Editar Transcripción - 6216 - La Impugnación Contra Los Actos Firmes Del Órgano Colegiado O Juntas Directivas

📝 Borrador Creado: 16/02/2026 06:48

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La impugnación contra los actos firmes del órgano
colegiado o Juntas Directivas

Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Administración Pública

Palabras Claves: Impugnación, acuerdos, órganos colegiados

Fuentes de Información: Normativa y jurisprudencia. Fecha: 30/01/2020

Investigadora: Dennia María Fernández Morales

Contenido
El recurso de revisión de los acuerdos de los órganos colegiados frente a los

RESUMEN

La presente reseña hace referencia a las posibles impugnaciones que puede
tener un acuerdo de un órgano colegiado y en especial los que revistan la naturaleza
jurídica de actos finales emanados de estos. La legitimación que pueden tener los
miembros del órgano, así como la facultad de impugnarlos por parte de terceros. Reviste
importancia especial jurisprudencia relacionada por algunos tipos de órganos de esta
envergadura que ilustran la normativa en este sentido

NORMATIVA

1. Recurso de revisión contra un acuerdo de un órgano colegiado

Artículo 55.-

1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de
revisión contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de esa
sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue urgente,
prefiera conocerlo en sesión extraordinaria

2. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el acta,
recurso que deberá resolverse en la misma sesión

3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los acuerdos,
no serán consideradas para efectos del inciso anterior, como recursos de
revisión

2. El voto disidente en los acuerdos de órganos colegiados

Artículo 56.-

1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las
personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha
celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la
votación y el contenido de los acuerdos

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa
aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión,
a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos
tercios de la totalidad de los miembros del Colegio

3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que
hubieren hecho constar su voto disidente

JURISPRUDENCIA

Improcedencia de impugnación cuando el acuerdo no es un acto final

VII.- Nótese, de conformidad con lo estipulado en los cardinales 55 inciso d) y 84 de la
LGP establecen, el Consejo de Personal es el encargado de conocer y resolver en una
primera fase los procedimientos administrativos sancionatorios de los miembros de la
fuerza pública, para posteriormente remitir el asunto al Ministro, -sea que se recurra o
no ese acto-. De ahí, es el jerarca ministerial quien agota la vía administrativa. Ahora
bien, según consta en el expediente administrativo, en resolución de las 12 horas del 6
de agosto de 2010, -notificada al actor el 14 de setiembre de aquel año-, el
Departamento Disciplinario Legal inició procedimiento administrativo sancionatorio
contra los señores Minor Buso Gutiérrez y [Nombre 001] (expediente 1436-2010). De
igual manera, tras varios fracasos, la primera audiencia oral y pública se llevó a cabo el
12 de mayo de 2011, su continuación se realizó el 14 de febrero de 2012, luego de
varios intentos fallidos por diversas circunstancias (hechos probados del 3 al 12 de la
sentencia impugnada). Mediante acto no. 0807-IP-2012-DDL de las 8 horas del 13 de
agosto de 2012, el Departamento Disciplinario Laboral recomendó al Consejo de
Personal la suspensión de 15 días sin goce de salario al señor Minor Buso Gutiérrez y
exonerar de responsabilidad por los hechos investigados a don [Nombre 001]
Apartándose de lo resuelto por aquel Departamento, dicho Consejo en oficio no. 2244-
2012-CP del 24 de octubre de 2012, notificó el acuerdo noveno, artículo VI de la sesión
ordinaria no. 866, celebrada el 11 de setiembre de 2012. En el cual, atendiendo lo
señalado en el dictamen no. C-419-2006 de la Procuraduría General de la República,
emitió criterio previo con el propósito de que el Ministro despidiera con causa justificada
al accionante, en virtud de la gravedad de las faltas imputadas. En resolución no. 2013-
055-DM de las 8 horas del 31 de enero de 2013, del Ministro de Seguridad Pública,
comunicada al señor Buso Gutiérrez el 4 de marzo de 2013, se acogió la recomendación
brindada por el Consejo de Personal, de forma que ordenó el despido de dicho servidor
Contra tal acto se interpuso recurso de revocatoria, sin que conste hubiera sido resuelto
La destitución se dispuso mediante acuerdo ejecutivo no. 018-2013-MSP de la
Presidenta de la República y el Ministro de Seguridad Pública, a partir del primero de
marzo de 2013. Este Órgano decisor al resolver un asunto similar, dispuso: “V.…En lo
medular, observa esta Cámara, lo que el casacionista plantea, es su inconformidad toda
vez que, no pudo impugnar el oficio 712-2010, en el cual se fundamentó el señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes para su despido. No obstante, es irrefutable, dicho
oficio corresponde a un informe o recomendación emitido para el despacho del señor
Ministro, como un acto preparatorio, el cual no causa estado ni constituye un acto final
del procedimiento, que pueda ser objeto de impugnación. Desde esa perspectiva, la
protesta del actor en cuanto se vio “imposibilitado” para recurrir, carece del fundamento
jurídico necesario para casar la sentencia, puesto que no se vislumbra en la especie,
que el órgano administrativo hubiese lesionado el debido proceso o el derecho de
defensa, al dejar de brindar audiencia respecto de un simple informe o recomendación,
puesto que tal acto en si mismo, es un acto de mero trámite sin efecto propio, el cual no

