leyenda "Manténgase fuera del alcance de los niños", colocarla en Advertencias. No
omito manifestarles que de acuerdo a la ley 8220 el trámite quedará pendiente de

respuesta a este oficio y que cuenta con un máximo de 10 días para tal efecto." (hecho
tenido por probado no. 11). Aunque la actora, mediante nota del 25 de noviembre de
2008 se opuso a la prevención, no cumplió con lo requerido, situación que le fue
notificada el 30 de julio del 2009, mediante oficio DAC-1970-09-RM (hecho tenido por
probado 17).Dicha resolución, según se ha hecho ver, consistía en una serie de
correcciones informativas en los artes del producto a comercializar. De tal manera, no
se observa que el oficioDRC-4046-08-R (requerimiento que no fue cumplido), haya
excedido las potestades conferidas por ley al Ministerio en cuestión. Tampoco, se
quebrantó el precepto 114 de la LGS, puesto que dicho numeral solo establece el plazo
de vigencia del registro, tema respecto del cual el MS no emitió opinión alguna,
circunstancia que por demás, no ha sido objeto de examen en este proceso
Adicionalmente, el mandato de cita menciona: “El registro de todo medicamento
durará cinco años, salvo que las infracciones en la elaboración, comercio o uso en que
haya incurrido su titular, o experiencias demostrativas de que el producto es inseguro o
ineficaz en los términos en que fue autorizado y registrado, hagan procedente su
cancelación o la modificación que corresponda”. Como se observa, la norma limita el
plazo de vigencia a cinco años, el cual podría ser aún menor de llegar a presentarse los
supuestos de excepción ahí dispuestos. En la especie, es claro, el MS no ha emitido
acto alguno que limite el plazo de vigencia del registro del producto, por el contrario,
se encontraba frente a una solicitud de prórroga ante el vencimiento, de ahí que no se
observe quebranto de la norma en cuestión. Por su parte, el mandato 15 del
RICPRNICM menciona los requisitos que deben acompañarse a la renovación
solicitada, entre ellos, la solicitud respectiva, declaración jurada del representante
legal en cuanto a que las condiciones de inscripción no han variado, etiqueta del
producto tal y como se está comercializando, recibo de pago por concepto del registro
y permiso de funcionamiento vigente. La casacionista considera que al solicitarse
modificaciones en la mezcla, el MS violentó dicha norma, toda vez que formuló
exigencias mas allá de las potestades que le han sido conferidas por ley. Tal posición
no es compartida por este órgano decisor, pues, se reitera, el derecho a la salud de la
población, tiene su origen en la Carta Fundamental. Asimismo, la propia LGS confiere
facultades al órgano rector del sector salud, a fin de que, entre otras cosas, solicite
amplia información al gestionante, todo ello con el fin de tutelar el derecho a la salud
Así las cosas, no es dable interpretar que en el caso concreto, el MS estuviese limitado
a la simple recepción de los documentos dispuestos por el precepto 15 del RICPRNICM
Por el contrario, ante información novedosa sobre los usos del producto; y aún en caso
de duda sobre las cualidades de la mezcla propuesta, podía perfectamente solicitar
nueva información o las modificaciones que en esa línea estimara pertinentes, todo
ello en aplicación de principios superiores dispuestos constitucionalmente y facultades
concedidas legalmente, a fin de garantizar el derecho fundamental a la salud. Por las
razones expuestas el cargo debe ser rechazado