cuenta con las características de un acto final contra el cual pudieran haberse planteado
los recursos de ley. Por consiguiente, el cargo debe de rechazarse. A mayor
abundamiento de razones y sin perjuicio de lo anterior… Si bien, ambas normas (alude
a los cánones 55 y 84 de la LGP) hacen referencia directa en cuanto a cierta potestad
conferida al Consejo de Personal, a fin de resolver recomendaciones en primera
instancia, la primera (numeral 55), a efecto de conocer recomendaciones de despido, y
la segunda (canon 84), para resolver las recomendaciones del departamento legal del
ministerio, es indudable, se trata de actuaciones preliminares. Básicamente, constituyen
actos preparatorios, meras opiniones no vinculantes para el jerarca, las cuales no
pueden tenerse como actos susceptibles de los recursos ordinarios. Por consiguiente,
la falta de audiencia conferida a fin de que sean conocidas y en su caso, impugnadas
por el interesado, no puede tenerse como una violación al procedimiento. En efecto, no
lesionan el debido proceso ni el derecho de defensa, toda vez que, se reitera, no causan
estado”. Sentencia no. 87 de 9 horas 12 minutos del 6 de agosto de 2015. En igual
sentido puede consultarse el fallo de esta Cámara no. 86 de 9 horas 50 minutos del 14
de julio de 2016. De lo anterior, para esta Cámara es claro, aunque el procedimiento
estipulado en los preceptos 55 inciso d) y 84 de la LGP, estatuye lo que denomina una
primera instancia resolutiva a cargo del Consejo de Personal, es lo cierto que
únicamente el acto final a cargo del Ministro del ramo, tiene la naturaleza de acto final
con efectos propios. De lo preceptuado en los cánones cuya exégesis se combate, se
constata el carácter preparatorio de la primera fase que desarrolla el Consejo de
Personal, que el actor aduce como desatendida. Nótese, pese a que la regulación 84 de
cita establece , lo resuelto por el CP puede ser impugnado dentro de tercero día ante el
Ministro, también estipula, en el supuesto que ese acto no sea combatido, aún así
resulta obligatorio remitirlo al superior (Ministro), con el propósito de que sea quien
resuelva en definitiva y agote la vía administrativa. De ahí, es indudable, se está ante
un acto preparatorio que no causa estado y no posee eficacia jurídica. En consecuencia,
la resolución emitida por el Consejo de Personal no causa estado, ni provoca efectos
jurídicos, sino que constituye un acto preliminar. De consuno con lo expresado, estima
este Órgano decisor, el Tribunal incurrió en el yerro que se acusa. Lo anterior, se
recalca, porque de conformidad con lo estipulado en las normas citadas, el acto del
Consejo de Personal no contiene efectos propios, ni es final. En ese orden de ideas,
resulta errado estimar, como lo hizo el Tribunal, que al demandante se le vulneraron
derechos fundamentales, pues, se le impidió impugnar lo dispuesto en aquella mal
llamada primera instancia, que no es otra cosa que una fase preparatoria. Lo cual queda
reafirmado, por que únicamente lo resuelto por el Ministro posee los alcances jurídicos
como para causar estado. Consecuentemente, como lo que pudo haber dispuesto el
Consejo de Personal, no es un acto administrativo generador de situaciones jurídicas,
es indudable, su falta de dictado no causó ningún menoscabo al señor Buso Gutiérrez
Además, el debido proceso no se conculcó ya que el actor pudo ejercer su defensa ante
el Ministro al recurrir lo resuelto. De ahí, lleva razón el casacionista en lo tocante al
quebranto de los artículos 55 inciso d) y 84 de la LGP. Por las razones expuestas, se
impone acoger el cargo.”

El recurso de revisión de los acuerdos de los órganos colegiados frente a los
recursos ordinarios

[Consejo Superior. Poder Judicial]iv

“… Sobre el recurso de revisión, preguntaba el Magistrado Aguirre, si se puede
presentar una revisión y el artículo 56, inciso 2 de la Ley General de Administración
Pública, dice: “Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de su
aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a
menos que los miembros acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad
de los miembros del Colegio”, quiere decir que el acuerdo carece de firmeza, no produce
eficacia jurídica, porque este es un Órgano Colegiado, estamos ejerciendo función
administrativa y por consiguiente hay que ajustarse a ese cuerpo normativo. Ese
artículo está bajo el capítulo de los órganos colegiados

Recordemos que cuando fuimos designados o designadas como Magistrados o
Magistradas de la Corte, la Asamblea Legislativa para juramentarnos tenía que aprobar
el acta, porque es la regla y el procedimiento, tratándose de un órgano colegiado, es
decir, tiene que haber una aprobación del acta para que surta efectos y tenga firmeza
el acuerdo respectivo. En otras palabras, se trata de un acuerdo que todavía no tiene
eficacia, de manera que no entiendo de dónde viene el problema que se está haciendo
ahora en esta Corte, cuando siempre se han conocido los recursos de revisión

El recurso de revisión es un recurso diferente a los recursos ordinarios, pues los
ordinarios los interpone un tercero ajeno al órgano, que en el caso de la Corte es una
reconsideración; en este caso es un recurso que lo interpone un mimbro del órgano
colegiado, se llama revisión, y procede antes de que quede aprobado en firme el
acuerdo, como lo dice el artículo 56, inciso 2 de la Ley General de la Administración
Pública, se aprueban en la sesión ordinaria siguiente y eso todavía no se ha aprobado
en ninguna sesión ordinaria siguiente, y por consiguiente, carece de firmeza y eficacia,
aquí se decía: “que problema porque ahora todos los Magistrados y Magistradas van a
presentar revisión”; eso es un derecho que tengo como Magistrado o como Magistrada,
porque nos lo otorga la ley, de presentar una revisión; no es que la Corte me va a otorgar
la concesión graciosa del recurso de revisión cuando a bien lo tenga y cuando lo
disponga esta Corte

Debo señalar que en el 2008, cuando la licenciada Milena Conejo Aguilar no fue reelecta
inicialmente, don Luis Paulino Mora interpuso un recurso de revisión en esa ocasión,
sustentado en cuatro renglones, porque fue oral, no tuvo mayor fundamento y esta Corte
conoció el citado recurso

Ahora se están pidiendo fundamentos y estimo que la Magistrada Rojas ofrece
fundamentos suficientes para la revisión; en lo particular, primero que todo, estimo que
habría que respetar una costumbre que sentó esta Corte, que consiste en que cuando
un Magistrado o Magistrada titular solicita conocer un nombramiento estratégico, esta
Corte lo o la espere, para que pueda participar

Esto no es una capitis diminutio para los suplentes, quienes son distinguidos y
distinguidas colegas, pero definitivamente la responsabilidad ante la ciudadanía
costarricense y la opinión pública, por la designación de un funcionario o una funcionaria
estratégica, siempre recaerá en el Magistrado o Magistrada titular, porque es el que está
designado o designada naturalmente, para atender las gestiones de la Corte