2. Presentación Única de Documentos y Protección del Administrado

Voto de mayoría

“VI. SOBRE EL DERECHO DE RESPUESTA. En cuanto al último argumento que se
esgrime, de que la institución actora incurrió en una omisión de respuesta, es preciso
referir, que el deber de respuesta de la administración y el derecho de petición, s e
encuentra consagrado s en el artículo 27 de la Constitución Política, que dispone que: "
Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier
funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener una pronta resolución",
supone que los particulares pueden solicitar y tener acceso a la información, no
restringida o confidencial, que reside en las diferentes entidades d el Estado, y para
ello puede presentar sus peticiones, a las autoridades o funcionarios públicos, para
que se le suministre la información o se le brinde una pronta respuesta dentro de un
plazo razonable, lo anterior en atención a que la administración en su cotidiano
quehacer debe regir su actividad, conforme a los principios de eficacia, eficiencia,
celeridad y simplicidad, buscando la obtención de los fines y metas asignadas por el
propio ordenamiento jurídico, sin procedimientos alambicados, que retarden la
satisfacción de los intereses públicos. La Administración, tiene entonces el deber de
brindar una respuesta, dentro de los plazos fijados a la petición formulada, lo cual no
puede consistir en emitir una simple constancia de que se recibió la petición, aunque
tampoco se le obliga a brindar una respuesta favorable a las pretensiones del
administrado, ya que lo que se garantiza es el derecho de pedir, no de obtener lo
pedido. En cuanto a los plazos que tiene la Administración, para pronunciarse en torno
a las diferentes peticiones, el gestionante debe atenerse a los plazos específicos
señalados en las normas concretas, como lo es el caso de la Ley General de la
Administración Pública, u otras leyes o reglamentos, sin embargo en el supuesto de
que no existiere un plazo específico, la Sala Constitucional ha establecido que en esos
casos, el plazo para informar al ciudadano, aquello que resulte de su interés, es el de
diez días que establece el artículo 32 de la Leyque rige esta jurisdicción(voto Nº440-
94). La Ley Nº 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites,
tutela el derecho que tienen el administrado, de acceder a las diferentes instancias
administrativas para plantear su petición y obtener una respuesta dentro de los plazos
legales o reglamentarios establecidos, conforme al principio de cooperación
institucional e interinstitucional. La referida ley busca proteger al ciudadano, de la
duplicación de trámites o de información, mediante la presentación única de
documentos (art. 2 y 6 LeyNº8220) y establece plazos generales, para que ante la
ausencia de uno específico, al administrado se le resuelvan las solicitudes. El artículo
22 del Reglamento Nº 32565-MEIC, dispone que "... a) Cuando la solicitud del
administrado es pura y simple y consiste en un mero derecho a ser informado o la

obtención de una certificación y constancia, la Administración se encuentra frente al
ejercicio del llamado derecho de petición. En este caso la entidad tiene el plazo de diez
días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina
administrativa. b) En el caso de reclamos administrativos y trámites que deban concluir
con un acto final de decisión, verbigracia, solicitudes de permisos, licencias y
autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de
fiscalización y tutela de la Administración, o bien por el grado de complejidad de la
solicitud planteada, se requiera dictámenes, peritajes e informes técnicos similares; la
oficina administrativa competente resolverá la solicitud en el plazo de un mes, contado
a partir de que el administrado presentó o completo la solicitud según sea el caso (el
subrayado no es del original). En relación a la omisión de respuesta que le atribuye la
actora a la demandada, es preciso enfatizar que la certificación que solicitó la
sociedad, no se podía encasillar como una simple certificación o constancia, que podía
emitir se en el plazo de los diez días que establece las normas citadas , sino que como
ya se analizó se requería para su emisión la suscripción previa de un arreglo de pago ,
lo que ineludiblemente conlleva a su trámite y aprobación formal, l o cual en atención
al grado de complejidad, el plazo aplicable sería el de un mes debe resolverse en el
plazo de un mes, que establece el artículo 22 inciso b) del Reglamento Nº 32565-MEIC,
el cual no se cumplió , si se toma en consideración que la solicitud de arreglo se
presentó el 22 de noviembre de 2009 y los servicios contratados se tenían que
empezar a prestar el 11 de diciembre de ese mismo año, término final que se toma,
por cuanto nunca se acreditó cual era la fecha posible para la suscripción del convenio,
ya que si le damos validez a la fecha consignada en el borrador de contrato, la firma
del mismo se realizaría el 13 de noviembre de 2009, sea un día después de la solicitud
de arreglo. Si bien es cierto el Tribunal no desconoce, los problemas técnicos que la
institución enfrentó, por un error en el sistema , esto no quiere decir que la institución
estaba obligada a agilizar el arreglo de pago y emitir o extender una constancia de
estar al día en el pago de las obligaciones patronales, que era precisamente lo
requerido por la actora, lo que no podría cumplir la institución, precisamente porque
el actor no tenía la condición de patrono al día, por su propio incumplimiento. Se
concluye entonces que existe una falta de nexo causal entre los daños morales y
materiales que dice haber sufrido la actora y la conducta atribuida a la accionada,
razón por la cual se impone el rechazo de la demanda.”