De tal manera que ahí sí observo un tema importante, una costumbre que se había
establecido por esta Corte, que ahora como dice el Magistrado Salazar, habría que
mejor definir de una vez, si a futuro nadie solicite que se reserve determinado asunto,
Magistrado o Magistrada titular, para ser conocido y resuelto por él o ella cuando se
integre a la Corte, eso en primer término, porque estaríamos derogando singularmente

una costumbre que ha emanado de esta propia Corte, y ahí es cuando la Magistrada
Rojas señala que está el principio de la confianza legítima de por medio, o sea, en este
caso particular la Magistrada Arias confía legítimamente en una costumbre emanada de
la Corte, que esa es la característica de una costumbre administrativa, que emana del
órgano administrativo, y definitivamente no se respeta la costumbre

Razones de fondo hay muchas, la Magistrada Rojas señaló, que ella esperaría, al igual
que la Magistrada Arias, que se han preocupado por indagar el estado del sistema de
pensiones y jubilaciones del Poder Judicial, cuál ha sido la postura de esta funcionaria,
frente a lo que podrían ser otorgamientos irregulares de jubilaciones y pensiones

Considero que esta Corte, si está en discusión el tema del sistema de las jubilaciones y
pensiones del Poder Judicial, y está siendo observado por la opinión pública, tenemos
derecho de preguntarle a los integrantes del Consejo Superior del Poder Judicial, cuál
ha sido su postura frente a eventuales pensiones que no se debieron haber otorgado, y
ahí hay una razón de mucho peso

El acuerdo de un órgao colegiado no es incuestionable

Estimo que lo procede para ordenar este análisis, es primero definir el punto
relacionado con la procedencia o improcedencia del recurso planteado, y una vez
resuelto, entonces esta Corte deberá precisar cuál es el paso que sigue

En ese sentido, los antecedentes de esta Corte están muy claros, a disposición
de la Secretaría General de la Corte, y si hay que reabrir debate sobre eso, porque hay
compañeros o compañeras que no están convencidos de lo que se ha venido
resolviendo históricamente en la Corte sobre la posibilidad de revisión sobre los
nombramientos, entonces creo que debemos de centrarnos en ese tema

Reafirmo mi compromiso como Magistrado de esta Corte con la independencia
del Poder Judicial, con la independencia de los jueces y juezas de la República, con la
independencia de los fiscales y fiscalas de la República, de los defensores y defensoras,
de todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, entendida en su correcto
sentido, de que no estamos aquí para recibir o aceptar presiones de absolutamente
nadie, y menos si provienen de otro poder de la República quebrantando el principio de
separación de poderes que constitucionalmente tenemos consagrado”

Expresa la Magistrada Rojas: “Como bien lo señaló el Magistrado Vega, aquí
hay dos aspectos a considerar. Uno de forma y otro de fondo. En cuanto a la forma, si
es procedente el recurso que se ha interpuesto, y en cuanto al fondo -que me parece
que no debe mezclarse- si la decisión de Corte se va a mantener o va a aceptar por el
fondo lo que se está solicitando

Quiero decir que en cuanto al fondo, fueron 16 Magistrados y Magistradas las
que votaron en esta Corte por la reelección del Fiscal General, luego de estudiar
detalladamente el informe de labores que él rindió a este Órgano, y la decisión se tomó
no de manera antojadiza, sino debidamente fundamentada, y consta tanto en las actas,
como en las actas de la comparecencia del Fiscal General, donde inclusive muchos de
los Magistrados -no me estaba integrando la Corte en ese momento, pero sí me leí las
actas- le interrogaron sobre su quehacer diario, y él pasó ese examen al que fue
sometido, y la mayoría de esta Corte, inclusive según entendí en la prensa, él mismo
manifestó que obtuvo una votación que supera la que inicialmente lo había elegido. Ese

es el fondo del asunto, esa es la decisión consiente que tomaron los Magistrados y
Magistradas de esta Corte y estimo que libremente la podemos mantener como órgano
en tanto hay una independencia de poderes que nos garantiza esa posibilidad, y esa
decisión que en el caso concreto, además se tomó de manera fundada con vista en el
examen concreto