3. Análisis del Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso
de Requisitos y Trámites Administrativos

Voto de mayoría

IX. Tal y como se indicó en el considerando V, el agravio expresado por el recurrente
estaba compuesto, en realidad, por dos reproches independientes. El segundo de ellos
y que se analizará de seguido, se refiere a que el Tribunal consideró improcedente el
rechazo de la gestión debido a que no aportó las hojas de trabajo. Al respecto, en la
sentencia impugnada se afirmó que, si existía duda sobre la realidad de la certificación,
lo procedente era prevenir que estas fueran aportadas, y no asumir que debieron
haber sido presentadas. En este sentido, la actuación realizada por la Dirección de
Migración implica un vicio en el procedimiento que invalida el acto administrativo
impugnado, tal y como lo dispusieron los juzgadores de instancia. En efecto, debe
considerarse que la prevención realizada al interesado en el procedimiento
administrativo se limitó a requerir la demostración de solvencia económica, lo cual fue
cumplido por el actor. La necesidad de presentar las hojas de trabajo fue fijada
mediante una circular, la cual consiste, como ya se dijo, en un acto interno. Por ello no
puede ser asimilada a una norma jurídica revestida con la presunción fijada en el
mandato 129 constitucional, de conformidad con el cual nadie puede alegar
desconocimiento de la ley. Así las cosas, para que el archivo del procedimiento sea
válido, la prevención hubiera tenido que ser expresa en este sentido, indicando que en
caso de adjuntarse una certificación de contador público autorizado, debían adjuntarse
las respectivas hojas de trabajo, lo cual no se dio. Por ello, al no haberse aclarado esta
circunstancia cuando se le solicitó la acreditación de la solvencia económica, lo cierto
del caso es que, de cara a la tramitación del procedimiento, dicha exigencia se debió
de tener por cumplida y pasar a la etapa de valoración de las pruebas. Cabe destacar
que resulta plenamente aplicable en la especie lo dispuesto en el numeral 6 de la Ley
de Protección al Ciudadano del exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley
no. 8220, de conformidad con el cual, la Administración podrá prevenirle al interesado,
por una única vez, que complete los requisitos omitidos. Lo anterior, claro está, con
excepción de aquellas falencias no apreciables al momento de revisar la
documentación. En este sentido, el ordinal 223 de la Ley General de la Administración
Pública dispone que el incumplimiento de aquellas formalidades sustanciales del
procedimiento se sancionará con nulidad absoluta. De igual forma, se indica que serán
sustanciales aquellas “cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la
decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.” Resulta
claro que si la Administración hubiera cumplido este trámite, la petición pudo haber
sido resuelta conforme al mérito de los elementos probatorios, en lugar de haber sido
archivada por aspectos formales. Aunado a lo anterior, resulta aplicable el principio
pro actione, el cual se desprende del numeral 224 de la Ley General de la

Administración Pública, y que postula que los procedimientos deben ser tramitados
procurando el conocimiento del asunto mediante el dictado del acto final. Por ello, lo
procedente es declarar sin lugar el agravio. Ahora bien, y a mayor abundamiento de
razones, nada obsta que la Dirección General de Migración exija que las certificaciones
de contador público autorizado sean acompañadas de las hojas de trabajo, siempre y
cuando se lo comunique al interesado mediante la respectiva prevención,
debidamente motivada. Ya esta Sala se ha pronunciado sobre la fe pública de dichos
profesionales de la siguiente forma

“XII. Los documentos o instrumentos públicos, mientras no sean argüidos de falsos,
hacen plena prueba de la existencia material de los hechos que el oficial público afirme
en ellos haber realizado él, o haber pasado en su presencia, en el ejercicio de sus
funciones (artículo 370 del Código Procesal Civil). De acuerdo con lo anterior, la plena
prueba se refiere a los hechos que el oficial público afirme haber realizado él mismo, o
haber pasado en su presencia, en el ejercicio de sus funciones. Si no se está ante esos
supuestos, aún cuando el documento sea público, por haber sido expedido con los
requisitos señalados por el artículo 369 ibídem, las afirmaciones en él contenidas,
pueden ser combatidas por cualquier medio de prueba. ...” De acuerdo con el artículo 8
de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, los documentos
que expidan los CPA en el ramo de su competencia, tendrán el valor de documentos
públicos… …La naturaleza de público y, por ende de plena prueba, se circunscribe a la
constatación de la existencia de los registros analizados por el CPA y a los actos o
hechos realizados o ejecutados por ellos”. (Voto No. 421 de las 9 horas 40 minutos del
20 de junio del 2005). Así, en virtud de lo sensible de la materia migratoria, resulta
razonable contar con todos aquellos elementos probatorios que permitan acreditar,
fehacientemente, la solvencia económica de la pareja. Por otro lado, no se aprecia,
como lo hace el Tribunal, “una antinomia con las reglas que impregnan la función de
los contadores públicos, desarrollados en el Reglamento a la Ley No. 1038” En
particular, el numeral 14 de dicho cuerpo normativo dispone “Todo Contador Público
Autorizado estará obligado a conservar y mantener a disposición de la Fiscalía del
Colegio, los “papeles de trabajo” y elementos probatorios de su actuación profesional,
durante un plazo de cuatro años, el cual podrá reducirse en casos especiales por
acuerdo de la Junta Directiva del Colegio”. Como se puede observar, no existe una
norma que prohíba poner a disposición del interesado dichos documentos, a condición
de que mantenga una copia dentro de sus archivos el original o una reproducción para
cumplir con sus deberes como agremiado

4. Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos
y Trámites Administrativos, el Silencio Positivo y la Materia Municipal

Voto de mayoría

"III. En cuanto al silencio positivo, es preciso repetir que en tratándose de permisos o
licencias, aquél se produce si con la respectiva solicitud se cumplen todos los requisitos
necesarios para su obtención, ya que no podría constituirse en una forma de burla a
los preceptos legales que regulan la materia. En el caso en estudio, estima el tribunal
que no es posible admitir que aquél ocurriera y que por tal virtud hubiera debido
tenerse como concedido el permiso de construcción de que se trata. Analizados los
oficios DU-204- 2005 y el DU-097-2005, ambos del arquitecto Luis Bogantes Miranda
de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, se encuentra que el
segundo es complementario del segundo, en algunos de los puntos de conflicto fueron
necesarias aclaraciones y aportar documentación adicional, como ejemplo lo dispuesto
en el punto primero en que se aportó constancia de Aguas del MINAE de fecha 20 de
enero del 2006, en el que se aclara sobre el caudal de agua y sus usos; en el punto 2,
también se hubo de aportar informe del ingeniero Orlando Quirós Rojas IC-616 de 23
de enero de 2006, aclarando sobre el caudal de agua del pozo, lo que demuestra que
la documentación no estaba completa y que por lo consiguiente, no resulta
procedente la alegación de ocurrencia del silencio positivo

IV. En lo que si lleva razón el recurrente es en los reparos que hace al procedimiento
de aprobación que por vía de reglamento, exige la Municipalidad de Belén. De
conformidad con aquél instrumento y sus reformas, cuando se trata de aprobar un
permiso de construcción, como en el caso presente, de un condominio, la aprobación
debe ser otorgada por el Concejo, para lo cual la Unidad de Desarrollo Urbano deberá
presentar su criterio técnico respecto de la solicitud en un plazo máximo de 10 días,
para adoptar el acto final decisorio de aprobar o improbar el respectivo proyecto
(Artículo 21). Así se zza un paso importante a que obliga el numeral 6º de la Ley 8220
de 4 de abril de 2002, que literalmente dice. "Plazo y calificación únicos. Dentro del
plazo legal o reglamentario dado, la entidad órgano o funcionario deberá resolver el
trámite, verificar la información presentada por el administrado y podrá prevenirle,
por única vez y por escrito, que complete requisitos omitidos en la solicitud o el
trámite o que aclare información. Tal prevención suspende el plazo de resolución de la
administración y otorgará, al interesado, hasta diez días hábiles para completar o
aclarar; transcurridos los cuales, continuará el cómputo del plazo previsto para
resolver." En el caso que nos ocupa, las observaciones contenidas en el oficio DU-1004-
2005, en vez de ir al Concejo para que rechazara o aprobara la solicitud, a tenor de la
norma transcrita, debieron ser puestas en conocimiento del interesado para que
supliera o aclarara cualquier requisito faltante o mal entendido. El no hacerlo en esta