Quiero decir sobre la nota que han enviado los diputados y diputadas, que no
especifica cargos, pues es una denuncia si se quiere genérica, y por su misma
conformación, lesiona el derecho de defensa, porque es muy difícil defenderse cuando
no se atribuyen normas o casos concretos

La Corte en cambio, sí tomo una decisión con vista en un informe que él rindió y
yo quiero que la ciudadanía sepa que fue una elección fundada en los elementos que
tuvo a su alcance, que fue el informe de labores. Eso en cuando al fondo

Respecto a la forma, yo difiero de lo que se ha dicho aquí, porque el
nombramiento del Fiscal General es un acto administrativo, y está sujeto a los recursos
que correspondan

El hecho de que le otorgue derechos y sea eficaz a partir de la adopción del
acuerdo, no afecta en nada el apartado de registro de recursos que la Ley General ha
previsto. No hay un solo acto administrativo que tenga tal condición que sea
absolutamente incuestionable, eso no existe en un Estado de Derecho

Creo que el recurso y el nombramiento, ese o cualquier otro, pensemos en un
nombramiento de juez o jueza, donde se nombra de una terna uno, los dos que no se
han nombrado tienen posibilidad de recurso. En fin, los actos administrativos están en
un Estado Social de Derecho, sujetos al control y esta Corte no tiene ningún blindaje
especial para decir que este acto concreto no está sujeto a revisión

Por la forma, si ya hay una tesis de parte de esta Corte en sentido contrario,
quiero que quede constando mi posición, respecto a que cualquier acto que se emita
por un órgano administrativo, tiene los recursos ordinarios y extraordinarios que ha
previsto el ordenamiento jurídico, y que tampoco tiene ninguna inmunidad para el control
jurisdiccional en la vía contencioso administrativa, porque no están blindados por el
órgano que los ha emitido

Desde mi perspectiva, no hay ningún acto que impida la interposición de los
recursos y este es un ejemplo de ello

Me parece que más bien la tesis contraria crearía diferencias, nadie podría
impugnar una designación en un concurso, crearía un precedente muy serio en cuanto
a la revisión de las actuaciones administrativas, y tenemos que tener claro que el artículo
49 de la Constitución Política dice que el control de la legalidad de la función
administrativa es un derecho fundamental de los habitantes de este país

En mi opinión no hay ningún acto que esté blindado contra la posibilidad de
recursos y se ha presentado un recurso contra ese acto específico, más allá de los
aspectos de fondo en mi opinión. Quiero que quede así constando en la actas de Corte,
el recurso es admisible”

Refiere el Magistrado Cruz: “Me parece que es una ocasión muy especial para
hablar de temas que están siempre en el ambiente, pero que ahora se manifiestan con
mayor claridad

Creo que en el caso de quienes estamos en la cúpula judicial, yo recibo la
petición de los señores Diputados y las señoras Diputadas como una petición de los
ciudadanos que manifiestan su disconformidad

Nosotros en el Poder Judicial tenemos que resistir y asumir con mucha claridad
nuestra independencia

No es una petición de los ciudadanos, de los diputados o diputadas, la que nos
debe inclinar para resolver algo, es el ideal de la independencia, no es fácil hacerlo
Casualmente todo el tiempo estamos en esa tensión, entre tener independencia o
autonomía frente a las personas que tienen poder

Pienso que debemos resolver esta petición y como se mencionó en alguna de
las intervenciones, no hay fundamentación del por qué se está en desacuerdo sobre
cosas en particular que justificarían el que no sea reelecto el Fiscal General

Claro que estos nombramientos tienen una dosis de valoración muy amplia,
discrecional, al igual que se elije un Magistrado o Magistrada también así se elige a un
Fiscal General

En el caso nuestro, lo ideal sería siempre que fuera una decisión muy ponderada
y así debe ser, pero al final de cuentas son valoraciones sobre las cuales no tenemos
que dar ninguna justificación, y lo mismo digo sobre Magistrados y Magistradas, es
exactamente igual

En el ámbito político esta petición está evidenciando un malestar, que deberá
tomar en cuenta el Fiscal General a la hora de desarrollar su política de persecución