forma, si no en la relatada, perjudica al administrado y violenta su derecho a obtener
respuesta a sus peticiones en forma pronta, tal como obliga la Constitución Política
(Artículo 27). Las razones dichas son suficientes para declarar la nulidad del acuerdo
impugnado, único pronunciamiento que puede realizarse en esta vía jerárquica
impropia."

5. Obligaciones Derivadas del Artículo 6 de la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

Voto de mayoría

"III. Este Tribunal considera los alegatos propuestos y debe señalar que, de
conformidad con los artículos 20, 24 y 45 de la Constitución Política, en principio el
dueño de una propiedad puede hacer con ella lo que considere oportuno, no obstante,
a la propiedad se le pueden imponer limitaciones de carácter social, para proteger el
interés público, de esta manera, si una persona quiere construir en su propiedad, por
principio general tiene el derecho de hacerlo, siempre y cuando cumpla una serie de
requisitos y controles con el fin de proteger la salud de la comunidad, tales como
garantizar la salida de las aguas servidas, disposición adecuada de las aguas negras,
acceso a las vías de comunicación, seguridad de las construcciones y otras; a lo
anterior se agrega que es mayor el interés público y por ende la trascedencia de las
disposiciones legales cuando se trata del levantamiento de una urganización o, como
en este caso, un condominio para más de doscientas ocheta casas, en que requisitos
estrictamente regulados por la ley y los reglamentos. Para cumplir con tales
requerimientos se establece un procedimiento sumario, de manera que para dar el
permiso de construcción, las autoridades a cargo deben verificar la satisfacción de las
condiciones legales y otorguen el permiso; así se parte del concepto de que se está
ante un derecho previo del administrado y que la Administración debe resolver la
declaración del mismo si no hay razón legal para negarlo. En el presente caso, el
acuerdo municipal impugnado adolece de una serie de vicios, en primer lugar rechaza
un dictamen técnico de su propia Comisión de Obras y luego rechaza el permiso de
construcción sin dar un motivo que lo justifique. En otras palabras, si había requisitos
pendientes o mal cumplidos, el Municipio debió señalar cuáles eran y prevenir su
cumplimiento (artículo 6 de la Ley 8220 De Protección Al Ciudadano Del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos), y en todo caso, si el permiso no era procedente
y había que separarse del dictamen de la Comisión, el acto debía expresar con claridad
los motivos de hecho y de derecho por los cuales se resolvía así, defecto que no se
subsana transcribiendo una discusión desordenada sobre motivos diversos y sin
acuerdo entre los miembros del Concejo, de manera que se emite un acto con un
contenido confuso y oscuro y sin motivación, con violación a los artículos 132 y 133 de

la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual se debe anular lo
impugnado y devolver los autos al Municipio para que resuelva conforme a derecho.-
IV.- Es pertinente comentar, en virtud de los alegatos propuestos y razonamientos que
expresaron los concejales, que si se tiene duda de que un requerimiento como el
llamado de la "compensación social" es ilegal, el deber de la institución es aclarar la
duda, si es legal mantenerlo y si no desecharlo, pero rechazar la gestión del permiso de
construcción porque no se tiene certeza de lo anterior es dejar en total indefensión a
los administrados y absolutamente nulo. También, si se considera que la constancia de
Suministro de Agua está vencida, o se tiene duda sobre si la disposición de aguas
negras sea conforme a los requisitos técnicos o no, lo procedente es disponer la
aclaración de las dudas mediante prevenciones, pero no puede rechazarse el permiso
a que tiene derecho el administrado porque la entidad no sabe que hacer o tiene
incertidumbres que no quiere aclarar. Debe prevenir los detalles que falten o estén
oscuros y acoger la gestión o rechazarla fundamentando expresamente sus razones. En
el mismo sentido, si hay situaciones o hecho nuevos que hayan cambiado las
condiciones de alguno de los requisitos, lo pertinente es darle oportunidad de defensa
al administrado y aclarar si realmente hay un cambio de circunstancias y si afecta a las
partes.-"