El malestar no es una cuestión totalmente infundada, pero aquí puntualizo que
una cosa es el malestar, y otra el que haya razones fundadas para atribuirle a una
persona una conducta que no le haga merecedor de la reelección. Por ejemplo, en una
publicación de la prensa, refiere: “El informe más reciente sobre Derechos Humanos
publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala que la
corrupción es uno de los problemas más graves de Costa Rica y mientras millones de
colones han desaparecido de instituciones públicas, más de 350 mil ciudadanos no
tienen acceso a la alimentación necesaria para subsistir y miles viven en la pobreza…”

La firmeza de los acuerdos de órganos colegiados

De la lectura detallada de la prueba agregada a los autos se extrae que el 4
agosto de 2003 los amparados presentaron ante el Consejo de Transporte Público
solicitud de permiso de transporte de estudiantes para la unidad de transportes placas
SJB-9052; en fecha 21 de agosto de 2003 se informó a los accionantes, como ellos
mismos lo admiten en el recurso, que el informe técnico que realiza el Departamento de
Administración de Concesiones y Permisos, Sección de Buses, sobre la unidad que
pretende utilizarse en el servicio público de transporte de estudiantes, sería remitido a
la Junta Directiva del Concejo para que se pronunciara sobre la procedencia de lo

solicitado y de acuerdo con el informe rendido bajo juramento por el accionado, a la
fecha de interposición del amparo -que ingresó a la Sala el 20 de octubre de 2003-, los
accionados ya se habían pronunciado sobre lo solicitado, lo que hicieron en sesión
sesión ordinaria 33-2003 del 1 de octubre de 2003, artículo 5.2; sin embargo, los
accionados no han acreditado ante la Sala haber notificado a los amparados lo resuelto,
y la reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido que por imperio de los
numerales 27 y 41 constitucionales, las Administraciónes públicas deben resolver,
dentro de un plazo razonable, las gestiones que hagan los administrados, debiendo en
todo caso notificarles lo resuelto. En el subjudice, el acuerdo que resuelve la gestión de
los amparados se tomó –tal y como se informó bajo juramento- el 1 de octubre de 2003
y a la fecha en que la autoridad accionada rindió informe ante esta Sala habían
transcurrido 27 días naturales, sin que se hubiere concretado la notificación a los
interesados. Los accionados señalan en su descargo que el acuerdo no se encontraba
firme, lo que resulta inadmisible para este Tribunal, puesto que al tenor de lo establecido
en el numeral 56 de la Ley General de la Administración Pública, los acuerdos de los
órganos colegiados quedarán firmes una vez que sea aprobada el acta en la sesión
ordinaria siguiente y, en el subjudice, la ley N. 7969 que creó el Concejo de Transporte
Público señala en su artículo 10, que el Concejo sesionará, como mínimo, una vez a la
semana y que podrá celebrar hasta ocho sesiones al mes, entre ordinarias y
extraordinarias, razón por la cual la Sala estima inadmisible la excusa de los accionados
en el sentido de que 27 días naturales después de adoptado un acuerdo, el mismo no
había sido notificado a los interesado por cuanto no se encontraba firme

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Asamblea Legislativa. Ley: 6227 del 02/05/1978.Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 14 de 14 del 25/01/2016. Datos de la Publicación:Colección de leyes y
decretos: Año: 1978 Semestre: 1 Tomo: 4 Página: 1403
Asamblea Legislativa. Ley: 6227 del 02/05/1978.Ley General de la Administración Pública
Versión de la norma: 14 de 14 del 25/01/2016.Datos de la Publicación:Colección de leyes y
decretos: Año: 1978 Semestre: 1 Tomo: 4 Página: 1403
Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Resolución Nº 00093 -
2016. Fecha de la Resolución: 04 de Agosto del 2016. Expediente: 13-004172-1027-CA
Consejo Superior del Poder Judicial. Acta de Corte Plena Nº 057 - 2014. Fecha: 08 de Diciembre
del 2014. Integrantes del Consejo Superior

Consejo Superior del Poder Judicial. Acta de Corte Plena Nº 048 - 2014. Fecha: 13 de Octubre
del 2014

Sala Constitucional.Recurso de amparoResolución Nº 00940 - 2004. Fecha de la Resolución
03 de Febrero del 2004. Expediente: 03-010914-0007-CO

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