6. Silencio Positivo y el Artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos

Voto de mayoría

Godoy Pérez reclama la aplicación en su caso, de la figura del silencio administrativo
positivo dispuesta por el artículo 6 de la “Ley de protección al ciudadano contra el
exceso de requisitos y de trámites administrativos”; o bien, por los numerales 330 y
331 de la Ley General de la Administración Pública, dado que la Dirección Nacional de
Notariado no resolvió la solicitud planteada, dentro del mes establecido por el artículo
11 del Código Notarial. Efectivamente la “Ley de protección al ciudadano contra el
exceso de requisitos y de trámites administrativos”, vino a reiterar la figura del silencio
administrativo positivo, vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde la
promulgación de la Ley General de la Administración Pública. El reconocimiento a esa
figura, constituye una excepción a la regla general también contenida en el artículo
139 de la Ley General de la Administración Pública, según la cual “El silencio de la
administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que disponga lo contrario.” De
acuerdo con el numeral 330 de la Ley General de la Administración Pública el silencio
de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca expresamente
cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio

de funciones de fiscalización o tutela; o bien cuando se trate de solicitudes de
permisos, licencias y autorizaciones. De acuerdo con la doctrina más autorizada en
Derecho Administrativo, el silencio administrativo no obstante tratarse de un
comportamiento omisivo de la Administración, configura un verdadero acto
administrativo, equivalente en todo a la autorización o aprobación expresa que
precisamente se solicita. (Ver en este sentido GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de derecho Administrativo I, España, Civitas,
séptima edición, 1995, p. 574). Al considerar la naturaleza jurídica de la figura de la
“autorización”, la doctrina administrativa le atribuye, la existencia de un derecho
previo en el particular que plantea la autorización respectiva, de modo que a través del
pronunciamiento de la Administración únicamente se remueve un obstáculo que
impide al administrado, el disfrute de ese derecho: “La autorización, licencia o
permiso, es un acto administrativo por el cual se levanta o remueve un obstáculo o
impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio de un derecho de un
particular. En la generalidad de los casos en que la legislación positiva ha adoptado el
régimen de autorizaciones, licencias o permisos, hay un derecho preexistente del
particular, pero su ejercicio se encuentra restringido porque puede afectar la
tranquilidad, la seguridad o la salubridad públicas, y sólo hasta que se satisfacen
determinados requisitos que dejan a salvo tales intereses es cuando la Administración
permite el ejercicio de aquel derecho previo.” (FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo
México, editorial Porrúa, IV edición, 1948, p 152; en igual sentido, MEILAN GIL, José
Luis. Sobre la determinación conceptual de la autorización y la concesión. En: Revista
de Administración Pública, No. 71, Mayo-Agosto, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1973) Como tal, el acto aprobatorio no es constitutivo del derecho, sino que
su eficacia es declarativa, es decir, declara la convergencia en el sujeto de los
supuestos de hecho establecidos en la norma, para la autorización correspondiente

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la
Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en
esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación
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de utilizar el material indicado

Asamblea Legislativa. Ley 8220 del cuatro de marzo de dos mil doce. Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Vigente desde: 11/03/2002
Versión de la Norma: 2 de 2 del 27/09/2011. Publicada en: Gaceta NO 49 del 11/03/2002,
Alcance: 22
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 405 de las quince horas con
dos minutos del trece de marzo de dos mil catorce. Expediente: 10-003974-1027-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN OCTAVA. Sentencia 27 de las nueve
horas del trece de abril de dos mil doce. Expediente: 10-001962-1027-CA

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 116 de las nueve horas del
veintidós de enero de dos mil diez. Expediente: 09-001555-1027-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 522 de las trece
horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil seis. Expediente: 06-000114-
0161-CA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 35 de las diez
horas con quince minutos del primero de febrero de dos mil seis. Expediente: 05-000361-
0161-CA

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 346 de las nueve horas con
treinta minutos del doce de mayo de dos mil cuatro. Expediente: 03-000551-0624-NO

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